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Carlos Ramírez*

Los zedillistas que entregaron la presidencia de la república al PAN en el 2000 ahora quedan en la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados que manejará las elecciones legislativas del 2021 para mantener o expandir la mayoría de Morena.

La hoy diputada priísta Dulce María Sauri Riancho era presidenta nacional del PRI en las elecciones del 2000 y fue incapaz de salirse de la disciplina presidencialista de Ernesto Zedillo y su farsa de la sana distancia. Al día siguiente de la derrota electoral, Sauri y la plana mayor del PRI fueron a Los Pinos a entregar su renuncia al presidente Zedillo, pero éste respondió, con el desdén que siempre tuvo para los priístas, que no la aceptaba y que se quedaran a “recoger su tiradero”.

La presidencia priísta de la mesa directiva para este año legislativo fue consolidada por el presidente López Obrador en una declaración en Palacio Nacional. Y la decisión no fue sólo un acto de compromiso y legalidad, sino un juego estratégico para anular al PRI como oposición en el año de campaña y elecciones legislativas de junio de 2021 y los tres temas vitales para el gobierno de Morena: el paquete presupuestal, el caso Lozoya como diamante en bruto de la corrupción priista y el enjuiciamiento a los últimos expresidentes de la era PRI: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto.

La presidencia de la mesa directiva es un cargo poco útil, salvo como currículum. Le toca lidiar con los partidos en sesiones y administrar tomas de tribunas. Lo positivo es que suele aparecer en foto junto al presidente de la república. Una jugada astuta del PRI hubiera sido dejar que Gerardo Fernández Noroña quedara como presidente de la Cámara en el año de elecciones legislativas federales y enredar la coalición PT-Morena.

Por lo tanto, la aceptación de la mediación presidencial, la gestión de la Florería de Bucareli y la compra de diputados para alcanzar la tercera bancada dejará al PRI de Alejandro Moreno Cárdenas Alito y el líder real del partido José Murat Casab subordinado al juego de poder de Morena. Es decir, el acuerdo PRI-Morena (PRIMOR) en la Cámara fue, en su dimensión local, un segundo Pacto por México del PRI con la oposición: darle gobernabilidad legislativa a Morena.

Además de ventajas familiares que sacó el líder del PT, Alberto Anaya, este partido encareció su alianza con Morena y ofreció una imagen de autonomía relativa de la coalición gobernante. En la estrategia del presidente López Obrador de impedir que Morena sea un verdadero partido político que dificulte el funcionamiento del presidencialismo, el PT estaba jugando un papel complementario. En las presidenciales el PT le dio 6% de votos a la coalición de López Obrador. Ahora emergió el PT como un partido bisagra para la coalición dominante de Morena para el 2021 y el 2024.

El gran perdedor de la disputa por la presidencia de la esa directiva del ultimo año de la actual legislatura, fue, de manera paradójica, el ganador PRI, ahora sometido a humillaciones diarias de ser acusado desde Palacio Nacional como la esencia de la corrupción. Y la Cámara de Diputados está jugando un papel importante en el juego de poder del enjuiciamiento a los expresidentes de la república en el cadalso de una consulta con intenciones electorales. Y desde la Cámara el PRI no sólo tendrá las manos atadas, sino que tendrá que someterse a las intenciones de Morena.

El PRI en la Cámara, bajo el control sin liderazgo del exgobernador guerrerense René Juárez, carece de ideas, de rumbo, de juego estratégico, de malicia y de personalidad y autoridad política entre los priístas. En estos dos años de legislatura, la bancada del PRI quedó atrapada en la carga moral y política de la corrupción de Peña Nieto y de la ausencia de un liderazgo partidista porque el PRI nacional quedó en manos de los intereses personales de Alitoy Murat Casab.

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Política para dummies: La política es el juego de poder que no se ve, pero se siente… y se resiente.

 

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Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Muñoz Ledo quiere a Morena como un PRI neolombardista y diazordacista

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Carlos Ramírez*

 Aunque a nadie parece preocuparle, el destino de Morena en este cambio de dirigente podría cerrar el círculo abierto en 1986-1989 por la Corriente Democrática pos-neo-cardenista convirtiendo al movimiento lopezobradorista en un nuevo PRI diazordacista-echeverrista-lopezportillista de 1976.

