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Gabriel Torres Espinoza*

Debe advertirse que, en el contexto de un Estado con sistema de organización política federal, impera el principio de ‘solidaridad’ [valor conjunto y ayuda mutua] y no el principio de ‘ordinalidad’ [en el que cada orden de gobierno recibe una justa distribución de recursos]. Lo anterior, porque estados más pobres no tendrían incentivos para formar parte de una federación: el incentivo para permanecer dentro de ella, es un trato fiscal benéfico, que les dé más de lo que aportan. Se trata pues, de una discusión que está empezando a tomar fuerza en países federales de todo el Orbe.

No obstante, los movimientos que tensan su relación con un gobierno central, en el Mundo, fundan, motivan y argumentan sus discrepancias en razón de la riqueza y los recursos con los que contribuyen tanto al país, como al gobierno central o federal en su Presupuesto, en contraparte de los recursos que reciben, efectivamente. Algunos casos elocuentes son California, Cataluña, Quebec, y ahora en México los gobernadores de la Alianza Federalista.

Lo cierto es que en nuestro país, las fórmulas de distribución de los recursos, esto es, la discusión del federalismo fiscal, debe darse en el seno de una ‘Convención Nacional’, ya sea fiscal o hacendaria. Sin embargo, este mecanismo se reglamenta por la Ley de Coordinación Fiscal que data de 1978, año en que fue publicada en el DOF. Se trata de una ley que sólo ha sido reformada, desde su creación, a través de 16 decretos de reforma. Para situarlo en perspectiva: mientras que la Constitución Federal registra en promedio 2.35 decretos de reforma por año desde la fecha de su publicación (1917), la Ley de Coordinación Fiscal vigente acredita tan solo 0.38 decretos de reforma por año.

De ese tamaño es el letargo de la discusión de nuestro federalismo fiscal. De forma que el arcaico e insostenible federalismo fiscal de nuestros días, hay que precisarlo, no es hechura del presidente de la República en funciones, aunque ciertamente le caracterice un actuar particularmente centralizador, que no nació en este gobierno (Peña Nieto impulsó importantes reformas centralizadoras). Los gobiernos panistas que hoy pugnan por una redistribución de las facultades recaudatorias entre los tres órdenes de gobierno, nada avanzaron cuando accedieron al Ejecutivo y Legislativo federal. Lo importante, en todo caso, es que hoy se demanda un debate oportuno y necesario con relación a este importantísimo asunto que tensa al país.

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) señala que el gasto federalizado es el principal componente de los recursos de las entidades, el cual representa en promedio el 87% para 2021, por lo que alerta que el recorte restringirá su presupuesto para proveer bienes y servicios para sus habitantes, lo que cobra relevancia en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19.

Cierto es que para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, el 40% del recorte al gasto federalizado se concentra en los 10 estados conformados por la Alianza Federalista. Es decir, para 2021, se prevé una reducción de alrededor de 107,900 mdp de gasto federalizado, las entidades que integran la Alianza Federalista perderían 43,000 millones de pesos de aprobarse el proyecto de Hacienda.

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Maestro en Filosofía por la UNIVA. Actualmente es Director General de Canal 44 y Canal 31.2 de la Universidad de Guadalajara (UdeG); Institución en donde además ha ocupado los siguientes cargos: Vicerrector General Ejecutivo, Rector del Centro Universitario de la Ciénaga, Director General de Medios UdeG y fundador de la Licenciatura en Periodismo. Es Presidente del Consejo Consultivo de Notimex y Vocal Propietario ante la Junta de Gobierno de la agencia de noticias del Estado mexicano. Y recientemente fue nombrado director de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Twitter: Gabriel_TorresE

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Gabriel Torres Espinoza

Ipejal, la cloaca de corrupción

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Gabriel Torres Espinoza

El Instituto de Pensiones y Jubilaciones del Estado de Jalisco (IPEJAL) mantiene activos, al menos, ocho fondos a los que aportó recursos económicos o terrenos. Para el proyecto de Chalacatepec se erogaron 88 millones 950 mil dólares y para el nuevo negocio ‘al estilo Jalisco’, llamado centro de retiro de Santa Cruz de la Soledad, se destinaron hasta ahora, 217 millones, pero se entregarán un total 390 millones de pesos del dinero que aportan los trabajadores para su pensión y jubilación.

Otros proyectos inmobiliarios en los que IPEJAL se ha involucrado como financiador son el fraccionamiento Los Portales, en Tlaquepaque; La Toscana, Altaria Bosque Residencial y un proyecto para urbanizar parte de la ex hacienda La Mora, en Zapopan; Sendero de Luna, en Puerto Vallarta; así como un conjunto de viviendas y comercios edificado por la constructora Xamix, en Guadalajara.

