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Carlos Ramírez*

Como no se había visto desde la crisis del caso Enrique Camarena Salazar en 1985, la agencia antinarcóticos de los EE. UU. (DEA, por sus siglas en inglés) ha asumido una autonomía de acción que ha comprometido la estrategia de inteligencia y seguridad nacional civil y militar de la Casa Blanca. El operativo contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda se salió de la lógica de la estructurada comunidad de los servicios de inteligencia de la Casa Blanca.

En 1985 la DEA realizó su propia investigación, se alió a la CIA en México y al embajador John Gavin y determinó responsables del secuestro, tortura y asesinato del agente antinarcóticos, aunque por entonces sospechoso de colaborar con los narcos. Además de abrir juicios latentes en Los Angeles contra funcionarios mexicanos que van a ser arrestados apenas pisen suelo estadunidense, la DEA secuestró en México al doctor Alvarez Machain como responsable de las torturas, lo llevó en secreto a los EE. UU. y lo encarceló, aunque después un juez determinó ilegalidades y fue regresado a México.

El paquete de información del caso Cienfuegos ha sido integrado por la DEA, pero lo importante es que la DEA es una de las dieciséis agencias de inteligencia que existen en el gobierno estadunidense y que se coordinan, de manera supuesta, por la Dirección de Inteligencia Nacional que depende del presidente Trump. De esa oficina, sólo la DEA es la que se mueve con autonomía e impunidad con sus propias agendas, sin cumplir con los requisitos de coordinación que establece la National Intelligence Strategy 2019 de los EE. UU.

El problema radica en el desorden, desconfianzas, insubordinaciones y autonomía funcionales de las agencias, ante la falta de una dirección de Estado de la Casa Blanca. Hasta ahora, en menos de cuatro años de gobierno, Trump ha tenido nada menos que cinco directores de Inteligencia Nacional –un cargo creado como consecuencia de los ataques islámicos del 9/11 de 2001 y la falta de una coordinación entre agencias–, dos de ellos corridos –en lenguaje mexicano– por la furia presidencial porque estaban investigando la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 y posible en 2020,

En un reportaje publicado por Robert Draper en The New York Times Magazine el 9 de agosto pasado se revelan los berrinches, ironías, descuidos y formas que operan las agencias de inteligencia engañando al presidente Trump para que firme directrices sin saber y autorice operativos que no entiende. Por primera vez los EE. UU. carecen de un sólido escudo de inteligencia y seguridad nacional civil y militar por la incapacidad del presidente Trump para entender la seguridad nacional.

En un acto sin precedente y violatorio de las reglas democráticas, el 24 de septiembre 489 funcionarios y exfuncionarios civiles y militares del área de inteligencia y seguridad nacional acusaron al presidente Trump de incompetencia en el tema y pidieron votar por el candidato demócrata Joe Biden, aunque con la intención secretade regresar a los tiempos de la seguridad nacional imperial que somete, asesina, derroca y manipula gobiernos extranjeros.

En este contexto la DEA lanzó su propio operativo contra el ejército mexicano y lo hizo muy al estilo Trump: atrabancado, sin procedimientos legales, manipulando pruebas y tribunales e interviniendo en asuntos internos en otros países y rompiendo compromisos de colaboración de seguridad nacional e inteligencia militar.

Como en 1985, la DEA desarticula las relaciones bilaterales México-EE. UU. para ayudar a la campaña de Trump.

 

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EE. UU. a catorce días de las elecciones. De acuerdo con un resumen de encuestas de Real Clear Politics, la brecha en estados decisivos se estrecha porque Trump ha subido y Biden ha bajado; está en 4.1 puntos de diferencia, con un margen de error de 2.5 puntos. Trump está en mejor posición que en el 2016 contra Hillary Clinton.

Y el más desesperado por la persistencia de Trump y la pasividad de Dormilón Biden es el expresidente Obama, quien usa videos para atacar a su antecesor, el mismo que llegó como repudio a la presidencia obamista.

 

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Política para dummies: La política la determina el que toma la iniciativa, porque los de adelante corren mucho y los de atrás se quedaran.

 

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Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Agenda México-EE. UU. (1): narco como seguridad nacional y soberanía

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Carlos Ramírez*

 

A Jorge Suárez Vélez y

a la memoria de la tía Tere

Si en el gobierno del presidente Joseph Biden van a regresar los viejos halcones de la política de inteligencia, seguridad nacional y espionaje, entonces el narcotráfico será en los próximos cuatro años el problema número uno en las relaciones de la Casa Blanca con Palacio Nacional.

