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Carlos Ramírez
En medio de la complicada agendanacional por temas detonados por el resultado electoral del pasado 6 de junio, el expediente de seguridad fronteriza México-EE. UU. ha sido reactivado con mayor intensidad desde la Casa Blanca por el fracaso de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris.

La prioridad de estadounidense radica en obligar a México a regresar a la estrategia de guerra contra los cárteles del crimen organizado, la persecución, arresto y extradición de una lista de alrededor de cinco capos y la subordinación de las oficinas civiles y militares mexicanas al enfoque militar-policiaco del Departamento de Defensa y la DEA. La meta es una Iniciativa Mérida 2.0 más intervencionista.

La reciente reunión México-EE. UU. esta semana mostró el grado de tensión y desacuerdos. En este escenario las matanzas entre bandas criminales en nada contribuyen a tranquilizar a los estadounidenses. Y la revelación de conflictos en ciudades localizadas de la frontera mexicana ha exhibido una tierra de nadie bajo el control de la corrupción de funcionarios de ambos gobiernos responsables de la incapacidad de diagnosticar una nueva estrategia y de encontrar fórmulas comunes para objetivos concretos.

El problema radica en el hecho de que la relación bilateral en el tema de la narcoseguridad ha llegado a un punto muerto, pues Estados Unidos no ha planteado opciones a la persecución criminal y México no quiere salirse del guion de la construcción de la paz basado en la no provocación a las bandas criminales.

El tema seguirá escalando el conflicto en tanto no se cumplan tres requisitos planteados por Washington: la captura y deportación de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho y de Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo encargado del tráfico creciente de fentanilo, el químico base para las nuevas drogas que están convirtiéndose en responsablesde la mayor parte de los muertos por consumo y sobredosis de droga.

Ninguno de los dos países ha hecho un esfuerzo real de negociación para llegar a puntos comunes. En el gobierno de EE. UU. existe cierto grado de frustración por el fracaso de la agenda mexicana-centroamericana de la vicepresidenta Harris, sobre todo porque no pudo avanzar en su objetivo de sensibilizar a las autoridades mexicanas de seguridad de las preocupaciones estadounidenses respecto al tráfico de drogas.

La tesis central mexicana ha sido la misma de siempre: la demanda determina la oferta. Y también ha insistido en su frustración de que ningún gobierno de EE. UU., desde Nixon a Biden, ha querido trabajar en el combate al tráfico y consumo de drogas en la sociedad estadounidense, basados en criterios de derechos sociales –por cierto, casi reproducidos en el dictamen de la Suprema Corte de México para abrir la puerta al consumo lúdico de la mariguana– y el sistema de seguridad estadounidense quiere terminar o liquidar la fuente externa del narcotráfico sin sobresaltar el precario equilibrio social interno.

Sin un acuerdo conjunto producción-consumo, ninguna estrategia de seguridad va a tener éxito. El enfoque mexicano de acudir a las fuentes sociales del narcotráfico –desempleo, pobreza y marginación– ha sido compartido por el gobierno de Biden, pero sin presentar ninguna iniciativa de fondo. El fracaso mayor de la vicepresidenta Harris se percibió en la falta de iniciativas monetarias para ampliar inversiones estadounidenses en Centroamérica, garantizar mejores condiciones de empleo y elevar de manera inmediata el bienestar y se concretó a dinero subsidiado a gobiernos sospechosos de corrupción y bajo escrutinio de las leyes estadounidenses de transferencia de fondos corruptos.

Algunos grupos de la comunidad de los servicios de inteligencia y seguridad nacional dedicados al crimen organizado transnacional han comenzado a filtrarpercepciones de qué la solución al problema del narcotráfico que pasa y nace de México solo tendría resultados con decisiones radicales que cambien el sentido de las autoridades elegidas. Algunas versiones han comenzado a revivir el modelo panameño del general Manuel Antonio Noriega, agente de la CIA designado por George Bush en 1976 y luego protector de carteles.