Sólo que ahora con un toque del tipo del Partido Comunista soviético: el plan con maña de Porfirio Muñoz Ledo buscar mover el eje político de la presidencia de la república al partido y presidencializar desde el apparátchikpartidista anulando al líder López Obrador.

Fue lo que quiso hacer Muñoz Ledo en 1975-1976 cuando el presidente Echeverría le negó la candidatura presidencial y le dio el partido como premio de consolación. Desde el PRI, Muñoz Ledo se alió con el caciquesindical Fidel Velázquez para intentar la reconstrucción del movimiento obrero como una organización de masas que le impusiera condiciones al presidente López Portillo. Con astucia, Fidel lo abanicó y Muñoz Ledo se quedó en el gabinete causando estropicios hasta que lo echaron.

Morena podría ser el punto final del movimiento de protesta nacido en el PRI en la segunda mitad de 1986 para intentar meterse en la sucesión presidencial de 1988: la Corriente Democrática formó el Frente Democrático Nacional de la elección presidencial de 1988, el Frente se transformó en PRD en 1989, los caudillismos de Cárdenas, Muñoz Ledo y López Obrador lo destruyeron, agonizó hasta que López Obrador creó su estructura Morena para su candidatura presidencial exitosa en 2018 y no será necesario para el 2024 porque el modelo sucesorio lopezobradorista no considera a un partido como eje dinamizador de la próxima nominación, sino que el candidato tendrá que depender de una coalición de muchos partidos pequeños.

Muñoz Ledo siempre quiso ser el Perón mexicano. Desde la Secretaría del Trabajo 1972-1975 construyó un acuerdo con el movimiento obrero priísta controlado por Fidel Velázquez y aplastó con represión al sindicalismo independiente de entonces, sindicatos industriales pequeños y sobre todo la Tendencia Democrática de Rafael Galván. Sin embargo, Muñoz Ledo ignoró que la lógica del sistema había fortalecido a Fidel para servir a la élite gobernante y no para constituirse en poder autónomo.

La estrategia de movimiento obrero apuntalado por el gobierno y política de bienestar no le alcanzó a Muñoz Ledo para obtener la candidatura presidencial. Muñoz Ledo presume sus lecturas de Duverger como presunto primer teórico de los partidos, pero medio siglo antes del francés fue el alemán Robert Michels el que definió en 1915 a los partidos políticos en la lógica de Muñoz Ledo: oligarquías dirigentes que imponen voluntades personales, lo que llamó “la ley de hierro de la oligarquía”.

De la Secretaría del Trabajo como Ministerio de Bienestar Social peronista, Muñoz Ledo pasó al PRI a operar la campaña de López Portillo y por su cuenta definir al PRI como “el partido de los trabajadores”, aunque su base obrera fuera la controlada, corrupta y lobotomizada de Fidel Velázquez. En su presidencia en el PRD quedó atrapado entre el liderazgo de Cárdenas y el dinamismo de López Obrador y por eso pactó en secreto con Vicente Fox su declinación como candidato presidencial del PARM en el 2000. Y de ahí, una carrera llena de traiciones, expulsiones, corruptelas y acomodos políticos.

Ahora aparece en Morena y se presenta como candidato de unidad, pero ya con una lista estaliniana de expulsados del paraíso partidista. En términos ideológicos, intelectuales, politológicos y de calidad moral, Muñoz Ledo siempre se topó con Manuel Camacho Solís y de ahí su odio político al camachista Marcelo Ebrard. La arrogancia intelectual de Muñoz Ledo está haciendo estragos en Morena y aún sin haber llegado a la presidencia del partido, con la amenaza directa de que meterá en cintura al propio presidente López Obrador y su estrategia política de liderazgo social.