Los otros temas de la agenda –cambio climático, comercio internacional, migración centroamericana y mexicana, inestabilidad geopolítica en América Latina y el Caribe, penetración de China, Irán, Rusia y Corea del Norte en la región y el ciclo populista– pasarán a segundo término. En esa agenda la Casa Blanca suele no negociar con los países involucrados.

En las primeras semanas podrían conocerse los marcos de referencia de las agencias de seguridad en el sistema de toma de decisiones de la Casa Blanca y el margen de maniobra del Consejo de Seguridad Nacional. A nivel de gobierno operan las estructuras de alta burocracia en el área de inteligencia, seguridad nacional y defensa.

Los responsables de esas áreas regresarán a recuperar el espacio de reflexión, inteligencia y acción que les negó el presidente Trump por desconfianza y porque sólo saben operan en lógicas intervencionistas y bélicas, en tanto que él como empresario prefería el campo de batalla del comercio y la economía. En los cuatro años de gobierno Trump tuvo a cinco jefes de inteligencia nacional –la oficina que coordina y de manera supuesta controla a las agencias de inteligencia y seguridad nacional civiles y militares– y cuando consejeros de seguridad nacional, ambas dependientes de manera directa de la Casa Blanca.

La agenda de narcotráfico EE. UU.-México se mueve en tres parámetros: la Estrategia de Seguridad Nacional del presidente en turno, la Estrategia de Combate a las Organizaciones Criminales Transnacionales y la Estrategia de Control de la Frontera Sur. Las tres son injerencistas. Y el presidente Biden envío ya un mensaje codificado; la designación de la embajadora Roberta Jacobson –el último año de Obama y los dos primeros de Trump– como czar de la frontera México-EE. UU., aunque adscrita a la oficina de asuntos latinoamericanos del Consejo de Seguridad Nacional. La primera clave se localiza en la función no policiaca sino estratégica-política de la funcionaria.

La estrategia de la Casa Blanca en el tema del narco tiene dos puntos fundamentales: el combate a las adicciones dentro de los EE. UU. y la persecución de los cárteles en sus madrigueras de sus países de origen. En este escenario se deben analizar las relaciones de seguridad de Washington con Ciudad de México: el papel de la DEA dentro de México, ahora mismo en operaciones oficiales y secretas para atrapar y llevarse a los EE. UU. al Mencho, presunto jefe máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación, y a Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo y responsable en el Cártel de Sinaloa del área de drogas sintéticas de fentanilo que están matando a consumidores estadunidenses.

De ahí que buena parte de las relaciones bilaterales se vayan a redefinir en el tema del narco en dos campos: el de la cooperación mexicana para permitir el funcionamiento de la DEA sin restricciones –aunque cuidando no cometer errores como el del general Salvador Cienfuegos Zepeda– y el de las nuevas relaciones entre los ejércitos de los dos países y ahora con el dato mayor de que el secretario de Defensa de la Casa Blanca es un general que tuvo hasta hace poco mandos operativos en Irak y Afganistán y con poca experiencia en el manejo de la burocracia civil y sobre todo legislativa.

Si los EE. UU. han otorgado al tema del naco un rango de seguridad nacional estratégica, en México el tema del crimen organizado se mira como policiaco. Sin embargo, el impulso desde la Cancillería mexicana a reformas a la Ley de Seguridad Nacional para meter en cintura a los agentes antinarcóticos estadounidenses significó un salto cualitativo al asumir las relaciones de seguridad con nuevos marcos referenciales de una doctrina de seguridad nacional estratégica de México para salirse del paraguas condicionante de la seguridad nacional de los EE. UU.

En este sentido, las nuevas relaciones México.EE. UU. en la agenda López Obrador-Biden son más estratégicas que policiacas, tienen que ver con la soberanía y por primera vez involucran las doctrinas de Estado en defensa nacional, autonomía militar y, sobre todo, control estricto sobre la soberanía ante los abusos de las agencias de espionaje de Washington.

 

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Política para dummies: La política es un juego del gato y el ratón, donde la clave está en el perro.

 

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Carlos Ramírez

Indicador Político- En el capitolio, ruptura del consenso imperial

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Carlos Ramírez* 

Ya habíamos aprendido, en relecturas de Tucídides sobre la guerra del Peloponeso de hace casi 2,500 años, que las grandes potencias crecen cuando hay unidad interna de objetivos y se derrumban cuando comienzan las divisiones en la sociedad. Ahora se calificó la protesta del 6 de enero como “terrorismo doméstico” y los demócratas preparan leyes para criminalizar el disentimiento.

