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Carlos Ramírez*

La carta aclaratoria de la Secretaría de la Defensa Nacional al columnista Raymundo Riva Palacio de El Financiero por el tema de las labores del ejército en actividades de seguridad, obras públicas y acciones cívicas aporta referentes sobre los fundamentos legales que explican la participación de militares en labores fuera de sus cuarteles.

El tema central radica en el hecho de que la seguridad nacional que corresponde a las fuerzas armadas se contiene en acciones que tienen efecto en el mantenimiento de la seguridad del Estado, de la sociedad, de la gobernabilidad democrática y de las condiciones para generar bienestar. Los nuevos enfoques de seguridad ya no satisfacen las actividades propias de la vigilancia, sino que definen la seguridad como parte de la estabilidad nacional para el crecimiento económico, el bienestar y el desarrollo, tres factores que definen hoy las doctrinas de seguridad interior.

Ahí, en la seguridad interior, se encuentra el punto a debatir. La seguridad no es sólo la aplicación de la ley y el uso de la fuerza hegemónica y legal del Estado para combatir cara a cara a grupos delictivos infractores de las leyes de convivencia social, sino que también tiene labores para restaurar la garantía de seguridad territorial para la inversión, la actividad productiva y el bienestar.

La seguridad pública asume características de seguridad interior cuando los grupos delictivos no afectan los bienes personales del ciudadano, sino que dañan la soberanía territorial del Estado, sus instituciones, su forma de gobierno y el modelo de desarrollo, es decir, cuando los delincuentes se convierten en Estado criminal. La seguridad interior es, dice la doctrina de seguridad al respecto, “la condición que proporciona el Estadomexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional”. Las policías protegen al ciudadano y las fuerzas armadas al Estado, sus instituciones y sus funciones de bienestar,

En este sentido, aquí se ha reiterado que la participación de las fuerzas armadas no es de policías, sino de garantes de la existencia del Estado, de sus leyes y del bienestar vía un clima de paz para inversiones y desarrollo afectados por la presencia tóxica de grupos criminales que afectan el funcionamiento del Estado.

Las fuerzas armadas participan como una institución del Estado –la fundamental para garantizar su existencia y hegemonía– que tiene la función de defender la soberanía del Estado y la democracia representativa a través del uso de la fuerza institucional contra organizaciones criminales que poseen capacidad armada superior a las fuerzas de seguridad pública y menores a la de las fuerzas armadas regulares.

El tema central, por tanto, es la seguridad interior como parte de la seguridad del Estado. Por mandato en la fracción VI del artículo 89 constitucional el presidente de la república puede movilizar tropas en situaciones acreditadas a la seguridad interior, que es lo que ha ocurrido cuando por errores y complicidades políticas y de gobierno los grupos criminales tomaron el control de partes territoriales de la soberanía del Estado.

La participación de las fuerzas armadas ha sido regulada por las leyes civiles y se circunscribe a acciones de apoyo, con el agregado formal de que militares y marinos retirados pueden ser funcionarios de la seguridad pública civil sometidos a las leyes civiles, pues sólo se aprovecha su experiencia y formación en seguridad nacional y seguridad interior.

En este contexto, la fórmula es sencilla de plantear: la seguridad interior exige la participación de las fuerzas armadas para mantener el funcionamiento de las instituciones del Estado para la búsqueda del bienestar social en el combate contra  grupos delictivos que se han apoderado de territorios e instituciones del Estado.

 

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Política para dummies: La política es parte de la seguridad democrática del Estado y de la democracia.

 

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Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Coahuila e Hidalgo, atípicos para PRI; pero ayudó el caos en Morena

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Carlos Ramírez*

La resistencia a la evolución política en Hidalgo y Coahuila ha obedecido a la existencia de cacicazgos políticos priístas locales, pero en medio de una incapacidad del PRD para extenderse en esas zonas y justo en el centro del caos en el partido Morena por la rebatinga de la presidencia y secretaría general.

En el PRI no hay secretos ni formulas mágicas: el cacicazgo de los Moreira en Coahuila y de las familias priístas en los últimos cincuenta años en Hidalgo es similar al que existe en el Grupo Atlacomulco que domina el Estado de México, donde el PRI ha sido zarandeado con severidad, pero no han logrado tumbarlo.

