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Indicador Político

Un reporte especializado llegó a Indicador Político para intentar explicar los conflictos en el sector minero por la intervención del mexicano-canadiense Napoleón Gómez Urrutia, senador por Morena:

En círculos políticos llamó la atención el señalamiento público realizado por el corporativo empresarial Grupo México, el cual afirma que existen presuntos vínculos del senador morenista Napoleón Gómez Urrutia, con la Organización Poder, que asesora a personas que presentan demandas en contra de esa entidad empresarial.

Por medio de un comunicado, Grupo México informó que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), analizó tres solicitudes de amparo promovidas por un grupo de pobladores de la región de Río Sonora, en contra de resoluciones relativas a la remediación del accidente registrado en agosto de 2014.

Mencionó que dos de esos recursos fueron sobreseídos, lo que implica que la justicia federal no ampara a los quejosos, a quienes les fue negada la reapertura del Fideicomiso Río Sonora (creado para atender con prontitud las afectaciones ocasionadas por el derrame de sustancias en ese año)

El tercero de los amparos fue rechazado parcialmente y sólo se otorgó a 35 pobladores para ciertos efectos, mismos que hoy no se conocen, pues aún no hay sentencia judicial y se ignoran los alcances de esta resolución. En concreto, dos solicitudes de amparo fueron desechadas y una más se desechó parcialmente.

No es la primera vez, que se vincula a la organización Poder con Gómez Urrutia, creada en Nueva York, y operada en México por Benjamín Cokelet, de origen estadounidense y naturalizado mexicano, y que tiene como codirectora ejecutiva a la uruguaya Fernanda Hopenhaym.

Los fines de Poder son los de desestabilizar a las empresas nacionales, afirma Ismael Leija Escalante, líder del Sindicato Democrático Minero, agrupado en la Unión Nacional de Sindicatos Minero-Metalúrgicos y Metal-Mecánicos de México, UNASIM, que agrupa a 100 mil obreros.

Grupo Poder es el autor intelectual de conflictos mineros y su creador en México Benjamín Cokelet, de origen estadounidense, tiene antecedentes laborales que refieren a asuntos en materia sindical en su país y cuyo jefe hace algunos años fue, curiosamente, Richard Trumka, líder sindical minero de Estados Unidos, presumiblemente ligado con el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia.

El modus operandi de esta organización, una vez que entra en pleito con una empresa, es allegarse o crear ONGs en México para seguir su lucha de desestabilizar proyectos o estrategias de desarrollo, en este caso, de la industria minera.

Hay pruebas fotográficas que muestran vínculos entre Grupo Poder, de Benjamín Cokelet, y Napoleón Gómez Urrutia y Richard Trumka, las cuales  al menos dejan indicios que hacen suponer que si no hay un vínculo directo, sí hay relación, por lo menos, de Benjamín Cokelet y quien fuera su jefe en Estados Unidos.

Información tendenciosa, procedimientos ajenos a la legalidad de las disposiciones aplicables en materia agraria, así como abuso en los usos y costumbres, son herramientas utilizadas por la organización social denominada Grupo Poder para convencer a ejidos, localizados en zonas de proyectos mineros, donde se proclama como defensora y logra que se le otorgue autorización para que sus abogados realicen acciones en su nombre, con la finalidad de causar conflicto en donde no lo hay.

La forma de actuar de esta organización es hacer un primer escrito de demanda de amparo, que lo firmen las autoridades ejidales, ir a las comunidades, hablarles y decir que los van a defender, aunque después los ejidos ya ni se enteren de las acciones que siguen en su nombre.

Grupo Poder, como ONG, recibe dinero de la fundación Hewlett, cuyo origen es en Menlo Park, California, y está a cargo de William y Flora Hewlett. Otros benefactores son la American Jewish World Service, Fundación Ford, Fund For Global Human Rights, Luminate, Open Society Foundations y Unión Europea.

Detrás de las acciones de esta ONG está Richard Trumka, quien fue presidente de la United Mine Workers of America y funcionario de la American Federation of Labor Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO), presumiblemente ligado a Napoleón Gómez Urrutia y Benjamín Cokelet, quien curiosamente fue subordinado del líder minero estadounidense en aquel país.

De acuerdo con especialistas legales, cualquier persona que se ostente como representante o apoderado de alguna empresa, tiene la obligación de acreditar su personalidad jurídica.

Sin embargo, cuando se escucha ONG, a nadie le preocupa pedir que se valide la personalidad del grupo al cual se representa, lo cual favorece la presencia de estos organismos para aprovecharse de la buena fe o ignorancia de comunidades ejidales.

 

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Cursos: los interesados en los cursos de actualización y especialización del Mtro. Carlos Ramírez pueden encontrar datos y contactos en http://indicadorpolitico.mx

Política para dummies: La política es una disputa secreta por el poder.