Los EE. UU. se cimbraron en 1967-1972 con las protestas internas contra la guerra de Vietnam, aunque en 2001 Bush Jr. encontró la salida de unidad del consenso interno al convertir al terrorismo radical islámico como el gran enemigo histórico del imperio. Hoy el presidente Donald Trump le ha dado sentido irreconciliable y conflictivo al modelo bipartidista que ha promediado 60% demócratas y 40% republicanos, con periodos de republicanos en la presidencia.

Pero lo que era un modelo pendular –oscilando presidencias demócratas y republicanas– se descompuso en la confrontación violenta. El asalto de hordas de la ultraderecha al Capitolio fue operado con el objetivo de provocar una crisis constitucional al impedir el proceso de votación de colegios electorales para convertir de manera oficial al demócrata Joseph Biden en presidente electo. Ahí reventó el modelo conciliatorio bipartidista de democracia representativa dominada por los lobbies de poder real.

La peor crisis de protestas sociales contra la guerra en Vietnam ocurrió en dos tiempos. En 1967 miles de jóvenes irrumpieron en las instalaciones centrales del Pentágono en Washington –entonces con poca vigilancia restrictiva–, llegó al colapso con el bonzo que se prendió fuego en el estacionamiento principal de esas oficinas y en 1968 con las protestas contra la convención presidencial demócrata en Chicago en 1968 y el arresto de siete dirigentes juveniles que fueron juzgados, hecho acaba de revivir en la película “El juicio contra los siete de Chicago”. La protesta juvenil fue el punto de inflexión que mostró que la participación estadunidense se enfilaba a un fracaso y la salida nada elegante de las tropas en 1973.

Los comportamientos de los seguidores de Trump no inventaron alguna forma nueva de protesta; sólo dejaron asentado que no eran de exhibición. sino que buscaron crear una crisis constitucional al impedir la consolidación de los tiempos legales de la victoria de Biden.

Detrás de las protestas no hubo sólo el enojo de los seguidores de Trump y la reacción esperada al discurso del presidente azuzando a la turbamulta, sino la expresión de signos de ruptura. No se necesita invocar indicios de una latente guerra civil –que algunos han hecho–, ni advertir que esa violencia en el Capitolio mostró la ineficacia de las reglas institucionales de la democracia, ni ver en directo el agotamiento de la vieja cortesía en la que el candidato derrotado “concedía” la victoria a su adversario, inclusive en aquel incidente que pudo haber llevado a la ruptura en el 2000 cuando la elección llegó a la Corte Suprema y el demócrata Al Gore hubo de aceptar, sin convencimiento, su derrota para evitar las fracturas al régimen político.

Ahora hemos visto el choque interno entre masas armadas con los representantes del modelo de democracia de lobbies. Y la respuesta demócrata alimento los indicios de quiebra del acuerdo fundador de la nación: el juicio contra Trump sin aportar investigaciones o procedimientos político-judiciales, sino sólo con informes periodísticos y enojos de la líder demócrata Nancy Pelosi.

Lo de menos será la imposibilidad práctica, por tiempos políticos, para completar un verdadero procedimiento de impeachment legal, sino con el afán de bloquear por anticipado cualquier posible intento de Trump por querer regresar a alguna estructura de poder por la inhabilitación del juicio político. Nada más antidemocrático que usar las leyes políticas para cerrar el espacio a la competencia y participación entre diferentes posiciones políticas e ideológicas.

Si el sistema político estadounidense se declara, en los hechos, incapaz de resistir otra participación directa de Trump, entonces ese régimen carece de legitimidad. Y de nada servirá que el presidente en funciones Biden, a partir de hoy 20 de enero, trate de bloquear el juicio contra Trump, aunque no por voluntad democrática sino para sentar las bases de una unidad nacional que quedó inservible el pasado 6 de enero.

La imagen de la catedral simbólica de la democracia estadunidense, el Capitolio donde se cocinan las grandes intervenciones, guerras y avales para derrocar otros gobiernos, siendo asaltada por turbas violentas sin sentido de guerra civil quedará para las argumentaciones externas cuando la Casa Blanca quiera intervenir en procesos políticos en otros países. Los EE. UU. como faro de la democracia perdieron valor y presencia, porque el colapso provocado por Trump seguirá un tiempo más si acaso Pelosi quiere ir hasta el fondo con la inhabilitación o si Trump quiere regresar a la política de manera atrabancada.

La fuerza política en el exterior de los EE. UU. estaba en el consenso interno, aún de los sectores progresistas que a veces con rubor rechazaban la exacción de recursos de otras naciones o las decisiones para derrocar gobiernos o los casos de líderes políticos asesinados en aras de una estabilidad autoritaria. Esos sectores progresistas, en el poder, disfrazaban radicalismo con reformas sociales populares y sociales, aunque siguieran explotando a naciones pobres para consolidad su american way of life.

