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Indicador Político

Un reporte especializado llegó a Indicador Político para intentar explicar los conflictos en el sector minero por la intervención del mexicano-canadiense Napoleón Gómez Urrutia, senador por Morena:

En círculos políticos llamó la atención el señalamiento público realizado por el corporativo empresarial Grupo México, el cual afirma que existen presuntos vínculos del senador morenista Napoleón Gómez Urrutia, con la Organización Poder, que asesora a personas que presentan demandas en contra de esa entidad empresarial.

Por medio de un comunicado, Grupo México informó que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), analizó tres solicitudes de amparo promovidas por un grupo de pobladores de la región de Río Sonora, en contra de resoluciones relativas a la remediación del accidente registrado en agosto de 2014.

Mencionó que dos de esos recursos fueron sobreseídos, lo que implica que la justicia federal no ampara a los quejosos, a quienes les fue negada la reapertura del Fideicomiso Río Sonora (creado para atender con prontitud las afectaciones ocasionadas por el derrame de sustancias en ese año)

El tercero de los amparos fue rechazado parcialmente y sólo se otorgó a 35 pobladores para ciertos efectos, mismos que hoy no se conocen, pues aún no hay sentencia judicial y se ignoran los alcances de esta resolución. En concreto, dos solicitudes de amparo fueron desechadas y una más se desechó parcialmente.

No es la primera vez, que se vincula a la organización Poder con Gómez Urrutia, creada en Nueva York, y operada en México por Benjamín Cokelet, de origen estadounidense y naturalizado mexicano, y que tiene como codirectora ejecutiva a la uruguaya Fernanda Hopenhaym.

Los fines de Poder son los de desestabilizar a las empresas nacionales, afirma Ismael Leija Escalante, líder del Sindicato Democrático Minero, agrupado en la Unión Nacional de Sindicatos Minero-Metalúrgicos y Metal-Mecánicos de México, UNASIM, que agrupa a 100 mil obreros.

Grupo Poder es el autor intelectual de conflictos mineros y su creador en México Benjamín Cokelet, de origen estadounidense, tiene antecedentes laborales que refieren a asuntos en materia sindical en su país y cuyo jefe hace algunos años fue, curiosamente, Richard Trumka, líder sindical minero de Estados Unidos, presumiblemente ligado con el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia.

El modus operandi de esta organización, una vez que entra en pleito con una empresa, es allegarse o crear ONGs en México para seguir su lucha de desestabilizar proyectos o estrategias de desarrollo, en este caso, de la industria minera.

Hay pruebas fotográficas que muestran vínculos entre Grupo Poder, de Benjamín Cokelet, y Napoleón Gómez Urrutia y Richard Trumka, las cuales  al menos dejan indicios que hacen suponer que si no hay un vínculo directo, sí hay relación, por lo menos, de Benjamín Cokelet y quien fuera su jefe en Estados Unidos.

Información tendenciosa, procedimientos ajenos a la legalidad de las disposiciones aplicables en materia agraria, así como abuso en los usos y costumbres, son herramientas utilizadas por la organización social denominada Grupo Poder para convencer a ejidos, localizados en zonas de proyectos mineros, donde se proclama como defensora y logra que se le otorgue autorización para que sus abogados realicen acciones en su nombre, con la finalidad de causar conflicto en donde no lo hay.

La forma de actuar de esta organización es hacer un primer escrito de demanda de amparo, que lo firmen las autoridades ejidales, ir a las comunidades, hablarles y decir que los van a defender, aunque después los ejidos ya ni se enteren de las acciones que siguen en su nombre.

Grupo Poder, como ONG, recibe dinero de la fundación Hewlett, cuyo origen es en Menlo Park, California, y está a cargo de William y Flora Hewlett. Otros benefactores son la American Jewish World Service, Fundación Ford, Fund For Global Human Rights, Luminate, Open Society Foundations y Unión Europea.

Detrás de las acciones de esta ONG está Richard Trumka, quien fue presidente de la United Mine Workers of America y funcionario de la American Federation of Labor Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO), presumiblemente ligado a Napoleón Gómez Urrutia y Benjamín Cokelet, quien curiosamente fue subordinado del líder minero estadounidense en aquel país.

De acuerdo con especialistas legales, cualquier persona que se ostente como representante o apoderado de alguna empresa, tiene la obligación de acreditar su personalidad jurídica.

Sin embargo, cuando se escucha ONG, a nadie le preocupa pedir que se valide la personalidad del grupo al cual se representa, lo cual favorece la presencia de estos organismos para aprovecharse de la buena fe o ignorancia de comunidades ejidales.