El resultado electoral local en Coahuila e Hidalgo era previsible por esas razones; las expectativas electorales de Morena en algunas encuestas reflejaban sólo eso: expectativas; a la hora del voto, los viejos mecanismos de compra de sufragios y de movilización de votantes por la estructura territorial del viejo PRI dieron los resultadosesperados.

A pesar de las cifras priístas, Coahuila e Hidalgo no prefiguran el regreso del PRI en las elecciones federales legislativas de junio del 2021 ni en la casi imposible victoria en gubernaturas. Y centrado en una lucha de facciones en Ciudad de México, las dirigencias anterior y actual de Morena se han olvidado de las plazas locales, no han construido estructura territorial y tampoco han sabido aprovechar el peso político favorable del presidente López Obrador.

Más por incapacidad de las élites que por intención presidencial, Morena puede decirse que no existe en algunas entidades, aunque en votaciones federales o de gobernador vaya a ganar con candidatos visibles. El PRI, en cambio, no saldrá de algunas –repito: sólo algunas– plazas locales donde existen estructuras caciquiles políticas de los grupos dominantes. La clave en las organizaciones partidistas no es el discurso, ni la cercanía presidencial, ni el gasto social desordenado, sino la existencia de estructuras territoriales de organización. Los Moreira en Coahuila y la élite hidalguense –el gobernador Omar Fayad es una pieza menor en la estructura– han logrado sostener al PRI como redes de poder con conexiones directas con el electorado.

El PRI nacional quiere colgarse la medallita de los resultados electorales legislativos y municipales locales, pero en realidad nada hizo la dirigencia federal del partido. Y tampoco existen condiciones para señalar que Coahuila e Hidalgo anuncien el regreso del PRI al poder. En las quince gubernaturas en disputa para junio de 2020 el PRI carece de expectativas en alguna y en realidad los escenarios estarían beneficiando a Morena como partido aun sinconsiderar nombres de candidatos.

En los hechos, el PRI perdió su estructura territorial desde los tiempos del Pronasol de Carlos Salinas de Gortari como presidente y Luis Donaldo Colosio como líder del PRI, salvo los casos en los que los gobernadores priístas se negaron a sustituir sus seccionales por los comités Pronasol. Morena no ha construido estructuras territoriales en los estados de la república, pero sí ha sabido aprovechar la imagen del presidente López Obrador.

Coahuila e Hidalgo han sido un laboratorio político para el PRI y un aviso para que Morena ponga orden interno y no llegue a junio del 2021 con el caos actual.

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 EE. UU. a quince días de las elecciones. Aunque muchos dan ya por derrotado a Donald Trump, en realidad los resultados siguen siendo inciertos. El cálculo del establishment liberal se basa en el voto popular, pero nadie asegura las tendencias de los 538 votos de colegios electorales que eligen presidente. Por lo pronto, el gran debate al cierre del proceso se localiza en la prensa liberal que ha entrado en la zona de histeria informativa para insultar a Trump, para censurar informaciones negativas sobre Joe Biden y para pedir de manera directa el voto contra la reelección. De nueva cuenta, en la guerra política en los EE. UU. la primera víctima será la verdad y los grandes medios favorables a Biden ya perdieron credibilidad.

 

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Caso Cienfuegos: ejército, clave en lucha antinarco y EU quiere el control

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Carlos Ramírez*

Si algún dato pudiera ilustrar el papel determinante del ejército en el combate al crimen organizado en su variante de narcotráfico desde 2006, las cifras hablan por sí mismas: el 80% de los capos están arrestados, extraditados o muertos y el resto vive a salto de mata.

En este sentido, la estridencia estadunidense en el arresto del general Salvador Cienfuegos Zepeda –divisionario en activo porque los exsecretarios de la Defensa Nacional nunca pasan a retiro– debe también leerse en función de los intereses reales de la estrategia de los EE. UU. contra el narco: no terminarlo porque entonces los 30 millones de adictos y los quizá 90 millones de consumidores se quedarían sin droga y la violencia estallaría en las calles; controlar el flujo, los precios y sobre todo el lavado de dinero que mantiene en operación a miles de bancos americanos; y centralizar el mando de fuerzas armadas de otros países en lucha anti cárteles.

Por ello, el caso Cienfuegos debe leerse en función del estilo perverso de la justicia estadunidense que busca sólo el control y no el fin del narcotráfico mexicano, sobre todo ahora que la venta al menudeo de droga en más de tresmil ciudades estadunidenses está controlada por entre siete y nueve cárteles mexicanos, desplazando a las bandas locales de hispanos y afroamericanos siempre controlados por las policías.

