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Carlos Ramírez
Una vez que el Tribunal Electoral dictaminó la negativa del INE a las candidaturas de Morena en Guerrero y Michoacán, la función legal del Instituto Electoral terminó su tarea específica y sus funcionarios debieron de regresar a administrar sus tareas procedimentales de padrón, casillas, funcionarios vigilantes, votos y conteo.

En este contexto, no se entienden las razones legales que puedan tener Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama Rendón para inventar un debate sobre la democracia y subirse al ring contra el presidente de la república y sus espacios para pronunciarse sobre la democracia. Córdova se ha puesto los guantes contra López Obrador y Murayama se ha investido de caballero andante contra el populismo morenista y lopezobradorista.

Porque una cosa es la democracia como procedimiento plebiscitario para elegir gobernantes en diferentes niveles de gobierno y otra cosa la democracia como forma de régimen político. Y desde el escritorio del autoritarismo electoral, Córdova y Murayama quieren convertirse en los comisarios de la democracia como ideología, filosofía, forma de gobierno y funcionamiento institucional, tareas, por cierto, ajenas a sus funciones estrictas de hacer elecciones.

La intención de los dos funcionarios del INE tiene el sentido de evitar uno de los procesos propios de la democracia: la votación legal y legitima por funcionarios electos que en el poder cambien el sentido de la democracia. Pero se trata de un enfoque estalinista: evitar críticas suponiendo tentaciones dictatoriales. Pero hasta ahora, el presidente López Obrador no ha tomado ninguna decisión que rompael orden democrático legal existente, aunque, como todos los políticos e inclusive los ideólogos del INE, pueda caminar por el filo de la navaja procedimental.

En la realidad, nada tiene que decir Córdova Vianello de la democracia como forma de gobierno o de funcionamiento de las instituciones y de sus titulares, y peor aún adelantando suposiciones autoritarias. Y Murayama carece de facultades para utilizar de manera mañosa y tramposa su cargo de consejero electoral y co-presidente del INE, para criticar, censurar y solicitar que no se vote por el populismo.

En los hechos, Córdova Vianello y Murayama Rendón están cometiendo un delito electoral: con sus críticas, mensajes, discursos y patrocinio de libros están induciendo el voto contra Morena como uno de los contendientes. Nadie ha objetado la aplicación de un reglamentopara sacar de la contienda a dos figuras del morenismo, pero en las últimas horas los dos han estado dando declaraciones que los meten como protagonistas en el proceso electoral.

En su oposición al populismo desde la perspectiva del neoliberalismo salinista que le dio nacimiento y sentido al INE y que le impuso el ADN ideológico, Córdova Vianello y Murayama Rendón ya dieron forma al Partido INE como organización participante en la contienda en consonancia con los objetivos de la alianza salinista PRI-PAN-PRD. Eso si, los dos han guardado silencio intelectual y político del papel del salinismo neoliberal como populismo conservador.

El consejo general del Partido INEdebería aplicar el reglamento que le exige a los funcionarios del organismo electoral no involucrarse en los procesos electorales para beneficiar a alguno de los contendientes. Córdova Vianello y Murayama Rendón hacen recordar al famoso Tirantes, el réferi de las luchas de la Triple A que siempre intervenía para beneficiar a alguno de los luchadores y afectar al otro.

Los debates en medios de Córdova Vianello y Murayama Rendón podrían ser elementos probatorios para alguna futura denuncia contra la parcialidad de la autoridad electoral contra uno de los contendientes. Al final, la neurosis del micrófono de los dos funcionarios del INE serán elementos para la reforma del Instituto antes de que los dos terminen su gestión en 2023.

 

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Política, economía y deporte. El caso del entrenador Ricardo Tuca Ferreti, del equipo de futbol de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, tiene tintes políticos y empresariales. Las empresas regiomontanas patrocinadoras del equipo se molestaron con las quejas del director técnico por tratos económicos y lo cesaron. La empresa CEMEX fue la más molesta con las quejas del Tuca y afirmó que eran de deslealtad.

Política para dummies: La política es de reglas, comenzado por las que controlan a los réferis y árbitros.

 

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.

 

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Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Buendía: pistas de la CIA, el narco, la DFS y el Irancontra de Reagan

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Carlos Ramírez

Muchas de las pistas del asesinato de Manuel Buendía se perdieron en la investigación que hizo el mismo gobierno mexicano que estaba en la mira del columnista por la alianza de muchos de sus funcionarios con los primeros cártelesde la droga.

