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Carlos Ramírez

Los países de Iberoamérica y el Caribe han dejado de ser ya el patio trasero de Estados Unidos y se han convertido en la tierra de nadie, aunque sin futuro para sus pueblos. La Doctrina Monroe –“América para los americanos”– de 1823 justificó la expansión territorial de la segunda mitad del siglo XIX y luego la configuración de muros de agua para aislarlo de la tentación comunista de mediados del siglo XX.

El continente americano aparece hoy a la deriva en los planes estratégicos de la Casa Blanca. El aislamiento migratorio racista del presidente Donald Trump se manifiesta sobreviviendo en el aislamiento migratorio legalista del presidente Joseph Biden. El asunto radica en la imposibilidad práctica interna de Estados Unidos para recibir los millones de iberoamericanos y caribeños que marchan hacia territorio estadounidense en busca de empleo y bienestar que el capitalismo americano en sus países no les ha podido proporcionar.

La comunidad Iberoamericana y caribeña representa una población de más de 750 millones de personas, con países de diferente grado de desarrollo, con una engañosa herencia cultural ya dispersa y niveles de desarrollo desigual dependientes de la economía estadounidense. Del lado contrario, Estados Unidos ha demostrado con el Tratado de Comercio Libre con México que carece ya de la potencialidad económica y productiva para liderar la dependencia de otros países y que el capitalismo como modelo económico ha llegado a su tope productivo.

La ola migratoria Iberoamericana y caribeña hacia Estados Unidos se reduce a unos cuántos países: Haití con más de 11 millones de personas, Cuba también con más de 11 millones, Guatemala con 17 millones, El Salvador con 6 millones, Honduras con casi 10 millones y México con 120 millones, con un total de alrededor de 175 millones de habitantes, poco más de la mitad de la población total de Estados Unidos. Y aunque no todos los nacionales de países en crisis quieren ingresar a Estados Unidos, de todos modos, pudiera considerarse una población migrante de alrededor de 15 millones en busca de mejores condiciones de vida en EU.

El enfoque imperial de dominación de la Casa Blanca del territorio iberoamericano y caribeño como propiedad estratégica de seguridad nacional se ha convertido en una carga para el gobierno estadounidense. El problema se localiza en el hecho de que Washington nunca definió proyectos nacionales de desarrollo para los países de la región, de tal manera que la dependencia y subordinación se fue convirtiendo en un lastre para Estados Unidos.

Del lado contrario, los países iberoamericanos y caribeños se sintieron cómodos en su dependencia de la economía y la defensa por parte de Estados Unidos, a sabiendas de que implicaba un costo político soberano de subordinación de seguridad nacional. Los gobernantes de la Casa Blanca optaron por delegar el control de los países de la región a dictadores locales de todo tipo y les otorgaron el apoyo militar y policiaco para la represión de protestas y disidencias.

El Tratado de Estados Unidos con México tuvo una doble dimensión, a decir del embajador de Estados Unidos en México en 1991, el estratega y gran jefe de seguridad y espionaje de la Casa Blanca, John Dimitri Negroponte: absorber a México como mercado de consumo con sus potenciales 120 millones de personas como mercado para productos estadounidenses, al tiempo que esa subordinación desactivaría de manera permanente la rencilla histórica del nacionalismo mexicano que se nutrió del despojo de la mitad del territorio en 1846 para anexarlo al expansionismo territorial del imperio estadounidense.

El Tratado, en efecto, funcionó como subordinación política e ideológica, pero no potenció el crecimiento económico de México más allá del 2.2% del PIB promedio anual, en tanto que la meta real para generar riqueza y bienestar sin migración ilegal a Estados Unidos debía de ser de 6% del PIB. En los treinta años del Tratado comercial la migración forzada mexicana a EU no bajó de las cifras anteriores al acuerdo productivo, porque la multiplicación por diez del comercio exterior mexicano no aumentó la oferta de empleo. Como dato comparativo, el PIB promedio anual en el periodo populista mexicano 1934-1982 fue de 6%.