Ahí es donde salta uno de los datos más extraños del caso: acusan al exsecretario de la Defensa de asociarse con el grupo H-2, que no llegó nunca a ser un verdadero cártel, que no aparece en el radar de las evaluaciones anuales de la propia DEA y que conformaba quizá una banda pequeña de traficantes, cuyo líder H-2 fue abatido en una operación con helicóptero y armas de alto poder que no se han usado contra otros capos. Para saber más del asunto, entonces habría que revisar las razones del ataque de la Marina contra el H-2, sobre todo en momentos en que la alianza ejército-Marina era más que sobresaliente.

Pero el tema central radica en el hecho de que el ejército en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto descabezó los principales cárteles y no deshizo a los grupos criminales porque esa era tarea de la policía federal, de la Secretaría calderonista de Seguridad y de la Secretaría peñista de Gobernación. Que lo hayan hecho o no, en realidad se trata de un complemento del expediente del caso Cienfuegos. Por lo pronto, el ejército cumplió y de todos los capos siguen en activo sólo Ismael El Mayo Zambada como padrino del Cártel del Chapo, presuntamente Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho y sus sucesores en el Cártel Jalisco Nueva Generación y Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo, requerido con insistencia por los EE. UU.

En los sexenios de Calderón y Peña Nieto hubo una lucha burocrática de alto nivel entre México y los EE. UU. para el control de la lucha contra el narcotráfico; México ha estado por la aniquilación de cárteles y la destrucción de siembra y distribución, en tanto que los EE. UU: sólo buscan el control del proceso para atender a sus adictos y consumidores en calles y oficinas. Además, siempre ha existido la intención estadunidense de apropiarse del dinero del narcotráfico, varios cientos de miles de millones de dólares, sobre todo por su influencia en el sistema bancario estadunidense.

Los designios estadunidenses en materia de narcotráfico se han ido ajustando a las nuevas necesidades. La legalización del consumo lúdico de la marihuana en varios estados de los EE. UU. ha distorsionado las tareas antinarcóticos, porque existe la previsión de que pronto también se legalice el consumo de drogas fuertes. Y a los EE. UU. les ha llegado la maldición de las drogas químicas sin control que se ha convertido en la principal causa de muerte de consumidores.

En este sentido, el caso Cienfuegos tiene el efecto de influir en el control estadunidense de la lucha militar contra el narcotráfico en México para subordinarlo a las directrices del Pentágono. Y ahí el general Cienfuegos fue muy reacio y resistente a entregar a los EE. UU. la política militar contra los cárteles.

 

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Carlos Ramírez

México: España y EE. UU. y Vaticano: de perdones y pendones

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Carlos Ramírez*

En su primer empleo de nivel alto en la burocracia local, el hoy presidente López Obrador fue director del Instituto Indigenista en Tabasco, una entidad de alto contenido de cultura indígena reconocida en los libros y olvidada en la realidad. La tarea de ese organismo era la de atender necesidades cotidianas de las comunidades originarias que mantenían, sobre todo, lenguaje, deficientes prácticas tradicionales y poco mestizaje.

Justo en el espacio político de la carta al papa Francisco pidiendo una disculpa pública por la represión religiosa para pasar del politeísta indígena al monoteísmo cristiano y de reiterar que sigue a la espera de la disculpa de España, la foto del hoy presidente como funcionario indigenista sirvió un poco como recordatorio de que su petición tiene algunas razones en su biografía.

El tema español sigue siendo un tema abierto en México, aunque no domina sus expectativas. Lo mismo ocurre con la agenda historia con los EE. UU. La asimilación mexicana al tratado de comercio libre con los EE. UU. en 1993 pasó por una fase de revisión histórica, aunque no con afán de abrir heridas sino de cerrarlas. Por promoción del presidente Miguel de la Madrid y de su sucesor Carlos Salinas de Gortari y con miras a la integración de mercados, México creó en 1987 una comisión bilateral con los EE. UU. para redefinir las relaciones históricas y pasarlas del conflicto histórico de 1847 a un entendimiento sin pasado.