Todo este descontrol deriva de que, en 2009, se modificó la Ley de Pensiones para permitir que el Poder Ejecutivo disponga de poder absoluto sobre el dinero de las aportaciones que los trabajadores realizan para su pensión y jubilación. Para lograr que el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco fuese un fondo discrecional del gobernador en turno, Emilio González promovió una reforma en el Congreso. Ahora, sin mayor control que un Consejo Directivo integrado a modo, se usa arbitrariamente el dinero que los trabajadores aportan para su pensión y jubilación, en una cantidad de operaciones que exhalan un franco olor a fraude. Se han “invertido 2 mil 280 millones de pesos en proyectos en proyectos fallidos con la empresa española Abengoa (604 millones), la Villa Panamericana y Chalacatepec”.

El IPEJAL y Santa Cruz Inmobiliaria de Chapala firmaron ooootro fideicomiso. El primer predio a desarrollar son 53.7 hectáreas de dos fracciones de las comunidades de Santa Cruz de la Soledad y San Nicolás de Ibarra. El compromiso de IPEJAL es aportar hasta 28.8 millones de dólares y se asocia nuevamente con ‘suertudotes’ para realizar otro negocio, ‘al estilo Jalisco’.

El presidente de la Federación General de Trabajadores del Estado y sus Municipios, Cuauhtémoc Peña Cortés, en 2016, documentó la ejecución de 390 millones de pesos del fondo para financiar un desarrollo inmobiliario en el ejido Santa Cruz de la Soledad, en Chapala. El dirigente sindical destacó que recién han documentado la existencia de un fideicomiso “con la misma forma de operar que en Chalacatepec; pareciera que existe colusión de funcionarios para defraudar trabajadores usando la Ley del Instituto de Pensiones […] igual que en el caso de Chalacatepec, la dirección de Asuntos Agrarios del gobierno del estado ha intervenido para imponer comisariados ejidales afines que entreguen las tierras de uso común de los ejidos a particulares, quienes a su vez las incorporan a fideicomisos usando la fuerza pública del estado para amedrentar a quienes se resisten”.

Ya es tiempo que el Congreso tome cartas en el asunto. Resulta evidente que el IPEJAL se encuentra hoy absolutamente fuera de control y mecanismos de fiscalización. Se convirtió, con ‘arcas abiertas’, como el principal financiador de los más grandes fraudes cometidos con el dinero que aportan los trabajadores al servicio de Jalisco.

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Gabriel Torres Espinoza

Guadalajara y Zapopan, ¿financian la corrupción?

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Gabriel Torres Espinoza

El 31 de marzo de 2021, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados  publicó el estudio “Obligaciones Financieras de los Municipios de México”. El documento contiene las “Obligaciones Financieras de los Municipios de México al Cuarto Trimestre de 2020”. El objetivo del estudio es “ofrecer un análisis del comportamiento de la deuda municipal durante el cuarto trimestre de 2020, así como un análisis histórico de largo plazo considerando los últimos diez años”. Destaca que el 0.9 por ciento de los municipios (6), presentan obligaciones financieras superiores a los ¡mil millones de pesos! Dos de ellos de Jalisco: Guadalajara y Zapopan.

En el estudio de marras se consigna que son seis los gobiernos municipales más endeudados del país, mismos que concentran ¡una cuarta parte del total de la deuda! en todo el territorio nacional, con el 24.8% del total de la deuda en sólo seis municipios, de los 2 mil 447 que existen en México. De acuerdo con los montos publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el sitio Web oficial, los seis municipios más endeudados son Tijuana, Baja California (2 mil 597.6 mdp); Monterrey, Nuevo León (un mil 961.7 mdp); Hermosillo, Sonora (un mil 764.4 mdp); Guadalajara, Jalisco (un mil 695.6 mdp); León, Guanajuato (un mil 056.9 mdp) y Zapopan, Jalisco con un mil 008.3 mdp. Para situarlo en perspectiva, estos seis municipios representan el 0.9 por ciento del total de los municipios que cuentan con deuda registrada ante la SHCP, pero concentran el 24.8% de la deuda total de este orden de gobierno.

Ahora que estamos en época de escuchar las propuestas de quienes desean gobernar los principales y más endeudados municipios de la Zona Metropolitana, resulta oportuno preguntarles: ¿Cuál es la postura respecto del tremendo nivel de endeudamiento alcanzado por Guadalajara y Zapopan en los últimos 10 años? Guadalajara se ostenta hoy como el 4to municipio más endeudado de México (1,695.6 millones de pesos); y Zapopan, como el 6to más endeudado del país, con una deuda de 1,008.3 millones de pesos. Señoras y señores candidatos, ¿cómo se tradujo esa deuda pública en mejoras sustanciales de la infraestructura, de los servicios o de la seguridad pública?

