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Análisis

Las Villas Panamericanas ¡ya tienen destino!. Serán negociadas para vivienda de alta densidad. Se alcanzó un acuerdo para su venta con Green Life Capital, SAPI SA de CV, que pagará mil 500 millones de pesos. Veamos. En octubre 2009, a la empresa Corey Integradora – obvio, sin previa licitación– se le asignó la construcción de las Villas Panamericanas. Ningún Banco le proporcionó crédito por “inviabilidad financiera” (los bancos no prestan para construcciones ilegales), pero el Gobierno de Emilio González (que no tuvo límites) ‘entregó’ a Corey mil 200 millones de pesos (del dinero de las pensiones de los trabajadores); de los cuales 860 millones se sustrajeron ilegalmente del Instituto de Promoción de la Vivienda del Estado (Iprovipe), mientras que 340 millones se le ordeñaron –también, ilegalmente- al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal).

Se dice que “las Villas se hicieron hace muchos años, ahí están tiradas y se hicieron con el dinero de los trabajadores del Estado… “corresponde ayudar a rescatar a Pensiones. Tenemos que rescatar la inversión que se hizo de manera injustificada”. Si ese es el varadero propósito, ¿por qué sólo se asegura, en principio, el pago de la deuda a Grupo Corey (en especie) y el pago de la deuda a Pensiones se condiciona “al flujo de efectivo de las ventas del propio complejo inmobiliario”? Aquí también se pretende legalizar… lo ilegal. Ya aconteció en el Ayuntamiento de Guadalajara, donde se legalizaron más de 50 torres ‘chuecas’, mediante el Reglamento (ilegal también) de Compensación, Indemnización y/o Mitigación por Acciones Urbanísticas. Ahora, sin sancionar a los funcionarios inmiscuidos en la edificación ilegal de las Villas -corruptas de origen-, así como a Grupo Corey, por construir un complejo que viola todas las normas ambientales, usos de suelo y planes parciales (precisamente por eso, Corey nunca recibió los créditos bancarios), se decide ‘recuperar’ el dinero invertido por Ipejal e Iprovipe mediante la venta de este inmueble irregular. Sólo faltó proponerle a ‘Corey’ una condecoración, y sumar a Cornejo a la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres…

En todo caso, ¿Por qué no recuperar la inversión a través de la sanción a los corruptos [funcionarios] y corruptores [coyotes que se prestan a los negocios al más puro ‘estilo Jalisco’’]? ¿Por qué entregarle la gestión de venta de las Villas a Green Life Capital, una empresa de reciente creación, propiedad de ex funcionarios, que además no dispone de solvencia financiera para liquidar el costo total?. Así se deduce porque: 1) Tuvo que endeudarse con Grupo Monex, con 225 millones de pesos para pagar anticipos y la rehabilitación del nuevo complejo habitacional [ni siquiera para pagar a los propietarios del inmueble]; y 2) Sólo se compromete a pagar a Grupo Corey en especie. Pero el dinero ilegalmente sustraído al Ipejal e Ijalvi, antes Iprovipe (que se dice es el fin que justifica la venta) estará condicionado al ‘flujo de la venta de los departamentos’? ¿El objetivo es recapitalizar a IPEJAL, o transar otro negocio ‘al estilo Jalisco’? Encrucijada para Pablo Lemus: rehén de las villas o cliente de villanos.

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Maestro en Filosofía por la UNIVA. Actualmente es Director General de Canal 44 y Canal 31.2 de la Universidad de Guadalajara (UdeG); Institución en donde además ha ocupado los siguientes cargos: Vicerrector General Ejecutivo, Rector del Centro Universitario de la Ciénaga, Director General de Medios UdeG y fundador de la Licenciatura en Periodismo. Es Presidente del Consejo Consultivo de Notimex y Vocal Propietario ante la Junta de Gobierno de la agencia de noticias del Estado mexicano. Y recientemente fue nombrado director de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Twitter: Gabriel_TorresE

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Gabriel Torres Espinoza

Análisis- El pacto plural por la impunidad

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Gabriel Torres Espinoza*

Además de las designaciones ilegales que realiza el Congreso del Estado de Jalisco, no se puede aspirar a un Estado de Derecho mientras los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco devenguen una remuneración mayor que la del presidente de la República, en franco desacato al mandato constitucional del artículo 127 de nuestra Carta Magna –vigente desde el 24 de agosto de 2009– y que establece que ningún servidor público en el país podrá recibir una remuneración mayor a la del Titular del Ejecutivo Federal. El Presupuesto de Egresos 2020 establece una remuneración bruta anual para el jefe del Estado mexicano de dos millones 400 mil 118 pesos: Mientras que en Jalisco, en franco desacato a la Constitución de la República, los  magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco tienen presupuestado para este año (2020) una remuneración bruta anual de tres millones 081 mil 601 pesos.