Por decisión de De la Madrid y Salinas, México cerró sus desavenencias con la fase histórica conocida como la etapa en que los EE. UU. le robaron a México la mitad de su territorio, lo que hoy es Texas, Nuevo México, Arizona, California y parte de Nevada. Algunos mexicanos han pedido que a la par de la disculpa a España por la llamada conquista de principio del siglo XVI que México debiera exigirle a la Casa Blanca no sólo una disculpa por la guerra de 1847 sino el regreso del territorio robado.

España y los EE. UU. son las dos heridas que de muchas maneras definieron el perfil del México actual. Hoy apenas el 15% de la población mexicana se considera indígena por lengua, tradiciones y algunas prácticas sociales y de gobierno. Pero se trata de dos periodos históricos que la historiografía mueve entre el modelo de la idealización como forma de control de conciencias por el grupo dirigente y el repudio vía interpretaciones sin sustento histórico sólido.

El problema en México ha sido la ideología oficial como mecanismo de dominación política del grupo que mantiene el control político y cultural desde 1910. La historia ha sido asumida como un aparato ideológico de un grupo dominante. Y la configuración de héroes ha distorsionado los procesos históricos llenos de contradicciones, insuficiencias y malentendidos. El PRI creó la ideología histórica de la conquista española y la independencia, inclusive distorsionando fechas y proclamas para acomodarlas al modelo Carlyle de los héroes para sustituir realidades.

México necesita, en efecto, revisar su historia con España, el Vaticano y los EE. UU., pero desde la revisión de los hechos reales. La historia oficial ha sido determinista: las cosas ocurrieron de tal forma que nos forjaron sin dobleces. Cuando el PAN ganó la presidencia en el 2000 y en el 2006, le tocó la fecha simbólica de 2010 como celebración del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución, pero como partido conservador con datos históricos diferentes a los oficiales no pudo introducir una revisión de la historia y al final esas fechas se recordaron como los “días de guardar” oficialistas. Como humorismo involuntario el presidente Calderón construyó un pequeño monumento conocido como “Estela de Luz” para recordar ambas fechas, con el dato adicional de que su costo se encareció por corrupción escandalosa.

España, la iglesia y los EE. UU. siguen siendo claves para definir los márgenes de maniobra de la nacionalidad mexicana. Hasta ahora la historia oficial se ha negado a revisar el hecho de que la Independencia de 1810 se dio en el contexto de la crisis de Bayona en España y de la intención original de crear en América el Reino de la Nueva España asociado al reino de España y que se le ofreció el trono a Fernando VII a alguno de sus descendientes. Y que después de la derrota ante los EE. UU. grupos monárquicos mexicanos trajeron a México a Maximiliano de Hamburgo como emperador importado sin guerra colonial de por medio porque los mexicanos no se podían gobernar por sí solos. La victoria de Juárez sobre el indigenismo siendo él indígena, sobre el poder de la religión habiendo estudiado en un seminario católico y contra el invasor extranjero fue, en los hechos, la verdadera independencia fundacional de México.

Los grupos ideológicos indigenistas en México son minoritarios, aunque estridentes y violentos. Ante la amenaza de destruir la estatua de Cristóbal Colon en Paseo de a Reforma –nuestros Champs Elysées importado por Maximiliano–, el gobierno lopezobradorista en Ciudad de México la quitó “para limpiarla” y llamó a un debate sobre si se debe regresar o no. Más que indigenistas, los grupos anarquistas son los que realizan actos de violencia cada 12 de octubre.

El fondo sigue siendo el mismo: la educación, el Estado y los historiadores continúan sin hacer una revisión sensata de los hechos históricos: España, la iglesia y la guerra con los EE. UU. Al final, quizá, las sorpresas no sean tan… sorprendentes. El mestizaje mexicano no se ha atrevido a olvidarse de las cargas emocionales de la conquista y se olvida del despojo estadunidense ocupando con migrantes mexicanos esas zonas antes mexicanas como trabajadores migratorios legales o sin permisos. Millones de mexicanos tienen propiedades en Texas y California y viven ahí sin cargas emocionales del conflicto histórico del siglo XIX.

Más que perdón, México debe promover una revisión de la historia oficial. Porque antes de ese perdón habría que bajar de su pedestal a héroes oficiales que no existieron, que no hicieron lo que dicen que realizaron y que son una carga emocional sin sustento histórico. Y entonces la nacionalidad mexicana podría expresarse sin cargos de conciencia reales y ficticios.

 

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