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Indicador Político

El incidente con el periodista Humberto Padgett en instalaciones militares de Santa Lucía se añadió a videos de agresiones, insultos y falta de respeto a la autoridad castrense, pero al mismo tiempo ha servido para que las fuerzas armadas clarifiquen su papel en actividades públicas de seguridad interior.

En todos esos casos, los militares se han ajustado a los mandatos legales de respeto a la libertad de expresión y de protesta social, pero han dejado muy en claro que el ciudadano también tiene obligaciones jurídicas que respetar. Una cosa es la investigación periodística a fondo y otra invadir instalaciones militares que caen dentro de las restricciones de la seguridad nacional.

La información oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional el mismo jueves fue muy clara: tres personas fueros detenidas por policías militares en el interior del campo militar 37-D en Santa Lucia, Estado de México, al ser sorprendidas grabando un video sin la autorización correspondiente. Lo grave del asunto fue que dos de ellas, presuntamente escoltas, se habían identificado como militares, estaban armadas y mintieron a los guardias internos en el campo.

El problema del caso será de implicaciones legales más allá de la irrupción a una zona militar protegida por razones de seguridad nacional: el periodista Padgett llevaba dos escoltas proporcionadas por la autoridad federal por razones del mecanismo de protección a periodistas amenazados de muerte. Lo malo no fue ese hecho, sino el que el periodista haya usado a esas escoltas en actividades no permitidas. El incidente pudo haber terminado en tragedia si los escoltas hubieran disparado a militares.

De acuerdo con la información de Sedena, en el campo 37-D “se albergan instalaciones que tienen carácter estratégico, cuya afectación pondría en riesgo la vida de personas que ahí laboran, así como a la población civil aledaña, razón por la cual todo individuo que intente ingresar a las áreas no autorizadas debe ser plenamente identificado”. Las leyes señalan la absoluta libertad de prensa, con la restricción de la que tiene que ver con asuntos de seguridad nacional, militares y de protección de las altas autoridades.

En los hechos, los militares no agredieron a un reportero y dos escoltas armados dentro de instalaciones de seguridad estratégicas, sino que detuvieron a tres personas sin permisos correspondientes que estaban haciendo filmaciones de infraestructura militar. El tema no es menor por las razones de aumento de las medidas de seguridad en instalaciones de las fuerzas armadas por las agresiones de bandas del crimen organizado.

Las tres personas atrapadas sin permisos dentro de instalaciones de seguridad nacional militar fueron entregadas a elementos de la fiscalía del Estado de México y llevados a oficinas periciales, donde fueron liberados. En un tuit nocturno Ciro Gómez Leyva afirmó lo siguiente: “he estado en comunicación con Humberto Padgett. No hay nada que reclamar a la policía militar ni a la @SEDENAmx. Esperamos que él y sus compañeros salgan en los próximos minutos”.

Este último dato es muy importante: la Policía Militar es la autoridad única de seguridad dentro de instalaciones militares y hasta ahora, de acuerdo con reportes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es la que registra el menor volumen de acusaciones de abusos. Y es la Policía Militar el eje central de la nueva Guardia Nacional.

Las aclaraciones inmediatas de Sedena ayudaron a desdramatizar la tensión del momento, toda vez que se acumulan acusaciones de agresiones contra periodistas por parte de políticos, funcionarios, gobernantes y sobre todo agrupaciones del crimen organizado, ante la pasividad no sólo de los diferentes niveles de gobierno, sino sobre todo de la burocratizada CNDH que se conforma con emitir boletines sin seguimiento procesal, a pesar de contar con facultades, elementos e informaciones de los casos denunciados. De todas las acusaciones hay que depurar aquéllas que nada tienen que ver con actividades periodísticas, pero debida y fehacientemente deslindadas en investigaciones periciales minuciosas.

El periodismo tiene la obligación de mostrar el lado oscuro de la realidad, pero debe tener el cuidado de respetar las restricciones establecidas en las leyes. Y los temas de seguridad nacional referidas a oficinas civiles y a espacios de las fuerzas armadas son los más importantes, toda vez que el país atraviesa por una ofensiva criminal de bandas y cárteles de la delincuencia organizada contra las organizaciones de seguridad del Estado.

El Carrete. La captura de Santiago El Carrete Mazari, jefe del grupo Los Rojos que operaba en Guerrero y Morelos, podrá desenredar dos expedientes clave: la desaparición criminal de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en 2014 y la protección recibida por el delincuente en los tiempos del gobierno perredista de Graco Ramírez Garrido Abreu.

Política para dummies: La política comienza cuando la araña le dice a la mosca: ¿quieres pasar a mi sala?