Al final, Muñoz Ledo sigue arrastrando su diazordacismo como la personalidad autoritaria que define.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Lista de los 667: intelectuales, exfuncionarios y algunos más

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Carlos Ramírez*

Vista en conjunto y apellidos conocidos, la lista de presuntos 667 intelectuales puede impresionar. Pero en una revisión de primera mano se pueden encontrar funcionarios recientemente despedidos, exfuncionarios de gobiernos cuyos presidentes quieren ser juzgados en la plaza pública y… algunos otros.

El otro detalle de la lista refiere la existencia de un filtro insalvable: para estar en ella se necesita compartir de manera acrítica el repudio a decisiones del gobierno del presidente López Obrador; por lo tanto, no defiende la libertad de crítica, sino el enfoque antilopezobradorista.

De entrada, nada se dice del principal problema de la censura: los empresarios que son dueños de los medios impresos, radiofónicos y televisivos y deciden a los que aceptan en sus filas y a los que rechazan; algunos de los censurados fueron despedidos por los dueños, aunque hubiera habido de por medio alguna solicitud oficial. Cuando menos dos dueños de medios —Excelsior y TV Azteca– tienen contratos con obras del gobierno actual. Y el 90% de los dueños de medios son empresarios que viven de la publicidad oficial.

Y en la lista hay investigadores que escriben en medios sin tener carrera periodística y que han sido afectados en sus ingresos por recortes en sus instituciones académicas u oficiales como el CIDE, el Conacyt y otros.

De la lista destacan algunos:

–Arturo Sánchez Gutiérrez no es intelectual, escribe de vez en cuando y fue consejero del INE.

Claudio X. González, promotor de organizaciones civiles dedicadas a la observación critica de oficinas del sector público, sin que tenga ninguna tarea que lo pudiera haber convertido en intelectual.

–Juan Ignacio Zavala, hermano de Margarita Zavala, ha tenido más actividad política que de articulista en medios. Los Zavala y los Calderón han sido acosados por el nuevo gobierno por cargos referidos a sus tareas públicas en el sexenio 2006-2012 y sobre todo a las presuntas irregularidades electorales en las elecciones presidenciales del 2006.

–Julio Frenk, investigador médico, fue secretario de Salud del gobierno de Fox; escribe ensayos de su especialidad que se publican en la revista Nexos.

–María Elena Morera es articulista de El Universal a partir de su papel dirigente de organizaciones sociales dedicadas a la observación de políticas de seguridad, pero estuvo vinculada al exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, arrestado en los EE. UU. por relaciones con el narcotráfico.

–María Amparo Casar, académica del CIDE, pero con cargo público en desarrollo político de la Secretaría de Gobernación en el gobierno de Vicente Fox; salta de ONG a ONG. Y es articulista en Excelsior.

–Jesús Reyes Heroles González-Garza fue director de Banobras, secretario de Energía, embajador en los EE. UU. y director de Pemex en gobiernos del PRI y del PAN y escribe en El Universal sin ser periodista.

–Mauricio Merino fue consejero del INE y escribe en El Universal, además de encabezar una ONG.

–Otto Granados Roldán fue director de Comunicación social del gobierno de Salinas, es politólogo y fue secretario de Educación Pública al final del gobierno de Peña Nieto. Escribe de manera irregular en medios.

–Raúl Padilla es el cacique de la Universidad Autónoma de Guadalajara donde fue rector y maneja la Feria Internacional del Libro como un gran negocio. No escribe ni tiene producción intelectual.

–Pedro Salazar Ugarte es articulista, pero fue director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la catedral jurídica del PRI.

–Rolando Cordera Campos, que viene de la izquierda universitaria, trabajó de manera directa con el presidente Salinas de Gortari para promover el neoliberalismo y es funcionario editorial de la revista Nexos y escribe en La Jornada.

–Rubén Aguilar Valenzuela fue jefe de prensa del presidente Fox y su tarea fue aclarar lo que el presidente quería decir.

–Sergio García Ramírez es jurista de amplia y larga carrera, articulista en El Universal y la revista Siempre, exprecandidato presidencial priísta en 1987, ex procurador de la república.

–Santiago Levy, funcionario del gobierno de Zedillo.