Las presiones estadounidenses en temas de narcos seguridad apenas han comenzado y se van a llevar a las mesas bilaterales de conversaciones, aunque como operativos bilateralesestadounidenses que estarían violentando las nuevas reglas de registro estricto de operaciones establecidas por las leyes mexicanas.

 

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Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Telmex y Línea 12, dos dardos envenenados de AMLO a Slim

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Carlos Ramírez

Identificado como prototipo empresarial del proyecto neoliberal de Carlos Salinas de Gortari, el empresario Carlos Slim Helú tuvo la estrategia y la suerte de transitar por dos gobiernos panistas. Y sin una revisión de ese pasado político escabroso, logró colocarse en los ánimos –que no los afectos– del presidente López Obrador.

Sin embargo, no hay estrellas que brillen por siempre. El presidente ha enviado dos severos avisos de que la suerte del empresario de origen libanés podría haberse apagado:

1.- En el contexto de la revelacióndel periodista José Martínez Mendoza de que la renovación de la concesión de Telmex para 2026-2056 que ya había sido aprobada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en una maniobra del 2006 del presidente Peña Nieto para blindar a sus aliados y que el gobierno actual tiene aún la última palabra, el presidente López Obrador sacó a colación una equiparación entre el fraude tramado para privatizar funciones de la Comisión Federal de Electricidad y la forma en que Salinas decidió en 1990 privatizar una de las empresas más ricas propiedad del Estado.

En una conferencia matutina, López Obrador reveló la existencia de un modelode desprestigio de la empresa pública para propiciar su privatización: la CFE en el escenario de la reforma del 2013 dentro del Pacto por México PRI-PAN-PRD. El fraseoutilizado por el presidente dejó entrever algunos indicios que preocuparon a Slim:

“A nuestras generaciones las engañaron, porque no se sabía qué significaba, que representaba la privatización de una empresa pública; no se conocía. Entonces, como había más presencia del sector público se hacían campañas de que no servía el sistema telefónico, que era muy malo el servicio de teléfonos de México y se fue preparandoel terreno y se entregó la empresa pública (Telmex) porque ese era el propósito. Nos hicieron lo mismo con la industria eléctrica”.

Al equiparar la privatización de Telmex con la privatización de áreas del sector eléctrico, el mensaje dirigido a la concesión de Telmex de que puede ser revocada por la autoridad presidencial en marzo del 2023 quedó como indicio de que podría regresarse la telefónica a manos del Estado.

2.- El otro mensaje fue de apenas el pasado jueves 14 de octubre: el dictamenfinal de la Fiscalía de Ciudad de México determinó culpabilidad y responsabilidad de las empresas constructoras, entre ellas el grupo Carso de Slim Helú. Previo al informe judicial, se había dado una especie de perdón anticipado a Carso y en los hechos se había obligado a Slim a cubrir el costo de la reparación de la infraestructura destruida con el desplome de dos trenes con cargo económico a la propia empresa.

Se supuso en su momento que allí había terminado toda la investigación. Sin embargo, la Fiscalía reconstruyó el proceso desde el punto de vista de la investigación penal y determinó también posibilidades de castigos judiciales, solo que con la posibilidad de lo que se conoce como justicia retributiva-restaurativa y que implica el pago del daño para evitar consecuencias penales. La responsabilidad de Carso afectará su credibilidad como empresa constructora que tiene contratos con otras grandes obras de la 4ª-T y desde luego que minará la riqueza y la credibilidad del empresario.

Slim saltó a la fama y el poder económico con la privatización de la empresa Teléfonos de México que cubrió con todos los mecanismos legales previsibles entonces, pero que dejó la decisión final a la voluntad del presidente Salinas de Gortari. La complicidadSalinas-Slim quedó fijada en el imaginario popular con la referencia a Carlos & Charlie con relación al nombre propio de los dos personajes.

