Horacio Villaseñor
Lo que hoy vemos en las calles de Guadalajara es una especie de “maquillaje urbano”. Bajo el pretexto de que el Mundial 2026 ya está a la vuelta de la esquina, se están acelerando obras que parecen diseñadas más para salir bien en un video de redes sociales que para resolver los problemas reales de la ciudad. Lo más grave no es solo que se priorice la estética sobre la utilidad, sino que se está fracturando la ley e ignorando o desconociendo el espíritu constitucional respecto al gasto público. Aunque el reglamento local permite entregar contratos directamente cuando los montos son bajos, el gobierno ha encontrado una “trampa”: fragmentan los proyectos grandes en muchos contratos pequeños para evitar las licitaciones y el ojo de la ciudadanía. Esto puede ser legal en la letra pequeña del estado, pero traiciona directamente el espíritu de nuestra constitución nacional, que exige que el dinero público se maneje con total transparencia y competencia. Las leyes y reglamentos mal hechos, por legisladores desconocedores del quehacer público, contradicen esa sentencia de licitar públicamente todo lo que se contrate, la elección por montos originalmente fue diseñada -como debe ser- para los casos de excepción y, por cierto, las urgencias prevenibles no lo son.
Este desorden administrativo nace de un problema de raíz: quiénes están al mando y hay que decirlo, hay más gobernantes ignorantes que sinvergüenzas y de estos últimos, hay muchos. No estamos frente a expertos en urbanismo o administración pública, sino ante una clase política que ha llegado al poder por su habilidad para ganar elecciones y estar en el grupo adecuado, no por su capacidad técnica para gestionar un territorio complejo. Cuando el oportunismo le gana a la preparación, la eficiencia del gobierno se desploma. El resultado es una gestión improvisada donde se decide sobre la marcha, confundiendo la “astucia política” con el buen gobierno.
Además, el modelo actual de gobierno es demasiado rígido y vertical. Todo se decide en una oficina cerrada, en una cúpula donde la información no fluye. Esto crea verdaderas “cajas negras” administrativas. En estas sombras es donde se cocinan los acuerdos a modo: contratos redactados para beneficiar a intereses particulares en lugar de atender necesidades técnicas reales. Si tuviéramos un sistema de gestión más orgánico —donde las colonias y las unidades técnicas tuvieran autonomía y capacidad de vigilancia propia—, sería imposible que una sola oficina central decidiera el destino de millones de pesos sin contrapesos. Hoy, la estructura piramidal es el ecosistema perfecto para que la corrupción se disfrace de “trámite legal”.
Lo más cínico de esta situación es la excusa de la “urgencia”. El gobierno nos dice que no hay tiempo para licitaciones abiertas porque el Mundial ya viene, pero la realidad es que sabemos la fecha del torneo desde hace años. No es una emergencia imprevisible; es una falta de planeación estratégica. Al omitir el listado real de obras en los planes de desarrollo, el gobierno convierte el “todo de última hora” en su regla general. Prefieren el atajo del contrato directo que el camino democrático de la licitación, donde varias empresas compiten para ofrecer la mejor calidad al menor precio.
En conclusión, el Mundial 2026 está siendo el “cheque en blanco” para que la opacidad se vuelva la norma. Si permitimos que la prisa fabricada sustituya al rigor técnico y que las decisiones se tomen en la oscuridad, el legado para Guadalajara no será el desarrollo, sino una ciudad llena de parches, deudas y obras que fallarán al poco tiempo. No se trata solo de cumplir con un compromiso internacional; se trata de defender la ética en el servicio público y evitar que el espejismo de una ciudad de “render” nos deje con las manos vacías. Los negocios privados con recursos públicos siguen. ¡Ni hablar!
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