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Carlos Ramírez

Para los que se desgarran las vestiduras lamentando que el asalto al Capitolio el 6 de enero haya sido una agresión contra la “democracia estadunidense” que se presenta como el faro del mundo, sería bueno que vieran con cuidado el documental El Pantano, de Daniel DiMauro, Morgan Pehme. Se trata de un enfoque crítico sobre cómo funciona el congreso estadunidense en la realidad de los intereses privados y por qué el sistema democrático de EE. UU. no es lincolniano porque no es del pueblo, ni por el pueblo, ni para el pueblo ni jeffersoniano de la república de leyes e instituciones.

La historia del título del documental es reciente. En los primeros años de EE. UU. como nación, finales de siglo XVIII y principios del siglo XIX, en la zona física donde está hoy la colina —the Hill— del Capitolio había, en efecto, un pantano con yerbas, animales y abandono humano. Hacia comienzos del siglo XXI fueron legisladores críticos, republicanos y demócratas, quienes se refirieron al Capitolio como El Pantano y acuñaron la frase de “drenar el pantano” actual o limpiarlo o desazolvarlo de su podredumbre política y económica.

El documental se basa en el libro Drain the swamp. How Washington corruption is worse than you think (Drenar el pantano. Cómo la corrupción en Washington es peor de lo que usted piensa), del legislador republicano Ken Buck. Se trata de un verdadero acto de desnudismo del funcionamiento interno de los intereses económicos de los legisladores: para llegar reciben dinero del Comité de Acción Política (PAC, por sus siglas en inglés) y no de la sociedad, por lo que en funciones los legisladores responden a los grupos de interés que financiaron su campaña. Quienes así lo decidan, pueden hacer recaudaciones personales entre el pueblo. Pero la puerta de entrada al poder real dentro del Congreso está en los compromisos vía PAC.

Y al llegar al Congreso, viene la otra parte de la historia: cómo ingresar a las comisiones legislativas. Para hacerlo, cada legislador se debe comprometer a recaudar cierta cantidad de dinero: 220,000 dólares para un comité B o C, 45’0,000 dólares para un comité A, 875,000 para presidir un comité B o 1.2 millones para legar a la presidencia de un comité A. Nada, pues, es gratis; y el dinero se recauda entre los lobbies o las empresas o los grupos de poder que tienen el dinero para comprar a miembros del congreso. Y se trata, eso sí, de actividades legales; o, bueno, no criminalizadas. Los que no entren al juego del dinero, de manera sencilla quedan marginados de comités y de las decisiones de poder y no podrán impulsar leyes a favor de sus electores. En este sentido, apenas el 5% de las leyes que se aprueban sirven al pueblo.

El documental realiza entrevistas con representantes y va siguiendo a Buck. Lo malo de todo, sin embargo, radica en el hecho de que ningún legislador hace nada ilegal. Se trata de una configuración del poder legislativo basado en el dinero, por el dinero y con el dinero, una variante del modelo de Lincoln en su famoso breve discurso de Gettysburg del 19 de noviembre de 1863. Varios republicanos y demócratas se han unido para tratar de romper el poder real de los lobbies dentro del Capitolio, pero se han topado con la estructuración de intereses vía los líderes de los partidos.

Durante su campaña el candidato Donald Trump llegó a repetir la frase “drain the swamp”, pero ya en la Casa Blanca se aprovechó de la estructuración de intereses para inmovilizar al legislativo y para canalizar sus propias iniciativas. En el fondo, la configuración del Capitolio mantiene una correlación con la red de intereses del ejecutivo, también captadora de donaciones de los PAC. En este sentido, la ciencia política estadunidense ha llegado a definir uno de los principios de funcionamiento del capitalismo de poder económico: “quien tiene el dinero, tiene el poder”.

De ahí que el asalto al Capitolio por hordas violentas sin proyecto de golpe de Estado o sin una propuesta de limpia del poder legislativo deba tener otra lectura a la que quieren imponer los grandes medios de comunicación estadunidenses que participan de la estructura de poder: el asalto no fue un atentado contra la democracia porque en los hechos el Capitolio es un pilar del poder de dominación imperial y no una institución ejemplar de la democracia “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Son condenables los actos violentos contra instituciones civiles, pero se tiene que explicar la lógica política de los mismos hechos: los grupos agresores forman parte de milicias anti Estado y anti sistema, por lo que tampoco representaron una expresión o propuesta democratizadora. Por eso llegaron, entraron, destruyeron y se salieron con tranquilidad porque se trataba nada más de una expresión de poder popular sin control.