Hoy se reproduce aquí la columna del famoso periodista Jack Anderson que revela esas pistas que nunca se indagaron:

 

Una exclusiva fatal de periodista mexicano

Por JACK ANDERSON y DALE VAN ATTA

21 de agosto de 1990

Como uno de los periodistas de investigación más famosos de México, Manuel Buendía había pisado muchos dedos en el momento en que fue asesinado en mayo de 1984. Pero resulta que su asesinato fue más que una mera retribución de uno de los muchos funcionarios corruptos y narcotraficantes él había desenmascarado su investigación.

Ahora parece que Buendía, conocido por algunos como el Jack Anderson mexicano, fue asesinado en un encubrimiento generalizado de una red internacional de tráfico de drogas que contaba con la complicidad del gobierno mexicano y que incluso había llegado a la CIA. El intrépido Buendía se había acercadoincómodamente a las operaciones de drogas ilegales protegidas por la versión mexicana del FBI (la Federal de Seguridad), utilizada por la CIA para enviar armas a contraguerrillas en Nicaragua.

Su columna “Private Network” (Red Privada) había ganado los premios de periodismo más prestigiosos de su país. El entonces presidente Miguel de la Madrid asistió a su funeral. Sin embargo, las autoridades mexicanas se esforzaron por investigar su asesinato. Solo el año pasado (1989), el gobierno acusó a José Antonio Zorrilla. En el momento del asesinato, Zorilla era jefe de la Dirección Federal de Seguridad o DFS, el FBI de México (era más bien una CIA). Las acusaciones alegaban que Zorilla planeó el asesinato por temor a que el periodista revelara sus vínculos con el narcotráfico. La culpabilidad puede no terminar con él. Las investigaciones de Buendia sobre la CIA, el tráfico y la corrupción oficial le dieron enemigos en lugares aún más altos.

Los documentos de la Drug Enforcement Agency revelados recientemente en un juicio en Los Ángeles por el asesinato de un agente de la DEA demuestran que Buendia estaba investigando cifras en el gobierno y la industria de la droga. Los informes de la DEA revelan entrevistas de la agencia con un estadounidense, Laurence Victor Harrison, que estableció las comunicaciones de radio para los barones de la droga mexicanos a mediados de la década de 1980. En una entrevista en febrero pasado, Harrison dijo que sabía cómo información privilegiada que Buendía estaba investigando los vínculos entre el narcotráfico y los funcionarios mexicanos. Entre los oficiales sobre los que estaba haciendo preguntas estaba Manuel Bartlett Díaz, y luego el jefe de Zorrilla como ministro del Interior. Bartlett ahora es ministro de educación.

Harrison le dijo a la DEA que Buendía recibió algunas pistas de Javier Juárez Vásquez, entonces editor del periódico (veracruzano) Primera Plana. El cuerpo torturado de Vásquez fue encontrado un día después del asesinato de Buendía. Vásquez le había contado a Buendía sobre un rancho supuestamente propiedad de narcotraficantes y usado por la CIA para entrenar guerrilleros. Aparentemente, la fuente de Buendia también había revelado información sobre pistas de aterrizaje propiedad de capos de la droga y utilizada por la CIA para llevar armas a contras(nicaragüenses). El informe de la DEA dice que a los pilotos que voló armas se les permitió hacer el viaje de regreso más rentable recogiendo cocaína en Colombia. Se recargarían en las pistas de aterrizaje en ruta a Miami. Cuando le preguntamos al vocero de la CIA, Mark Mansfield, sobre las acusaciones, insistió en que “la CIA nunca usó traficantes de drogas o territorio mexicano como un conducto para apoyar a ningún tipo contra los contras”. Pero las contras le dijeron a nuestro asociado Dean Boyd que las pistas de aterrizaje mexicanas habían figurado en el esfuerzo armamentístico. Los investigadores del Senado confirmaron que eran los mismos manejados por narcotraficantes.

Buendia lo había conseguido todo, pero lo que podría haber sido su mayor primicia nunca la pudo publicar.

 

Una nueva investigación podría hoy llegar más allá de la que controlaron De la Madrid y Bartlett.

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Política para dummies: Al final, la política es el juego perverso del poder.