La respuesta de los gobiernos estadounidenses de Clinton a Biden, el gran período de aumento de la migración ilegal, ha sido policiaco y carente de entendimiento de las razones estructurales de esa movilización masiva. El sistema capitalista en los países de la región Iberoamericana y caribeña ha fracasado en la creación de empleo y bienestar y no ha sido capaz de arraigar a sus habitantes. Y a la situación de crisis económica del sistema productivo se agrega el auge de la violencia y el crimen organizado que nació y creció al amparo de la demanda de droga de los consumidores estadounidenses y a la falta de una previsión de seguridad estratégica de Estados Unidos porque la relación consumo de drogas-carteles nacionales fue automática.

La victoria estadounidense de la guerra fría ideológica y de modelo económico no tuvo en los sectores de inteligencia y seguridad nacional la reflexión necesaria para prever el colapso de los países dependientes en América. El volumen de migrantes de Haití, el triángulo del norte de Centroamérica y México ha sido potenciado por el crimen organizado y la fuga de personas de comunidades ahogadas por la violencia de grupos fortalecidos por el tráfico de drogas a los adictos estadounidenses.

Ante la falta de decisión de la Casa Blanca para combatir con efectividad el tráfico y consumo de drogas y agotarse solo en la atención médica de consumidores, la crisis de seguridad en los países iberoamericanos y caribeños seguirá creciendo y por tanto continuará el aumento de las olas migratorias que en el fondo reflejan la responsabilidad la de económica y de seguridad de Estados Unidos en su zona de dominación continental.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.

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Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Chocan AMLO e IFT por concesión de Telmex sin cumplir convenios de 1990

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Carlos Ramírez

La sospechosa renovación del título de concesión de teléfonos de México en 2016 para el periodo 2026-2056 llegó a Palacio Nacional y causó ya los primeros estragos en  los valores accionarios de Carlos Slim Helú en la bolsa Mexicana de Valores.

El punto más conflictivo radica en la decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones en diciembre de 2016 para adelantar la ratificación de la concesión que se vencía hasta 2026 y extenderla por treinta años más hasta 2056, a pesar de que en 1990 se señaló que se podía dar un periodo adicional sólo de quince años; además, la de 2016 fue una decisión provisional que tendría el cumplimiento oficial en marzo de 2026. El adelanto de la aprobación fue para evitar que se debatiera en el periodo presidencial de López Obrador.

Una pregunta sembrada en la conferencia mañanera del jueves 21 por un reportero cuyo sitio en YouTube tiene publicidad de las empresas de Slim provocó una respuesta confusa del presidente de la república y un comunicado oficial del IFT exigiendo que el mandatario sacara las manos del proceso porque, según el organismo, no le corresponde.

Sin embargo, el presidente de la república tiene facultades legales para intervenir en decisiones que tienen que ver con concesiones de servicio público, posee derecho de veto, tiene la responsabilidad de conducir los recursos estratégicos de la república, está facultado para evitar los monopolios privados (como el de Telmex), es responsable de la rectoría del Estado y puede ejercer la aplicación de la vigente ley de expropiaciones que promulgó con sentido nacionalista el presidente Lázaro Cárdenas el 25 de noviembre de 1936.

La confusión no aclarada por el IFT se encuentra en ratificación del título de concesión. Sin embargo, ese título entregado por el presidente Carlos Salinas de Gortari vencerá en 2026, permitiría una extensión por solo quince años más, y de manera formal el servicio telefónico regresaría a manos del Estado y el Estado tendría la facultad de otorgar la concesión a Slim o a otra empresa o mantenerla bajo su dominio por razones estratégicas y de seguridad nacional.

En todo caso, el Instituto estaría en la obligación institucional de anular este proceso y en el 2023 abrir otro de acuerdo con las circunstancias actuales. Las razones que emitió en el 2016 el IFT para embargar su oficialización siete años hasta marzo del 2023 sirven hoy para revisar el funcionamiento de la empresa en manos de Slim por otros treinta años: las modificaciones a los servicios de comunicaciones por avances tecnológicos. Suena absurdo adelantar la aprobación, aguantarla siete años y aprobarla por las razones de 2016.

