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Brújula pública:

Rodolfo Aceves Jiménez*

La administración del presidente López Obrador transita por una complicada etapa en la seguridad mexicana, cuyo uno de sus principales problemas consiste, en la conceptualización de la seguridad mexicana.

El modelo de seguridad que se encuentra contenido en el texto del artículo 21 constitucional, tiene como premisa el establecimiento del orden y paz públicos, -que constituyen la seguridad pública-, en la cúspide de la seguridad mexicana.

Por esta razón es, que la seguridad nacional y la seguridad interior no tienen cabida en el texto constitucional, porque dogmática e ideológicamente el diseño de la seguridad gira en torno a estos elementos de la seguridad pública y, por ende, al existir una confusión en el diseño contemplado en la Constitución, por inercia cae al Presupuesto de Egresos de la Federación y al Plan Nacional de Desarrollo (PND).

La lógica de este planteamiento es la siguiente. Mientras que la Constitución establece los anhelos del pueblo mexicano, en el PND se definen las directrices como política de Estado o como política pública, mientras que el Presupuesto de Egresos les otorga recursos para ejecutarlos. Esto quiere decir que, el Presupuesto y el PND son complementos ejecutores de política pública, a los designios de la Constitución.

Desde el punto de vista de la ciencia política, el fin del Estado es, la seguridad. Esto quiere decir que, luego entonces, por encima de la seguridad pública se encuentra, la seguridad. Por esta razón es que el texto constitucional debería contener un concepto de seguridad, como función de Estado, de la que se desprendan las tres funciones de gobierno de la seguridad: la seguridad pública, la seguridad interior y la seguridad nacional.

Esta seguridad nacional es una función de gobierno compartida, -junto con la función de Estado de la defensa nacional y-, por tanto, esta sería el vínculo dogmático y orgánico para que las Fuerzas Armadas participen en labores de seguridad pública.

Esto quiere decir que en al ámbito civil, la seguridad nacional se ciñe al establecimiento de un sistema de inteligencia civil que sea capaz de detectar las debilidades del Estado mexicano y transformarlas en inteligencia para revertir condiciones de inestabilidad económica, política y social. Aquí subyace también el estabecimiento y permanencia de políticas de Estado, como la protección civil.

En el ámbito militar, la seguridad nacional se circunscribe a proteger los valores de independencia y soberanía, cuyos elementos son materia inmanente de las funciones de contenido estrictamente militar. Pero por extensión y por interés nacional, el concepto de seguridad nacional en las fuerzas armadas se extiende a proteger intereses nacionales, como las plataformas petroleras, las plantas generadoras de energía eléctrica o los oleoductos en tierra.

El retrato de la seguridad mexicana es una obsolescencia dogmática e ideológica, cuyos conceptos se confunden con la magnilocuencia que representa hablar de temas de seguridad nacional.

Este retrato viejo, cuyo modelo e implementación datan de 1992 es, en parte, una de las causas por las cuales no es posible actualizar métodos, procedimientos y protocolos y una de las causas por las que no hay sincronía entre la Constitución, el PND y el Presupuesto de Egresos.

Cada instrumento jurídico tiene conceptualizada a la seguridad, a su libre y leal saber, en el que parece que priva la descoordinación. Por eso el derecho de seguridad mexicano, constituido por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Nacional principalmente, no tienen sincronía mutua, sino que además de regular funciones distintas, no se complementan entre sí, ni son parte en el diseño del modelo de seguridad de los objetivos nacionales coyunturales o permanentes que se encuentran en el PND o en la Constitución y solo se constituyen en los elementos normativos para que Estados y Municipios obtengan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Twitter: @racevesj

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Es politólogo por la Universidad de Guadalajara (UdG) y por invitación del Alto Mando es maestro en seguridad nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) de la Secretaria de Marina. Ha sido invitado como expositor en el curso de Mando y Estado Mayor General de la Armada de Mexico, así como en el CESNAV. Actualmente se desempeña como académico de la Universidad del Valle de México y cómo investigador externo del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México (ININVESTAM). Twitter: @racevesj

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Nacional

Brújula Pública- Recuento de una relación

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Rodolfo Aceves Jiménez*

México y Estados Unidos poseen una relación compleja, derivada de una frontera geográfica, cultural, de seguridad, económica y política, con beneficios y perjuicios para ambas partes, en el que a veces se gana y a veces se pierde.

