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Brújula Pública

La administración del presidente López Obrador transita por una complicada etapa en la seguridad mexicana, cuyo uno de sus principales problemas consiste, en la conceptualización de la seguridad mexicana.

El modelo de seguridad que se encuentra contenido en el texto del artículo 21 constitucional, tiene como premisa el establecimiento del orden y paz públicos, -que constituyen la seguridad pública-, en la cúspide de la seguridad mexicana. 

Por esta razón es, que la seguridad nacional y la seguridad interior no tienen cabida en el texto constitucional, porque dogmática e ideológicamente el diseño de la seguridad gira en torno a estos elementos de la seguridad pública y, por ende, al existir una confusión en el diseño contemplado en la Constitución, por inercia cae al Presupuesto de Egresos de la Federación y al Plan Nacional de Desarrollo (PND).

La lógica de este planteamiento es la siguiente. Mientras que la Constitución establece los anhelos del pueblo mexicano, en el PND se definen las directrices como política de Estado o como política pública, mientras que el Presupuesto de Egresos les otorga recursos para ejecutarlos. Esto quiere decir que, el Presupuesto y el PND son complementos ejecutores de política pública, a los designios de la Constitución.

Desde el punto de vista de la ciencia política, el fin del Estado es, la seguridad. Esto quiere decir que, luego entonces, por encima de la seguridad pública se encuentra, la seguridad. Por esta razón es que el texto constitucional debería contener un concepto de seguridad, como función de Estado, de la que se desprendan las tres funciones de gobierno de la seguridad: la seguridad pública, la seguridad interior y la seguridad nacional.

Esta seguridad nacional es una función de gobierno compartida, -junto con la función de Estado de la defensa nacional y-, por tanto, esta sería el vínculo dogmático y orgánico para que las Fuerzas Armadas participen en labores de seguridad pública.

Esto quiere decir que en al ámbito civil, la seguridad nacional se ciñe al establecimiento de un sistema de inteligencia civil que sea capaz de detectar las debilidades del Estado mexicano y transformarlas en inteligencia para revertir condiciones de inestabilidad económica, política y social. Aquí subyace también el estabecimiento y permanencia de políticas de Estado, como la protección civil.

En el ámbito militar, la seguridad nacional se circunscribe a proteger los valores de independencia y soberanía, cuyos elementos son materia inmanente de las funciones de contenido estrictamente militar. Pero por extensión y por interés nacional, el concepto de seguridad nacional en las fuerzas armadas se extiende a proteger intereses nacionales, como las plataformas petroleras, las plantas generadoras de energía eléctrica o los oleoductos en tierra. 

El retrato de la seguridad mexicana es una obsolescencia dogmática e ideológica, cuyos conceptos se confunden con la magnilocuencia que representa hablar de temas de seguridad nacional. 

Este retrato viejo, cuyo modelo e implementación datan de 1992 es, en parte, una de las causas por las cuales no es posible actualizar métodos, procedimientos y protocolos y una de las causas por las que no hay sincronía entre la Constitución, el PND y el Presupuesto de Egresos.

Cada instrumento jurídico tiene conceptualizada a la seguridad, a su libre y leal saber, en el que parece que priva la descoordinación. Por eso el derecho de seguridad mexicano, constituido por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Nacional principalmente, no tienen sincronía mutua, sino que además de regular funciones distintas, no se complementan entre sí, ni son parte en el diseño del modelo de seguridad de los objetivos nacionales coyunturales o permanentes que se encuentran en el PND o en la Constitución y solo se constituyen en los elementos normativos para que Estados y Municipios obtengan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Twitter: @racevesj

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Es politólogo por la Universidad de Guadalajara (UdG) y por invitación del Alto Mando es maestro en seguridad nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) de la Secretaria de Marina. Ha sido invitado como expositor en el curso de Mando y Estado Mayor General de la Armada de Mexico, así como en el CESNAV. Actualmente se desempeña como académico de la Universidad del Valle de México y cómo investigador externo del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México (ININVESTAM). Twitter: @racevesj

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Nacional

Brújula Pública- Trasfondo del segundo informe

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Rodolfo Aceves Jiménez*

Durante el mensaje por el segundo informe de gobierno, el presidente López Obrador recalcó lo que a su juicio, son las acciones trascendentales de su administración.