Mientras todo esto ocurre, Teléfonos de México ha entrado en una etapa de desensamblaje porque el empresario Slim le está quitando funciones y algunos servicios que ha ido pasando a sus dos empresas privadas fundadas desde Telmex: América Móvil y Telcel. Esta semana se decidirá el emplazamiento a huelga que hizo el sindicato de Telmex acusando a Slim de transferir a trabajadores y jubilados a sus empresas privadas sin reconocerles antigüedad ni derechos.

La estrategia de Slim pudiera ser la de dejar a Telmex como un esqueleto al servicio de sus negocios privados en telefonía, todo ello incumpliendo con impunidad las condiciones establecidas en el título de concesión de 1990 de apoyo al sector social. En pocas palabras, Slim está exprimiendo Telmex para fortalecer a América Móvil y a Telcel con acciones que estarían violando el título de concesión y por lo tanto el Instituto estaría obligado a suspenderlo.

En estas circunstancias, para cumplir su papel de regulador real y no formal del área de telecomunicaciones, el IFT estaría obligado a revisar bajo condiciones y circunstancias de hoy el título de concesión que de manera sospechosa ratificó hace cinco años y lo mantuvo en la congeladora. Los datos de la revisión del contrato colectivo y las quejas del sindicato son argumentos suficientes para concluir que Slim no ha cumplido con los compromisos de la concesión.

En este contexto se debe leer el comunicado de prensa del IFT que le exige al presidente López Obrador que no se meta en una concesión estratégica del Estado. Pero el IFT debería de leer y atender el análisis de Telmex que publicó a finales del 2014 el expresidente Salinas probando el incumplimiento de Slim de los compromisos de la concesión de 1990.

 

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Política para dummies: la política siempre beneficiará al más fuerte y siempre se sabrá quién es el poderoso.

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Carlos Ramírez

Indicador Político-Rompen Slim y Pérez Simón; Telmex, a revisión

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Carlos Ramírez

Aunque el tema pudiera tienes referencias de manera exclusiva en México, en realidad el espacio económico y social en España de Teléfonos de México, Carlos Slim Helú y su exsocio Juan Antonio Pérez Simón ha sido creciente en manera importante. Slim por los negocios y Pérez Simón por su influencia en el ámbito cultural y en el espacio de la monarquía.

El primer dato que llama la atención ha sido el silencio que ha tenido la ruptura de relaciones personales y de negocios entre Slim y Pérez Simón, que habían participado en la sociedad original en 1990 para comprar la empresa estatal Teléfonos de México. En 2018, de manera agresiva, Slim despidió a Pérez Simón de la sociedad y le liquidó su participación en la empresa.

Ahora Teléfonos de México enfrenta un período de año y medio de debate público porque el título de concesión vencerá en el 2023 y tendrá que renovarse por treinta años más. por ahora, Slim y Telmex lograron capitalizar las relaciones políticas y de poder con el régimen priísta para la aprobación adelantada de la concesión en el 2016, pero que deberá ser ratificada en marzo del 2023.

La historia de las privatizaciones de empresas públicas en México durante el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se ha reabierto hoy con la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de proponer el regreso del dominio del Estado a la Comisión Federal de Electricidad, liquidando la apertura a la inversión privada en ese sector con la reforma eléctrica de 2013 realizada por el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El debate sobre esta reforma a la reforma va a revisar de manera crítica el modelo de las privatizaciones realizadas por Salinas de Gortari en cuando menos tres sectores fundamentales y estratégicos: la banca privada, la industria siderúrgica y Teléfonos de México.

