Por Amaury Sánchez
¡Ah, la política mexicana! Ese noble arte de hacer mucho ruido y pocas nueces. Lo que pasó en el Rancho Izaguirre es el típico caso de cuando el gobierno intenta quedar bien para la foto y termina tropezando con sus propios cordones. Porque sí, la crisis de las desapariciones forzadas es una herida abierta que duele, y en vez de buscar un buen cirujano, las autoridades decidieron ponerle una curita mientras sonríen para la cámara.
Desde el principio, la cosa olía mal. La brillante idea de abrir el rancho a los familiares de los desaparecidos para que buscaran pistas fue tan absurda como pensar que una piñata de barro va a sobrevivir en una fiesta infantil. ¿A quién se le ocurre dejar que una escena del crimen se convierta en una especie de safari macabro? La intención, claro, era lucirse. Pero como suele pasar cuando las ganas de figurar le ganan al sentido común, el tiro salió por la culata.
Primero, las familias llegaron con la esperanza de obtener respuestas, y lo que encontraron fue un sitio acordonado, un fiscal que jamás llegó (ni sus luces) y una explicación tan clara como un café de olla mal colado. Alejandro Gertz Manero, el fiscal general, ni siquiera se dignó a aparecer. Y si nunca había prometido ir, ¿por qué el gobierno de Jalisco dejó correr ese rumor? ¿Para calmar las críticas o para ganar tiempo mientras inventaban una estrategia? Spoiler: no funcionó.
Pero el verdadero desatino fue el desorden institucional. Los colectivos de búsqueda esperaban claridad y lo que recibieron fue una clase magistral de cómo NO coordinarse. Entre los forenses, el gobierno estatal y el federal, parecía que cada quien tenía su propio guion y ninguno coincidía. El resultado fue una obra de teatro mal ensayada, con las víctimas como público forzado y una conclusión frustrante: si las autoridades no tienen ni idea de lo que están haciendo, ¿qué pueden esperar las familias?
El Rancho Izaguirre ya se convirtió en símbolo de algo más grande: el fracaso estructural del Estado mexicano para enfrentar el tema de las desapariciones. Y lo más triste es que no es falta de recursos o de tecnología, sino de voluntad política. Porque aquí no se trata solo de incompetencia técnica, sino de una falta de sensibilidad brutal. Cuando las familias piden respuestas y las autoridades solo ofrecen palabras huecas, el resultado es una herida que sigue sangrando.
La lección es clara: jugar con la esperanza de las víctimas es como jugar con fuego en una gasolinera. Si las autoridades creyeron que con un gesto simbólico podían apagar el enojo y la desesperación, lo único que lograron fue avivar la llama de la indignación. Ahora, el Rancho Izaguirre quedará en la memoria colectiva como un recordatorio de que la política de la simulación no solo es inútil: es cruel. Si el gobierno quiere recuperar algo de credibilidad, tendrá que dejar de posar para la foto y empezar a trabajar en serio. Porque las víctimas no necesitan promesas ni recorridos simbólicos: necesitan verdad y justicia. Y eso, señoras y señores, es mucho más difícil que organizar un acto para la prensa.
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