El imperio económico de Slim Helú –alrededor de más de 60,000 millones de dólares, aproximadamente un billón de pesos, algo así como el 15% del presupuesto federal o 3.5% del PIB– se construyó a partir de Teléfonos de México, pero incumpliendo con uno de los principios formales de la privatización: mantener el servicio a favor del público yno para construir una fortuna personal-familiar que quiere extenderse otros cincuenta años más.

En este escenario, los dos mensajes presidenciales hacia Slim Helú y su imperio empresarial estarían revelando la reflexión, cuando menos, al interior del gobierno lopezobradorista de que se podría rescatara Telmex como empresa de servicio público de la misma manera que la CFE.

 

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Por qué la crisis de drogas en EU no tiene solución

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Carlos Ramírez

La reciente cumbre de seguridad México-Estados Unidos aportó, por lo que no se dijo y sí se percibió, los datos importantes que permiten concluir que la crisis de consumo de drogas y narcotráfico en la zona norteamericana no tiene solución y que todos los acuerdos se están conformando con la administración de los conflictos derivados del flagelo de la drogadicción.

El problema se reduce a dos universos: el consumo de drogas en Estados Unidos y el papel de proveedor de México y Colombia. Las adicciones se han convertido en el peor flagelo de la salud estadounidense y los cárteles del crimen organizado han acrecentado su poder.

Y no hay solución por dos razones: Estados Unidos enfoca el consumo como un problema de garantías individuales y toda su estrategia se centra en el área de salud; la DEA ha reconocido en sus reportes del 2005 al 2020 que los cártelesmexicanos han aumentado su actividad dentro de Estados Unidos y controlan el tráfico y venta al menudeo de droga en las calles. Y a pesar de esos datos, ninguna oficina gubernamental ha definido con seriedad algún programa para combatir de manera directa a las estructuras del crimen organizado.

Los cárteles de la droga nacieron en Colombia en los años sesenta y en México a partir de mediados de los años ochenta; comenzaron en México como pequeñas bandas organizadas para traficar droga rumbo a Estados Unidos con la complicidad de las autoridades mexicanas y fueron derivando en verdaderas estructuras de producción-tráfico-lavado con grupos armados con suministros de armas de alto poder provenientes de Estados Unidos y sus controles laxos en producción y comercio de armas. Hoy en México existen alrededor de doce carteles que dominan porciones territoriales de la soberanía del Estado y tienen capacidad de acción armada superior a la policiaca e inferior a la militar.

Estados Unidos se la pasa quejándose de que los cárteles mexicanos no combaten la producción y el tráfico y México se desgasta señalando que la droga está determinada por la demanda de los adictos estadounidenses. Como esta fórmula implica la asunción de responsabilidades políticas y de seguridad que nadie quiere reconocer, entonces todas las reuniones bilaterales son sesiones de quejas mutuas.

El gobierno de Obama, en franca violación del derecho internacional, definió el criterio de “crimen organizado trasnacional” para referirse a los cártelesmexicanos que operan con creciente influencia dentro de Estados Unidos y determinó una estrategia de extraterritorialidad para atacar a esos carteles en sus países de origen –la doctrina de las madrigueras que definió Bush Jr. en el tema del terrorismo–, eludiendo cualquier responsabilidad al permitir el funcionamiento de esos cártelesdentro de Estados Unidos.

Antes de la cumbre de seguridad, a finales del año pasado, México dio un severo golpe nacionalista al imperialismo de seguridad estadounidense: estableció reglas legales para que todos los agentes de las oficinas que tienen que ver con el narco en Estados Unidos y sus operativos sean registrados con anticipación ante autoridades mexicanas para obtener visas. A partir de entonces, la DEA no ha podido funcionar en México, primero porque se negó a registrar agentes y operativos y luego porque el gobierno mexicano, en uso de sus facultades, ha estado retrasando el registro de visas como una forma de obligar a Estados Unidos a ser menos arrogante.

