Por Manuel Gutiérrez
Cuando al perro pastor le preguntaron por qué usaba bozal, quién le amarró el hocico impidiéndole ladrar, morder o emitir sonido alguno que no fuera expresado en la angustia de su mirar, le explicaron que era para defender al público de su derecho a no ser mordido…
La misma idea se aplica en el derecho a las audiencias como la proyecta la presidenta influencer y mediática por la fuerza. De hecho, este derecho debería comenzar silenciando con un bozal los contenidos tóxicos de la mañanera, o protegiendo a las audiencias de la mala información. El Estado no tiene el patrimonio de la verdad y bastante ha mentido en sus frecuentes declaraciones sobre sus obras, seguridad, militarización, economía, usurpación de organismos autónomos como el INE o Poder Judicial.
Desde el primer momento, la información del gobierno es perfecta, libertaria, plural, completa y transparente, siendo la mala la que cuestione sus datos, advierta contradicciones en su contenido, revele corrupción, huachicol, alianzas con el crimen organizado, sospechosos de ser indiciados de ser líderes delictivos, sin que el aparato judicial se cebe con ellos, como lo hicieron con Ruffo, condenado sin… pruebas y bajo reserva de seguridad nacional.
Porque en total concordancia con Felipe Cobián, la maquinaria del poder desde la Presidencia, los jueces de sector y de consigna, el aparato propagandístico de emisores pagados, todo apunta a condenar a como dé lugar a Ernesto Ruffo Appel, y la preocupación por la disidencia, por los que advertimos que se ha convertido en un preso político, nos expone a que nos pongan un bozal para proteger a las audiencias…
Esta historia entonces tiene dos lados. El derecho de las audiencias no puede ser que el contenido sea falso, difamatorio, manipulado, y solamente por ser el poder en turno, quedar exento de las medidas que se quieren aplicar a las audiencias. No solo las grandes televisoras, o los medios nacionales que se autocensuran: el problema son los periodistas, sobre todo a nivel famoso que resultan intolerables, sea Carlos Loret, Héctor Mauleón, Brozo, Ciro, Aristegui; todos han sentido los embates, tantos que han sido demandados por gobiernos locales en Veracruz, Oaxaca, Puebla, Campeche. Quien busque mártires, aunque involuntarios, los va a encontrar, aunque no en Jalisco de esa burda manera.
La finalidad de todo ese intento es censurar, silenciar las voces que en redes sociales han denunciado sin descanso, supliendo los grandes espacios de los medios reconocidos. Por tanto, limitados o amenazados.
Porque la audiencia tiene el derecho a decir que un bozal es un bozal, independientemente del pedigrí del perro que lo use o se lo impongan. Estoy perruno porque veremos el caso más famoso de la materia y la aplicación del derecho de la audiencia.
La audiencia tiene capacidad analítica para determinar quién le está vendiendo engaño, máscara, o pretende engañar con espejos que no reflejan la realidad, y esa audiencia condenó a Pedrito Sola como ha execrado a otros que han llegado a situaciones infames.
El principal afectado de un hipotético derecho de las audiencias, entonces, está en los que vemos la mañanera, el público que busca captar los canales oficiales gubernamentales, los periódicos subsidiados —que pretenden lograr un monopolio e imponer una narrativa que, de ser rechazada, se convierta en una censura a las voces independientes—, porque todo tipo de prohibición está prohibida.
Es demasiado riesgo que un gobierno federal o de cualquier nivel se meta a censor, a hacer lo que la ley faculta a la SEGOB, sin descubrir el hilo negro, como tampoco es el derecho de réplica y las consecuencias de la difamación, que es una forma de delito.
El Plan de Claudia, dado que implica una calificación, una censura, un veto que restringirá el funcionamiento de medios que cuestionen, porque los obligará a modificar los contenidos. Por ejemplo, Marco Levario va en la cuerda floja denunciando y manteniéndose a resguardo de las represalias… pero sigue, y podrá gustar, ser aprobado o no, pero su esfuerzo hace independencia de criterio y, para efectos del país, una consecuencia de pluralidad.
