Por Amaury Sánchez G.
En el México profundo, el que no se ve desde las cúpulas pero sí se siente en cada surco y en cada estación que marca la vida campesina, una verdad recorre las comunidades rurales: el campo no puede esperar más. Y no se trata sólo de una consigna técnica ni de una agenda sectorial. Se trata de una afirmación ética: poner primero a quienes han sido siempre los últimos.
En este contexto, la reciente mesa de trabajo celebrada en Ahualulco de Mercado, Jalisco, entre autoridades municipales de siete municipios, servidores públicos federales y representantes populares, es más que una jornada de coordinación: es un paso firme hacia una nueva forma de gobernar desde y para el territorio.
Una visión estructural que se construye desde abajo
Lo que distinguió a este encuentro no fue la retórica ni la formalidad. Fue la coherencia entre el discurso y la acción. Por una parte, el acompañamiento constante del delegado federal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Alfredo Porras Domínguez, ha demostrado que gobernar para el campo requiere presencia, no oficina; requiere cercanía, no intermediación. Su actuar cotidiano honra la frase que la Cuarta Transformación ha convertido en guía ineludible: primero los pobres.
Y es precisamente bajo esta consigna que su labor se ha alineado con el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha definido con claridad que el rescate del campo no es negociable. Recuperar la soberanía alimentaria, dignificar al productor y democratizar el acceso a los programas rurales es, más que una política, un imperativo moral.
Representación con raíz comunitaria
En esta dinámica destaca también la figura del diputado local Sergio Martín, quien ha ejercido la representación no como privilegio, sino como deber. Su presencia constante en las regiones rurales del Distrito 1 ha sido clave para articular demandas, abrir puertas institucionales y, sobre todo, mantener vivo el compromiso con quienes producen sin descanso, muchas veces sin apoyo, lo que alimenta a la nación entera.
El rostro social de las instituciones
La participación de organismos como LICONSA —bajo la conducción comprometida de Rubén Ramírez Castellanos—, CONOCER, el Registro Agrario Nacional, Fertilizantes y la Coordinación Jurídica del Distrito 01, mostró que el Estado puede tener rostro, voz y voluntad cuando se le exige servir con dignidad. No se trató de trámites, sino de escuchar, responder y construir rutas de solución conjuntas.
Hacia una justicia rural duradera
El evento de Ahualulco no fue un hecho aislado. Es parte de un proceso que busca enraizar la transformación en la tierra misma, allí donde las decisiones deben germinar para dar fruto duradero. Las políticas públicas para el campo no deben ser intervenciones momentáneas, sino estructuras sostenidas por la comunidad, con el acompañamiento técnico y político del Estado.
Conclusión: la transformación se siembra con el pueblo
Hoy, el campo jalisciense comienza a vivir lo que por décadas se le negó: un Estado que lo acompaña, lo escucha y lo reconoce como sujeto de derechos. La articulación encabezada por servidores como Alfredo Porras, Sergio Martín y representantes institucionales comprometidos, marca una diferencia sustantiva.
Se trata, en el fondo, de un nuevo pacto con el México rural. Un pacto donde la transformación no llega como decreto, sino como cosecha compartida. Y donde el Estado, por fin, honra su deuda con la tierra y con quienes la trabajan.
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