Slim y Peña Nieto unieron fuerzas en el 2014 para modificar la estructura de concesiones de espacios que son propiedad de la nación por mandato constitucional, entre ellos la telefonía: la decisión de otorgar concesiones en las telecomunicaciones pasó del presidente de la república –por su carácter estratégico– al Instituto Federal de Telecomunicaciones formado por funcionarios especializados en el tema y votados en el Congreso a propuesta presidencial. El argumento fue el de despolitizar y profesionalizar la toma de decisiones.

El siguiente movimiento político fue el de adelantar en 2016 la extensión del título de concesión que vencería en 2023. En ese año de 2016, la fuerza política del presidente Peña Nieto había entrado en severo colapso por el caso de la Casa Blanca –una nueva residencia privada del mandatario que había sido construida con dinero de contratistas del gobierno– y el colapso político provocado por la desaparición y presunta liquidación de 43 estudiantes normalistas de Guerrero.

Ante las expectativas en 2016 de que el candidato opositor López Obrador estaba encabezando todas las encuestas de elecciones presidenciales del 2018, Slim operó con Peña Nieto un candado adelantado para la concesión de Telmex. Sin embargo, por razones legales, la ratificación de la extensión de la concesión por treinta años más concedida en 2016 tendría que oficializarse en marzo de 2023, dentro de dieciocho meses.

La privatización de Telmex marcó el sentido de las privatizaciones de empresas públicas que realizó el presidente Salinas de Gortari. En el imaginario popular quedó la interpretación de que hubo una decisión política en la entrega de Telmex a Slim y hasta la fecha no ha podido borrarse la idea de un paquete accionario fantasmal en manos del expresidente.

Salinas ha tenido que combatir con ese ambiente. En diciembre de 2014 Salinas publicó dos textos en el periódico El Financiero para dar su explicación sobre Telmex y señalar que Slim traicionó el sentido de desarrollo de esa privatización y convirtió la empresa en un pivote de enriquecimiento personal y familiar aprovechando los errores de regulación del Estado que siguen hasta la fecha. Salinas, inclusive, reveló que la verdadera fortuna de Slim no está en Teléfonos de México, sino en el consorcio América Móvil que construyó un imperio continental a partir de la telefonía celular derivada de la telefonía fija. En 2014 Salinas dijo que América Móvil valía 100,000 millones de dólares, dato que aumentaría exponencialmente la fortuna del empresario de origen libanés.

La ruptura de Slim con el empresario Pérez Simón ha comenzado a provocar algunas preguntas En España, donde Pérez Simón ha desarrollado actividades de apoyo a museos y ha mantenido una relación de alto nivel dentro de la monarquía. Cuando Slim lo despidió como accionista de Telmex, Pérez Simón dijo que no necesitaba más dinero y que se dedicaría a la promoción y protección de la cultura, a partir de la posesión de una de las más importantes y valiosas colecciones de pinturas y esculturas.

Por cierto, una versión aún no impresa de las memorias de Pérez Simón está causando inquietudes en la familia Slim Helú.

Aunque no hay ahora ninguna iniciativa del Gobierno de López Obrador para modificar la condición de Teléfonos de México como empresa concesionada a Slim Helú, el periodista José Martínez Mendoza –autor de una biografía sobre el empresario– reveló el hecho de la ratificación de la extensión de la concesión en marzo del 2023 y el asunto ha comenzado a analizar el papel de la telefonía como uno de los pivotes del nuevo modelo de desarrollo mexicano.

El debate es muy sencillo: las empresas públicas fueron privatizadas porque el Estado no contaba con recursos para su modernización, pero pidió que su operación empresarial ayudar a al desarrollo y al bienestar. A la vuelta de más de treinta años, Telmex aparece como un monopolio de las conexiones y ayudado solo a construir una de las fortunas familiares más importantes de la historia del México independiente, pero sin contribuir a la dinámica productiva nacional.

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Carlos Ramírez

Indicador político- Cárdenas y el PRD demandaron juicio político contra Salinas por Telmex

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Carlos Ramírez

En su etapa neoliberal salinista-zedillista, la bancada priísta en la Cámara de Diputados rechazó en 1996 la demanda de juicio político solicitada por el PRD cardenista-lopezobradorista contra el expresidente Carlos Salinas de Gortari y los funcionarios que operaron la privatización de teléfonos de México a favor del empresario salinista Carlos Slim Helú.

