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Carlos Ramírez

El caso del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, podría terminar en un circo que ni siquiera pudiera servir para los propósitos de Morena para las elecciones de junio del 2021. Al final, como en las buenas novelas policiacas, habrá muchos culpables, pero ningún condenado.

El punto central radica en el expresidente Enrique Peña Nieto y la corrupción usada para financiar su campaña presidencial del 2012 y para acumular riquezas con negocios avalados desde Los Pinos. Pero los presidentes sólo pueden ser acusados de traición a la patria y delitos graves de orden común y la corrupción no alcanza.

Pero hay otro dato más importante: las campañas presidenciales, los presidentes en turno y los expresidentes forman parte de la institución presidencial y ésta, mal que bien, con todas las sospechas y hasta pruebas, son inimputables por razones de seguridad política del Estado: la presidencia y sus titulares son garantes de la estabilidad del régimen priísta vigente.

Un presidente o expresidente en la cárcel implicaría el desmoronamiento, ahora sí, del régimen, aunque con los riesgos implícitos en la ausencia de un régimen de relevo. La fuerza de la presidencia de López Obrador, sólo comparable con la de Obregón, Elías Calles y Díaz Ordaz, no aguantaría un juicio judicial o por corrupción contra un expresidente de la república. Por eso Fox nunca pudo juzgar a Echeverría por Tlatelolco, un asunto mucho más grave que la compra de votos para la aprobación de una ley.

Y ahí se localiza otro problema: todos los presidentes de la republica y gobernadores (el caso de Jaime Bonilla Valdez en Baja California es un ejemplo) se han visto en la necesidad de comprar votos para aprobar leyes que les interesan, y a veces no sólo con dinero en efectivo sino con escalafones de poder. Algunos políticos presuntamente incluidos en la lista de Lozoya ya están acumulando casos similares para apilar decenas de expedientes similares.

Lo de las grabaciones serán un circo. De tenerlas, el gobierno actual las va a dosificar a su interés. El presidente Zedillo tuvo en sus manos grabaciones de Carlos Ahumada y otras que le hicieron en Cuba en las que confesó a quiénes había sobornado, pero esas pruebas fueron desaparecidas, escondidas o quemadas porque implicarían, también, el desmoronamiento del régimen.

En la realidad, el caso Lozoya pasará a los anales de los corruptos purificados; en los procesos legales, Lozoya aparece como el corrupto mayor, un señalamiento que ya manchó de por vida y más allá a toda su familia: por decisión propia, aunque por complicidades por el poder, Lozoya fue un factor corruptor para lograr los votos de aprobación de la reforma energética. La delación de cómplices no lo exonerará de sus propias culpas morales y éticas.

Pero nadie está descubriendo el hilo negro. El 12 de mayo de 1990, como parte del eje neoliberal del proyecto de gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de ley para privatizar la banca que se había expropiado para el Estado el 1 de septiembre de 1982. Lo significativo del caso que muchos diputados priistas y de oposición que votaron por la expropiación en 1982 también lo hicieron por la privatización, algunos ya sin estar del PRI en 1990 y otros hoy en el PRD y hasta en Morena, casi todos a cambiode dinero.

La purificación de políticos corruptos realizada en la actual administración es el indicio del destino de Lozoya Austin. Por lo tanto, la lucha contra la corrupción no ha servido, ni servirá, como mecanismo de destrucción del viejo régimen para la edificación de uno nuevo. Y lo grave es que muchos corruptos del viejo régimen siguen en activo en el gobierno actual, sin preocuparse por limpiar sus biografías.

Así que nadie verá tras las rejas a Peña Nieto ni a Luis Videgaray por el factor de impunidad de régimen.

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PIB. Quiérase o no, el PIB será el eje fundamental de la crisis mexicana. Ya va en -10% y seguirá bajando para quedar en alrededor -14%. Y la capacidad de reactivación en 2021 estará limitada por el nulo apoyo gubernamental a sectores para la reactivación. Por eso algunos inversionistas están evaluando una recesión con PIB negativo para 2020, 2021 y 2022.

Política para dummies: La política es el arte de atravesar pantanos con alas inmaculadas, porque la política es el pantano.

 

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@carlosramirezh

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Indicador Político- COVID-19 en Palacio, una crisis de seguridad nacional que no se evitó

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Carlos Ramírez*

En su agenda nacional de riesgos de 2016 –gobierno del presidente Peña Nieto–, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) delineó los trece temas centrales que tenían que ver con la estabilidad interior de la república y, por tanto, sin decirlo, los aspectos que referían la existencia del Estado mexicano; y en el número 7 fijo el tema del sistema de salud y las epidemias.

La infección del presidente de la república con el virus del COVID-19, en consecuencia, siempre fue un asunto de seguridad nacional del Estado; sin embargo, en las esferas que tienen que ver con la seguridad nacional nunca pudo permear el hecho de que había que proteger al jefe del Estado y del gobierno del contagio, porque, en el mejor de los casos, una contaminación presidencial iba a minar las bases de las certezas políticas nacionales con el tejido social de la estabilidad.