Desde siempre una de las preocupaciones del gobierno norteamericano en la relación con nuestro país lo constituye, además de los temas económicos, los temas de la agenda de seguridad.

Sobre los temas económicos, la noticia de la culminación de las negociaciones del acuerdo entre Estados Unidos y Canadá, que substituye al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), abre una nueva etapa en las relaciones con nuestro vecino país del norte, a propósito de la visita del presidente López Obrador a Washington, D.C.

Pero la economía va muy de la mano con los temas de seguridad, agenda prioritaria del gobierno norteamericano, en el que ambos gobiernos han cometido excesos en seguridad.

En febrero de 2011 el gobierno del vecino país del norte comenzó a realizar vuelos espías con aviones no tripulados, con el objeto de recoger información de inteligencia sobre la actividad de los principales cárteles de la droga en la frontera con México.

También el operativo “rápido y furioso” dado a conocer por un agente norteamericano, en el que el gobierno de ese país señala que nuestras autoridades estaban debidamente avisadas, en el que se introdujeron armas de manera ilegal.

Pero de este lado el problema no es sencillo. El saludo que hizo el presidente López Obrador a la madre de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” y el reconocimiento a la liberación del hijo de El Chapo, Ovidio Guzmán no será pasado de largo en las pláticas sobre la preocupación de la seguridad mexicana.

Tampoco la liberación de la madre y la hermana de José Antonio Yépez Ortíz “El Marro”, así como el soborno al Poder Judicial para liberar a José Ángel Casarrubias “El Mochomo”, junto con el intento de asesinato del secretario de seguridad de la ciudad de México, presuntamente realizado por el CJNG.

Se trata de sucesos que exponen la corrupción sistémica en algunas dependencias de los órganos del Estado mexicano, pero que su impacto puede ser determinante para la permanencia de las inversiones extranjeras.

 Uno de los riesgos del avance de la violencia lo constituye, que Washington presione al gobierno mexicano, para nuevamente permitir que agencias de inteligencias norteamericanas instalen oficinas de coordinación, como sucedió en la administración del presidente Calderón Hinojosa, así como el debilitamiento de las instituciones democráticas mexicanas, entre otras acciones que pueden ser temerarias para el pensamiento de la #4T.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Twitter: @racevesj

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Carlos Ramírez

Indicador Político- TCL en EE UU, entre el neoliberalismo Trump y el posneoliberalismo AMLO

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Carlos Ramírez* 

A pesar de que el apoyo mexicano al Tratado de Comercio Libre 2.0 fue el motivo central del viaje del presidente López Obrador, en realidad el acuerdo comercial no tiene cabida en los planes posneoliberales y de austeridad de la 4-T.

Basta un botón de muestra: en el viaje presidencial se firmaron proyectos de inversión extrajera directa que traerán nuevas formas tecnológicas, pero en México el sistema educativo, el sistema científico-tecnológico y la economía están regresando a la edad del lápiz y papel y abandonando el desafío de las computadoras.

Y la paradoja resulta más profunda con lo que ocurre en la Secretaría de Economía, cuya titular fue –además de la obligada del canciller Marcelo Ebrard Casaubón– la única presente en la comitiva oficial, como dando el mensaje de que México estaba priorizando los efectos del Tratado.

En el “Epílogo. Visión hacia el futuro”, del Programa Sectorial de la Secretaría de Economía 2020-2024, publicado apenas el pasado 24 de junio en el Diario Oficial de la Federación, la dependencia anunció que en el 2024 “la mayoría de los trámites del gobierno federal se harán por la vía digital”; sin embargo, esa misma dependencia acaba de suspender el uso del 75% de sus computadoras y todos los empleados han regresado a la edad de piedra de las oficinas: los archivos de papel, carpetas y archiveros. Y eso que la Secretaría señaló que las labores de personal directo con los empresarios generaba espacios de corrupción y que por la vía digital eso iba a disminuir.

