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Brújula Pública

Con un Zócalo lleno de personas que en su mayoría habían sido llevadas en camiones alquilados y a quienes les dieron su box lunch al final del evento, el presidente López Obrador presentó un corte de gobierno, en el primer año de su triunfo en las elecciones de julio de 2018.

 Hay algunos datos que proyectan finanzas públicas y una economía que comienza a abrirse. Por ejemplo, las reservas internacionales aumentaron poco más de 4 mil millones de dólares; el índice de confianza del consumidor se ubicó en 110 puntos, no visto desde la administración de Vicente Fox; las tiendas de autoservicio reportaron un aumento de 5.4% en sus ventas y el peso se apreció 6.61%.

 Sin embargo, estas cifras que pudieran proyectar una buena economía, no son un reflejo fiel de lo que sucede en la administración federal.

 Hay un cálculo de que unos 21 mil empleados del gobierno federal han sido despedidos en esta administración, que seguramente muchos de ellos votaron por la opción electoral que representaba la cuarta transformación.

 No solo esto, sino los magros resultados en seguridad y la ausencia de justicia en el combate a la corrupción, no son alentadores en un gobierno que prometió mucho.

 La recién inaugurada Guardia Nacional es un instrumento que se encuentra lejos de poder dar resultados. Producto de la fusión de la policía militar, la policía naval y la policía federal, es muy probable que, en la curva de aprendizaje de esta nueva dependencia, se observen vicios cuando fue creada en 1999 la Policía Federal Preventiva, cuando sus principales cargos fueron disputados por mandos del ejército y marina, lo que desvió la naturaleza de sus funciones y creó intereses en su interior. Estos intereses crecieron junto con sus nichos de corrupción y formaron grupos en sus divisiones que desvirtuaron la esencia de la corporación, y tarde o temprano se tradujo en la penetración de la delincuencia en algunos de sus mandos.

 Ojalá que entre los intereses se haya terminado la práctica negativa de otorgar escoltas y protección, a empresarios o dueños de medios de comunicación del régimen político en turno y a sus familias, con cargo a los impuestos de los contribuyentes, por supuesto.

 Sobre el combate a la corrupción, se sabe que Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, se encuentra en Alemania y, por tanto, difícil que sea alcanzado por el brazo de la lenta y tortuosa justicia mexicana; tampoco se ha sabido que que exista alguna investigación sobre la corrupción en la construcción del paso exprés de Cuernavaca que causó la muerte de dos personas, entre los más destacados.

 Por otra parte, la interpretación de austeridad de esta administración parece que se reduce a lo que es visible a simple vista o del conocimiento público. La Ley de Austeridad que prohíbe los seguros de gastos médicos y de vida, pero que, en una redacción actualizada, revive las partidas secretas.

 Esta Ley suprime otros excesos, como el nepotismo hasta en cuarto grado de parentesco, el uso de inmuebles y representaciones de la administración pública México en el exterior, salvo las de seguridad nacional, como a Fiscalía General de la República, las agregadurías militares y navales y de la Guardia Nacional.

 Las manifestaciones recibidas en el Zócalo, hayan sido manipuladas o no, necesitan ser legitimadas con acciones de precisión. Si el presidente López Obrador y su administración da tiros precisos y encarcela a personajes de otras administraciones relacionados con la corrupción junto con la devolución de bienes sustraídos de manera ilegal y reduce de manera significativa la inseguridad, se llevará las palmas. No antes.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Twitter: @racevesj

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Es politólogo por la Universidad de Guadalajara (UdG) y por invitación del Alto Mando es maestro en seguridad nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) de la Secretaria de Marina. Ha sido invitado como expositor en el curso de Mando y Estado Mayor General de la Armada de Mexico, así como en el CESNAV. Actualmente se desempeña como académico de la Universidad del Valle de México y cómo investigador externo del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México (ININVESTAM). Twitter: @racevesj

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Nacional

Brújula Pública-Falta planeación

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Rodolfo Aceves Jiménez*

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública contiene 8 objetivos de donde se desprenden las principales acciones para erradicar la seguridad en el país.