Son, éstos, algunos de los que aparecen como intelectuales en la lista de los 667 denunciando censura de prensa.

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Política para dummies: La política es el “ya sé quién eres, te he estado observando”, homenaje tangencial a José Agustín.

 

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Dilema de la 4T: ruptura real con el pasado priísta o sólo sanación

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Carlos Ramírez*

El tono en que está redactada la carta del presidente López Obrador solicitando al Senado y a la Suprema Corte una consulta sobre las conductas económicas presuntamente delictivas de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto pudiera llevar a una rupturasistémica de lo que parece ser sólo una transición dentro de una transición.

Por el contenido del texto, López Obrador está marcando un deslindamiento histórico. No se trata sólo de acusaciones que refieran modelos de política económica, sino acusaciones que estarían tipificando delitos concretos contenidos en el código penal. Por lo tanto, la única forma de legalizar ese proceso sería con una ley de ruptura histórica o, como ocurre en países que construyeron democracias sobre las cenizas de dictaduras, una ley de memoria histórica.

Ahora mismo, por ejemplo, la alianza en España entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Unidas Podemos y como acompañantes los resabios del Partido Comunista de España de Santiago Carrillo y La Pasionaria, están terminando de destruir las ruinas del franquismo –el Valle de los Caídos y la Fundación de Franco– para transformar a posteriori la transición española en una ruptura revolucionaria que se eludió en la transición pactada de 1978.

Las acusaciones del presidente López Obrador a cinco expresidentes de la república –tres del PRI y dos del PAN, los cinco articulados por una misma política económica– son lo suficientemente válidas como para crear ya una ley de memoria histórica que señale responsabilidades legales a quienes llevaron al país al hoyo de la gran crisis neoliberal 1983-2018.

La victoria presidencial del PAN en julio del 2000 no fue producto de algún modelo de transición pactada a la democracia, sino resultado del desmoronamiento del PRI, de la pérdida priísta del control procesal de las elecciones y del hartazgo ciudadano. Sin embargo, el PAN en la presidencia 2000-2012 careció de un esquema de ruptura con el sistema/régimen/Estado priísta y esos dos sexenios fueron, en los hechos, una continuidad del sistema-PRI.

El dilema y desafío de López Obrador, Morena y la 4-T radica en fijar, ahora sí, una ruptura con el modelo sistémico priísta para desarrollar una transformación de estructuras o deslindarse sólo de discurso del viejo régimen, pero mantener las variables priístas. Hasta ahora, la 4-T sólo se asume como posneoliberal, pero sin fijar nuevas relaciones sociales de producción que definan los objetivos de creación y distribución social de la riqueza más allá del camino fácil de los dardos verbales que en nada modifican la estructura neoliberal.

La carta presidencial para juzgar a los cinco últimos presidentes de la república hermanados por un mismo modelo neoliberal de gobierno podría ser el comienzo de una ruptura histórica de proyectos de nación o se quedará en mero planteamiento retórico. López Obrador ha sido muy certero en establecer efectos sociales negativos de presuntos delitos económicos y productivos, como alguna vez los planteó en una demanda en la antigua PGR.

A la carta le falta incluir al presidente Miguel De la Madrid –ya fallecido–, porque fue el responsable directo de las reformas constitucionales para pasar –en el razonamiento ideológico conservador de Carlos Salinas de Gortari en julio de 1985– del Estado social posrevolucionario al Estado autónomo de compromisos sociales que ha sido la esencia del ciclo neoliberal 1983-2018. Ese tránsito hubo de tener la principal ruptura interna en el PRI con la salida de la Corriente Democrática de Cuauhtémoc Cárdenas a la que se sumó López Obrador en 1988 al aceptar la candidatura frentista a gobernador de Tabasco en 1988.

El presidente López Obrador tiene elementos suficientes para fijar una ruptura real con el neoliberalismo. El juicio a expresidentes podría ser el primer paso o quedarse sólo en un acuerdo de sanación.

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 Política para dummies: La política es el campo de las grandes decisiones históricas o el territorio de los engaños.

 

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