Por Laura Gutiérrez Franco
El cobro de piso y la extorsión se han consolidado como un impuesto criminal insostenible para el aparato productivo nacional. Mientras las autoridades se ven rebasadas, los empresarios del país pagan miles de millones de pesos al año a bandas de la delincuencia organizada únicamente para que les permitan operar, vender sus productos y evitar atentados contra sus trabajadores o instalaciones.
¿Cuánto cuesta y de a cómo son las cuotas?
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el costo directo de la extorsión y el crimen sobre las unidades económicas supera los 15 mil millones de pesos anuales. No obstante, al sumar lo que el sector privado invierte en medidas de protección física, cámaras, seguridad privada y blindaje logístico, el impacto económico total se eleva a más de 120 mil millones de pesos al año.
Las cuotas exigidas por el crimen organizado varían drásticamente según el tamaño y giro de la empresa:
* Pequeños comercios y tienditas de barrio: Datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comercios (ANPEC) revelan que los cobros a misceláneas, papelerías y abarrotes van de los 200 a los 2,000 pesos semanales. Para un negocio familiar con márgenes reducidos, esta exigencia equivale al cierre definitivo o a operar con números rojos.
* Medianas y grandes empresas: Informes del sector empresarial y monitores de seguridad privada documentan que a distribuidoras, empresas de transporte y plantas medianas se les exigen cobros que van desde los 10,000 hasta más de 100,000 pesos semanales, además de “derechos de tránsito” o cuotas fijas por unidad de reparto que ingresa a determinadas colonias o municipios.
Un delito que crece y una cifra negra del 97%
El indicador #DataCoparmex y el Monitor de Seguridad de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) confirman un incremento constante en la incidencia de este delito. De un año a otro, las víctimas pertenecientes al sector patronal han reportado repuntes de hasta dos dígitos en los intentos de extorsión y cobro de piso, posicionándose como el segundo delito que más impacta a las empresas en México, solo por detrás del robo de mercancía.
Sin embargo, el volumen real del problema es prácticamente invisible en los registros oficiales. El INEGI y COPARMEX coinciden en que existe una cifra negra del 97%: de cada 100 extorsiones que ocurren en el país, solo 3 se denuncian formalmente ante las fiscalías.
La razón del silencio es clara: el miedo a las represalias violentas y la profunda desconfianza en las autoridades locales. La percepción del sector empresarial es que no se hace nada efectivo para frenarlo debido a la impunidad imperante, la falta de investigación mediante inteligencia financiera y, en múltiples casos, la colusión u omisión de las corporaciones policiales de nivel municipal y estatal.
Las zonas de mayor riesgo
Aunque el fenómeno afecta a prácticamente toda la República, los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) e indicadores del sector privado ubican las tasas más altas de incidencia en:
* Por concentración del riesgo y tasa por habitante: Morelos, Zacatecas, Colima, Guanajuato, Estado de México, Tabasco y la Ciudad de México.
* Municipios y focos rojos: Zonas urbanas e industriales de alta tensión como Cuautla (Morelos), Celaya y Salamanca (Guanajuato), Fresnillo (Zacatecas), así como alcaldías centrales de la capital del país (Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e Iztacalco).
Violencia en las rutas de reparto: el reflejo de la impunidad
Un ejemplo palpable de la vulnerabilidad con la que opera la cadena de distribución en el país ocurrió recientemente en Tamaulipas, donde un ataque coordinado derivó en el incendio de cerca de 50 unidades de reparto vinculadas a marcas como Pepsi y Sabritas.
Fuentes del sector y reportes locales señalan que el trasfondo de estos ataques respondería a la negativa de los concesionarios y distribuidores de someterse al cobro de piso impuesto por grupos criminales en la región.
Aunque comúnmente se le asocia como un conflicto directo con marcas multinacionales estadounidenses, la estructura operativa de PepsiCo en la zona depende en gran medida del capital nacional: el principal accionista y operador del sistema embotellador en dicha región es el grupo mexicano Embotelladoras Unidas, encabezado por el empresario Juan Gallardo Thurlow, teniendo la firma extranjera PepsiCo únicamente cerca de un 20% de participación accionaria en la embotelladora.
Si bien las autoridades oficiales suelen calificar este tipo de hechos como “incidentes aislados” o disputas entre particulares, los atentados contra flotillas comerciales y el bloqueo de rutas de distribución son una realidad diaria que afecta por igual a gigantes de la industria y a pequeños distribuidores locales en diversas regiones de México.
Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que A Fondo Jalisco no se hace responsable de los mismos.
