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Análisis

Las Villas Panamericanas ¡ya tienen destino!. Serán negociadas para vivienda de alta densidad. Se alcanzó un acuerdo para su venta con Green Life Capital, SAPI SA de CV, que pagará mil 500 millones de pesos. Veamos. En octubre 2009, a la empresa Corey Integradora – obvio, sin previa licitación– se le asignó la construcción de las Villas Panamericanas. Ningún Banco le proporcionó crédito por “inviabilidad financiera” (los bancos no prestan para construcciones ilegales), pero el Gobierno de Emilio González (que no tuvo límites) ‘entregó’ a Corey mil 200 millones de pesos (del dinero de las pensiones de los trabajadores); de los cuales 860 millones se sustrajeron ilegalmente del Instituto de Promoción de la Vivienda del Estado (Iprovipe), mientras que 340 millones se le ordeñaron –también, ilegalmente- al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal).

Se dice que “las Villas se hicieron hace muchos años, ahí están tiradas y se hicieron con el dinero de los trabajadores del Estado… “corresponde ayudar a rescatar a Pensiones. Tenemos que rescatar la inversión que se hizo de manera injustificada”. Si ese es el varadero propósito, ¿por qué sólo se asegura, en principio, el pago de la deuda a Grupo Corey (en especie) y el pago de la deuda a Pensiones se condiciona “al flujo de efectivo de las ventas del propio complejo inmobiliario”? Aquí también se pretende legalizar… lo ilegal. Ya aconteció en el Ayuntamiento de Guadalajara, donde se legalizaron más de 50 torres ‘chuecas’, mediante el Reglamento (ilegal también) de Compensación, Indemnización y/o Mitigación por Acciones Urbanísticas. Ahora, sin sancionar a los funcionarios inmiscuidos en la edificación ilegal de las Villas -corruptas de origen-, así como a Grupo Corey, por construir un complejo que viola todas las normas ambientales, usos de suelo y planes parciales (precisamente por eso, Corey nunca recibió los créditos bancarios), se decide ‘recuperar’ el dinero invertido por Ipejal e Iprovipe mediante la venta de este inmueble irregular. Sólo faltó proponerle a ‘Corey’ una condecoración, y sumar a Cornejo a la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres…

En todo caso, ¿Por qué no recuperar la inversión a través de la sanción a los corruptos [funcionarios] y corruptores [coyotes que se prestan a los negocios al más puro ‘estilo Jalisco’’]? ¿Por qué entregarle la gestión de venta de las Villas a Green Life Capital, una empresa de reciente creación, propiedad de ex funcionarios, que además no dispone de solvencia financiera para liquidar el costo total?. Así se deduce porque: 1) Tuvo que endeudarse con Grupo Monex, con 225 millones de pesos para pagar anticipos y la rehabilitación del nuevo complejo habitacional [ni siquiera para pagar a los propietarios del inmueble]; y 2) Sólo se compromete a pagar a Grupo Corey en especie. Pero el dinero ilegalmente sustraído al Ipejal e Ijalvi, antes Iprovipe (que se dice es el fin que justifica la venta) estará condicionado al ‘flujo de la venta de los departamentos’? ¿El objetivo es recapitalizar a IPEJAL, o transar otro negocio ‘al estilo Jalisco’? Encrucijada para Pablo Lemus: rehén de las villas o cliente de villanos.

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Maestro en Filosofía por la UNIVA. Actualmente es Director General de Canal 44 y Canal 31.2 de la Universidad de Guadalajara (UdeG); Institución en donde además ha ocupado los siguientes cargos: Vicerrector General Ejecutivo, Rector del Centro Universitario de la Ciénaga, Director General de Medios UdeG y fundador de la Licenciatura en Periodismo. Es Presidente del Consejo Consultivo de Notimex y Vocal Propietario ante la Junta de Gobierno de la agencia de noticias del Estado mexicano. Y recientemente fue nombrado director de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Twitter: Gabriel_TorresE

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Gabriel Torres Espinoza

Diputados, ‘desaparecidos’

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Milenio consignó ayer que “esta semana se activaron alertas Amber por la desaparición de cinco mujeres en Jalisco, dos de ellas menores de edad; sin embargo, cuatro ya fueron localizadas”. La semana pasada el Gobernador de Jalisco anunció el incremento de 2 millones a 30 millones de pesos en el presupuesto de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de 2018 para 2019. Entregó 17 unidades para la búsqueda de personas en la Entidad.
Estas medidas son anunciadas mientras que eServicio Médico Forense suma cada mes 70 cuerpos sin identificar.

