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Por Iván García Medina

Poco a poco se ha llegado la hora de ajustar cuentas pendientes entre la sociedad, sus gobiernos y quienes encabezan los órganos autónomos. Ha quedado expuesta la complicidad de la CNDH con el gobierno federal en el brutal caso de los 43 desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, al no haber combatido una tortura probada en un video que la CNDH guardó bajo llave y no hay más: su presidente Luis Raúl González Pérez se debe ir, tal y como ya lo exigió el combativo diputado federal Emmanuel Reyes Carmona, de Guanajuato.
Este encubrimiento provocó reacciones inmediatas en la Cámara de Diputados y ayer Reyes Carmona habló, según da cuenta el diario 24 horas en una de sus notas: “El diputado sin partido Emmanuel Reyes Carmona sugirió hoy a Luis Raúl González Pérez que por “ética moral” renuncie como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), tras las acusaciones de que ese organismo encubrió torturas en el caso Ayotzinapa.
“Luego que organizaciones civiles denunciaron que el video que exhibe la tortura a un detenido, acusado por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, acreditaría que la CNDH encubrió esa práctica, el legislador advirtió que esas evidencias dejan en entredicho el trabajo de la Comisión.
“A su parecer, dijo en entrevista, ese caso de tortura prende las “alertas rojas” y muestra una complicidad, porque el video fue conocido a través de las redes sociales y no por la fuente oficial que debió ser la CNDH y las autoridades competentes”.
Cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se alzó en armas aquel primero de enero de 1994 en Chiapas, su voz de batalla fue: “Ya basta”. En Guerrero no se cantan mal las rancheras. Allá nacieron y operaron los maestros normalistas egresados de Ayotzinapa Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Si el Gobierno no castiga, si la CNDH no investiga, a los campesinos guerrerenses no les dejarán muchas alternativas de defensa y combate.
Es muy delicado lo que sucede en la CNDH que de confirmarse, si permitimos que hasta ese organismo, establecido para defender los derechos humanos se pudra, de plano en este país ahora sí imperaría la máxima de: sálvese quien pueda.
Sinvergüenzas en la CNDH, no.
Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo
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Carlos Ramírez

Presupuesto 2020 y el eje de la 4T: muerte del corporativismo

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Indicador Político:

Si se parte de la certeza de que el presupuesto de egresos de la federación es política pura, entonces los jaloneos por la distribución de los dineros entre grupos corporativos organizados y la asignación directa podría ser el primer gran paso de la 4T para construir su propio sistema político.
En los hechos, se estaría pasando del corporativismo cardenista de organización de las clases en gremios subordinados al Estado a un presidencialismo unitario de relación directa con los beneficiarios. El primero constituyó la estructura de organización del PRM en tres sectores –el militar fue disuelto en 1941– que representaban a las clases obrera, campesina y profesional, base de organización del partido del Estado para negociar con la clase empresarial burguesa, pues el PAN como oposición a la Revolución Mexicana nació después de la expropiación petrolera.
El modelo de corporaciones de clase dentro del partido del Estado constituyó la fuerza política y social operativa del presidencialismo, pues enfrentaba a las diferentes expresiones de la burguesía. Pero el corporativismo fue eliminado por el neoliberalismo para sacar al presidencialismo del arrinconamiento de intereses. El último que usó el corporativismo como instrumento de lucha contra la clase empresarial fue Echeverría.
Los organismos de intermediación del Estado eran funcionales al modelo sistémico mexicano con el PRI como la caja negra –propuesta de David Easton– en cuyo seno se resolvían las contradicciones y disputas para llegar resueltos al ejecutivo. En este sentido, el presidencialismo mexicano se fortaleció por facultades constitucionales o metaconstitucionales o de fuerza autoritaria, pero también por la existencia de cuando menos dos instancias de intermediación: las corporaciones sociales y las cámaras industriales. De manera paralela, el Estado tuvo otro espacio de intermediación social: las organizaciones sociales que derivaron en organismos autónomos del Estado y en organizaciones no gubernamentales con poder de negociación con las instituciones.
En este contexto, el presidencialismo fue reduciendo su movilidad atrapado en una pinza de grupos sociales corporativos y organizaciones sociales. Y la reestructuración del presidencialismo lopezobradorista en el modelo de Estado unitario –centralizado, sin intermediaciones grupales– tiene que pasar por la anulación de interlocutores y la negociación directa con los beneficiarios del gasto público.
Este modelo político es el que explica la decisión presidencial de eliminar los organismos de intermediación de la presidencia con la sociedad, lo mismo en derechos humanos que en asignación de gasto. El enfoque presidencial tiene toda la razón: los organismos autónomos se burocratizaron y convirtieron en constructores de poderes fácticos reales y las agrupaciones sociales de intermediación también derivaron en grupos de presión ajenos a sus representados. Lo que queda por ver es la eficacia de un presidencialismo unitario manejando todos los asuntos del Estado de manera directa.
El debate del gasto no debería centrarse en las organizaciones campesinas que quieren intermediar el gasto al campo, sino en la reasignación del gasto para quitarles a unos y dárselos a otros. La decisión presidencial enfatiza en disminuir salarios, prestaciones y plazas, para aumentar el gasto asignado a sus programas asistencialistas a sectores vulnerables no productivos.
Pero el modelo de la cobija de zapa –versión Balzac– aporta datos de que esas reasignaciones no constituyen multiplicadores de demandas y por tanto no incidirán en el crecimiento ni en la producción. El PIB de 0.0 a -0.5% para 2019 y de 0.5 a 1% en 2020 no creará empleo ni bienestar; peor aún, tampoco aportará fondos fiscales para éstos y otros programas.
Los problemas de estructura del sistema se están probando en la realidad: los grupos campesinos de representación corporativa están usando la presión social de sus agremiados para doblar al Estado. De ahí que el conflicto entre organizaciones y el presidente López Obrador va a constituir la primera prueba de fuerza de la 4T, pero al mismo tiempo tendrá que mostrar mecanismos de relaciones sociales directas que fortalezcan al Estado.
Lo mismo ocurrirá con los organismos autónomos: la CNDH, el INE y otros se burocratizaron y se convirtieron en propiedad de una casta de poderes fácticos con recursos crecientes del Estado; su reorganización era necesaria, pero el riesgo está a la vista: convertirlos en apéndices del Estado unitario que no respondan a intereses sociales; es decir, pasar de una dependencia a otra, aumentando los problemas de movilidad de la presidencia de la república.
 