Lo anterior indica que la función del gobierno federal sólo fue la de firmar el mismo Tratado con reformas exigidas por los EE UU de Donald Trump para que hubiera desde ahora mayores beneficios para los estadunidenses. Por la austeridad posneoliberal, otro compromiso del Programa Sectorial de la Secretaría de Economía tampoco se va a cumplir: la creación de “suficientes Centros de Innovación” para “asegurar que las empresas tengan acceso a la innovación y el desarrollo tecnológico”.

Sin recursos, en un proceso de achicamiento imparable y sin planes subsectoriales, el nuevo Tratado exaltado en Washington carecerá de recursos, planes educativos y apoyos a los empresarios. El programa de la SE reitera la incumplible meta de 4% de PIB promedio anual 2019-2024 por el hoyo recesivo de -10% a -12% de 2020, pero lo más grave fue el compromiso de incrementar el contenido nacional en los sectores estratégicos, que bajó de 58% en 1993 a 27% sin petróleo por falta de apoyos a las cadenas productivas mexicanas.

En la cena con empresarios entre los dos presidentes, los mexicanos representaban a sectores aliados al presidente López Obrador y no a los sectores dinámicos del comercio exterior. Estuvieron en la Casa Blanca los dueños de las principales armadoras de vehículos que Trump está obligándolas a salir de México y regresar a los EE UU, pero nadie de las empresas de cadenas productivas mexicanas del sector automotriz. Eso sí, en primera fila, los dueños de las dos cadenas de televisión ajenos a los sectores del Tratado, el mismo Carlos Slim salinista y ahora lopezobradorista y figuras empresariales del sector de emprendedores, cualquier cosa que ello signifique.

Con un enclenque apoyo gubernamental en los sexenios de Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, el Tratado apenas pudo lograr un crecimiento anual promedio de PIB de 2% de 1993 a 2018. Y para significar esa carenciade apoyo, del 2001 al 2018 cerraron sus actividades casi 2,500 empresas exportadoras y las partes mexicanas en los productos de exportación en el mismo periodo bajaron de 45% a 37%.

La reforma en 2018-2020 al Tratado de 1993 se hizo para ampliar los beneficios estadunidenses del intercambio empresarial, sin que México metiera las manos para proteger a la planta nacional. La ratificación mexicana del Tratado 2.0 en Washington, por si fuera poco, se dio desde el enfoque posneoliberal de la 4-T, sin un programa de desarrollo industrial, sin una estrategia dinámica de apoyo al sector exportador mexicano y sin un modelo de competitividad que es el eje del comercio exterior en los mercados internacionales supercompetitivos.

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Política para dummies: La política pone la direccional para dar vuelta a la izquierda, pero para dar vuelta a la derecha.

http://indicadorpolitico.mx

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@carlosramirezh

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Carlos Ramírez

Indicador Político- El País rediezcubre México; se deslinda de Peña-PRI y va contra AMLO

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Carlos Ramírez

En un salto estratégico del trapecio mediático sin red protectora, el periódico español El País regresa a México después de su fracaso con un socio del grupo político de Enrique Peña Nieto. Y ahora lo hace para confrontar al presidente López Obrador, quien lo ha exhibido en sus conferencias matutinas como un diario con intereses de grupos de poder económico-empresarial.

La nueva etapa de El País en México es más modesta porque se trata sólo de una sección digital en su página web general, junto a la que dedica a América, EE UU y Brasil. No se trata, tampoco, de una novedad: para irrumpir en el debate ha contratado a articulistas mexicanos críticos que ya cuentan con su propio espacio, por lo que no abre ningún nuevo canal y suele ser repetitivo.

En su época anterior, El País tuvo como socio a Roberto Alcántara, uno de los hombres ricos de México y empresario del autotransporte, vinculado al grupo de Peña Nieto en el Estado de México y otros socios menores que recibían contratos del gobierno de Peña sólo por su relación con el presidente de la república. En esos años, El País fue complaciente con el sistema priísta.

