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El caso de Genaro García Luna –de comprobarse los cargos fincados por la fiscalía estadunidense– traería al debate mexicano la falta de controles de confianza del Estado sobre los altos funcionarios responsables de seguridad. Entre muchos otros, se debe recordar cuando menos cinco casos concretos:

1.- En diciembre de 1976 el presidente Lopez Portillo designó al comandante Arturo El Negro Durazo Moreno como jefe de la policía del DF y le dio, ante la molestia en el sector militar, el rango de general. Durazo tenía cargos de controlar el tráfico de drogas en el aeropuerto del DF como comandante de la Federal de Seguridad. Y durante su gestión, la policía capitalina se infectó de alianzas con el crimen organizado.

2.- En la crisis con los EE. UU. provocada por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar en febrero de 1985 a manos del cártel de Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Alvarez Don Neto se reveló que la Dirección Federal de Seguridad protegía a esos capos, inclusive con credenciales oficiales de la corporación. El director de la DFS era José Antonio Zorrilla Pérez, designado por el secretario Manuel Bartlett Díaz. Aunque a Zorrilla lo encarcelaron por el asesinato del columnista Manuel Buendía, en realidad el cargo mayor fue la protección a narcos.

3.- Nombrado en noviembre de 1996 como director del Instituto Nacional del Combate a las Drogas o zar antidrogas, el general Jesús Gutiérrez Rebollo duró poco en el cargo. En febrero de 1997 fue arrestado y acusado de tener relaciones y compromisos con el capo Amado Carrillo Fuentes El Señor de los Cielos por contrabandear droga en aviones y fue encarcelado. Por razones extrañas, Amado Carrillo murió cinco meses después en circunstancias misteriosas: medicinas contra el dolor aplicadas después de una larga operación facial para modificarle el rostro. Con Carrillo se murieron los secretos de los narcos que habían logrado cooptar al alto mando de la lucha antidrogas.

4- Encumbrado jefe de la policía judicial federal, el comandante Adrián Carrera Fuentes, forjado con Durazo en el DF, protegió las labores de los narcos Amado Carrillo Fuentes y Juan García Abrego. En diciembre de 1993 los hermanos Arellano Félix, del Cártel de Tijuana, llegaron a la nunciatura en DF para buscar un canal de comunicación con el gobierno de Salinas. Intervino el procurador Jorge Carpizo MacGregor para sugerir que no hubiera encuentro, pero se negó a detener a los capos porque, dijo entonces, la PGR estaba infestada de colaboradores del crimen organizado y pudiera darse una balacera por información filtrada desde la PGR al cártel. El jefe de la judicial federal era Carrera, ratificado como jefe de la PJF por Carpizo en enero de 1993. En 1998 Carrera fue arrestado por cargos de proteger al narco y confesó sus culpas para quedarse como “testigo protegido”.

5.- Después de 22 años del caso Gutiérrez Rebollo aparece el del civil García Luna, jefe de la policía federal y secretario de Seguridad Pública, acusado de estar al servicio del Cártel de Sinaloa de Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada en el sexenio 2006-2012 y desde 2013 retirado en Miami, Florida. La parte más importante del caso García Luna fue el fracaso del control de confianza de los altos mandos de seguridad después del caso Gutiérrez Rebollo, sobre todo cuando durante la gestión de García Luna se corrieron versiones de alianzas perversas con el narco.

En todos los casos, el gobierno de los EE. UU. dio su apoyo en las designaciones y tampoco puso en funcionamiento sus mecanismos de control de confianza, al grado de que varias instancias oficiales de seguridad y defensa condecoraron al García Luna que ahora arrestaron, acusaron y quieren mantener en prisión por un largo tiempo. Pero lo más grave es que desde 1976 los EE. UU han entregado información de inteligencia a funcionarios que colaboraban con el crimen organizado, lo que confirma que la crisis de control de confianza también ha afectado a los organismos estadunidenses de inteligencia y seguridad nacional civiles y militares.

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INFILTRADOS. Ahora que se han abierto las licitaciones de seguros patrimoniales en dependencias del gobierno federal, algunos focos de alarma se han encendido porque están apareciendo cuatro personajes con mala fama pública: Víctor Montes de Oca, director general de Grupo CIDAR Seguros y Fianzas, David Trejo de ADER, Alfonso Cassab de Seguros Satélites y Alejandro Carreón, que comenzaron en el negocio desde tiempos de Peña Nieto. El Grupo CIDAR aparece en el listado de Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas del SAT, y los otros han logrado licitaciones a modo. La 4T se va a poner a prueba en estas licitaciones.