-0-
 
Política para dummies: O la política es no ver… viendo.
 

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Nacional

Columna Seguridad y Defensa: Culiacán y Nuevo Laredo: Los altos costos de la paz

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Por Carlos Ramírez

Luego de la crisis de Culiacán en octubre, la violencia criminal en la segunda semana de noviembre en Nuevo Laredo demolió la estrategia de seguridad del gobierno federal. El principal indicio que dejaron esos enfrentamientos en calles y en medio de población civil fue el de el repudio de organizaciones criminales locales –aunque articuladas a nacionales– a las iniciativas de pacificación del gabinete federal de seguridad.

El problema no radica en centrar todo en la política de “abrazos, no balazos”, sino en percibir que en la estructura de los mandos civiles y militares de seguridad no existen otras opciones. El repliegue del Estado de la lucha contra el crimen organizado para centrarse en la estrategia de negociación de la paz podría explicar buena parte de la violencia y el aumento de homicidios dolosos en este 2019.

La estrategia de seguridad se ha centrado en el patrullaje en calles como mecanismo de disuasión, pero entre algunos cárteles medianos y chicos en creciente ofensiva para ganar sus espacios territoriales de operación. Todo parece indicar que ya no hay operativos de persecución de bandas, ni de descabezamiento de grupos delictivos, ni de recuperación por la fuerza de territorios en poder de los grupos criminales.

El caso de Ovidio Guzmán López puede ilustrar esta nueva fase de la estrategia: las fuerzas de seguridad buscaron aprehender al hijo de El Chapo sin orden nacional de aprehensión, sino sólo a petición de una orden de extradición de autoridades judiciales de los EE. UU. Por eso funcionarios mexicanos dijeron que no había orden de aprehensión, sino sólo ejecución de orden de extradición. Pero el contenido de la orden de extradición aportó elementos delictivos suficientes de actividades criminales realizadas en México como para haber liberad una orden local de aprehensión, antes de la extradición, porque el Chapito es un delincuente consumado.

Un análisis frío puede aportar datos de que el Chapito no provocaba a nadie y se dedicaba a su negocio de las drogas y que su respuesta violenta y su amenaza de estallar explosivos en zonas de familias de militares fue una decisión extrema, pero por ese sólo hecho también se merece una orden de aprehensión.

Las autoridades han dejado ver que el repliegue del Estado en materia de seguridad ofensiva es real en función del modelo de búsqueda de la paz, pero hasta ahora se desconocen los mecanismos de negociación de la paz con los cárteles. Y si el precio de la paz pasa por una profundización de la violencia por razones que sean –como se vio en Culiacán y en Nuevo Laredo–, entonces estaremos –si acaso se lograr los objetivos– frente a una paz demasiado cara en términos de estabilidad, violencia e incertidumbre ciudadana.

Se trataría, en suma, de una paz demasiado costosa, pues implicaría exonerar a criminales que hasta hoy siguen matando gente.

Ley de la Omertá

Historia del narcotráfico en México. Apuntes para entender el crimen organizado y la violencia (Editorial Aguilar, 2013) de Guillermo Valdés Castellanos va a ocupar cuando menos tres partes de esta sección bibliográfica de asuntos de seguridad. La importancia no sólo radica en que su autor fue director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional en los primeros cinco años del gobierno de Calderón, sino en que se trata de una primera indagación exploratoria del fenómeno de la inseguridad y el narco en México.

Esos años fijaron la primera ofensiva del Estado contra organizaciones criminales que exhibían altos grados de crueldad, violencia y crímenes y determinaron la primera respuesta del Estado a la delincuencia organizada que siempre ha existido en la historia de México, si se recuerdan los años de mediados del siglo XIX que obligaron al presidente Benito Juárez a emitir una ley contra salteadores de caminos y bandidos y a ejercer la pena de muerte.