 

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@carlosramirezh

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Del fascismo supremacista de Trump al Estado fascista de Biden y Pelosi

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Carlos Ramírez*

El aparato de propaganda del establishment mediático anti Trump ha enfocado con eficacia todas sus baterías contra el presidente por la irrupción de vándalos al Capitolio y ha tratado de construir una narrativa ideológica para alertar sobre un fascismo doméstico de masas supremacistas. Sin embargo, poco ha dicho ese sector discursivo sobre el fascismo de Estado que el gobierno de la Casa Blanca construyó en la guerra fría contra el comunismo y después del 9/11 contra el terrorismo.

Las leyes patrióticas del presidente George Bush Jr. permitieron el espionaje masivo dentro de los EE. UU., la consignación de sospechosos sin procedimientos de defensa legal, la prisión de Guantánamo, los hoyos negros de la CIA como lugares para interrogar detenidos, el uso legal de la tortura para obtener información sobre el terrorismo árabe radical y las aprobaciones de secretarios de Justicia y de Defensa de técnicas violentas de interrogatorio.

Detrás de estos datos que mostraron al Estado estadunidense usando medidas radicales de investigación que violaron todos los derechos humanos se localizaba, como justificación, el miedo al terrorismo y la capacidad de respuesta institucional de la Cas Blanca. El dato mayor se encuentra en el repudio y el no reconocimiento de la Casa Blanca al Tribunal de Justicia de la Haya porque ahí se encuentran radicadas denuncias contra funcionarios y expresidentes estadunidenses por delitos de lesa Humanidad.

Pero la categoría que define este tipo de medidas inhumanas contra disidentes se resume en el concepto de Estado fascista: es decir, el abuso de autoridad para sostener un Estado que a su vez es el representante del gran capital. Las guerras extranjeras de los EE. UU. –Vietnam y el medio oriente, como tipologías– fueron por mantener el control ideológico de una zona del planeta fuera de los EE. UU. y para garantizar el control del petróleo.

La crisis poselectoral que tuvo su momento cumbre en la invasión del Capitolio por grupos radicales de ultraderecha, supremacistas y organizaciones racistas ha sido utilizada por el establishment de los lobbies de poder fáctico para construir una operación político-legislativa de largo alcance: la aprobación de leyes represivas contra lo que se denomina “terrorismo doméstico” que lo mismo incluye a radicales que usan la violencia criminal con argumentos políticos, que a grupos sociales organizados bajo discursos antirracistas, de derechos humanos y de libertades civiles.

En el sitio theintercept.com se han estado publicando análisis de fondo para documentar lo que se mueve detrás del escenario de indignación del grupo de poder de la reina demócrata Nancy Pelosi. El periodista James Risen fue perseguido de manera judicial-penal por los presidente Bush Jr. y –¡sorpresa!– por el presidente Barack Obama por publicar la denuncia del espionaje social de la Agencia de Seguridad Nacional y padeció amenazas judiciales de encarcelarlo, no sólo para que denunciara a su fuente de información sino como forma de intimidación a él y al The New York Times para retrasar un año la publicación de sus indagaciones.

El Estado fascista es el aparato de poder autoritario al servicio de una clase plutocracia y sus aliados –el complejo de lobbies de poder que tienen bajo control a la Casa Blanca y al que repudió Trump caracterizándolo como Estado profundo— con medidas de autoridad que reprimen las libertades de protesta, pensamiento y constitucionales. El juicio contra Trump es un choque del Estado fascista de Biden y Pelosi contra la base fascista de las masas de Trump.

Después del juicio contra Trump vendrán otras decisiones autoritarias: más espionaje social y político, leyes más represivas contra las libertades civiles y la construcción del discurso ideológico del terrorismo interno contra grupos radicales de derecha y ultraderecha y defensores de libertades civiles que aprovechan las leyes para minaral Estado autoritario.

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Fracaso de la DEA. Si se revisan bien los argumentos de la Fiscalía sobre el general Salvador Cienfuegos Zepeda se encontrarán ahí elementos que revelan, primero, la violación de leyes mexicanas en el expediente de la DEA y, después, la fragilidad de las bases probatorias de la acusación. Y como tercer dato hay que agregar el hecho de que el gobierno de los EE. UU. desautorizó la investigación de la DEA al liberar al secretario mexicano de Defensa Nacional en 2012-2018 sin ningún cargo. Ahora va a venir la venganza de la DEA contra México, sobre todo porque sus agentes deben estar registrados y sus operaciones compartidas.

Política para dummies: La política debe comenzar por poner en duda el discurso del establishment.