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Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

¿Cárteles y Muñoz Ledo mecen la cuna de caravanas migrantes?

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Indicador Político:

Sólo las mentes ingenuas o con intereses creen que las caravanas de migrantes tienen el objetivo de buscar visas humanitarias para entrar a vivir en paz a los EE. UU. Todos los que están usando la violencia para ingresar en masa y sin permiso legal a México en automático serán rechazados en la frontera estadunidense por más fotos sentimentales de niños, mujeres o ancianos.

La política carece de sentimientos. Y la seguridad nacional que incluye la migración como una de sus variables también se mueve por los resortes del realismo brutal del poder.

De ahí que la información vital sobre las caravanas de migrantes centroamericanos no se localiza en los choques provocados contra la Guardia Nacional que protege la soberanía territorial de invasiones extranjeras, sino en las manos que mecen la cuna de las caravanas: quién los organiza, quien los dota de dinero para moverse, quién los instiga a cruzar con violencia la frontera mexicana y quiénes los defienden.

Lo grave de los incidentes de la semana pasada se localiza en posturas radicales como las del diputado priísta-perredista-propanista-parmista-morenista Porfirio Muñoz Ledo reduciendo el problema al ataque de migrantes a efectivos der la Guardia, cuando el problema es de seguridad nacional ante la invasión de extranjeros sinrespetar la soberanía territorial de la república.

El diputado Muñoz Ledo debiera rescatar sus discursos de elogios a Díaz Ordaz por el uso de la fuerza en 1968 contra estudiantes para entender cuándo se trata de represión y cuándo de soberanía del Estado. Toda teoría general del Estado, y Muñoz Ledo ha dado clases del tema, define con claridad los límites de la soberanía nacional.

Los más interesados en romper con la frontera México-EE. UU. son los cárteles del crimen organizado que se dedican a cruzar droga, personas y dinero ilegales. Hay indicios de que parte de los migrantes fueron ofertados a las bandas de narcos mexicanos en los EE. UU. para la venta de droga al menudeo. Para deslindarresponsabilidades se utilizan justamente las reglas de migración de cualquier país: solicitar visa para informar de sus intenciones.

Ahora resulta que el diputado multipartidista Muñoz Ledo aparece como una pieza funcional a los intereses de grupos delictivos y radicales ideológicos que quieren reventar la frontera México-EE. UU. Las autoridades migratorias mexicanas sólo piden que los migrantes soliciten visa, pero los centroamericanos quieren ingresar en bola a México sin registrarse y sin dar datossobre sus condiciones socioeconómicas. Millares de migrantes de caravanas pasadas forman parteya de bandas delictivas mexicanas.

Por ello, el diputado pluripartidista Muñoz Ledo, corifeo del Díaz Ordaz represor del 68, debiera en realidad exigir una investigación sobre las personas o grupos que están organizando las caravanas con las intenciones de provocar conflictos en México y en los EE. UU. Las oficinas de migración e inteligencia de los EE. UU. están investigando a los que están financiando a los migrantes violentos y han tomado nota de la faltade respeto a las instituciones por parte de los migrantes que quieren empleo en los EE. UU.

La cancillería mexicana también está obligada a involucrarse en la crisis de los migrantes porque el canciller Marcelo Ebrard es el responsable presidencial de la estrategia mexicana en Centroamérica hasta ahora reducidaa dinero para programas de desarrollo. En Relaciones Exteriores parecen ignorar que la frontera sur mexicana tiene una triple valoración de seguridad nacional: territorial, estadunidense y criminal.

Asimismo, se necesita de una indagación de seguridad nacional de los organismos de derechos humanos que acompañan a las caravanas porque estarían encargadas de la seguridad y fincamiento directo de las necesidades de los migrantes. Notodas las oficinas de derechos humanos responden a criterios humanísticos, pues cuando menos en los cárteles del norte mexicano existen grupos de derechos humanos financiados por cárteles para acotar las funciones de seguridad del Estado.

La función legal de la Guardia Nacional para proteger las fronteras territoriales de la república es el menor de los problemas. La clavede la crisis provocada por las caravanas se localiza en el interés der cárteles por reventar la política migratoria de los EE. UU. y evitar el cierre de caminos para el tráfico de personas, droga y mercancías que controlan los principales cártelesque ya dominan la venta al menudeo de droga en tres mil ciudades estadunidenses.

Port ello conviene preguntar si el diputado pluripartidista Muñoz Ledo perdió su olfato estratégico o forma parte del juego estratégico se los cárteles.