La crisis política poselectoral evidenció, eso sí, la fragilidad del sistema de elección de gobernantes en función de grupos dominantes de interés o lobbies de poder representativo de sectores y factores de poder. Trump había logrado llevar a las urnas a los grupos anti Estado fiscal y anti burocracia, pero en sus cuatro años se olvidó de ese voto y por eso Joseph Biden le ganó la presidencia. Es decir, se ha tratado de una disputa entre élites de poder.

La crisis en el Capitolio debe ser oportunidad para revisar el modelo político estadunidense que se quiere imponer como democrático en todo Occidente, pero que en la realidad no es más que un sistema que encubre una red de intereses económicos, políticos y sociales ajenos al pueblo no propietario. El salto es condenable porque fue violento en una institución pacífica. Y si puso en riesgo la democracia, en realidad fue el modelo democrático de los grupos dominantes. No del pueblo.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.

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Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Indicador Político- En política mexicana, nada es para siempre; es cuestión de mayorías

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Carlos Ramírez

Toda la escandalera en torno a la reforma judicial que introdujo la prórroga del mandato del actual presidente de la Corte, el ministro Zaldívar Lelo de Larrea, por dos años más por ser el único personaje entre los 125 millones de mexicanos en lograrla debe de tener, por jerarquía de ley, una reforma de la fracción IV del 97 Constitucional. Y si en las dos cámaras Morena consigue alianzas para construir esa mayoría, nadie puede regatear el derecho a la reelección.

Lo mismo tendrá que ocurrir si se asume el camino de prórroga del mandato presidencial por dos o tres años más: una reforma constitucional por mayoría calificada en el Congreso. Si Morena lo consigue, tampoco nadie podrá regatearleese derecho. Para beneficiar al general Alvaro Obregón, en enero de 1927 el presidente Elías Calles reformó la Constitución para permitir la reelección presidencial después de un periodo intermedio y en enero de 1928 pasar ampliar el periodo presidencial de cuatro a seis años.

Ante el asesinato de Obregón hubo una reacción clave de Calles en tres tiempos: negó reelección o prórroga, fundó el partido del Estado y logró el apoyo de los generales revolucionarios para resolver la candidatura interina y constitucional, con lo que sentó las bases del presidencialismo unipersonal.

El general Cárdenas no pensó en reelegirse, el presidente Alemán y el presidente Echeverría coquetearon con la reelección, Salinas hizo un dossier con el modelo Obregón para prorrogar su mandato, lo recibían al grito de “¡Uno, dos, tres / Salinas otra vez!” y el salinista José Angel Gurría Treviño le dijo al columnista Alberto Barranco Chavarría que el proyecto salinista necesitaba de “tres sexenios” para consolidarse. A pesar del asesinato de Colosio –o, si se quiere, justo por ese magnicidio–, Salinas sólo pudo cumplir uno de sus tres objetivos transexenales: personal, de grupo y de proyecto; Zedillo rompió con Salinas para desembarazarse del asesinato de Colosio y no hubo ya continuidad de equipo, sino de proyecto; el neoliberalismo se extendió vía la Secretaría de Hacienda del 2000 al 2018.

Ahora el presidente López Obrador ha definido su proyecto de reformasposneoliberales al proyecto salinista neoliberal y en ese escenario se habla de dos años más para amarrar avances. Los dos años no son inventados: los presidentes necesitan garantizar en las dos cámaras la mayoría absoluta de su partido, la mayoría calificada con alianzas para modificar la Constitución sin pactar con la oposición.

Un análisis de tiempos políticos ayuda a entender el debate actual: Morena necesita mantener y ampliar su mayoría de 53% y garantizar 67% de votos con sus aliados, algo que hoy apenas logra; en el Senado carece de las dos mayorías. Por eso Morena requiere mantener y avanzar en su mayoría de diputados, mantener aliados en posiciones de poder para buscar –además de sostener esa mayoría en las elecciones de 2024– las dos mayorías calificadas en el Senado. Y en este contexto, el presidente buscaría una prórroga de su mandato por dos años –2024-2025, que le debieran de corresponder al siguiente sexenio– para consolidar sus reformas de la 4ª-T e impulsar las nuevas.

El esquema presentado revela una enorme operación política nunca antes vista. El presidente Elías Calles fue impuesto por el presidente Obregón justo para modificar la Constitución y avalar la reelección. La clave real de la reforma de Elías Calles estuvo en el hecho de que la primera reforma de 1927 permitió la reelección sólo por un periodo de cuatro años más, en tanto que la de 1928 amplió las gestión presidencial a seis años y ya sin la limitación de sólo un periodo.

Obregón y Elías Calles tuvieron la mayoría calificada en las dos Cámaras; y Alemán y Echeverría también, pero nolograron el consenso de la clase política priísta. Salinas inició su sexenio con el 54% de diputados, subió a 60% en 1991 y Zedillo perdió su elección intermedia al conseguir sólo 48.7%. La mayoría de 1991 le alcanzó a Salinas para aprobar el neoliberalismo, la privatización de empresas públicas y el Tratado.

