Por Laura Gutiérrez Franco
Adriana Buenrostro asume la defensa vecinal en Mirador de San Isidro frente a proyectos inmobiliarios que amenazan la zona.
En un acto de firmeza y compromiso ciudadano, la politóloga, abogada y vecina del lugar, ha alzado la voz para encabezar la defensa de los vecinos de Mirador de San Isidro, en Zapopan.
La exigencia es clara: frenar la intención del gobierno de autorizar la construcción de 10 torres con 200 departamentos en un predio destinado originalmente para uso público.
La denuncia expone una problemática ambiental y de infraestructura crítica. El terreno en cuestión funciona como un vaso regulador natural de más de 12,000 metros cuadrados que absorbe el agua de lluvia. Cubrir esta superficie con una plancha de concreto alterará el cauce natural del agua, derivándola directamente hacia el arroyo que desemboca en La Martinica —una zona que históricamente ya ha sufrido pérdidas humanas y severos daños por inundaciones—.
Aunado a los riesgos de protección civil, la zona padece severas deficiencias en los servicios básicos: desabasto y mala calidad del agua, apagones constantes, falta de alumbrado público, fallas en la recolección de basura y un colapso en la movilidad vial. Introducir cientos de nuevas viviendas bajo estas condiciones solo agravaría la crisis de habitabilidad.
Con esta postura, Buenrostro respalda la demanda de los colonos de respetar el destino original del espacio para la creación de un parque y un centro cultural, recordando que los cauces y las zonas de absorción natural no se pueden ignorar sin pagar un costo muy alto en la seguridad de la comunidad.
Como seguimiento a lo informado por EL OCCIDENTAL, la madrugada de este jueves elementos de seguridad pública de Jalisco desalojaron el campamento que vecinas y vecinos de la colonia Mirador San Isidro, en Zapopan, mantenían desde hacía una semana. Los habitantes se manifestaban en contra de la construcción de un complejo habitacional en un predio que consideran de valor ecológico y de uso comunitario. De acuerdo con los inconformes, alrededor de 200 policías antimotines arribaron al lugar, retiraron casas de campaña y pertenencias, y obligaron a quienes hacían la guardia nocturna a abandonar el terreno, operativo que calificaron de violento y en el que denunciaron que una vecina fue sacada por la fuerza.
Por cierto, este uso de la fuerza pública contra la resistencia vecinal pone en evidencia cómo las autoridades locales prefieren apresurar la vía del desalojo antes que agotar las mesas de diálogo y atender los reclamos socioambientales de la comunidad. En lugar de transparentar las licencias de construcción y garantizar el respeto a las áreas verdes que le dan aire a la Zona Metropolitana de Guadalajara, la respuesta oficial termina inclinando la balanza a favor de los desarrollos inmobiliarios, dejando a los ciudadanos indefensos y abriendo un foco de tensión social en el municipio.
Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que A Fondo Jalisco no se hace responsable de los mismos.