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Carlos Ramírez

Indicador Político: Ni migrantes ni la Guardia, sino la seguridad nacional de EE. UU

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Carlos Ramírez

El endurecimiento de la Guardia Nacional en la zona fronteriza Guatemala-Chiapas no responde a un espíritu represor que bien conoce Porfirio Muñoz Ledo cuando avaló la represión diazordacista a estudiantes en el 68, sino que se deriva del acuerdo secreto del canciller Marcelo Ebrard Casaubón con el gobierno de Trump para correr el muro fronterizo estadunidense hasta el Suchiate.

Y aunque en ese acuerdo hubo cesiones de soberanía, en el fondo la crisis migratoria del año pasado y del actual significa una crisis de seguridad nacional estadunidense y mexicana y mixta. Ninguna persona puede cruzar de manera violenta la frontera de México e ir a solicitar asilo a los EE. UU. Los que están esperando cita en la frontera mexicana y los que quieren cruzar Chiapas sin legalidad no tienen la más mínima posibilidad de obtener asilo estadunidense.

Eso sí, las alarmas de seguridad nacional se prendieron en México y los EE. UU. por el grado de violencia migrante para ingresar a México atacando a la Guardia Nacional. El pánico gubernamental en los EE. UU. por el terrorismo yihadista aumentó después del ataque estadunidense contra el general iraní Qasem Soleimani y loa misiles de Irán e Irak contra posiciones militares estadunidenses en esas naciones.

La solidaridad mexicana con los migrantes debiera también incluir la variable del plan mexicano de apoyo al desarrollo en Centroamérica con más de 50 millones de dólares para promover el empleo y bajar la migración. Pero esas inversiones requieren de tiempo y paciencia para comenzar a impactar en la población migrante. Además, no se tienen indicios que los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras estén interesados en atender sus crisis de migrantes, porque no sólo se trata de puestos de trabajo y atención a la pobreza, sino de la creciente ola de delincuencia, criminalidad y narcotráfico que está capturando los Estados centroamericanos.

En este contexto, los propios migrantes están siendo engañados por grupos sociales, políticos y delictivos vendiendo la esperanza de un asilo en los EE. UU. que nunca se otorgará en las condiciones de invasión. Y falta por saber de dónde han sacado los migrantes pobres el promedio individual de alrededor de 20 mil dólares –alrededor de 400 mil pesos mexicanos– para comprar su viaje y su visa.

La crisis migración-aranceles estallada por Trump en el primer semestre de 2018 exigió un enfoque de seguridad nacional de México respecto de los EE. UU., pero el canciller Ebrard sigue sin entender la lógica de la geopolítica bilateral. Existe la percepción de que Ebrard es un estratega geopolítico, pero en el Colegio de México se interesó sólo por la democracia mexicana en el siglo XIX. En realidad, Ebrard es un político pragmático con mayor capacidad para inventar problemas que para resolver las crisis.

La nueva oleada de migrantes centroamericanos de estas semanas ha sido azuzada por organismos activistas de derechos humanos sin explicarle a los solicitantes de asilo que todo país tiene reglas de acceso migratorio y que lo peor   es dar muestras de violencia intolerante contra las instituciones de seguridad. Los solicitantes que cruzaron la frontera atacando a la policía migratoria estadunidense en automático verán negada cualquier visa, sin importar el tamaño de la inseguridad en sus países.

La estridencia del diputado multipartidista Muñoz Ledo en la Cámara careció de una reflexión estratégica para proponer una salida diplomática y se concretó a acusar a la Guardia Nacional, sin entender que este organismo de también tiene funciones de defender la seguridad nacional ante la invasión fronteriza de civiles violentando la soberanía de la república.

Y lo paradójico de la caravana centroamericana actual es que sus integrantes pudieron haber ingresado sin problemas por la puerta migratoria y obtener una visa que les exigirá la migra estadunidense, pero los lanzaron a la violencia de la que ya tomó nota la seguridad fronteriza de los EE. UU. para negarles ingreso.

 

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Crisis en El País. De acuerdo con el sitio http://.okdiario.com, el fondo buitre Melqart Asset Managment sigue comparando acciones de Prisa-editora del periódico español El País, ante su crisis financiera, y ya tiene el 3.58%. Los fondos buitre carecen de espíritu empresarial y sólo quieren quebrar empresas para ganare dinero. Por ello al interior de Prisa-El País crece la incertidumbre… y el fantasma de la quiebra.

