Por Laura Gutiérrez Franco
El sector empresarial y los organismos cúpula (Coparmex, CCE, Concanaco), siguen con extrema cautela los pasos de la revisión del T-MEC (Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá), manifestando claras prioridades y preocupaciones ante el nuevo escenario trilateral, Sigue vigente pero no se fue a 16 años, queda en los diez originales pero con revisión cada año.
El principal miedo de los empresarios es la incertidumbre de largo plazo que genera la falta de una extensión automática del tratado por 16 años. Existe un temor fundado a que la inversión extranjera directa y los proyectos de nearshoring se desaceleren si las reglas del juego entran en una dinámica de constante cuestionamiento.
Asimismo, preocupa la amenaza latente de la imposición de aranceles punitivos o cuotas en sectores clave como el automotriz, el siderúrgico y el agroindustrial, así como el endurecimiento injustificado de las reglas de origen.
Lo que los empresarios exigen con urgencia es certeza jurídica y predictibilidad. Solicitan que los gobiernos mantengan abiertos canales institucionales de diálogo técnico que mitiguen los vaivenes políticos. Demandan que se respeten los paneles de solución de controversias vigentes para evitar la discrecionalidad y que se agilice la facilitación comercial en las aduanas, garantizar que el flujo de mercancías no se convierta en una moneda de cambio política.
Uno de los puntos más ríspidos en el debate público y sectorial es la vigencia remanente del tratado, tras la notificación de Estados Unidos de no renovar el bloque de manera automática:
Desde la perspectiva empresarial y de los negociadores técnicos, se ha enfatizado firmemente que el tratado no puede operarse bajo una lógica de negociación “año con año”, ya que este esquema asfixiaría la planeación financiera y los ciclos de inversión industrial, los cuales requieren horizontes de mínimo una década.
La realidad de los 10 años: Frente a las especulaciones de una supuesta inestabilidad inmediata, los especialistas aclaran que el T-MEC está plenamente garantizado y blindado por los próximos 10 años (hasta el año 2036). Nadie ha denunciado el tratado ni iniciado un proceso de salida; lo que ha comenzado es un periodo de revisiones continuas dentro del marco legal ya establecido, por lo que la estabilidad operativa a mediano plazo se mantiene firme.
La Agenda Exclusiva del 20 de Julio: Reunión Bilateral México-Estados Unidos
El próximo 20 de julio de 2026 se celebrará la tercera ronda de negociaciones en territorio mexicano, un encuentro que cuenta con una particularidad geopolítica fundamental: Canadá no estará presente. Al tratarse de una sesión estrictamente bilateral, el foco estará puesto al 100% en las fricciones y deudas directas entre los gobiernos de México y Estados Unidos.
Los temas críticos que se van a desahogar de forma prioritaria en esta mesa son:
Reglas de Origen y Triangulación: Washington pondrá sobre la mesa mecanismos más estrictos para el sector automotriz, buscando bloquear de manera definitiva la entrada de insumos o componentes originarios de Asia (particularmente de China) a través de la frontera mexicana.
Se revisarán las propuestas estadounidenses para equilibrar los flujos comerciales sectoriales, bajo la presión de amagos de aranceles estratégicos en áreas donde Estados Unidos argumenta desventajas.
Disputas en Materia de Energía y Maíz Transgénico: Se buscará dar salida y seguimiento a las consultas técnicas y paneles abiertos por las restricciones de México al grano modificado y las políticas de exclusividad en el sector energético, temas que Washington considera violaciones directas al espíritu del acuerdo.
Revisión del Capítulo 12 (Anexos Sectoriales): Tras el acuerdo general de crear un comité de análisis, en esta reunión se comenzarán a desglosar las normas técnicas y regulaciones industriales específicas para avanzar en la compatibilidad regulatoria entre ambos países.
En Jalisco
El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, a través de su presidente Antonio Lancaster-Jones, ha señalado que uno de los mayores retos actuales es la falta de claridad y posicionamiento real en las quejas de Estados Unidos, ya que “se quejan, pero a la hora de las negociaciones no son claros”.
Ante esto, la cúpula industrial insiste en que Jalisco tiene que reaccionar rápido en dos frentes: Auditar y sustituir: Urge que las empresas locales auditen el origen de sus insumos y comiencen a sustituir proveedores asiáticos por componentes regionales para blindar los aranceles.
Reforzar la coordinación real entre el gobierno estatal, los sindicatos y el sector privado para mantener las ventajas competitivas y la paz laboral de la entidad en lo que se aclaran los mecanismos de revisión (que se espera tengan mayor luz hacia el próximo 20 de julio).
Básicamente, la postura es: no hay que entrar en pánico porque el tratado sigue vivo, pero el modelo de revisión anual nos obliga a acelerar de inmediato la sustitución de importaciones asiáticas para blindar la industria local.
Mala negociación de México
Más allá de los discursos oficiales que intentan matizar el resultado como un “proceso natural de revisión”, en los pasillos de la alta diplomacia y el sector corporativo el diagnóstico es mucho más severo: el equipo mexicano, encabezado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, no hizo un trabajo adecuado. Fuentes cercanas a los cuartos de junto señalan que la delegación mexicana no supo negociar ni contrarrestar la narrativa de una contraparte estadounidense sumamente agresiva.
Sin embargo, el fracaso en conseguir la extensión automática por 16 años no es atribuible únicamente a la trinchera económica. El fondo del endurecimiento de Washington responde a una factura política que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum no ha sabido liquidar: la falta de resultados contundentes en la agenda de seguridad y el combate al narcotráfico. Para la Casa Blanca, la permanencia y protección de gobernantes señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado —de quienes las agencias estadounidenses exigen activamente su detención y extradición— se convirtió en la moneda de cambio perfecta para asfixiar la predictibilidad del tratado.
Para colmo, México llega a este crucial punto de quiebre con una preocupante debilidad en su principal bastión diplomático. La representación del país en Washington quedó en manos del nuevo embajador, Roberto Lazzeri Montaño; no obstante, en los círculos políticos y de comercio exterior se coincide en que el funcionario no cuenta con las “tablas” ni el colmillo técnico-comercial necesario para contener las embestidas de una negociación de esta magnitud. Enfrentar una revisión anual con un andamiaje diplomático debilitado y un gobierno federal cercado por los reclamos de seguridad, deja a la iniciativa privada mexicana navegando en un mar de total incertidumbre.
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