El sitio El Español ha revelado los intentos de la Moncloa de tomar el control del periódico en Madrid, aunque en los análisis mexicanos siempre han visto a El País como un vocero de los gobiernos socialistas. El actual presidente de El País es socio de Santander, de Ana Botín, un banco que tiene enormes intereses en México; la propia Botín ya se reunió con López Obrador, pero no pasa semana sin que el presidente mexicano lance algunos dardos envenenados a El País por textos y articulistas. En este sentido, En Palacio Nacional de México se cree que El País está defendiendo intereses de inversionistas españoles hoy repudiados por López Obrador.

El espacio de El País a México no tiene que ver con la comunidad mexicana en España, calculada en casi 50 mil personas entre residentes y descendientes. Por tanto, la política editorial de El País quiere influir en el rumbo político de México, aunque su edición impresa ya cerrada se regalaba en restaurantes y hoteles porque no se vendía y ahora sólo circulan en redes los artículos más críticos.

Ante el deterioro de la prensa mexicana hasta finales del reinado priísta en el 2000, los medios extranjeros comenzaron a descubrir México. Hoy en día hay ediciones en español para México en The New York Times y The Washington Post, pero en el mismo estilo que El País: una redacción con pocos reportes interesantes y sólo contratación de críticos que ya tienen sus espacios locales. Es decir, ya no existe valor agregado. Vía redes y sin respetar derechos de autor, en México circulan las ediciones íntegras de The Economist, The Financial Times, Le Monde, El País y El Mundo, entre otros.

La prensa mexicana Salió del espacio de dominación del PRI después de la crisis política por el movimiento estudiantil del 68 y tuvo cuando menos veinte años de conquista de libertad de crítica. El ciclo neoliberal iniciado en 1982 desdeñó a la prensa. Sin embargo, la prensa mexicana tiene el gravísimo problema del financiamiento de sus ediciones: el principal anunciante es el gobierno y la empresa privada está sometida a los dominios autoritarios del presidencialismo; en 1972 los empresarios boicotearon al periódico Excelsior en su mejor época. Hasta la fecha, los empresarios privados nacionales y extranjeros están sometidos a los hilos autoritarios del Estado y del presidencialismo.

Hasta hoy tres periódicos españoles replican en la prensa mexicana: El País con sus propios espacios, El Mundocon ocho páginas diarias asociado al periódico Milenio de empresarios regiomontanos y una edición impresa de La Razón vinculada a la versión autónoma de Las Razón de México. En redes, sólo los textos críticos de El Paístienen circulación, aunque sin reflejar en realidad algún factor de presión real.

El problema radica en que la sociedad mexicana no es muy dada a asumir el papel político de la prensa como un factor de equilibrio. Los medios extranjeros que incursionan en México tienen la expectativa equivocada de que pueden meterse en el debate por la crítica, pero resulta que en México no existe en realidad debate político en la sociedad. La oposición, precaria en su dimensión y en su impacto político, desdeña a la prensa y se queda en sus espacios reducidos del rumor y la insidia.

Con una sociedad desarticulada, sin partidos de oposición fuertes y con una prensa debatiendo sólo con el poder, el escenario mediático mexicano ha perdido sus referentes. Se requiere de una prensa que eduque, que concientice y que le dé al lector herramientas para interpretar su entorno y sus expectativas. Pero todos quieren criticar y debatir de manera directa con el presidente de la república, sin entender que sus destinatarios deben ser los grupos sociales oscurecidos por las redes, el escándalo y la polarización.

Sigue vigente el criterio del Decreto para la Libertad de Imprenta del 10 de noviembre de 1810 emitido por las Cortes de Cádiz con un planteamiento original: “la facultad individual de los ciudadanos de publicar sus pensamientos e ideas políticas es no sólo un freno de la arbitrariedad de los que gobiernan, sino también un medio de Ilustrar a la Nación en general, y el único camino para llevar al conocimiento de la verdadera opinión pública”.

La transición mexicana a la democracia no tuvo su transición de prensa. Y no la tendrá mientras no haya una sociedad que busque ideas, ni una oposición inteligente, ni un empresariado que financie la crítica.

http://indicadorpolitico.mx

indicadorpoliticomx@gmail.com

@carlosramirezh

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