Curso: el Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad que dirige el columnista Carlos Ramírez inicia cursos de actualización y capacitación especialidad presenciales y online presenciales. Cinco temas están abiertos: Periodismo en seguridad.  Análisis de inteligencia política, Columna Política, Ensayo político. Ciencia política para periodistas, con acreditaciones oficiales. Información para configuración de grupos y fechas en http://indicadorpolitico.mx y WhatsApp: 55-1058-6460 Ana Karina Sánchez López.

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Carlos Ramírez

El TCL 2.0, igual: carece de nuevo modelo de desarrollo; IP indolente

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Indicador Político:

De todo lo ocurrido en el 2019, la parte más importante para el proyecto sexenal del presidente López Obrador fue la firma del Tratado de Comercio Libre 2.0 porque implicó la posibilidad de construir una nueva plataforma de internacionalización de la economía. Sin embargo, la indolencia del sector privado perdió la oportunidad de la modernización.

En este sentido, las expectativas de agentes económicos sobre el PIB previsible para 2020 y 2021 –1% y 1.5%, respectivamente– sólo confirman que la negociación del Tratado se hizo sin tener ninguna propuesta de reforma productiva o de redefinición del nuevo modelo de desarrollo y sólo asegura que la planta industrial mexicana seguirá cediendo espacio a la extranjera.

Cuatro datos del economista Arnulfo R. Gómez, de la Universidad Anáhuac y experto en el análisis del TCL, seguirán deteriorándose:

1.- El porcentaje de productos mexicanos en la exportación total pasó de 45% en 2001 a 37%en 2018 y ello indica que México ha desaprovechado casi 20 años de mercado externo. Y el porcentaje fue más del 55% en 1993, antes de la firma del Tratado.

2.- La ubicación de México como país exportador sin reexportación de valor agregado nacional bajó del lugar 18 al lugar 30, una caída de 12 posiciones.

3.- El total de las empresas exportadorastambién disminuyó de 37 mil 745 a 35 mil 277 (cifras de 2012, las últimas), una baja de 6.5%.

4.- Y si bien la inversión extranjera aumentó de 29.9 mil millones de dólares en 2001 a 31.6 mil millones de dólares, la falta de presencia productiva nacional revela que se trata de inversión sin beneficios nacionales.

El Tratado se concibió en 1991-1993 como un detonador del desarrollo nacional y como un estimulo a la modernización de la planta productiva aprovechando la presencia de empresas extranjeras. Pero en 26 años de Tratado, la planta productiva nacional se ha ido achicando.

El principal desafío del Tratado fue la modernización de la planta industrial. Sin embargo, el modelo del negociador Jaime Serra Puche fue sólo abrir la frontera industrial y lanzar a la planta productiva nacional a una competencia perdida. En los primeros cinco años del Tratado se dio una fase intensa de desindustrialización y de entrega de sectores productivos a empresarios extranjeros que llegaron con procesos de fabricación más competitivos.

En la negociación del Tratado 2.0 el en 2018 y 2019, tampoco hubo iniciativas mexicanas para modernizar su planta productiva. Lo más grave que la pasividad del empresariado mexicano con posibilidades de participación en el mercado norteamericano. El dato de menor agregado nacional a los productos exportados dentro del Tratado esconde el volumen de empresas que cerraron o se salieron de la oportunidad.

La palabra clave en la modernización industrial es competitividad. Los datos del profesor Gómez también revelan una falta de sentido común y de enfoque estratégico: el nivel de México en la competitividad mundial se desplomódel lugar 34 en 1999 al lugar 46 en el 2018, en tanto que los EE. UU. están en el lugar 3 y Canadá ocupa el sitio 12. En cambio, otras naciones en desarrollo como Australia, Malasia y Singapur están en mejores lugares de competitividad que México.

El esfuerzo de México en materia de competitividad requería una tarea hercúlea en calidad de las instituciones, confianza en los políticos, trámites y regulaciones, infraestructura, educación y tecnología e innovación. En las cifras de competitividad México, por ejemplo, ocupa el lugar 127 en confianza en las instituciones, el lugar 56 en innovación, 105 en eficiencia de mercado laboral, y 71 en desarrollo tecnológico y 123 en calidad de sus instituciones.

Estos datos ilustran lo que tuvo que haber hecho México, en el escenario del TCL de 1993 y del TCL 2.0 de 2019 para sacar provecho real a la integración del mercado norteamericano. Pero al carecer de alguna iniciativa en la relación nuevo modelo de desarrollo-competitividad, México sólo permitió la continuación del deterioro de la obsoleta planta industrial y agropecuaria.

El TCL de 1993 multiplicó el comercio exterior por 10, pero el PIB general fue de 2.2%. Al carecer de un nuevo modelo de desarrollo, el PIB del TCL no será mayor a 2%.

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