El año pasado, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses resguardó un total de 830 cadáveres que no fueron reclamados. En Jalisco, hasta el 31 de diciembre de 2019, se reportaron un total de ocho mil 735 personas de quienes no se conoce su paradero, según las estadísticas del Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid) del Gobierno de Jalisco. 

Al tercer día de las Mesas de Discusión y Análisis de Personas Desaparecidas, solo asistieron nueve de los 38 diputados de la LXII Legislatura.

Dos años de retraso acusan éstas tres leyes importantísimas para atender el problema: Ley de Personas Desaparecidas para el Estado de Jalisco, Ley Especial de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas y la Ley Estatal de Atención a Víctimas. 
Estas leyes son una deuda pendiente con las familias y las víctimas de personas desaparecidas desde hace casi dos años. 

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas fue aprobada el 12 de octubre de 2017 y entró en vigor el 17 de noviembre del mismo año. En el artículo transitorio noveno, esta ley ordenó a los poderes públicos de los estados “emitir y, en su caso, armonizar la legislación que corresponda a su ámbito de competencia dentro de los 180 días siguientes a la fecha en que entre en vigor el presente Decreto”.

El plazo venció el 17 de mayo de 2018, lo que evidencia que el Poder Legislativo de Jalisco acusa un retraso de 21 meses en cumplir con lo que manda la ley federal y en cumplirles a las familias que tienen desaparecidos de Jalisco

A inicios de este año (2020), la Secretaría de Gobernación publicó el ‘Informe Sobre Fosas Clandestinas y Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas’.

¿Cómo estamos en Jalisco? En cuanto a fosas clandestinas, destaca que del 1ro de diciembre de 2018, al 31 de diciembre de 2019, Jalisco se posiciona en el 5to lugar en cuanto al ‘número de fosas clandestinas encontradas por estado’, con un total de 75 [Sinaloa lidera el indicador, con 144]. Jalisco registra la 2da posición en cuanto al ‘número de cuerpos exhumados en ellas’, con un total de 213 [Chihuahua lidera la tabla con 252].

Jalisco es líder a nivel nacional en cuanto al número de ‘personas desaparecidas’ o ‘no localizadas’ durante los 13 últimos meses, con un total de 2,100 casos registrados. Le sigue Tamaulipas en un 2do sitio, con 613 casos. Frente a este grave problema, los diputados de Jalisco, desparecidos…

Aclaración: cierto, Alfonso Petersen fue secretario de Salud en Jalisco de 2001 a 2005; de 2009 a 2011; y de octubre de 2017 a diciembre de 2018.

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Coyuntura

La salud, en disputa

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Gabriel Torres Espinoza 

El pasado 17 de febrero, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció la firma del convenio de ‘no adhesión’ al InsabiSon nueve las entidades que han decido ratificar un convenio de ‘no adhesión’. Grosso modo, la no adhesión implica no ceder la administración de los recursos, la infraestructura y el personal médico que presta los servicios de salud en una entidad, caso contrario de lo que ocurre con su adherenciaJalisco tiene suficientes razones. Al respecto, resulta oportuno recordar el contexto político que caracterizó a nuestro país hasta las postrimerías del siglo pasado; esto es, el de un sistema hegemónico ‘híper’ presidencializado [en virtud del amplio catálogo de facultades constitucionales y ‘metaconstitucionales’ que ejercía el Presidente], que derivó en la ineludible centralización del poder que no sólo se expresó en un único orden de gobierno [el Federal], sino en una sola persona [el Presidente de la República]. Debido al modelo federal que establece nuestra Constitución, en aquel entonces resultó un avance la descentralización en materia de educación, seguridad y salud.

Sin embargo, de manera reciente, creciente y cada vez más evidente, la Federación concentra las funciones de seguridad y salud, al crear instituciones de carácter nacional con facultades que anulan la distribución concurrente de competencias en estas materias con los gobiernos locales. La Guardia Nacional y el Insabi son un emblemático botón de muestra. Nuestro país pasó a experimentar un efecto pendular: yendo del centralismo al federalismo, y actualmente en dirección a la centralización absorbente, bajo la excusa del manejo corrupto [efectivamente] de los gobiernos localesEl Gobernador acierta en denunciar los intentos ‘centralizadores’. Tal como es verdad la grotescacorrupción en la que incurren gobernadores –de todo signo partidario– con el presupuesto enviado a los estados para los servicios de salud. Sin embargo, no debe omitirse el irrefutable hecho de que las aportaciones y participaciones federales enviadas a los estados para garantizar el acceso universal a la salud, vinieron a representar el más paradigmático y escandaloso ejemplo de la corrupción y el negocio con el que lucraron los gobernadores impunemente