Por ejemplo, para el gobierno federal de la 4T, Rubén Rocha Moya es un perfecto caso de distinguido colaborador de la 4T. Sus idas a Badiraguato solamente lo vuelven más interesante; los señalamientos del Mayo Zambada, traicionado por los Chapitos y por él mismo, lo encubren del crimen sin aclaración del rector de la UAS, Nemesio Cuén.
Sus errores, sus políticas se convierten en perfectas. Su asociación con el cártel de Sinaloa es un factor que la Presidenta argumenta que requiere pruebas, lo que se pidió en el mismo caso para Ruffo Appel, y eso lo dijo el Jefe Diego y muchos expertos juristas.
El hecho de estar indiciado por la justicia extranjera, el haber pedido su entrega con un plazo vencido al requerimiento de un juzgado neoyorquino, son soslayados, omitidos u ocultados en que es un perfecto cómplice, cuya lealtad y silencio implica al presidente anterior López Obrador, o a la gerente actual, porque temen a quienes pueda implicar: la deportación, como la justicia en México, es selectiva e ideológica, pero más que eso, pragmática.
Su mención por los mismos cárteles que generaron una guerra civil por más de un año, la falta de seguridad en esa entidad, el Estado fallido, el enorme porcentaje de crímenes sin justicia, de desaparecidos, incluso la muerte de menores inocentes, no obsta para responsabilizarlo ante el apoyo de la Presidenta y su partido.
Incluso sorprende que con tantas malas noticias, sus obras faraónicas inservibles, la corrupción, el daño ecológico ocasionado con ellas —sea Tren Maya o Refinería—, la militarización de puertos, aduanas y empresas generadas para el Ejército, todas con demanda de subsidios, todo ello convierte el derecho de las audiencias en el derecho de la audiencia de Morena a no escuchar lo que niegan, lo que ocultan, lo que convierten en reserva forzada para transparentar, o en secreto de seguridad nacional.
El mismo desaseo, una forma oculta del poder de encubrir sus deficiencias con el tema de la seguridad nacional, y ahí nadie vigila el derecho de las audiencias. Nadie puede preguntarle nada al fuero militar, que regresó desde el siglo XIX.
Entonces, ¿qué puede pretender la Sheinbaum, sino una forma de apuntalar la dictadura que incluso con Daniel Ortega siguió el mismo camino? Primero protegió a las audiencias de la verdad, de la que no era propaganda, y omite el acaparamiento de riqueza de la pareja presidencial de Nicaragua; luego de ocultar las violaciones de los derechos humanos, los presos políticos y la persecución de la Iglesia católica y de otras denominaciones, así como de los grupos sociales que no eran mantenidos por el régimen, fueron satanizados.
Luego, el derecho a proteger las audiencias se interpretó como el derecho de Rosario Murillo a hacer lo que gustara, desde horóscopos, ocultismo y creencias de la nueva era, aderezadas con el marxismo militante que no aplica en su monopolio de riqueza.
Porque en Nicaragua decir que Daniel Ortega es un nuevo Anastasio Somoza es dañar el derecho de las audiencias, según el gobierno nica, lo que amerita que desaparezca el medio que lo publique.
Y peor si se dice que Anastasio Somoza, todo un dictador en su tiempo, resulta una blanca paloma comparada con el abuso y represión del movimiento que nació supuestamente para combatir a un dictador, pero que terminó con la democracia y declarando que ya no eran necesarias las elecciones, en tanto el gobierno mexicano se complacía en el silencio, en el respeto a la autodeterminación del desastre de las dictaduras latinoamericanas.
Todo lo que admita debate, lo que cuestione como la ayuda a una Cuba expoliada por Raúl Castro y arruinada en el poder adquisitivo del pueblo por su gobierno —no por ningún bloqueo—, porque para la Sheinbaum, la caridad, desde su miopía ideológica, solamente Cuba merece ayuda, por vivir un sistema que arruinó todo su aparato económico, creando un organismo estatal con todos los recursos y el dinero que administra la clase en el poder mientras la gente padece hambre.