La solicitud se basó en cinco puntos importantes:

1.- La protección monopólica decidida en la venta de la empresa para el servicio telefónico local y limitada seis años en el de larga distancia nacional e internacional;

2.- El aumento y consideración de “autogestión tarifaria”;

3.- Los subsidios fiscales a Telmex; la impunidad para que Telmex pasará de 1990 a 1994 a hacer el mejor negocio del mundo sin mayor compromiso de los nuevos propietarios, al obtener subsidios fiscales por 1,783 millones de dólares y una utilidad anual promedio de 2,293 millones de dólares, que hicieron un promedio anual de utilidad desde 103% sobre los 3,935 millones de dólares que significaron el importe exhibido del capital social de Telmex a diciembre de 1990.

4.- La manipulación fraudulenta de cifras con una falsa proyección anual de utilidades de 1,000 millones de dólares y con una tasa de descuento de 14% al avalúo del capital social en 1990, que sumó 7,386 millones de dólares, con el apoyo del avalúo del Banco internacional y Goldman Sachs, cuando en realidad el avalúo no manipulado hubiera llegado a casi 30,000 millones de dólares y a un precio por acción de 6.87 dólares.

En función de estos y muchos otros datos, Cuauhtémoc Cárdenas y el PRD demandaron “la declaración de nulidad absoluta del acto administrativo denominado modificación del título de concesión de teléfonos de México S.A. de C.V. con todas sus consecuencias que conforme a derecho corresponden”. El punto central se basó en el señalamiento de que se concesionaba Teléfonos de México a Slim Helú y socios extranjeros y se lo otorgaba una condición de monopolio privado del servicio telefónico contraviniendo el mandato constitucional antimonopólico.

En síntesis, la demanda denunciaba dos fraudes: el primero a la nación por 15,376 millones de dólares y el segundo en contra de los ahorradores y público mexicano y en particular estadounidense por 5,800 millones de dólares, además de que al monopolio privado de Telmex se le otorgó un regalo fiscal de 10,000 millones de dólares por medio de la ley del impuesto por la prestación de servicios telefónicos.

El 25 de enero de 1995, una copia completa de la solicitud de juicio político contra el expresidente Salinas de Gortari y sus funcionarios privatizadores fue enviada al presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y a sus secretarios de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, Hacienda y Contraloría de la Federación, sin que se logrará alguna respuesta.

El 23 de enero de 1996, las comisiones Unidas de Gobernación y puntos constitucionales y de Justicia del la Cámara de Diputados (300 diputados del PRI, el 60% del total) informó al diputado perredista Jesús Zambrano Grijalva de la exoneración de los funcionarios acusados: Carlos Salinas de Gortari, Pedro Aspe Armella (Hacienda), María Elena Vázquez Nava (Contraloría General de la Federación): “no hay lugar a incoar juicio político”.

La decisión de vender Teléfonos de México fue tomada por el presidente Salinas en función de su modelo de reorganización económica del Estado en prejuicio de la sociedad que siguió padeciendo el funcionamiento monopólico empresarial de Telmex primero en servicio telefónico y en interconexiones. Telmex dio luz al grupo Carso y después a América móvil, el triunvirato del poder económico de la familia Slim Helú nacida por una decisión política del presidente de la República que no escuchó advertencias del costo económico político y social de la decisión. Y si se cumplió con la formalidad de un proceso de desincorporación, Slim Helú no fue cualquier empresario que iba pasando frente a Los Pinos sino que prefiguró la construcción de una nueva plutocracia del poder presidencial del PRI que nunca se supo capitalizar para el Estado o para la sociedad.

Los datos de la demanda de Cárdenas y el PRD siguen vigentes para revisar con ojos de otro Estado el título de concesión de Slim que se quiere extender hasta 2056.

 

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