 

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Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

No, España, con Maduro no; menos con Evo; sí con la democracia

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Indicador Político:

Hay una expresión iberoamericana que dice: cuando menos se espera, salta la liebre. La imagen del socialismo español se tenía más socialdemócrata, pero plural, abierta, democrática. Pero ahora nos sale con que su alianza es con el presidente Maduro y su movimiento chavista que ha desparecido las reglas democráticas en Venezuela y con el Evo Morales que prohijó una rebelión en Bolivia. Los dos dinamitaron los puentes de la democracia.

El destino de Iberoamérica debiera ser el de la madurez democrática, el de las reglas del juego de la mayoría con espacios para las minorías, la del cumplimiento de los plazos institucionales, la de las instituciones. España acaba de dar una lección amarga y dura, complicada y desgastante, de que los caminos de la democracia tienen sus posibilidades, pero ahora esa España de la construcción de alianzas y de respeto a las leyes está apuntalando a dos dirigentes sociales que juegan con la democracia para imponer gobiernos autocráticos.

La crisis de Venezuela necesita de una gran coordinación internacional para restaurar la democracia. Ni Maduro ni Juan Guaidó representan el regreso a la institucionalidad democrática. El propio Guaidó firmó su liquidación política cuando se prestó al juego del presidente Donald Trump el pasado 4 de febrero con su presencia como “presidente legítimo” de Venezuela… impuesto por la Casa Blanca. Y Maduro sigue siendo una pieza incómoda de La Habana exportadoras de revoluciones en el corazón de Sudamérica.

Evo Morales quedó atrapado en una crisis nacional e internacional y se convirtió en una pieza de negociación de ortos interés. México lo asiló y le dio trato de jefe de Estado, pero la presión de la Casa Blanca apresuró su exilio a La Habana y a Argentina. A diferencia del petróleo venezolano que le ha dado a Maduro una condición geoestratégica, el litio de Bolivia en realidad cuenta poco y el papel de Morales en los equilibrios/desequilibrios ideológicos anti estadunidenses carece de valor político, pero sirve para mantener la inestabilidad como mecanismo de control geopolítico.

Nada podría ganar España con el apoyo a Maduro y a Morales, salvo compromisos de financiamiento político de las dictaduras a políticos de los dos partidos en el gobierno que están siendo desenterrados en algunos medios digitales ahora como sospecha, pero con posibilidades de lograr declaraciones o documentos probatorios. La gestión del expresidente psoista (que no socialista) José Luis Rodríguez Zapatero para salvar a Maduro afectará la estabilidad política de Iberoamérica y generará presiones estadunidenses que dañar-an los precarios equilibrios.

Y las relaciones de Podemos con Bolivia que, según indicios que están por probarse, pasa por una oficina de consultoría política de México nada le aporta a la geopolítica europea del nuevo gobierno coalicionista de España y sí le hace enfriar relaciones con otras naciones que necesitan de impulsos democráticos. Maduro y Evo tienen relaciones estratégicas con el partido Morena del presidente López Obrador y con ello también se han metido en la crisis de conflictos ideológicos del gobierno mexicano actual.

La España democrática estaba llamada a jugar un papel mejor en la crisis de sistemas y liderazgos de Iberoamérica. Sin embargo, redujo su espacio estratégico con el apoyo a dos figuras políticas que han causado estragos en sus respectivos países. Ninguna cumbre iberoamericana es recomendable con las tensiones de gobierno en Venezuela y Bolivia y la intervención de España más por intereses de sus gobernantes, que por el papel estabilizador de España y la Unión Europea que pudieran jugar en las crisis locales que han interrumpido procesos democráticos institucionales.

Ante el acoso de Trump a Iberoamérica, la tensión migratoria creciente y el fracaso de la Organización de Estados Americanos como mecanismo de estabilización política, se esperaba que Europa pudiera voltear la mirada hacia el otro lado del Atlántico vía comisiones de observadores que intentaran abrir caminos de negociación política, Al final de cuentas, la inestabilidad en Iberoamérica no le va ni le viene a Europa, pero sí le conviene a los EE. UU. de Trump porque facilitan sus presiones geopolíticas y de seguridad nacional y mantiene a los países al sur del Río Bravo en condiciones de crisis económicas.

Los apoyos del gobierno socialista PSOE-Podemos a dictadores sudamericanos han pasado ya a formar un elemento adicional de la crisis política en la región y en nada abonan a las expectativas europeas del nievo gobierno español. Pero la España democrática tiene una deuda con Iberoamérica por el papel solidario con el pueblo español durante los años de la dictadura franquista. No debe olvidarse de la amistad estratégica de Franco con el dictador populista Juan Domingo Perón.

El apoyo a Maduro ha puesto al gobierno español en una fase de ingreso a una crisis con la Unión, debido al bloqueo europeo contra Venezuela y la reunión de alto nivel de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez con el operador principal del presidente Sánchez, José Luis Abalos, que, por cierto, llevó a una crítica de Trump porque España se metió en un país que representa hoy en día una pieza de la seguridad nacional estratégica de la Casa Blanca.