 

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Asalto al Capitolio no fue golpe de Estado ni insurrección revolucionaria

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Carlos Ramírez*

Entre el silencio del expresidente Barack Obama como líder de la tibia ala progresista de los demócratas y la desaparición del presidente electo Joseph Biden sin control dominante sobre el Partido Demócrata, la reinaNancy Pelosi se ha erigido como la presidenta en funciones de los EE. UU. en los últimos quince días del periodo constitucional del presidente Donald Trump y con sus acciones ha definido el margen de maniobra estrecho de la próxima administración.

Lo de menos es que la reina Pelosi logre destituir al presidente constitucional; la parte más delicada del problema estadunidense se localiza en los grupos radicales y en el 47% del electorado que voto por Trump a pesar de la campaña en su contra y en el fermento de la guerra civil entre facciones existentes desde la fundación del imperio. Trump se ha fortalecido como líder de una fuerte y grande facción rebelde en los EE. UU. que seguirá en activo.

Lo grave del asunto era el cálculo político estratégico: ¿encabezaba Trump un golpe de Estado para quedarse en la Casa Blanca sin atender el proceso institucional electoral?

Los sucesos del miércoles 6 no llegaron a configurar indicios de un golpe de Estado porque ninguna institución civil o militar participó en ella ni tampoco mostraron el inicio de alguna revolución porque faltaban masas en las calles.

La candidatura de Trump en 2016 y 2020 se coló por los resquicios del sistema político-electoral, porque en ambos casos ganó la candidatura vía elecciones primarias, es decir, por el voto popular. Con ello, Trump asumió una representatividad de una parte de la sociedad –no sólo del electorado– estadunidense que funciona dentro del Estado y ausente en las votaciones: la parte social anti Estado capitalista.

La propia configuración de clases dentro de los EE. UU. ha permitido la existencia y funcionamiento de grupos radicales, todos ellos protegidos por la Segunda Enmienda constitucional que permite no sólo la compra libre de armas, sino la organización de milicias armadas al margen de controles del Estado. A lo largo de su existencia, el Estado estadunidense había sabido lidiar con esos grupos.

Un análisis frío de los sucesos del miércoles 6 en el Capitolio podrían llevar a escenarios diferentes a la narrativa de la reina Pelosi. Por principio de cuentas, no fue una insurrección; es decir, no se trató de un levantamiento popular para derrocar al gobierno y al sistema político; los grupos radicales convertidos en turbamulta irrumpieron en la sede del poder legislativo, hicieron destrozos, se tomaron fotos, deambularon por los pasillos, no secuestraron a los representantes y fueron atajados en algunas zonas del edificio por policías disparando. Horas después, los invasores abandonaron el Capitolio con tranquilidad.

Luego de la irrupción, ningún líder político se apropió de los grupos invasores, no hubo ninguna proclama directa de combatir por las armas, hasta ahora no existe ningún llamamiento a impedir el proceso constitucional de calificar elecciones, designar presidente electo y jurarlo el 20 de enero. Para el 20 se prevén choques de violencia, pero nada que tenga que ver con golpe de Estado para apropiarse del gobierno y del Estado.

La insurrección es el acto revolucionario, de derecha o izquierda, para organizar la destrucción de un sistema/régimen/Estado/constitución con el propósito de instaurar otro grupo y otro régimen en el poder. Trump sólo azuzó las pasiones de sus seguidores y el mismo careció de una propuesta de ruptura del orden constitucional para quedarse otros cuatro años o más en el poder. El acto de legitimación del presidente electo el miércoles 6 siguió su curso bajo la responsabilidad política del vicepresidente Mike Pence, a pesar de las insidias de Trump de que Pence debía de cumplir su tarea política de evitar ese proceso. No fue así. Todavía con el pánico a la violencia de horas antes, los representantes votaron el mismo día el ungimiento de Biden como presidente electo oficial y días después la moción de impeachment del presidente constitucional en funciones.

Lo que viene es el costo político de los resentimientos de la reina Pelosi. No se sabe hoy si se bloqueará, por proceso judicial, que Trump sea candidato a senador o a presidente, pero la crisis en realidad no se localiza en Trump sino en las masas sociales radicales de derecha a ultraderecha –el 47% del electorado– que ya probaron la fuerza de sus violencias y entendieron que el régimen actual estadunidense no les deja espacios para la lucha institucional.

El problema, por tanto, no es Trump, sino el régimen de un establishment que controla el gobierno de los EE. UU.