Entre sus objetivos se encuentran la erradicación de la corrupción y reactivación de la procuración de justicia, el pleno respeto de los derechos humanos, la regeneración ética de la sociedad, reformular el combate a las drogas, la construcción de la paz, la recuperación y dignificación de los centros penitenciarios y la seguridad pública, seguridad nacional y paz.

Entre lo pendiente que tiene la Estrategia se encuentra la creación de la Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés así como la creación del Consejo para la Construcción de la Paz; la primera para ampliar el rango de combate a la corrupción y, el segundo, como instancia de vinculación y articulación entre todas las instituciones y actores de México y del extranjero que trabajen por la paz.

La Estrategia tiene relación con el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana, de donde se desprenden las acciones de la Secretaría de Seguridad.

Según este Programa Sectorial tiene cinco programas especiales. El Programa Nacional de Seguridad Pública, el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, el Programa Nacional para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Secuestro, el Programa para la Seguridad Nacional y el Programa Nacional de Protección Civil.

Son programas que complementan los objetivos y acciones que se desprenden del Programa Sectorial citado, en cada rubro de especialidad.

El problema consiste en que no han sido publicados y, por tanto, se opera con los programas de las anteriores administraciones.

Esto presenta un conflicto programático, debido a que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública es un documento aislado que suma diversos objetivos y acciones de los Programas.

También presenta una falta de alineación con el presupuesto del Ramo 36 que ejerce la Secretaría de Seguridad, debido a que quedaron aislados, aun cuando el Programa Sectorial sí los señala.

La política pública distribuida en competencias entre la Federación, las Entidades Federativas y sus Municipios parece que no tiene hilos conductores o voluntad para colaborar de manera conjunta por mejorar la seguridad. El interés político partidista o político electoral supera la voluntad por ejercer las funciones de seguridad.

Por eso es que la ausencia de autoridad en algunos municipios del país es un ejemplo de cómo el Estado y sus instituciones abandonan sus funciones sustantivas en seguridad permitiendo que impere el desorden y la delincuencia amplíe sus dominios.

Entre las funciones abandonas se encuentra, por supuesto, la seguridad, la regulación de las actividades económico-productivas y que ahora la delincuencia ejerce esas funciones por el cobro de un derecho, la prestación de algunos servicios públicos, principalmente.

Y además claro está la ausencia de estos Programas.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

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Nacional

Brújula Pública- Las agencias

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Rodolfo Aceves Jiménez*

A fin del año pasado el Congreso aprobó la iniciativa a la Ley de Seguridad Nacional que presentó el presidente de la República para proscribir la participación de agentes en territorio nacional.

Esta iniciativa obliga a presentar informes mensuales sobre sus actividades lo que provocó la molestia de agencia como la DEA, que contaba con agentes en el país.

Pero en la reunión de la semana pasada en la que estuvieron altos funcionarios de seguridad del gobierno norteamericano, en la que seguramente consultaron de viva voz al gobierno mexicano, la posibilidad de que sus agentes vuelvan a tener dicha participación en campo.

El Entendimiento Bicentenario, denominación por lo que en lo sucesivo se conocerá a la extinta Iniciativa Mérida es el instrumento político jurídico necesario para que Washington tenga presencia en territorio nacional con su personal.

No obstante, hoy por hoy la Embajada de Estados Unidos en México es la representación diplomática norteamericana que tiene más personal con unas 400 personas, después a la de Egipto en El Cairo.

Lo anterior da cuenta de la importancia que para Washington representa la relación bilateral con México, debido a la cantidad de agencias y representaciones de ese país distribuidos en territorio nacional y en especial lo que significa la seguridad.

Los Estados Unidos han colaborado con las agencias de seguridad y de defensa mexicanas con intercambio de información para combatir delitos, como corrupción o narcotráfico, así como con inteligencia en tiempo real con la que se logró la detención de El Chapo.