Novedad editorial: adquiera el libro El shock neoliberal en México, Editorial Indicador Político, escrito por Carlos Ramírez, Samuel Schmidt y Rubi Rivera; disponible en Amazon en versión eBook digital o impresa: https://www.amazon.com/dp/B09919C13V

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Advertencias de Buendía en 1984, aún vigentes; la situación ha empeorado

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Carlos Ramírez

 

A la memoria de Carlos Miguel Salomón Fautsch y

abrazo fraternal a Carlos Salomón Cámara.

A treinta y siete años de distancia, la denuncia del columnista Manuel Buendía no fue atendida por la estructura gubernamental y social de seguridad y por eso la crisis en ese sector exhibe los conflictos de la acumulación de problemas. El columnista de Excélsior había revelado que el auge del narcotráfico se debía a la protección dada a las bandas por funcionarios.

A continuación los párrafos más importantes de la columna de Buendía publicada el 14 de mayo de 1984 dos semanas antes de su asesinato para callarlo:

“El procurador general de la República y el secretario de la Defensa nodeberían ignorar por más tiempo la advertencia que hicieron desde marzo los nueve obispos del Pacífico Sur, respecto al significado político que puede tener el incremento del narcotráfico en nuestro país, específicamente en los estados de Oaxaca y Chiapas.

“Tal como lo plantean –y como se desprende también de otras informaciones–, este asunto involucra la seguridad nacional.

“Los nueve dirigentes eclesiásticos coinciden con lo que saben otros observadores. Dicen que en este sucio negocio ‘existe la complicidad, directa o indirecta, de altos funcionarios públicos a nivel estatal y federal’.

“Pero principalmente afirman que con el narcotráfico puede quedar comprometida la imagen exterior de México, ‘si como país, damos cabida a mafias internacionales, que van a terminar por inmiscuirse en nuestros asuntos patrios’.

“Esto, el peligro de una ‘interferenciaextranjera’, es subrayado por los obispos, que no hacen más que recoger las preocupaciones de sectores sociales: ‘Tenemos el temor, no infundado, de que en México llegue a suceder lo que en otros países hermanos, donde estas redes de narcotraficantes han llegado a tener influencia política decisiva’.

“La lista de estos países en donde los narcotraficantes han tenido ‘decisiva influencia política’, incluye no solo a Italia, sino a otros cercanos a nosotros geográficamente, y ligados por una complicada urdimbre de relaciones.

Bolivia y Colombia son dos de estos países. Colombia se halla actualmente bajo estado de sitio después del asesinato del ministerio de justicia, liquidado por la omnipotente asociación de traficantes de drogas. Nadie ignora como en esos dos países los estupefacientes y la política han ido muchas veces de la mano.

“Pero es en Estados Unidos donde se da el fenómeno más peligroso no solo para su propia sociedad sino para los países del continente, especialmenteMéxico. El contubernio de políticos y miembros del crimen organizado –que incluye el comercio clandestino de enervantes– es cosa vieja en el esquema norteamericano, y un pilar para la ampliación constante del mercado, que estimula en otros territorios, como el nuestro, la producción.

“La denuncia de los nueve obispos no parece exagerada al decir que existe para México el peligro de la interferencia extranjera en nuestros ‘asuntos patrios’ por la vía de las mafias internacionales. Más bien se quedaron cortos. Ellos debieron haber señalado que en México ya se dio el caso de que ciertos hechos políticos, en el pasado inmediato, fueran marcados por la influencia de un notorio traficante de narcóticos.

“La corrupción, que es un fenómeno esencialmente político, fue incrementadadurante el sexenio pasado, en una medida de realidad incontrastable, por los intereses de ese traficante que ejerció su actividad casi a la luz pública.

“Pero se puede hablar de hechos más concretos. Por la cercanía que tuvo con el Presidente de la República, Arturo Durazo Moreno influyó en decisiones del gobierno como la represión contra supuestos enemigos, y también en algunos aspectos importantes de la información; o en la conducta de no pocos dirigentes sociales y de funcionarios que literalmente dependían de él para su provisión de enervantes o para el mantenimiento de sus equipos de ‘seguridad’.

“Dejó tan permeados los círculos oficiales Durazo Moreno, que el nuevo gobierno parece haber desistido ya de traerlo para que responda por una variedad de acusaciones penales. El miedo a su sola presencia en el país, prácticamente ha paralizado los esfuerzos para localizarlo y aprehenderlo.