El principio generador del problema del narcotráfico en Estados Unidos y la región latinoamericana y caribeña tiene que ver con el consumo. El gobierno no ha podido definir políticas contra las adicciones ni instrumentos de seguridad para controlar a las bandas de narcos. Los cártelesmexicanos del crimen organizado parecen tener más derechos de existencia y movilidad en Estados Unidos que en México. Desde 2005, las evaluaciones anuales de la DEA reconocen que los cárteles mexicanos tienen el control del narco al menudeo en Estados Unidos.

Pero el problema es mayor por otra razón que tampoco la Casa Blanca quiere reconocer: los cárteles mexicanos, en efecto, controlan el mercado al menudeo de droga dentro de Estados Unidos, pero la droga ha cruzado la frontera y se ha desparramado por todo el país sólo con la complicidad de autoridades estadounidenses; y los cárteles funcionan también por la aprobación gubernamental interna.

De nada servirá que el gobierno estadounidense haya fijado, en decisiones que recuerdan la lucha de los cowboys en el viejo oeste, recompensas de millones de dólares en México para atrapar los jefes de los grupos delictivos, ya sea vivos o muertos; sin embargo, nada hace para perseguir a los cárteles dentro de Estados Unidos. El aumento en las cifras de consumo de droga estadounidense se explica en función de la facilidad para contrabandear droga y venderla en las calles.

Mientras Estados Unidos no decida centralizar su política antidrogas en el consumo y en tanto no acepte que la droga circula por la corrupción de sus funcionarios y fuerzas de seguridad, el narcotráfico seguirá de fiesta dentro de Estados Unidos, aún si México descabezara por segunda ocasión a los grupos delictivos.

La existencia de cárteles y el flujo de droga, pues, solo se explica en tanto exista la demanda de estupefacientes por consumidores norteamericanos.

Novedad editorial: adquiera el libro El shock neoliberal en México, Editorial Indicador Político, escrito por Carlos Ramírez, Samuel Schmidt y Rubi Rivera; disponible en Amazon en versión eBook digital o impresa: https://www.amazon.com/dp/B09919C13V

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Carlos Ramírez

Seguridad y Defensa- Diálogo México-EU: Otro monólogo de la Casa Blanca

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Por Carlos Ramírez

De entre los muchos datos importantes para evaluar la realización y los resultados del Diálogo de Alto Nivel sobre seguridad México-Estados Unidos, el punto más inexplicable se localiza en el título del documento final: “Entendimiento Bicentenario”. Se podría tratar de una concesión demagógica de la Casa Blanca hacia el ambiente político actual del espíritu del bicentenario de la independencia mexicana, pero sin nada que ver con la conflictiva relación bilateral bicentenaria que tampoco en esta ocasión encontró respuestas ni cauces.

Los puntos centrales de cada uno de los países quedaron dibujados en los escarceos diplomáticos previos:

1.- Estados Unidos quiere seguir manteniendo la impunidad, la extraterritorialidad y el dominio de los operativos de sus organismos de inteligencia y seguridad nacional dentro de México y sin cumplir con ningún requisito legal de registro de agentes de operaciones.

2.- México, en cambio, insistió en el expediente qué título “El narco en EU” y dejó en claro que la dinámica productiva y de trasiego de droga que viene de América Latina o sale de México hacia territorio estadounidense es producto de la demanda de los adictos que requieren droga en Estados Unidos. Y junto con ello, México ha señalado que el gobierno americano nada hace para combatir el contrabando ni para atacar a los cárteles mexicanos que dominan la compra-venta de droga en las calles de más de 3,000 ciudades.

El documento final define con claridad tres objetivos concretos:

1.- Proteger a nuestra gente, invirtiendo en salud pública en relación con los impactos del consumo de drogas, apoyando comunidades seguras y reduciendo los homicidios y los delitos de alto impacto.

2.- Prevenir la delincuencia transfronteriza asegurando modos de viaje y comercio, reduciendo el tráfico de armas, apuntando a las cadenas de suministro ilícitas y reduciendo el tráfico ilegal y trata de personas.

3.- Desmantelar las redes criminales, persiguiendo a las personas vinculadas a financiamientos ilícitos y fortaleciendo los sectores de la seguridad y la justicia.