 

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Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Indicador Político: COVID-19: gobierno desaira a sociedad civil; prevalece aislacionismo público

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Por Carlos Ramírez.-
A lo largo de estos tres meses de crisis sanitaria por el coronavirus, el gobierno federal se ha encerrado en sí mismo y ha desdeñado aportaciones muy importantes de organizaciones de la sociedad civil que agrupan a personalidades de reconocido nombre y sobre todo con profesiones de alta calificación.

Las negociaciones dentro del Consejo de Salubridad General y del gabinete presidencial han distorsionado las medidas a adoptar sobre todo en materia de confinamiento humano. Y destaca el aislamiento gubernamental y del Consejo a propuestas muy concretas y sensatas de organizaciones de la sociedad civil.

Hasta ahora habría cuando menos cuatro propuestas (incluidos en el Cuaderno para el Debate “Coronavirus: aportaciones de la sociedad civil” en: http://www.indicadorpolitico.mx/?p=104990

1.- El 27 de marzo, un grupo plural de ciudadanos de áreas de salud, derecho, sociales, económicas, administrativas, de investigación y de altas funciones en el sector público circuló un desplegado titulado “Por la salud de todos”, con nueve puntos de reflexión sobre la pandemia y con llamados de atención a la lentitud de los organismos oficiales para esos menesteres. El punto central fue el señalamiento de “la ausencia de liderazgo de las autoridades sanitaras de carácter federal” y el desorden regional, además de señalar la “pobre capacidad de planeación y anticipación” del secretario de Salud y sus colaboradores.

Las seis recomendaciones fueron concretas: decisiones a partir de conocimiento y explicación de las mismas, cuidar la salud del personal de emergencia con equipo y protocolos, establecer “un plan estratégico para el exceso de la demandad de los servicios de salud, informar a la población sobre la enfermedad y sus efectos”, que en el Consejo de Salubridad “se escuchen y atiendan planteamientos de especialistas fuera de ese grupo” y colaborar con autoridades. Entre los firmantes están ex secretarios de Salud, un exministro de la Corte y exrectores de la UNAM, además de especialistas calificados.

2.- El 28 de marzo el Grupo Nuevo Curso del Desarrollo, de la UNAM, enlistó análisis y propuestas desde el punto de vista de la crisis económica por la pandemia y detalló cuatro prioridades: proteger el empleo y el ingreso, sobre todo de los grupos más vulnerables; salvaguardar la planta productiva, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas; mantener la continuidad de los servicios estratégicos, sean públicos, concesionados o privados y apoyar más proyectos de inversión pública privada y mixta para la recuperación y el apuntalamiento del crecimiento potencial.

En suma, esta propuesta se basa en “una intervención estatal de gran magnitud” para enfrentar la pandemia y mitigar la crisis económica, a partir del abandono de “la idea de que el Estado no debe contratar más deuda”. Entre los firmantes están Cuauhtémoc Cárdenas, Rolando Cordera, Julio Carabias, Mauricio de Maria y Campos, Jorge Eduardo Navarrete, José Andrés de Oteyza, Enrique Provencio, Norma Samaniego, Carlos Tello y Enrique del Val.

3.- A finales de marzo un grupo de científicos de alta calificación publicaron un documento pidiendo “acciones de contención urgentes para proteger a la población de México” sobre la pandemia y ofrecieron su colaboración. El sentido del documento fue ofrecer la colaboración de especialistas –entre ellos premios nacionales, maestros eméritos y directores de organismos de salud– para la conformación de “equipos gubernamentales con la participación de científicos de diversas disciplinas, junto con representantes del sector privado y de la sociedad”, para multiplicar la capacidad de respuesta.

4.- Y el 30 de marzo el grupo Nosotrxs (con equis) por la Democracia envió una carta al presidente López Obrador con ocho señalamientos: sesión permanente del CSG, emitir lineamientos, programas de acción y patas de conducta para enfrentar al COVID-19, restricción de actividades para disminuir contagios, estándares mínimos de protección civil, responder al derecho a la información de la sociedad, un programa amplio de detección de personas infectadas, reconocer que se trata de una emergencia sanitaria y también económica por sus efectos en el bienestar y planes de acción económica. Entre los firmantes están Cuauhtémoc Cárdenas, Clara Judisman, José Ramón Cossío, Luis Raúl González Pérez y Silvia Molina, además de Mauricio Merino y otros miembros de Nosotrxs.

A lo largo de los tres meses de crisis sanitaria por el COVID-19, el sector gubernamental se ha cerrado, ha rechazado a la sociedad civil, se ha sometido a los lineamientos presidenciales y no ha aceptado la ayuda y colaboración de especialistas no gubernamentales.