Por su parte nuestro país ha colaborado con la detención y extradición de delincuentes para compurgar penas en las cárceles de ese país, así como en algunas operaciones especiales de interés norteamericano que han permanecido en secreto, como la participación de fuerzas mexicanas en el Operativo Lanza de Neptuno que dio muerte a “Gerónimo” nombre clave de Osama Bin Laden en Pakistán en 2011.

Hubo un momento en que las relaciones con las agencias de seguridad estuvieron debilitadas, cuando fue muerto el agente de la DEA Enrique Camarena y el piloto Alfredo Zavala, provocando las protestas del director de la DEA en México, Edward Heath y llevando a su punto más bajo dichas relaciones.

El tema fue llevado a un segundo término, aunque no ha sido del todo superado, debido a lo tortuoso de los sistemas de investigación y de impartición de justicia mexicanos, en el que todavía hasta 2019 fue consignado un presunto implicado en la tortura de Camarena Salazar.

Al final del día la participación de las agencias de seguridad norteamericanas subsana algunas deficiencias operativas de las agencias mexicanas, pero llega el punto de inflexión en el que sus investigaciones trastocan intereses ajenos de la seguridad infiltrados en las agencias mexicanas.

Quizás estos sean los intereses que impiden su intervención en territorio nacional. Ni está bien, ni está mal su participación. Es una colaboración entre países con intereses comunes.

 

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

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Nacional

Brújula Pública-Intereses bilaterales

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Rodolfo Aceves Jiménez*

México y Estados Unidos poseen una relación compleja, derivada de una frontera geográfica, cultural, de seguridad, económica y política, con beneficios y perjuicios para ambas partes, en el que a veces se gana y a veces se pierde.

Desde siempre una de las preocupaciones del gobierno norteamericano en la relación con nuestro país lo constituye, además de los temas económicos, los temas de la agenda de seguridad. Esto a propósito del Diálogo de Alto Nivel del presidente de la República con el secretario de Estado, Antony Blinken, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

Sobre los temas económicos, el acuerdo entre Estados Unidos y Canadá, que substituye al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), abre una nueva etapa en las relaciones con nuestro vecino país del norte, pero es posible que con la reforma al sector eléctrico toque intereses.

La economía va muy de la mano con los temas de seguridad, agenda prioritaria del gobierno norteamericano, en el que ambos gobiernos han cometido excesos en seguridad.

En febrero de 2011 el gobierno del vecino país del norte comenzó a realizar vuelos espías con aviones no tripulados, con el objeto de recoger información de inteligencia sobre la actividad de los principales cárteles de la droga en la frontera con México.

También el operativo “rápido y furioso” dado a conocer por un agente norteamericano, en el que el gobierno de ese país señala que nuestras autoridades estaban debidamente avisadas, en el que se introdujeron armas de manera ilegal.

Pero de este lado el problema no es sencillo. El saludo que hizo el presidente López Obrador a la madre de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” y el reconocimiento a la liberación del hijo de El Chapo, Ovidio Guzmán no será pasado de largo en las pláticas sobre la preocupación de la seguridad mexicana.

Tampoco la liberación de la madre y la hermana de José Antonio Yépez Ortíz “El Marro”, así como el soborno al Poder Judicial para liberar a José Ángel Casarrubias “El Mochomo”, junto con el intento de asesinato del secretario de seguridad de la ciudad de México, presuntamente realizado por el CJNG.

En concreto, el gobierno norteamericano reclamaría la poca acción de las autoridades mexicanas para combatir al narcotráfico, mientras que el gobierno del presidente López Obrador tiene el tráfico ilegal de armas. Reclamos mutuos, pues.

Algunos son sucesos tienen su origen en la corrupción sistémica en algunas dependencias de los órganos del Estado mexicano, pero que su impacto puede ser determinante para la permanencia de las inversiones extranjeras.

Pero con acuerdos o sin acuerdos, la seguridad mexicana depende de un gran encuentro de voluntades para superar los terribles dramas que provoca.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

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