Sin el apoyo de la UE y, peor aún, contra decisiones políticas de alejamiento de Venezuela y con protestas de algunos de los barones del PSOE, el gobierno de Sánchez sólo tendrá problemas internos por Maduro y Evo. Y lo más grave será su alejamiento de la Iberoamérica democrática.

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Carlos Ramírez

Ni Lozoya, ni rifa de avión, ni INE, ni coronavirus, ni jueces, sino el PIB

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La gran contradicción empresarial radica en un dato contrastado: su participación en compra de boletos en el asunto de la rifa del avión por parte de 200 empresarios con una inversión total de 2 mil millones de pesos, en medio de una recesión económica por falta de inversión productiva privada.

Y la primera aparición pública del flamante jefe del gabinete para el crecimiento económico, el empresario Alfonso Romo, fue para ser el escrutador de las cartas-compromiso de empresarios para comprar boletos y no para suscribir pactos inmediatos de inversión privada.

El PIB sigue siendo el factor de crecimiento, creación de la riqueza y distribución de beneficios. La meta oficial del PIB de 2% para 2019 no fue alcanzada y su saldo fue deplorable: -0.1%, con un -0.3% en el cuarto trimestre del año pasado.

Para 2020, la meta oficial fue señalada otra vez en 2%, con una banda baja de 1.5% y alta de 2.5%; sin embargo, las agentes económicos y analistas profesionales –desde el FMI hacia abajo– iniciaron el año con una expectativa de 1.0% y ya la bajaron a 0.7% al comenzar febrero, por lo que hay indicios de que el PIB anual de 2020 sea aún menor al de 2019, oficializando una recesión larga.

Las explicaciones de la recesión tienen cuatro variables: la confrontación empresarios-gobierno, la desconfianza empresarial en el programa de inversiones públicas, el desplome de la demanda agregada y las bajas expectativas en las utilidades empresariales.

Las cifras del INEGI revelan la dimensión de la crisis: el indicador mensual de la actividad industrial sigue tendencia a la baja desde el segundo trimestre de 2018, la inversión bruta fija no repunta y la tasa de ocupación parcial y desocupación de mano de obra es de 9.1%, la informalidad de la población económicamente activa es de 56%, la tasa de subocupación es de 6.12% y la tasa de condiciones críticas de ocupación es de 15.3%.

Los asuntos de Lozoya, la venta de boletos para la rifa-no rifa del avión, la reorganización del INE, el pánico social por el coronavirus y la reforma judicial son, en efecto, decisiones importantes para la reforma de instituciones sistémicas; sin embargo, ninguna de ellas responde al desafío número uno del sexenio: la tasa del PIB que mide la creación de bienes y servicios y revela la masa de dinero para repartir. Sin PIB, pues, no hay paraíso.

La idea de sentar a los empresarios en una cena para obligarlos a comprar boletos para una rifa extraña no es tan mala porque los beneficios de esa rifa serán orientados por única vez al sector salud en colapso de funcionamiento. ¿Qué ocurrirá cuando esos 2 mil millones de pesos los absorba de inmediato el sector salud sin resolver la crisis de atención de 120 millones de mexicanos?

Algunos analistas consideran que los empresarios convocados a Palacio Nacional bien pudieran destinar más recursos que los 20 millones de pesos por cada uno de los 200 convocados en la construcción de un sector salud privado en materia de producción y distribución de medicinas. En el fondo, los 200 empresarios quedarán sin cargos de conciencia comprando boletos sin efecto en el sector productivo y mantener sus bajos volúmenes de inversión productiva empresarial.

El gran desatino estaría en tener en septiembre una rifa exitosa por la participación de empresarios en la compra de boletos, pero con cifras negativas de PIB en los tres primeros trimestres del año. Cifras del IMSS informaron esta semana que la creación de empleo tuvo su nivel más bajo en enero desde 2009, hace once años. Y una tasa 0% del PIB indica de modo económico que no se creó ningún empleo formal en 2019, ante una demanda de 1.2 millones de mexicanos que por primera vez solicitaron empleo en el sector formal.

Sin descuidar los termas de corrupción y de reorganización de instituciones políticas del sistema, la prioridad de los sectores público y privado debiera ser el PIB y de manera más concreta la consolidación de acuerdos para que la inversión pública del 15% del total logre arrastrarcon ella al 85% de la inversión total que le corresponde a los empresarios privados.