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Política para dummies: La política es un ejercicio plural, no burocrático.

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Carlos Ramírez

Indicador Político: Urge gabinete de salvación, alianza emergencia, concertación o guerra

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Por Carlos Ramírez.-

Luego de que las autoridades de salud se equivocaron y dejaron a la población suelta en el periodo de primeros contagios externos, ahora que comienza la fase de dispersión local del virus la estrategia gubernamental debiera de salirse del cerco de las mañanas en Palacio Nacional y construir un equipo plural de especialistas que tomen el control de las acciones bajo la coordinación ejecutiva del presidente de la república.

 La sociedad vive el desconcierto de un presidente que anda suelto por todo el país y órdenes de salud de confinamiento casi total en las casas. Y no puede dar imagen de liderazgo un funcionario de segundo nivel –el subsecretario Hugo López-Gatell– que no es capaz de someter al presidente de la república a los dictámenes que imponen a toda la población.

La explicación de la movilidad presidencial es clara: dar la imagen de menos estridencia y mostrar a un presidente trabajando. Pero la pandemia apenas ha comenzado a causar estragos en la población. España se tardó en imponer decisiones y el presidente Sánchez se la pasó justificando la tardanza y hoy ese país está en segundo lugar de infectados. México puede seguir ese camino: impuso el confinamiento después de un largo periodo de permisibilidad en circulación, lo que ha provocado contagios que hoy están estallando en enfermos y fallecidos.

El escenario previsible tiene dos pistas: las cosas siguen igual y se aguanta por fuerza personal presidencial de miles de infectados y varios cientos de fallecidos o el presidente retoma el control de la pandemia con un gobierno de guerra contra el virus. El actual gabinete es inexistente, el gabinete de salud lo controla un subsecretario que se la pasa explicando lo que el presidente está haciendo. El rostro de angustia de López-Gatell repitiendo tres veces, subiendo la voz en cada un quédense en casa contrasta con el presidente de la república en giras con temas menores.

Viene una crisis de salud, una crisis infecciosa, una afectación de millones de personas enfermas y una recesión que podría llevar al PIB a un sótano de -7% a -10% y la necesidad de una reconstrucción económica total para los próximos diez años, a una situación que sencillamente destruyó el modelo previsto en la campaña y en la toma de posesión.

Lo ideal sería un gobierno de emergencia nacional; pero bastaría con un nuevo gabinete de salud con las figuras experimentadas que están emitiendo llamados de cordura y explicando los efectos de la pandemia, con el presidente de la república coordinando las acciones en Palacio Nacional, sin salir y mostrando que los expertos no sometidos al poder tienen la facultad de encarar la emergencia.

La crisis nacional por la pandemia apenas está llegando, pero nadie y nada garantiza que nos vayamos a salvar. Y vienen tres tiempos previsibles: el efecto destructivo de la crisis de salud, el desplome de la economía productiva y la incertidumbre si el gobierno no lee el colapso de la estructura nacional. El presidente batalla contra molinos de viento, que no son, por cierto, las hojas de los ventiladores creadores de energías, sino los analistas que disfrutan la crítica aprovechando las imágenes presidenciales.

Ahora más que nunca se requiere de un gobierno de unidad nacional al frente de la crisis, con cuando menos tres programas de emergencia: de salud, de recesión y de cohesión nacional. El presidente de la república cuenta con un sólido liderazgo por sus luchas en el pasado, pero no le alcanza para la dimensión de la crisis que está estallando en salud y espacios sociales y la económica inevitable.

El inicio de las cifras de infectados y fallecidos es el momento clave para una propuesta de liderazgo y una recomposición de las tareas ejecutivas del Estado –no sólo del gobierno–. La crisis no se puede encarar un invisible secretario de Salud al frente del Consejo de Salubridad General y subordinado al ejecutivo. Lo que está en riesgo con la actual crisis y que no estuvo con los terremotos y la del H1N1 no es Morena ni el grupo gobernante, sino, como en las crisis de 1981-1982 y de 1994-991, la existencia de México como nación viable.

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Temores infundados. El presidente López Obrador dice que no se va a aislar porque entonces los conservadores tomarían el control del país. El asunto es más simple: el presidente y su partido controlan la Suprema Corte, las dos Cámaras, tienen mayoría en diez de quince gubernaturas del año próximo, la tendencia de votos de Morena es mayoritaria, el gabinete es absolutamente lopezobradorista, las dos armas son leales a las instituciones y desde cualquier confinamiento puede tener el control del país. Así que los conservadores están en minoría y no podrían tomar el poder.

Política para dummies: La política es sinónimo de liderazgo; así de sencillo.