Con relación a ello, conviene recordar que la Auditoría Superior de la Federación acusa que el 53.3% del daño patrimonial causado por poco más de 16 mil millones de pesos en los gobiernos estatales, sobre el recurso destinadopara el Seguro Popular, de 2013 a 2017 que no se hapodido resarcir, corresponde a las entidades de Veracruz, Michoacán, Jalisco y Oaxaca. En nuestro estado, las irregularidades detectadas expresadas en grandes cantidades han pasado por los tres últimos sexenios, siendo ilustrativos los casos de José Antonio Muñoz SerranoAlfonso Petersen Farah y Antonio Cruces Mada, al frente de la Secretaría de Salud. ¿Existe alternativa? Ni el federalismo impune, ni el centralismo intransigente: sino un mayor control fiscalizador y sobre todo sancionador [penal y administrativamente] en las entidades federativas. Centralizar, como respuesta a la corrupción, es una fórmula que terminará en un modelo también corrupto, además de centralizado.

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Todos los servicios médicos ¿gratis?

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Gabriel Torres Espinoza 

No existe un país en el mundo que asegure la cobertura universal a todos los servicios de saludesto es, salud para todos, en todos los servicios y enfoques de salud. Existe, cierto, acceso universal a unos cuantos servicios de salud [básico o de mayor riesgo, según la región y la valoración especial de cada país]; y en otros servicios (restantes), existen subsidios importantes que llegan a alcanzar el 70% del servicio médico integral –en el mejor de los casos–. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud señala: “La Cobertura de Salud Universal no implica la cobertura gratuita de todas las intervenciones sanitarias posibles, independientemente de su costo, ya que ningún país podría ofrecer todos los servicios gratuitamente de forma sostenible”.

Francia, por ejemplo, es un caso exitoso para analizar. La alta calidad de los servicios en el sistema público, las innovaciones médicas y la accesibilidad de la asistencia sanitaria pública convierten a Francia en un ejemplo de igualdad en el acceso a los servicios de saludEl secreto es que el sistema de Seguridad Social está financiado en parte por contribuciones obligatorias. Además de las contribuciones del gobierno y de las contribuciones individuales, también se beneficia de contribuciones del 7,5% realizadas por los empleados y del 13,10% realizadas por los empleadores. El sistema brinda cobertura básica en caso de enfermedad, maternidad, incapacidad, muerte, accidentes y enfermedades profesionales, vejez y para las familias. Se aplica a todos los residentes del país, estén o no trabajando. Las visitas médicas y los tratamientos son reembolsados por la seguridad social a una tasa del 70%. El 30% restante es responsabilidad del paciente. En el caso de enfermedades graves o de larga duración, se proporciona cobertura del 100%. 

Desde hace algunos años, muchos beneficiarios se adhieren a un seguro de salud privado para cubrir los servicios que no son reembolsados por la seguridad social, como el reembolso de gafas. Además, la mayoría de los empleadores ofrecen algún tipo de programa de seguro a su personal. En los países donde mejor funciona el sistema sanitario opera bajo este modelo (mixto): Francia, Dinamarca, Japón, etc.Los mejores sistemas de salud, corresponden a países poblacionalmente pequeños [San Marino, Andorra, Malta], con alto PIB Nacional [Italia, Francia, España] y/o PIB Per Cápita [Singapur, Japón], altísimos niveles de formalidad en el empleo y una consolidada y robusta política recaudatoria; y, sobre todo, un porcentaje del PIB para la inversión en salud muy alto. 

En México, más del 50% de la población trabaja en la informalidad. Tiene apenas un PIB Per Cápita de 8,900 dólares contra el PIB Per Cápita de Singapur de 57,700 dólares. España destina el 9% de su PIB Nacional a la salud, mientras que México destina apenas el 2.4%. En México se destina cada vez menos a salud: mientras que en 2013 el gobierno dedicaba el 2.8 del PIB, para 2019 la inversiónrepresentó sólo el 2.4%. De forma que, actualmente, no existe forma de que México ofrezca todos los servicios médicos gratis. No es posible, porque no hay dinero, ni infraestructura para ello.

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