Además de firmar una carta-compromiso para la compra de boletos de la rifa de un avión que no se va a rifar, los empresarios de la talla de Carlos Slim y todos los invitados a la tamaliza en Palacio Nacional debieron de suscribir por escrito un pacto de inversión privada con el gobierno para reactivar la economía y sacarla del hundimiento recesivo en que estará cuando menos en el primertrimestre de este año 2020.

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Alerta TCL por outsourcing: control obrero tipo CTM o productividad

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La larga agonía de la CTM como sindicato proletario y su conversión en una holding política y económica de líderes sindicales está creando una crisis transicional. Detrás de la disputa por los espacios de contratación vía outsourcing se localiza la disputa por reconstruir los sindicatos como poder intermediario de negociación contractual con los empresarios.

Lo que debe debatirse en el Senado es el canal de contratación que prefieren los trabajadores: el sindicalismo que los esclaviza con líderes sindicales que los venden a partidos y patrones o el outsourcing que lleva el beneficio directo al salario. Y el Estado debe decidir entre el sindicalismo anti productivo tipo CTM-PRI o la contratación para la productividad.

El modelo de poder obrero lo inventó el PRI desde el Pacto de la Casa del Obrero Mundial en febrero de 1915 y con ese acuerdo ocurrieron tres cosas: se fundaron los batallones rojos carrancistas como columnas de lucha política, el Estado asumió la intermediación tutelar de los derechos obreros para liberar a los patrones de la lucha de clases y la CTM la fundó Lázaro Cárdenas para convertir a los trabajadores en el poder social masivo de los gobiernos revolucionarios por meterse en la producción y la lucha de clases.

La clave del poder obrero priísta la dieron dos historiadores políticos: Arnaldo Córdova afirmó que Cárdenas organizó a los trabajadores como masa y no como clase y Enrique Krauze encontró el poder de Fidel Velázquez en su condición de líder controlador que no aspiraba a la presidencia de la república como en su momento lo hicieron Luis N. Morones y Vicente Lombardo Toledano: la organización de los obreros era sólo para apoyar al Estado.

En la actualidad no existe ninguna de esas condiciones. Por lo tanto, la disputa contra las empresas outsourcing para regresar a la contratación laboral vía sindicatos es sólo un campo de batalla de dos liderazgos sindicales de expriístas en Morena: el senador canadiense-mexicano Napoleón Gómez Urrutia y el senador Pedro Haces Barba. De consolidarse este nuevo poder obrero, México seguirá cayendo en los niveles de productividad y competitividad porque los líderes sindicales negociarán contratos sólo para beneficio propio y no para aumentar la productividad de los trabajadores que se pudiera ver cristalizada en mejoras salariales. Este modelo lo consolidó Porfirio Muñoz Ledo como secretario del Trabajo del gobierno de Luis Echeverría: los trabajadores organizados para votar por el PRI y defender al gobierno y al Estado, no para producir.

En los hechos, Napito y Haces se están jaloneando los despojos sindicales de la CTM, una organización abandonada hasta por el PRI desde los tiempos del presidente Salinas de Gortari porque dejó de ser instrumento de negociación productiva con los empresarios y ya no servía ni para acarrear votos. Sin embargo, el Tratado de Comercio Libre 2.0 negociado por Trump, la reforma laboral impuesta por los EE. UU. y el desinterés del Estado lopezobradorista por organizar y controlar a los trabajadores entorpecerán la restauración del viejo sindicalismo cetemista sólo parta beneficio de sus líderes y afectando la productividad de los trabajadores.

El problema con el sindicalismo mexicano radica en un efecto negativo del modelo: los líderes sindicales usaban y usan el sindicato para enriquecerse personalmente y para ganar cargos legislativos. En el pasado priista la cuota de poder en cargos públicos al sector obrero –diputados, alcaldes, senadores y gobernadores– radicaba en que Fidel Velázquez había estructurado a la CTM para votar y esos votos –10 millones, entre trabajadores y sus familias– garantizaban victorias presidenciales tricolores. Desde 1988 los sindicatos dejaron de producir votos y su cuota de poder priísta ha ido languideciendo.

Ahora Napito quiere regresar a esos tiempos de Fidel Velázquez, pero ya sin las garantías de que los trabajadores de los sindicatos controlados vayan a votar por Morena. De los 50 millones de trabajadores contratados y por cuenta propia sólo está sindicalizado menos del 10% y los trabajadores ya no obedecen las ordenes electorales de sus líderes; eso sí, como estructura de movilización los sindicatos sí pueden ser un ejército electoral, pero de todos los sindicatos sólo el SNTE ha quedado como una maquinaria electoral que la maestra Elba Esther Gordillo vendió al mejor postor: PRI, PAN, PRD y Morena, aunque con el plan con maña de colocarse en los liderazgos con ambiciones de ser presidenta de la república.

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Política para dummies: La política es la construcción de grupos de poder, no la participación ciudadana.

 

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