 

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Carlos Ramírez

Indicador Político: Después de la pandemia no habrá normalidad alguna a la cual regresar

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Por Carlos Ramírez.-

Si en Palacio Nacional existe una estrategia –criticada, pero existente– para superar la pandemia del COVID-19, el gran desafío será el regreso a la normalidad. A la crisis del H1N1 le ayudó la crisis financiera provocada por la quiebra de la financiera Lehman Brothers de 2008 para distraer a la sociedad.

Las tres grandes catástrofes naturales anteriores –los terremotos de 1985, la pandemia del H1N1 en 2009 y los terremotos del 19 de septiembre de 2017– tuvieron impactos en el PIB: -3.8% en 1986 y -5-3% en 2009, pues los terremotos de 2017 ocurrieron en una economía cuando menos sólida.

Los efectos económicos del COVID-19 están siendo calculados hasta ahora con tasas de -2% a -7%, con la circunstancia agravante del -0.1% de 2019. En el peor escenario de -7% para 2020, el PIB necesitaría crecer en los cuatro años restantes del sexenio en 8% para mantener la meta presidencial de 4% promedio anual sexenal; y si el PIB de 2020 llega a -4%, entonces los cuatro años restantes tendría que crecer al 6% promedio anual. En la realidad no existe ninguna razón racional para esperar PIB de 6% u 8%

Lo malo de la crisis actual radica en tres hechos que siguen impidiendo que la economía pueda crecer más de 2.5%:

1.- No existe un proyecto de crecimiento económico como objetivo, pues la política económica ha privilegiado la política social de asignación directa de subsidios con fondos quitados a la producción.

2.- No existe un pacto productivo con el sector privado para regresar a la economía mixta que en el pasado fue uno de los motores del crecimiento económico de 6% en el largo periodo 1934-1983.

3.- Y no existe la propuesta de un nuevo modelo de desarrollo con reformas estructurales productivas que permitan regresar a crecimientos de PIB arriba de 4% sin generar presiones inflacionarias y devaluatorias.

En este contexto y con estas limitaciones, el regreso de México a la normalidad anterior a la pandemia de este año estará acotado por las descalificaciones de los organismos financieros privados y públicos contra la política económica del gobierno lopezobradorista. Y si bien el gobierno mexicano tiene todo el derecho de cuestionar las descalificaciones, de todos modos, dependerá de los informes de las calificadoras en tanto México siga siendo parte del sistema financiero internacional, tenga deuda-lastre y mantenga la necesidad de inversiones extranjeras que determinan llegadas en función de los reportes de las calificadoras.

Dos crisis anteriores –terremoto de 2017 y pandemia H1N1– no necesitaron de golpes de timón en la política económica ni el modelo de desarrollo porque estallaron en medio del control de la política económica. Los terremotos de 1985 atraparon al gobierno de De la Madrid en el centro de la reforma de mercado que le redujo fondos y movilidad al Estado.

En todas las crisis de la naturaleza anteriores e inclusive en las crisis financieras, la salida fue la configuración de acuerdos productivos, políticos y sociales para potenciar la política económica con el sector empresarial, lograr el apoyo político con concesiones a los partidos en el Congreso donde se discutían las estrategias de emergencia y el liderazgo presidencial para acotar los márgenes críticos del círculo rojo.

En todos los casos, los presidentes de la república operaron para cohesionar a la sociedad y liderar a los sectores bajo la hegemonía del Estado: De la Madrid llegó tarde, pero le ayudó el enfoque estratégico sociopolítico de Manuel Camacho como operador; Calderón se adelantó para distraer la atención de los efectos recesivos del crack de Lehman Brothers; y Peña Nieto cedió el manejo de la crisis a las autoridades capitalinas.

El colapso económico provocado por el COVID-19 atrapó a la economía en una fase recesiva determinada por el desinterés presidencial en el PIB y la prioridad en la política social asistencialista directa, propia una economía tipo Europa del norte. Por ello, el PIB previsto para 2020 antes de la pandemia estaba ya en 0.5% en enero y habría de seguir bajando hasta una tasa similar a la de 2019 de -0.1%, sin que hubiera en los planes de Palacio Nacional alguna estrategia para pactar un repunte del crecimiento vía –como ha sido siempre y tendría que seguir siendo en tanto prevalezca el mismo modelo de desarrollo estatista– un acuerdo productivo con los empresarios.

En este sentido, el regreso de México a la normalidad económica, política y social carecerá de expectativas para salir del hoyo recesivo de -4% a -7% de PIB y no tendrá los fondos fiscales necesarios para una reactivación inmediata. Los primeros cálculos de los analistas refieren que el PIB estará debajo de 0% –es decir: negativo– hasta finales de 2021 y podría comenzar un crecimiento lento no mayor a 2% para lo que resta del sexenio.

Es posible que la normalidad esperada sea peor a la existente antes de la pandemia.

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Política para dummies: La política es el todo, no las partes.

 

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