En el ramo de seguridad afirmó que existe una baja del 30% de los delitos, en comparación con noviembre de 2018. Dijo que hay menos secuestros, feminicidios, robos a transeúntes, a transportistas, robo a vehículo, robo a negocio y robo a casa habitación. Pero recalcó que aumentó el homicidio doloso y extorsión, cuya narrativa trata de acercarse al éxito de sus políticas públicas de seguridad, pero en la realidad no se acerca.

Por su parte, la organización civil Causa en Común rechazó el contenido de las declaraciones del Ejecutivo Federal y afirmó en un comunicado que no existe una estrategia para enfrentar la crisis de seguridad.

La afirmación del Ejecutivo Federal coincide con el periodo de aislamiento social, en el que la mayor parte de la ciudadanía estuvo confinada en sus casas, de tal forma, que obviamente se redujeron los delitos en todo el país, pero no como consecuencia de una política pública de seguridad, sino por el efecto de una política pública de salud, por la presencia del virus SARS-CoV2. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta el aumento de los delitos en los que el Ejecutivo Federal afirma su decremento.

Cuando los ejecutados, feminicidios y demás víctimas de delitos opacan el discurso presidencial, resalta la ausencia o deficiencia en políticas de seguridad.

El monopolio de la fuerza que ejerce el Estado y sus órganos es insuficiente, en el que se combina con la impunidad en la procuración e impartición de justicia y producen resultados terribles.

El presupuesto público federal y local no es insuficiente, en veces está mal orientado y en ocasiones es desviado a actividades distintas al objeto con el que son diseñadas.

El sol no se tapa con un dedo, cuando las hordas de cuentas de redes sociales, creadas o ficticias, que apoyan al gobierno, solo atienden a exaltar las virtudes de una administración poco eficiente.

Mientras tanto, la oposición se dedica a criticar desmesuradamente los resultados de la administración pública, en los que denosta, critica y hasta en ocasiones, asume las mismas actitudes de insulto que las redes de apoyo a la #4T.

En sus conferencias matutinas el Ejecutivo no llama a la cordura, ni a un diálogo o reconciliación nacional. El presidente comunica mucho en ellas, pero en la práctica gobierna poco.

Su ejercicio de gobierno está montado sobre las estructuras administrativas diseñadas en las pasadas administraciones que tanto critica o que tanto utiliza en sus mensajes gubernamentales.

Y aunque todos desearíamos que le vaya bien a él y a su administración, las reformas a perpetuidad que pretende la #4T serán de muy lenta inserción e incluye economía, seguridad y salud.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

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Nacional

Brújula Pública- El conflicto de los símbolos

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Rodolfo Aceves Jiménez*

El expresidente Felipe Calderón criticó que en la decoración del zócalo de la ciudad de México, se haya incluido un águila republicana, con una connotación política para las festividades de independencia, lo que fue rechazado por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

El águila republicana fue un elemento utilizado por el presidente Juárez durante su mandato, aunque hay registro que fue utilizado desde 1821. Pero también es el logotipo del partido Morena y de Movimiento Ciudadano.

Se trata del uso de un símbolo nacional, en la festividad de la celebración de independencia. Un emblema nacional en un momento histórico que parece que no le corresponde.

Y es que es en el ideario político de Juárez en donde descansa gran parte del sistema político y jurídico mexicano, que fue adoptado por el partido gobernante, pero que en algunas ocasiones parece olvidar la separación de la iglesia con el Estado.

A propósito de las diferencias del pasado con la iglesia, hoy en día parece que Juárez ha sido perdonado. El 20 de marzo del 2006, y por primera vez después de 134 años, la iglesia celebró una misa a Benito Juárez, en el templo de San Felipe Neri de Oaxaca, oficiada por José Luis Chávez Botello -Arzobispo de Oaxaca- quien por cierto, fue párroco de la iglesia de San Sebastián de Analco en Guadalajara, durante las explosiones de 1992 de esa ciudad.

Es al presidente Juárez a quién se le atribuye el principio de austeridad de la #4T, cuando dijo: “No se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No se pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala”.