Los desagregados añadieron compromisos formales que buscarían enfrentar a los cárteles en ambos lados de la frontera, disminuir el tráfico de drogas y encarcelar a los principales líderes de los cárteles. Estos puntos, por cierto, han sido incluidos en todos los acuerdos, compromisos, intenciones, entendimientos e iniciativas, pero ninguna de ellas ha sido operativa ni ha llegado a disminuir el tráfico de drogas.

Estados Unidos ha dejado claro, al margen de iniciativas y entendimientos hoy bicentenarios, que no va a instrumentar mecanismos internos de persecución agresiva ni disminución sustantiva de drogas en las calles, debido al hecho concreto de que los millones de adictos requieren de droga para mantener la tranquilidad social y que una disminución del flujo y precios más o menos aceptables llevaría a violencia callejera generalizada.

En el caso de México, la estrategia de construcción de la paz no busca desactivar a los cárteles de la droga, sino que se basa en el objetivo de disminuir la violencia del Estado y convencer a los delincuentes a incorporarse a la economía productiva, rompiendo con la estrategia de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto de mantener una guerra violenta a balazos en las calles para desmantelar a las bandas delincuenciales.

El uso de la palabra “entendimiento” revela la falta de estrategias operativas de corto plazo y mete las políticas de seguridad de ambos países en las dinámicas administrativas locales y en los caminos sinuosos de la burocracia. Y como para ilustrar el escenario real del conflicto, Estados Unidos ha intensificado sus presiones sobre México para obtener aprobaciones a nuevos agentes y operaciones clandestinas de la DEA en México contra cárteles mexicanos, sin que esa misma agencia antinarcóticos haya definido algún plan concreto para perseguir y desmantelar a los cárteles mexicanos que están asentados en territorio estadounidense.

El Entendimiento Bicentenariobilateral pareció ser una salida diplomática que evitara el conflicto en la reunión del Diálogo de Alto Nivel; las agendas reales seguirán latentes y en situaciones de conflictos diplomáticos y avanzarán en términos que puedan destrabar los dos gobiernos. Pero en el fondo, la cumbre binacional de seguridad mostró que la crisis migratoria y de narcotráfico carece en Estados Unidos de dirección estratégica real y que el desplazamiento de la agenda que estaba en manos de la vicepresidenta Kamala Harris dejará la negociación en un burócrata, agobiado y desbordado secretario de Estado, Antony Blinken, que perdió margen de maniobra en el fracaso del retiro de tropas de Afganistán.

Se ha insistido mucho y hay que subrayarlo: el consumo de drogas en Estados Unidos es el motor que define a las estructuras de oferta. Si no hubiera consumidores americanos, el problema sería menor porque la droga habría perdido interés como negocio. Pero desde la Operación Intercepción de septiembre de 1969 en la frontera californiana México-EU ha aumentado de manera sustancial el consumo de drogas y por lo tanto los proveedores han tenido que crecer.

La crisis de migración no legal, de contrabando de drogas y de consumo de estupefacientes criminales es más grave en la Casa Blanca que en Palacio Nacional. Y no habrá un principio de solución si el gobierno de Estados Unidos no asume que el problema central es el consumo.

 

Zona Zero

·       El gobierno estadounidense carece de una estrategia migratoria de emergencia para resistir la presión de las caravanas de migrantes que buscan ingresar por la fuerza a Estados Unidos. Entre los criterios para otorgar asilo de emergencia, no existe el concepto de asilo por pobreza y la argumentación de asilo por violencia implica un proceso muy largo de negociación. La crisis de la migración haitiana revela el fracaso del sistema capitalista estadounidense en Haití y ahora los haitianos quieren que Estados Unidos los reciba como corresponsables de su miseria. Eso sí, EU está preparado para recibir a 100,000 refugiados afganos que fueron colaboracionistas hoy perseguidos por los talibanes, aunque en realidad esa cifra debiera multiplicarse por diez.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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