Ya vimos el caso de GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.), un conglomerado que se suma a otros organismos estatales que regulan el azúcar y otros sectores, y GAESA responde directamente al millonario Raúl Castro, regulando incluso las divisas y manejando el sector financiero y siendo dueña de la mejor hotelería de la isla y de todo el turismo, así como de los bancos como Banco Financiero Internacional (BFI) y Fincimex. Bueno, les alcanza hasta para tener jets privados.
Claro, proteger el derecho de las audiencias en Cuba es no hablar de esto frente al deterioro social de Cuba en calidad de vida, alimentación y vivienda; pero es un monopolio en el que está incluido el Ejército Cubano, verdugo del pueblo de la isla, con su militarismo rampante e imperial en África y América del Sur, hoy en Rusia contra Ucrania, al impedir que se hable de lo que no les conviene.
Entonces, el punto es quién opine del bozal. Claro, el perro no puede hablar. Pero una regulación de esta naturaleza, tan fácil por tener el monopolio legislativo y el Poder Judicial bajo el manto de Morena, simplemente es dar el siguiente paso a saltar al abismo, una medida de gran peligrosidad que se suma a muchos otros intentos del narco-estado mexicano por silenciar una crítica que le duele, y que ha perdido desde hace mucho tiempo, en lo que va del gobierno de la Sheinbaum, que cada mañanera discurre un nuevo proyecto para chingar a México, lo que queda de él. Ella sí se empeña en lograrlo.
Disfrute entonces esta lectura, porque continuar en esta línea es ya cuestión de tiempo para que recuerde cuando en las redes y en el periodismo independiente se revelaban los datos que el gobierno oficial y el de la oscuridad —sus socios del crimen organizado— buscan ocultar, o convertir en lo que ellos semánticamente consideren oportuno.
La perversión de los significados ha sido una constante y afecta el derecho de las audiencias. Un ejemplo: el Tren del Istmo se descarrila, pero esta palabra, que significa que el tren sale del contacto con los rieles, se cambia a “movimiento”, “desplazamiento”, de tal manera que signifique algo inofensivo, aunque los resultados puedan generar víctimas mortales y perder millones de pesos.
Esa parte perversa no defiende el derecho de las audiencias a conservar su derecho a ser informados, a debatir, a opinar y expresar libremente lo que antes era una garantía constitucional: la libertad de expresión.
Hoy todavía en algunas entidades se puede debatir entre periodistas sobre todo tipo de tema, pero no es lo mismo Jalisco que otras entidades; o va a resultar que Layda Sansores o el gobierno de los Salgado Macedonio son promotores incansables de la libertad de expresión, porque se han dedicado a reprimir. Busquen los nombres, son tantos…
Cuando estos métodos fallan, aparece la violencia. Son 181 periodistas muertos según Artículo 19, y sumando. El caso de Oaxaca, con Alejandro Avilés, se suma a discursos, lamentos, pero en la práctica ninguna acción de protección a los que ejercen el derecho a hacer periodismo.
Esta es otra forma absurda pero real de proteger el derecho de las audiencias, aplicando el refrán de: «muerto el perro, se acabó la rabia».
Pedro Sola se convirtió en teórico mata perros en los conceptos e incentivación de los actos de crueldad contra los animales. El Estado dirá qué debemos ver: a un infractor reiterado o a un compañero del partido perdonado y glorificado, solamente que su jactancia se hizo pública y lo reveló como un obsesivo enemigo de la vida animal.
Pero por el derecho de las audiencias, Pedro Sola, si se manifiesta solidario con la 4T, será perdonado, reinstalado y podrá hasta vigilar el derecho para determinar si el perro merece la muerte, como lo hizo la psicópata de Saltillo que lo mató cruelmente. La audiencia se cobró el derecho del delito sin ayuda del Estado, porque el pueblo califica y es la voz de Dios.
Esto es lo que se está jugando: el bozal… una vez puesto, nadie lo podrá quitar. Rulfo dijo «¿No oyes ladrar los perros?» en su El llano en llamas. Ladremos mientras podamos. No se ofendan con la metáfora.
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