Pero también es el que recibió la delicada encomienda de gobernar al país, con una invasión extranjera, cuando el Congreso en sesión del 15 de diciembre de 1861, Vicente Rivapalacio, presidente del II Congreso, se dirige al Presidente Juárez, a quien la asamblea le otorga facultades extraordinarias para hacer frente a la intervención francesa, con el siguiente discurso de Estado: “La historia enseña que todas las naciones, para llegar a la reforma y a la verdadera civilización, han tenido que pasar por pruebas terribles y por dolorosos sacrificios, y muchas veces los pueblos más poderosos debieron tocar el borde del abismo y, sin embargo, pudieron salvarse por la fe y la unión entre sus hijos”.

Por su parte, el movimiento de independencia que duró 11 años se logró gracias a la audacia y dirigencia de dirigencia de Hidalgo, Morelos y Guerrero, principalmente. Nadie los nombró dirigentes de la independencia, sino que sus actos trascendieron en un escenario coyuntural de crisis política de la corona española, que junto con el sentimiento de abuso al que habían sido sometidos los naturales de estas tierras durante 300 años, fueron determinantes para iniciar, sostener y terminar la guerra de independencia.

Quizás el común denominador entre la independencia y el presidente Juárez lo constituya, la Virgen de Guadalupe, cuando en la independencia Hidalgo tomó un estandarte con su imagen y los realistas estaban encomendados a la española Virgen de Los Remedios, y bendecidos para la campaña por el alto clero de la Nueva España, le habían declarado la guerra a la guadalupana: cuando los realistas encontraban una imagen de la Virgen morena en algún templo, era sujeta a juicio sumario y fusilada, lo mismo hacían los insurgentes con la de Los Remedios.

Además, el presidente Juárez fue quién decretó al día 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, como día de fiesta nacional.

Por eso es, que el conflicto no es por el águila republicana.

 

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

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Brújula Pública- Que no se politice la justicia

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Rodolfo Aceves Jiménez*

Sin duda alguna, uno de los principales problemas en el proceso de seguridad e impartición de justicia lo constituye, la impunidad que priva.

Según la Encuesta Nacional de Victimización que publica INEGI, anualmente se cometen unos 30 millones de delitos, de los cuáles, poco más de cien mil llegan a condición de sentencia y un 95% constituye cifra negra, es decir, no son denunciados.

La publicación de un video en donde un colaborador del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, así como filtración de la declaración del exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX), no abona a un proceso con pulcritud procesal y al esclarecimiento de los hechos que se le imputan y que son de interés nacional.

La Fiscalía General de la República (FGR) y, en su momento procesal, los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación deben cuidar este tipo de actos que enturbian la demanda y solo contribuye a la politización mediática que persigue un interés electoral.

En sus redes sociales el expresidente Felipe Calderón, dice que “el manejo ilegal y mediático del caso, confirma que con el chantaje de tener presa a su mamá, es utilizado por López Obrador como un instrumento de venganza y persecución política”. Prosigue señalando que “No le interesa la justicia, sino el linchamiento, haciendo en mi caso acusaciones ridículas.”

Mientras tanto los señalados han salido para negar cualquier relación poco honorable con el exdirector de PEMEX, a quién por cierto, nadie ha visto desde su presunta llegada a México. Entre ellos están los gobernadores de Puebla y Querétaro, el excandidato del PRI y del PAN, José Antonio Meade y Ricardo Anaya, respectivamente, así como el presidente del PAN, Marko Cortés lo hizo de manera institucional.

Este escenario vino a enrarecer el ambiente de los gobernadores en la CONAGO con el Ejecutivo Federal, cuando su presidente, el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier Cabeza de Vaca, quien es otro de los señalados, dijo que “El gobierno federal pide el trato que no da, con una mano pide el trato de estado y con la otra da bofetada de partido”. También se quejó de que el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, se haya reunido con miembros de la organización criminal “La Columna Armada”, quienes presuntamente tienen órdenes de aprehensión ante la FGR y la Fiscalía Estatal, así también, que Peralta sirve como “personero para filtrar historias”.

La experiencia dice que la justicia sirve como instrumento político. La dispersión del expediente del caso Ayotzinapa, en el norte, centro y sur del país, vino a ralentizar investigaciones, declaraciones y demás procesos, violando el principio de unidad procesal y enviando deliberadamente por todo el país, los fragmentos de las investigaciones.

Las filtraciones que se hacen de los elementos de prueba permiten dejarlas inhabilitadas y sólo permiten hacer un uso político y mediático de la información, pero se aleja del propósito de justicia de la #4T y cae en el terreno de la revancha con propósitos electorales.

 

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

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