(…)

“Pero con Durazo o no, la mafia internacional del narcotráfico ha incrementado evidentemente sus actividades en México, de 1982 a la fecha. Y esto, como señalan los nueve obispos, no se puede lograr sin complicidades internas”.

 

 

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Buendía: el reclamo de la memoria y por qué estamos como estamos

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Carlos Ramírez

El promovido documental sobre la vida del columnista Manuel Buendía confundió a los espectadores y dejó algunos sabores nada agradables de exoneración de funcionarios de Gobernación en el sexenio del presidente Miguel de la Madrid. Sin embargo, ayudó a refrescar la memoria para seguir insistiendo en qué el asesinato del periodista el 30 de mayo de 1984 marcó el inicio de la crisis de seguridad que responsabiliza al sector público de los saldos negativos.

De manera independiente al hecho de que es difícil –aunque no imposible– fincar conclusiones periciales de responsabilidades criminales a través de una investigación periodística, el documental recordó qué Buendía había comentado en su columna un desplegado de los obispos del Pacífico Sur denunciando la irrupción del narcotráfico y cooptando campesinos y funcionarios para dar inicio a los que fue la ola de descomposición de los cuerpos gubernamentales de seguridad y sus funciones al servicio de los primeros cárteles del narco.

A treinta y siete años de distancia y siete presidentes de la República, la crisis de seguridad se ha agravado y el involucramiento de autoridades municipales estatales y federales ha crecido a niveles alarmantes. El asesinato de Buendía fue un detonador que llamó la atención hacia conductas criminales que involucraban a un periodista que en el momento de su muerte estaba investigando alianzas de funcionarios del área de seguridad de la Secretaría de Gobernación, cuyo titular era Manuel Bartlett Díaz, con las bandas primarias de mariguaneros. En 1985 se supo que el capo Rafael Caro Quintero portaba una credencial válida y oficial como agente de la Dirección Federal de Seguridad de Gobernación, aunque con otro nombre; esas credenciales fueron solicitadas por la Procuraduría General de la República, cuyo titular era Sergio García Ramírez, para incorporarlas al expediente pericial, pero al final desaparecieronborrando pistas de la alianza narcos-Gobernación.

El asesinato de Buendía se dio previo al incidente que reventó las complicidades funcionarios-narcos: el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar en febrero de 1985, provocando una inusitada ola de presiones políticas del gobierno de Estados Unidos con denuncias de que el narco responsable directo del incidente estaba protegido por autoridades de la policía política de Gobernación.

El director de la Dirección Federal de Seguridad era José Antonio Zorrilla Pérez, quién había sido señalado sin pruebas como responsable del asesinato de Buendía. Zorrilla había sido secretario particular de Fernando Gutiérrez Barrios en la DFS, pero su posición como director había sido a propuesta de Bartlett Díaz. Inclusive, Bartlett comisionó de manera directa a Zorrilla como jefe de la investigación del asesinato de Buendía. En 1985 Zorrilla fue obligado a renunciar a la policía, apareció en las listas de diputado local por Hidalgo con la promesa de catapultarlo a la gubernatura, después renunció a esa nominación, estuvo en la clandestinidad y en 1989 fue arrestado por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari como responsable del asesinato de Buendía.

Una revisión de los expedientes de entonces revela que Zorrilla acumulaba más evidencias de estar protegiendo al narco que responsabilidad alguna en el asesinato del columnista. En una estridente campaña de medios, en 1985 el embajador estadounidense John Gavin emprendió una campaña de denuncia contra Zorrilla por los datos de alianzas con el narco, aunque algunas filtraciones periodísticas de entonces revelaban que Zorrilla como jefe de la policía política había roto relaciones con la CIA estadounidense y se había refugiado bajo la protección de la policía política de Alemania comunista, la temible STASI.

Zorrilla purgó veinticinco años de prisión por el asesinato de Buendía, pero no hubo ninguna investigación sobre sus vinculaciones con el narcotráfico y la protección que la DFS daba a los cargamentos de mariguana rumbo a EE. UU. De 1984 a la fecha, la vinculación de autoridades de seguridad protegiendo al narcotráfico y al crimen organizado hancrecido en evidencias probatorias y constituyen el punto central de la crisis actual de seguridad interior.

Buendía dio el aviso en 1984 y fue asesinado en lugar de atendido.

 

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Política para dummies: La política es lo que no quieren que sea.

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El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.

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