La crisis del 6 de enero fue una quiebra del consenso interno y no se ve en el corto plazo algún liderazgo que logre pegar los pedazos rotos en el Capitolio.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Biden: unidad interna… para reconstruir el imperio; “ya no nos temen”: halcones

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Carlos Ramírez*

Si la lectura progresista del mensaje del presidente Joseph Biden en torno a la unidad interna se leyó en modo Trump, en realidad el sesgo más importante radica en el hecho de que la fractura social doméstica le restólegitimidad al papel de los EE. UU. como el imperio dominante mundial.

A eso se refirieron, en septiembre pasado, los casi quinientos exfuncionarios de inteligencia, seguridad nacional y defensa de los EE. UU. cuando circularon una carta de apoyo al modelo de política exterior dura de Biden, frente al repliegue blando de Trump. En el texto de esa misiva dejaron su principal crítica al presidente republicano: “ya no nos temen”.

De todos los medios mexicanos, solo Excélsior entendió la lógica del conflicto doméstico en los EE. UU. Por ello presentó el discurso inaugural de Biden con este titular: “Unidos, EE. UU. volverá a ser la fuerza principal del mundo”.

Trump careció de un pensamiento estratégico y arribó al poder como un empresario anti Estado, anti fisco y anti seguridad nacional. La renegociación del tratado comercial con México fue un prototipo: no enfatizar la dominación estratégica de seguridad nacional, sino redinamizar los negocios dentro de los EE. UU.

Biden, en cambio, se forjó en la burocracia legislativa y fue durante muchos años presidente de la todopoderosa Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, uno de los tres pivotes de la estructura imperial, junto al Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional.

En este sentido, el discurso de Biden fue muy tucididiano, basado en el modelo de visión de seguridad nacional que narró Tucídides en la Guerra del Peloponeso en el siglo V a. C.: unidad interna para combatir a Esparta porque los espartanos se preparaban para superar a los atenienses en fuerza militar. Guerra estratégica preventiva, le dicen ahora.

Al sacar a los EE. UU. de los grupos multipolares de decisiones estratégicas, Trump debilitó la esencia imperial de la Casa Blanca. El caso central fue la OTAN: Trump vio a este organismo como una especie de fuerza militar subsidiaria de la comodidad de los países europeos para disminuir gasto militar, dejando a Washington con el peso de fondos y tropas. Trump obligó a los países de la Unión Europea a hacerse cargo de gastos y tropas, aunque con ello disminuyó el dominio imperial militar sobre esa parte estratégica del paneta.

Por lo tanto, Biden no estaba pensando en el modelo idealista de unidad nacional para encarar la crisis local, sino para regresarle la legitimidad al poder estadunidense basado en el apoyo interno. Durante decenios los estadunidenses, aun los progresistas y pacifistas, aceptaron el enfoque imparcial proactivo de la Casa Blanca porque era el único camino para consolidar el modelo del american way of life o modo de vida estadounidense; es decir, que el “sueño americano” de confort y riqueza se basaba en la explotación imperial de los EE. UU. de otros países del mundo, comenzado por el petróleo que ha animado la policía exterior estadounidense desde los años posteriores a la segunda guerra mundial.

La carta de exfuncionarios de inteligencia, defensa y seguridad nacional de septiembre estaba firmada por personal de los gobiernos militaristas de Reagan, Bush Sr., Clinton, Bush Jr., Obama y por los que renunciaron a la administración Trump por la falta de un espíritu estratégico imperial. Trump exploró la vía no militar con Rusia, China, Corea del Norte e Irán, aunque el asesinato del general Qasem Soleimani habría sido decisión no de Estado sino de la comunidad de seguridad nacional para reventar el plan nuclear de Trump para Irán.

La estrategia de seguridad nacional de Biden será la clásica militarista, de intervención en otros países y de dominación del discurso bipolar ante la amenaza rusa y china de apoderarse del mundo. En este sentido, Biden analizó el modelo Trump como una amenaza contra la estrategia de seguridad nacional militarista tradicional de intimidación del mundo y su tarea será la unidad interna para regresar a los EE. UU. al dominio de las estrategias de coexistencia imperial en el planeta.

El primer aviso de la militarización imperial de la estrategia de la Casa Blanca estuvo en la designación del general Lloyd Austin, recién retirado, como secretario de Defensa que de manera normal estaba bajo la dirección de un secretario civil. Esa designación fortaleció el poder militar de Biden.

 

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Política para dummies: La política es, de suyo, poder; por tanto, la dominación del otro.

 

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