El punto central del libro de Valdés reconoce un hecho: el grado de violencia criminal en 2008. Y su indagación se basa en tres puntos de definiciones:

1.- El negocio de las drogas es muy lucrativo que se define en función de la relación demanda-oferta.

2.- La ineficacia de las estrategias de seguridad del gobierno de los EE. UU. que repercuten en las mexicanas. A pesar de su complejidad, el crimen organizado sí puede derrotarse.

3.- El junto central: la corrupción de las oficinas de seguridad y procedimientos judiciales. Al grado de que en algunas entidades la estructura de seguridad y justicia está al servicio del crimen organizado.

En este sentido, la primera conclusión –si puede llamarse así– de Valdés no puede ser más desalentadora: la violencia no se puede explicar sin esa omisión del Estado. En la complicidad delincuentes-Estado, la sociedad queda no solo indefensa, sino muchas veces obligada a optar entre el enfrentamiento desigual con delincuentes o su incorporación a las estructuras delictivas.

Zona Zero

· Los días de violencia del crimen organizado y algunos excesos policiacos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la segunda semana de noviembre no respondió a la lógica de funcionamiento de las organizaciones criminales tradicionales dedicadas al narco. No hay datos suficientes, pero pudo haber sido producto de rencillas entre grupos de grandes cárteles y la ausencia de una estrategia de seguridad. Pero afectó a Tamaulipas, un estado cuyo gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, se enorgullecía de resultados en seguridad.

· En esos incidentes en Nuevo Laredo, frontera territorial con los EE. UU. se hizo visible el Cartel del Noreste, desprendimiento de Los Zetas y con tareas criminales adicionales al tráfico de drogas. Lo interesante fue la exhibición de armamento superior al policiaco. Asimismo, fue el aviso de que cárteles medianos y chicos están disputando territorios a los grandes, a costa de la seguridad.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

seguridadydefensa@gmail.com

www.seguridadydefensa.mx

@carlosramirezh

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Columna Tiempo Nuevo: Vidas juveniles truncadas

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Salvador Guerrero Chiprés
El lunes 18 de noviembre, Erick, de 15 años de edad, cambió su destino después de asesinar a una persona.
No cambió el destino del sistema que generó las probabilidades de su acto; tampoco generó potencialidades para que su decisión atropellada y criminal deje de repetirse.
‪A las diez de la mañana se acercó a las máquinas de cobro que hay en el estacionamiento de Plaza Universidad e intentó quitarle la ganancia al encargado. Éste se resistió. Erick disparó y lo mató. El joven fue localizado al interior de la plaza.‬
Cinco días atrás, Javier y Alejandro, de 13 y 16 años, respectivamente, asesinaron a un hombre en una taquería de la colonia Del Valle. Al parecer se trató del cobro por dinero que debía como apostador.
No es la primera vez en la que alguien, sin la mayoría de edad, se sumerge en el mundo del crimen.
No ha pasado una década de su detencióny aún persiste el recuerdo de Edgar Jiménez Lugo, El Ponchis, el niño sicario, cuyo primer homicidio fue perpetrado a los once años para el Cártel del Pacífico Sur.
Pese a que parezcan constituirse como meras notas rojas, e incluso con datos que intentan una visión más integral, las razones para la integración de un menor en el crimen tienen muchos elementos y lecturas.
El consumo de alcohol, la marginación, la violencia en el hogar, el alejamiento de los padres y el reclutamiento de las células criminales son las mayores causas.
Los sectores con menor oportunidad social son atractivos para la delincuencia organizada. Ahí se encuentra a sus integrantes más vulnerables.
Según información del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, en los últimos cuatro años el narcomenudeo se lleva el segundo puesto entre los delitos con más menores de edad involucrados (714). El primero es el robo y los siguientes son portación de arma y homicidio.
En muchos casos, los jóvenes son utilizados para transportar droga o sólo prevenir ante la presencia policíaca.
El espejismo y la realidad de que las oportunidades no se encuentran en el hogar y de que se hallarán de manos de los reclutadores de los capos, que saben cómo comprarlos, está en el centro de todo diagnóstico.
La señal es clara: nuestros jóvenes necesitan un mayor impulso. En un lustro un niño puede perder toda oportunidad de desarrollo, inocencia, y adquirir la experiencia que quizá no tendría una persona promedio en toda una vida: ser parte de algo relevante, sentido de poder, diversión, exceso, droga, muerte.
Podemos contrastar historias: el domingo pasado, en el extremo opuesto de esta narrativa, Bryan González anotó un gol contra la selección de Brasil; al final México perdió, pero en la Sub-17 hay once menores con una historia de éxito en la que no importan los marcadores.
El deporte y la cultura son el mayor salvavidas ante la seducción y la “oportunidad de una vida diferente” ofrecidas por el narco.
Que tan disponible es la oportunidad para escapar al reclutamiento de la tentación criminal o de la presión abierta de los organismos delictivos es una opción que todos debemos construir.
@guerrerochipres

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