La clave del proyecto de la 4ª-T para 2024, por lo tanto, depende primero de que Morena gane la mayoría absoluta por sí misma el 6 de junio y logre mayoría calificada con sus seis aliados; en caso de que no se cumpla esta hazaña, entonces todo el debate sobre la prórroga del periodo en al Corte y en la gestión presidencial saldrá sobrando.

 

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Política para dummies: La política es sentimiento, pero en las decisiones cuentan votos y curules.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Libros de Texto, como Estado ideológico priista vigente y Nexos como responsables 

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Carlos Ramírez
Como historiador del PRI como partido y crítico de sus prácticas de control social, el politólogo Luis Javier Garrido llegó a acuñar una frase que caló hondo en el ambiente cultural mexicano: “en México todos somos priístas hasta demostrar lo contrario”.

En los hechos, Garrido ser refería a la existencia de un Estado cultural ideológico del PRI que se imponía en la configuración de las mentalidades de los mexicanos: la educación ha sido lo que advirtió Althusser: un aparato ideológico del Estado. Entre otros mecanismos, uno era clave: los libros de texto gratuito que eran obligatorios y excluyentes y en ellos se conjugaba la interpretación ideológica obligatoria de México como la apropiación priísta de la historia.

El ensayista marxista José Revueltas lo vio con claridadEn lintroducción en 1976 a la reedición de su ensayo de 1958 México: una democracia bárbara, Revueltas aportó a la ciencia política mexicana una definición del régimen priísta: “El Estado mexicano no es totalitario”, es un “Estado ideológico total y totalizador” y se imponía sobre las masas por dos caminos: la ideología oficial vía la educación y el control de las relaciones sociales en el PRI.

La educación pública como eje instrumental de los gobiernos revolucionarios y posrevolucionarios priístas tuvo dos dinamos fundamentales: en 1934 el presidente Cárdenas llevó a la Constitución la educación socialista sin lucha de clases, sólo como definición ideológica científica; y en 1946 el presidente Alemán reformó el artículo 3 constitucional para definir el modelo priísta de bienestar como placvebo de democracia.

Con el apoyo de Salinas de Gortari, dos importantes miembros de la Comisión Binacional Mexico-EU propusieron en 1987 la reescritura de los libros de texto para lobotomizar sus puntos conflictivos referidos al conflicto histórico con EE. UU. por el robo de la mitad del territorio en 1847. En el documento El desafío de la Interdependencia, Carlos Fuentes y Héctor Aguilar Camín (Grupo (A)Nexos) adelantaron la fusión comercial bilateral, pero a condición de desaparecer de la conciencia mexicana educativa el tema de Texas, Nuevo México, Arizona, California y otros territorios mexicanos robados.

Y en 1992, con Zedillo como secretario salinista de Educación Pública, el gobierno mexicano le cedió al Grupo (A)Nexos de Aguilar Camín la revisión y reescritura de los libros de texto gratuito, con el nunca olvidado tema incluido del movimiento estudiantil de 1968 y la referencia a la matanza de Tlatelolco”, decían, por parte de las fuerzas armadas. El debate fue tan intenso, que Salinas y Zedillo recularon y tuvieron que guillotinar millones de libros para que no se oficializara el nuevo enfoque ideológico del neoliberalismo.

En este contexto se debe asumir la iniciativa del gobierno del presidente López Obrador para revisar y reescribir los libros de texto, a fin de revalidar y redinamizar su propuesta de Cuarta Transformación. En los hechos, los libros actuales son fuente educativa en la formación de los niños del Estado neoliberal salinista.

La obligatoriedad de los libros de texto como esencia del conocimiento educativo en los niveles de educación básica y media conduce a la interpretación oficial de la realidad nacional que debe de cincelar la conciencia de los niños. El contenido de los libros ha construido la interpretación de la historia que deben memorizar los niños, con la circunstancia agravante de que la contrarrevolución neoliberal de Salinas de Gortari mantuvo la esencia de dominación de la ideología oficial de la historiapero liquidó la Revolución Mexicana en el PRI y en la realidad e impuso el concepto juarista de “liberalismo social” que fundó el capitalismo privado que luego potenciaría el juarista Porfirio Díaz.

Los libros de texto quedaron tocados por la reescritura de algunas de sus partes que hicieron los expertos del Grupo(A) Nexos de Aguilar Camín para fortalecer el neoliberalismo salinista. La 4ª-T de López Obrador quiere reconstruir el papel preponderante del Estado como una instancia ideológica y económica y para ello necesita destruir las bases ideológicas del régimen priísta neoliberal de Salinas que siguió vigente –obvio– con los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón y desde luego con el salinista Peña Nieto.