La Fracción I, del artículo 127 constitucional federal señala textualmente que, “se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.” Para entonces señalar, en su fracción II, que “Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente.” Incluso, el Quinto Transitorio de la reforma al 127 Constitucional señala que “Las Legislaturas de los Estados, en el ámbito de su competencia, deberán tipificar y sancionar penal y administrativamente (ojo) las conductas de los servidores públicos cuya finalidad sea eludir lo dispuesto en el presente Decreto”.

Tanto el Congreso de Jalisco y el Poder Judicial, dejan testimonio de que no existe voluntad política para hacer cumplir la ley, ni profesionalismo para hacer coincidir norma, con normalidad. De forma que no habrá reforma suficiente al Poder Judicial para auspiciar los cambios que demanda la deficiente impartición de justicia en Jalisco. Incluso, en nuestra entidad estuvo vigente la eliminación del fuero, de julio de 2016 a septiembre de 2019 –fecha en que la SCJN invalidó la reforma constitucional ‘de avanzada’ en Jalisco– sin ningún funcionario público procesado.

En agosto de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas bancarias de Armando García Estrada, Alberto Barba Gómez y Celso Rodríguez González, por la sospecha de que poseen recursos de origen ilegal. Se ampararon, y obtuvieron la suspensión del acto reclamado. Resulta elocuente que ni la Fiscalía General de la República, ni la Fiscalía del Estado solicitaron una declaración de procedencia (quitar fuero) al Congreso de Jalisco para poder procesar a estos funcionarios, en razón del inicio de una investigación. Otro ejemplo más de que en Jalisco el “fuero” es de facto, por el ‘pacto plural de impunidad’, no de jure.

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Gabriel Torres Espinoza

¿Cuáles son los lugares con mayor riesgo de contagio?

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Gabriel Torres Espinoza*

De acuerdo a datos del “Panorama epidemiológico, del sistema “Radar Jalisco”, que integra los datos de la Secretaría de Salud Federal y los registrados en Jalisco, del 17 al 23 de mayo, se reportaron 540 casos por semana. Pues bien, en los últimos siete días, del 5 al 11 de julio de 2020, los casos de covid-19 por semana aumentaron a tres mil 660. Se trata de 6.7 veces más contagios por semana. El dato alarmante es que, durante las últimas tres semanas, se sumaron nueve mil 742 casos, es decir, el 53% del total de casos registrados en Jalisco desde el inicio de la pandemia (18 mil 407 en total). Sobre los muertos por covid-19, Jalisco llegó a los mil un decesos. Pero también, en las últimas tres semanas ocurrió el 56% de los fallecimientos desde el inicio de la pandemia: 560 decesos en las últimas tres semanas. Radar Jalisco advierte sobre los factores de ALTO RIESGO para el contagio de covid-19, y destaca las evidencias científicas del peligro en espacios cerrados. De forma que las actividades de alto riesgo para el contagio de covid-19, señala el documento de ‘Radar Jalisco’, suma cuatro factores decisivos: 1) Encontrarse en un espacio cerrado, poco ventilado; 2) Expuesto a múltiples personas; 3) Al ser espacios cerrados y poco ventilados, la cercanía con otras personas es mayor; 4) Las actividades en espacios cerrados, suelen alentar un mayor tiempo de exposición con algún infectado por el covid-19. Estos cuatro componentes elevan sustancialmente el riesgo de contagio. Esto coincide con un artículo publicado en The New York Times el 6 de julio de 2020, donde 223 científicos, provenientes de 32 países, advierten a la Organización Mundial de la Salud sobre la transmisión aérea del covid-19: “El coronavirus encuentra nuevas víctimas en todo el mundo, en bares y restaurantes, oficinas, mercados y casinos, lo que ha dado lugar a preocupantes focos de infección que confirman de manera cada vez más evidente lo que los científicos han dicho durante meses: el virus permanece en el aire en INTERIORES e infecta a las personas cercanas. Si la transmisión aérea es un factor significativo en la pandemia, especialmente en espacios abarrotados con escasa ventilación, las consecuencias para la contención serán importantes”.

