Por: Amaury Sánchez
En el entramado de la política mexicana, donde los linajes familiares a menudo se convierten en armas arrojadizas para alimentar la suspicacia, el nombramiento de Bertha María Alcalde Luján como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) se ha convertido en el más reciente campo de batalla. No obstante, más allá de las críticas y los prejuicios, es imprescindible valorar este nombramiento desde una perspectiva objetiva, basada en méritos y hechos.
Alcalde Luján no es una recién llegada al servicio público. Licenciada en Derecho por la UNAM y con una maestría en Estudios Legales Internacionales por la Universidad de Nueva York, su trayectoria de más de 13 años habla de una profesional con una sólida formación y experiencia. Su paso por instituciones clave como la Cofepris, el ISSSTE y su rol como delegada federal en Chihuahua han demostrado no solo su capacidad operativa, sino también su compromiso con la justicia social y el fortalecimiento institucional.
A pesar de ello, su parentesco con Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, ha sido utilizado como argumento para cuestionar su nombramiento. Sin embargo, en una democracia madura, los vínculos familiares no deben eclipsar la valoración de una persona por sus propios logros. Bertha Alcalde ha defendido, con claridad y dignidad, que su designación se basa en su trayectoria y no en influencias externas: “Ahí está mi trabajo. Nada tienen que ver las relaciones familiares en esto”.
El proceso de selección, llevado a cabo de manera transparente y conforme a la ley, refuerza esta afirmación. Su aprobación por el Congreso de la Ciudad de México, con 51 votos a favor, no solo legitima su nombramiento, sino que también refleja la confianza mayoritaria en su capacidad para dirigir una institución de la magnitud y relevancia de la FGJ-CDMX.
Más allá de los debates coyunturales, el foco debe mantenerse en el compromiso y la visión que Alcalde Luján ha expresado para su gestión: garantizar un acceso a la justicia equitativo, sin importar el poder, dinero o influencias de quienes enfrenten el sistema judicial. En un país donde la percepción de impunidad y desigualdad persiste, esta promesa se convierte en una esperanza tangible para la ciudadanía.
Es fundamental, además, reconocer que la experiencia de Bertha Alcalde en la formación de jueces y ministerios públicos, así como en la implementación del sistema de justicia acusatorio, la posiciona como una figura clave para impulsar reformas y fortalecer el tejido jurídico de la capital.
En este nombramiento no solo se juega el futuro de la procuración de justicia en la Ciudad de México, sino también la posibilidad de demostrar que el servicio público puede estar guiado por méritos, ética y profesionalismo, más allá de apellidos o filiaciones políticas.
En lugar de centrarnos en cuestionamientos infundados, deberíamos otorgar el beneficio de la duda a una profesional que ha demostrado, con su trayectoria, estar preparada para asumir una responsabilidad de esta envergadura. La justicia, en esencia, no solo exige imparcialidad en su ejecución, sino también en la manera en que evaluamos a quienes la encarnan.
Bertha María Alcalde Luján merece ser juzgada por su capacidad, no por su árbol genealógico. La crítica sin sustento no solo socava la legitimidad de las instituciones, sino que también limita nuestra capacidad de reconocer y apoyar a quienes trabajan por un sistema más justo y equitativo.
Su nombramiento es una oportunidad, no un error. Que su gestión sea el verdadero reflejo de sus capacidades y su compromiso con la justicia.
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