En el fondo, siguiendo a Luis Javier Garrido, los mexicanos siguen siendo forjados como priístas a través de los libros de texto gratuito.

 

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Política para dummies: La historia, además de la lucha de clases, es producto de la batalla por las ideas vía la educación.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Ante baja de Morena, las reformas de la 4ªT son banderas de campaña

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Carlos Ramírez
La reforma judicial con la incorporación del ministro presidente de la Corte como eje de contención jurídica y el anuncio del líder senatorial morenista Ricardo Monreal Avila de una próxima reforma electoral integral son indicios de las últimas tendencias de votos: Morena ha comenzado a enfriarseen los ánimos porque el presidente López Obrador no está en la boleta y en consecuencia las transformaciones se usarán como banderas de campaña para estimular a los votantes.

Los últimos datos electorales aparecen contradictorios: en unas encuestas Morena aparece reproduciendo el saldo de 2018 de mayoría absoluta por sí y mayoría calificada con alianzas, pero el escenario más negativo muestra que Morena y aliados no podrían alcanzar siquiera la mayoría absoluta. A ello se agrega el hecho de que otras encuestas estarían mostrando una apatía normal del electorado ante votaciones intermedias, a pesar de las quince gubernaturas y las miles de presidencias municipales.

El dato puede tener una lectura paradójica: la confianza electoral en Morena no tendría que refrendarse en las urnas, aunque en las encuestas. Sin embargo, los estrategas de Morena están preocupados por los indicios de baja asistencia a las urnas. La oposición, en todo caso, carece de recursos y experiencia en organización territorial de votantes y el PRI perdió en el gobierno de Salinas de Gortari su capacidad de movilización de electores.

En este contexto, el adelanto de algunas reformas y los indicios de otras que iban a conocerse en la próxima legislatura han sido aireadas para aprovechar el ambiente electoral y poner en las campañas los temas centrales de las reformas y transformaciones del sistema/régimen/Estado de la 4ª-T. La declaración presidencial de que pondría en marcha el veto presidencial si la oposición ganaba la mayoría absoluta en la Cámara y frenara el presupuesto fue, en realidad, un escenario adelantado de lo que pudiera venir, aunque en realidad la oposición ni siquiera esté pensando en afectar los presupuestos asistencialistas.

Inclusive, el asunto de la reelecciónpresidencial –negada y firmada por el propio presidente de la república– forma parte de los temas motivacionales para llevar a los electores a las urnas, junto con la reforma electoral, la reorganización del Instituto Electoral, las reformas eléctrica y petrolera, la profundización de la reforma educativa y la revisión de contenido de los libros de texto gratuito, entre otras.

La lista de iniciativas pendientes y en curso necesitan de forma obligatoria cuando menos la mayoría absoluta de Morena en la Cámara –por sí misma o en alianza con sus partidos satélite– y de manera ideal se buscaría la mayoría calificada –dos terceras partes de la Cámara– para modificar la Constitución sin alianzas opositoras. Por sí sola la Cámara baja no podría cambiar la Constitución porque se requiere del refrendo en el Senado donde Morena no tiene mayoría calificada y sí la absoluta. Pero un buen paso hacia el avance en curules senatoriales para el 2024 sería una mayoría de dos terceras partes en diputados.

El número y diferentes resultados de las encuestas ofrece escenarios inciertos, pero las estimaciones de Morena han generado algunas preocupaciones por la declinación en algunas plazas y las pugnas internas que podrían llevar a votos negados. El posicionamiento mediático de la crisis en la candidatura guerrerense de Félix Salgado Macedonio ha comenzado a tener efecto negativo en tendencias de voto en las encuestas.

De ahí la urgencia de adelantarreformas para meterlas en la campaña y concitar votos para la próxima mayoría legislativa.

 

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Tendencias. De los estados donde la oposición ha comenzado a avanzar en elección de gobernador, Sinaloa está prendiendo focos en el tablero de Morena. La mejora electoral del candidato aliancista Mario Zamora Gastélum y el estancamiento del candidato morenista Rubén Rocha Moya ha comenzado a movilizar apoyos de grupos de poder del PRI en la entidad. Hoy los datos no indican una voltereta, pero vienen las semanas más activas. De los gobernadores priístas salientes el sinaloense Quirino Ordaz Coppel es el que está mejor posicionado y eso cuenta a la hora de compartir simpatías. El PRI local puede activar votos ante la ausencia de estructuras territorial de Morena y la labor del candidato morenista como jefe de asesores de dos gobernadores priístas.

Política para dummies: La política nunca duerme…, o los políticos nunca debieran dormirse.

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