En respuesta, la Organización Mundial de la Salud publicó en su Web respecto de la posibilidad de transmisión aérea del covid-19, precisamente bajo condiciones en espacios cerrados. En su sitio oficial reconoce “ser posible, principalmente en entornos cerrados y en determinadas circunstancias”. Los lugares que debieran ser considerados como de mayor riesgo son teatros, cines, restaurantes, clubes nocturnos, templos, oficinas, casinos, mercados y lugares de trabajo cerrados y poco ventilados. Se advierte que “se han producido brotes de covid-19 en ciertos lugares cerrados, donde la gente estaba gritando, hablando o cantando, en los que la transmisión por vía aérea no puede ser descartada”. Los científicos indican que el riesgo de contagio es hasta 19 veces más alto en espacios interiores. De forma que, especialmente la población y la mesa de ‘reactivación’, deberían considerar los factores de alto riesgo que implica las actividades en espacios cerrados. 

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Gabriel Torres Espinoza

En justicia, el semáforo es rojo

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Gabriel Torres Espinoza*

En materia de procuración e impartición de la justicia, en Jalisco el semáforo marca rojo. El Índice de Estado de Derecho en México 2018  realizado por el World Justice Project (WJP) mide el Estado de Derecho por medio de ocho variables: 1) límites al poder gubernamental; 2) ausencia de corrupción; 3) gobierno abierto; 4) derechos fundamentales; 5) orden y seguridad; 6) cumplimiento regulatorio; 7) justicia civil; 8) justicia penal. Este ranking coloca a Jalisco en la posición 23 del tablero nacional. Ahora bien, el Índice de Impunidad Subnacional en México 2018, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), advierte que Jalisco tiene un “grado de impunidad alto”, ubicándose en el lugar N° 13 del tablero nacional. Los indicadores se clasifican en grados de impunidad “bajo”, “medio”, “alto” y “muy alto”.

Efectivamente, una de las asignaturas pendientes en México, y en el estado Jalisco, en materia de reformas constitucionales, es la correspondiente a la procuración e impartición de justicia. Especialmente en las prácticas de los actores políticos. Sin embargo, aunque se realizara una reforma constitucional, de esas que los entusiastas del diseño institucional llaman como “estructurales” o “de gran calado”, de nada serviría, con la paupérrima y raquítica calidad de los perfiles que integran el Poder Judicial y la Fiscalía. Especialmente hoy que se devela que, a pesar de las reformas, la designación de los integrantes del Poder Judicial sostiene un grotesco reparto de ‘cuates y cuotas’, pero sin perfiles profesionales idóneos. Lo de menos sería que fueran los ‘cuates’ de los diputados, si por lo menos se asegurara un adecuado perfil y trayectoria. Debido a ello, es que el mismo Congreso, tuvo que violar la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y su propia convocatoria, para regresar al ‘sistema de complicidades’, que atiende la nociva lógica de gente ‘incondicional’, pero sin perfil calificado.

Para ejemplos están los paradigmáticos casos de Armando García Estrada y Alberto Barba, otrora integrantes “suertudotes” del TAE, y que con el “reformón” efectista, de auténtico “relumbrón”, que dio lugar al Sistema Anticorrupción, pasaron a integrar el Tribunal de Justicia Administrativa: un Tribunal con un papel protagónico para combatir la corrupción de la vida pública en Jalisco, en manos de los más cuestionados y principales “enemigos públicos” de la metrópoli. Igualmente, emblemático resultó el caso de Vega Pámanes, que llegó a titular del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.

El caso de la reciente designación y nombramiento de los consejeros de la judicatura, es la “cereza del pastel” en el cinismo que envuelve a la impartición de la justicia en Jalisco: el órgano interno de control del Poder Judicial, esto es, el Consejo de Judicatura, está conformado ahora precisamente por quienes violentaron una convocatoria y el método de elección previsto en la Constitución. Mientras esto no cambie, no habrá #ReformaQueSirva (así como las consignas de #FiscalíaQueSirva). En todo caso, pasarán a sumarse a la larga lista de reformas ‘gatopardistas’: de esas que todo cambian en la norma, para que la normalidad siga siendo la misma.

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