Por Amaury Sánchez
El precio de la tortilla en México es, más que una cifra económica, el termómetro de una crisis estructural que se cierne sobre el campo y la industria agroalimentaria. Cuando el kilo de tortilla alcanza los $30 pesos en algunos estados y en Jalisco se perfila hacia los $32 pesos, conviene preguntarse no solo por las causas inmediatas de este encarecimiento, sino por el trasfondo político y económico que ha llevado a esta distorsión en la cadena de valor.
El drama comienza en el surco y termina en la mesa, pero las ganancias se pierden en el trayecto. El productor de maíz en México recibe alrededor de $8 pesos por kilo, una suma que apenas cubre el costo de la siembra y la cosecha, después de meses de trabajo y una inversión constante en insumos, maquinaria y mantenimiento. El maíz, base de nuestra dieta y emblema de nuestra identidad, es tratado en los mercados nacionales como una mercancía de bajo valor, mientras que las grandes comercializadoras y la industria molinera cosechan los beneficios.
En San Martín Atexcal, Puebla, el proceso de transformación del maíz en tortilla es testimonio de una economía rural que resiste a pesar del abandono institucional y la voracidad del mercado. El agricultor siembra, cuida y cosecha, desgrana y limpia los granos con técnicas heredadas de generación en generación. Pero esa tradición, que debería ser el orgullo y el cimiento de nuestra soberanía alimentaria, es tratada como un lastre económico. ¿Cómo puede explicarse que el productor reciba menos de la tercera parte del valor final de la tortilla?
En Jalisco, el escenario es aún más preocupante. A pesar de ser uno de los principales productores de maíz blanco, la industria tortillera depende de la importación de maíz amarillo, cuyo costo está vinculado al dólar y al precio internacional de los granos. La reciente sequía en Sinaloa, que redujo la cosecha de maíz blanco de 3.2 millones a 1.9 millones de toneladas, ha puesto en jaque la oferta nacional y ha empujado los precios al alza. Pero, paradójicamente, el agricultor no verá reflejado ese incremento en su ingreso, porque el precio que recibe por kilo sigue anclado en la miseria rural.
El riesgo de la entrada de maíz transgénico, afortunadamente contenido por la decisión de la Cámara de Diputados en febrero de 2025, evidencia la fragilidad de nuestro modelo agroalimentario. Si México hubiera permitido la comercialización de granos modificados genéticamente, los productores nacionales habrían quedado atrapados en un ciclo de dependencia tecnológica y económica, obligados a comprar semillas patentadas cada ciclo de siembra. El triunfo legislativo de proteger al maíz criollo es una victoria simbólica, pero insuficiente si no se corrigen las distorsiones estructurales que condenan al agricultor a la pobreza.
Porque el problema no es únicamente climático o tecnológico; es político y económico. El precio de la tortilla no refleja únicamente el costo de producción, sino la concentración de poder en la industria molinera y comercializadora, la precariedad de las políticas de apoyo al campo y la incapacidad del Estado para garantizar un mercado justo para los productores. La tortilla, símbolo de resistencia y sustento, ha sido capturada por las fuerzas del mercado, mientras el productor sigue condenado a vender a precios de hambre lo que las grandes industrias venden como un producto gourmet.
Ante este panorama, el delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) Federal, Alfredo Porras Domínguez, ha manifestado que el gobierno está al tanto de esta problemática y trabaja para asegurar que el precio de la tortilla se mantenga accesible para las familias jaliscienses. Con la consigna de que “primero los pobres”, el gobierno federal ha reconocido que este producto básico no solo es un símbolo de la cultura mexicana, sino un pilar fundamental para la seguridad alimentaria de millones de hogares. La vigilancia sobre el precio de la tortilla y el respaldo a los productores nacionales son pasos clave para garantizar que esta crisis no profundice aún más las desigualdades sociales.
Si el precio de la tortilla alcanza los $32 pesos en Jalisco y los agricultores siguen recibiendo $8 pesos por kilo de maíz, el problema no es la oferta y la demanda: es el abandono del campo y la entrega de la cadena de valor a las fuerzas del mercado global. La solución no radica en subsidiar temporalmente la tortilla o en regular artificialmente el precio del maíz, sino en rediseñar las reglas de juego para que el productor reciba una retribución justa por su trabajo y el consumidor pueda acceder a un precio razonable.
Porque detrás de cada tortilla hay una historia de trabajo y de injusticia; y mientras esa historia no sea reconocida y corregida, seguiremos pagando no solo un precio alto por la tortilla, sino también un costo social y político que el país no puede permitirse.
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