Cierto, ciudades con mejores indicadores de desarrollo acusan un mayor nivel de endeudamiento que Guadalajara y Zapopan. La deuda pública, manejada con transparencia y sobre objetivos determinados, puede ser una herramienta para auspiciar desarrollo y crecimiento económico, al financiarlo. Pero ¡cuidado!, no todas las ciudades más endeudadas, son precisamente las ciudades más desarrolladas. La deuda pública contraída, que no se aplica correctamente, ha servido para financiar la corrupción, para comprometer a futuras generaciones con proyectos deliberadamente herrados, innecesarios, improvisados, truncos o cómplices. Hasta ahora resulta difícil explicar que la enorme deuda pública que adquirieron los gobiernos municipales de Guadalajara y Zapopan, se ha traducido en mayores indicadores de desarrollo, bienestar o seguridad pública.

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Gabriel Torres Espinoza

Biopolítica. El derecho al agua y a la ciudad

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Gabriel Torres Espinoza

La Humanidad afrontará en las próximas tres décadas, tanto en países desarrollados, como no desarrollados: I) el cambio climático; II) la escasez de agua III) el suministro de energía; IV) la prevención y gestión de nuevas pandemias; y V) la gobernación de las ciudadesderivado del fenómeno de ‘hiperconcentración’ poblacional [en 2050, un 70% vivirá en ellas].

No obstante, el derecho al agua y el derecho a la ciudad tienen incidencia en los cinco problemas anteriores. El creciente y cada vez mas recurrente desabasto del líquido vital, parece representar una ‘nueva normalidad’. Aunque ello no deriva, por ahora, de la insuficiencia de este ‘bien frágil’, sino de su terrible gestión. Por ello, resulta ineludible ‘reconectar’ el derecho al agua, con el derecho a la ciudad. De forma que debe afianzarse la ‘seguridad hídrica’ de las urbes, tanto en su cantidad como en su calidad.

En Jalisco se ha ignorado el impacto de los cambios de uso de suelo, para ‘el ciclo del agua’. Se destruyeron, secaron o contaminaron nuestras propias fuentes. El crecimiento irracional de nuestra Zona Metropolitana inhibe la infiltración y recarga del agua subterránea, para descomponer los ‘sistemas hídricos’ superficiales (generando inundaciones, p. ej.) y del subsuelo (que propician desabasto). El suelo y su debido ordenamiento proveerían ‘servicios ambientales hídricos’ que son hoy fundamentales: retención, regulación, filtración y entrega del agua. De ahí la importancia de asegurar el modelo de ‘ciudad esponja’, o de lo contrario sufriremos un ineludible ‘estrés hídrico’ que ocurre cuando la demanda, supera a su disponibilidad. De modo que el adecuado ordenamiento del territorio no sólo favorece la ‘sostenibilidad del agua’, sino el correcto funcionamiento del todo el ‘metabolismo urbano’.

Pero nada de esto se protege en Jalisco, que por corrupción -no ausencia de leyes- padece un tipo de construcción depredadora, de un salvajismo sin precedente, que atiende únicamente a la especulación del suelo y no a la disponibilidad de los fluidos para la vida en ciudad: agua, aire y luz. Es decir, a la política de la vida o ‘biopolítica’.

De forma que atestiguamos cada vez mas ‘incendios severos’ en La Primavera -cinco veces mayor al promedio- que no es más que la antesala para la edificación de más zonas residenciales sobre Áreas Naturales Protegidas (ANP), como finalmente ocurrió con el fraccionamiento ‘El Cielo’. A ello abonan jueces corruptos que se convirtieron en el enemigo público de la ciudad (TJAJ). Poco a poco se mutila el área del ‘Bosque de La Primavera’, esencialmente para favorecer intereses de constructores. El consejero de la judicatura, Iván Novia, despacha la defensa de un particular, y cabildea jueces, para que se le entregue Colomos III, a una Familia que él representa ¡ilegalmente! El Bajío se encuentra en el mismo asedio ante el irregular crecimiento asentamientos humanos y la preventa ilícita de las Villas Panamericanas. El despojo a la Ciudad con Iconia, un complejo inmobiliario que iguala en dimensiones a la corrupción e impunidad que lo solapa, y que pretende robarse un predio público, que fue adquirido para ser parque. Habitar, no es sólo construir o edificar, sino especialmente, equilibrar la ciudad.

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