 

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Política para dummies: La política está en los dobleces.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Asalto al capitolio, falla de seguridad; ni terrorismo ni insurrección miliciana

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Carlos Ramírez*

Una vez que los grupos radicales rompieron la valla de seguridad del Capitolio y se enfrentaron a pasmados y paralizados agentes –no de miedo sino de ausencia de entrenamiento y sin protocolos–, los grupos invasores nosupieron qué hacer y se dedicaron al chacoteo, a tomarse fotos en los escritorios importantes y a regodearse de su hazaña.

En este sentido, el asalto al Capitolio el miércoles 6 de enero no fue un ataque terrorista interno ni una insurrección armada ni una guerra civil encabezada por milicias. Los responsables, que se quitaron la máscara que ocultaba su rostro, se mostraron sin rubor para las fotos y salieron tan campantes como entraron. Por eso uno a uno han sido arrestados con cargos inflados que pudieran ser de terrorismo e insurrección, pero sólo para ayudar al proceso político de la reina Nancy Pelosi en su obsesión por derrocar al Donald Trump que se le ha escurrido entre los dedos de la mano.

Otra cosa podría ser lo del domingo 17 al miércoles 20. Un volante impreso de un cuarto de tamaño carta está circulando con avisos ominosos: convocan a una “marcha armada” hacia el Capitol Hill de la capital de la nación en el corazón de Washington DC y similares contra todos los edificios de Capitolios de las capitales de los estados. La cita es a las 12 del día del domingo 17, tres días antes de la protesta de Joseph Biden como presidente de los EE. UU. en una ceremonia a cielo abierto a la mitad de las escaleras del Capitolio, luego habría un almuerzo del nuevo presidente con el poder legislativo y más tarde el famoso desfile por la Avenida Pennsylvania de manera normal dentro de la limusina con blindaje superior y casi siempre caminando algunas calles. En el 2017, el día de la toma de posesión de Trump, hubo choques entre simpatizantes del nuevo presidente con grupos antifaantifascistas, de filiación de izquierda radical– vestidos de negro y todos con máscaras antigases.

Hasta ahora hay dos problemas: el FBI detectó a tiempo el operativo de asalto al Capitolio y no supo cómo procesar esa información como documento de inteligencia –la información no es inteligencia– y existen sospechas de que grupos policiacos simpatizan con los supremacistas tomando en cuenta que el movimiento Black Live Matters se pronuncia en todo el país con violencia para protestar contra la brutalidad policiaca contra afroamericanos y minorías hispanas.

Una información del The Washington Post el pasado martes 12 reveló la existencia de un reporte informativo del FBI que alertaba de la organización del asalto al Capitolio, pero que nunca se procesó como inteligencia consolidada. Se habría cometido, por segunda ocasión, el error de información-inteligencia del 2001 cuando el FBI detectó a grupos musulmanes que estaban tomando clase de manejo de aviones con la declaración formal a los maestros de que no les interesaba aterrizar aviones, sino sólo mantenerlos en vuelo. Agentes de la CIA alertaron de indicios de ataques terroristas que la CIA formal y el FBI desdeñaron, lo que ha alimentado las teorías de la conspiración sobre el 9/11 del 2001,

La oficina del FBI en Norfolk, Virginia, cerca de la capital DC, captó intervenciones telefónicas que hablaban de que “el congreso necesita escuchar vidrios rotos, puertas pateadas y derramamiento de sangre”, pero esos datos nunca se procesaron como base de inteligencia preventiva. Después del ataque un jefe de la oficina de Campo del FBI en Washington afirmó que “no había indicios” de violencia en la protesta, a pesar de las intervenciones telefónicas y del discurso del president Trump alentando a los alborotadores. La información fue catalogada como “no amenaza de seguridad” y acreditaron las palabras fuertes a la retorica de la ultraderecha supremacista, pero a pesar de ataques anteriores de violencia racista,

Los datos del The Washington Post, basados en reportes primarios del FBI, han alimentado las percepciones de que la violencia en el Capitolio pudo haber sido prevista y neutralizada y que organismos policiacos prefirieron noprofundizar las evaluaciones y no supieron cómo intervenir. El incidente del 6 reveló la inexistencia de protocolos de seguridad dentro de instituciones emblemáticas como el Capitolio, donde agentes de seguridad desenfundaronsus armas ante alborotadores que portaban armas automáticas de alto calibre. El temor era que una balacera hubiera desembocado en legisladores muertos.

Para la protesta del domingo 17 se ha decretado estado de sitio con policías, guardias nacionales y cuerpos antiterroristas deambulando por las calles, pero tampoco se nota el arresto de posibles líderes radicales.

 

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Política para dummies: Los peores enemigos de la política son el rencor y el miedo.

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