Y si bien el presidente López Obrador no fue un funcionario cooperativo con los enfoques de seguridad, en su entorno debieron ejercerse las funciones de autoridad institucional que siempre existen por encima del poder absolutista de la presidencia de la república. El secretario de Salud, el subsecretario de Salud y la secretaría de Gobernación carecieron de enfoques, decisión, autoridad y principios institucionales para someter al presidente a una disciplina sanitaria indispensable a su alto cargo.

La imagen del presidente López Obrador invulnerable al virus cuando aparecía sin cubrebocas en lugares aglomerados fue, en política, un factor de certeza social ante una población afectada por los casi dos millones de infectados y los casi 150,000 muertos; era, en sí misma, una imagen de confianza en una sociedad dependiente de los símbolos esotéricos del poder. El razonamiento era sencillo: si el presidente de la república era ajeno a la infección, entonces no todo estaba perdido.

Ahora viene el mensaje contrario. Sin conocerse a fondo los efectos reales de la infección en el cuerpo del presidente de la república, la sociedad va a mirar, con espanto, que nadieestá ajeno y que se hacen necesarias, ahora sí, decisiones de autoridad real: confinamiento, toque de queda, apoyos económicos a la planta productiva y el empleo. Asumir, en realidad, que el COVID-19 es una plaga que está destruyendo las bases institucionales, sociales y políticas del Estado y de la sociedad, lo que cualquier principiante de estudios de seguridad nacional podría ofrecer como primer corte sobre el virus.

Ahora debe venir un análisis severo de los funcionarios de segundo nivel que fallaron: la jefa de gobierno de la CDMX, los gobernadores y las autoridades del gabinete que no supieron, no pudieron o no lograron convencer al presidente de la república que el virus obligaba a un confinamiento institucional total y a un esfuerzo del Estado para apoyar con recursos presupuestales a los afectados. No se suspendieron labores económicas porque Hacienda nosupo fijar una narrativa de emergencia para ayudar a la planta productiva y el empleo y el funcionamiento irresponsable de las actividades económicas, sociales y productivas convirtieron una epidemia en una verdadera plaga sin control.

La falta de una agenda de riesgos para identificar posibles afectaciones a la seguridad nacional y la estabilidad social de la república y la carencia de instrumentos de autoridad –el congreso es una oficina no sólo irresponsable, sino inútil— para crear las circunstancias de un aparato de Estado que no dependa del presidente de la república han llevado al país a la orilla de un abismo inesperado, aunque de muchos modos previsto.

El problema no radicará en que la afectación del presidente de la república sea leve y en un par de días se vea de regreso a las conferencias matutinas, sino que queda instalado en la estructura desarticulada de un Estado presidencialista que de manera paradójica tampoco tiene mecanismos de emergencia para funcionar sin el presidente en turno. Ante la afectación de la salud presidencial el menor de los problemas era conducir las conferencias de prensa, sino crear mecanismos institucionales de funcionamiento del Estado.

La crisis del Estado mexicano por el virus en la salud del presidente de la república se exhibe en la ausencia de una estructura institucional para seguir operando la república. A dos años de gobierno el Centro Nacional de Inteligencia está desaparecido, la agenda de riesgos no existe y el virus como un elemento distorsionador de la estabilidad nacional carece de razonamientos de emergencia institucional.

 

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Política para dummies: La política, al final, siempre termina con el “se los dijeron”.

 

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Agenda México-EE. UU. (1): narco como seguridad nacional y soberanía

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Carlos Ramírez*

 

A Jorge Suárez Vélez y

a la memoria de la tía Tere

Si en el gobierno del presidente Joseph Biden van a regresar los viejos halcones de la política de inteligencia, seguridad nacional y espionaje, entonces el narcotráfico será en los próximos cuatro años el problema número uno en las relaciones de la Casa Blanca con Palacio Nacional.

Los otros temas de la agenda –cambio climático, comercio internacional, migración centroamericana y mexicana, inestabilidad geopolítica en América Latina y el Caribe, penetración de China, Irán, Rusia y Corea del Norte en la región y el ciclo populista– pasarán a segundo término. En esa agenda la Casa Blanca suele no negociar con los países involucrados.

En las primeras semanas podrían conocerse los marcos de referencia de las agencias de seguridad en el sistema de toma de decisiones de la Casa Blanca y el margen de maniobra del Consejo de Seguridad Nacional. A nivel de gobierno operan las estructuras de alta burocracia en el área de inteligencia, seguridad nacional y defensa.

Los responsables de esas áreas regresarán a recuperar el espacio de reflexión, inteligencia y acción que les negó el presidente Trump por desconfianza y porque sólo saben operan en lógicas intervencionistas y bélicas, en tanto que él como empresario prefería el campo de batalla del comercio y la economía. En los cuatro años de gobierno Trump tuvo a cinco jefes de inteligencia nacional –la oficina que coordina y de manera supuesta controla a las agencias de inteligencia y seguridad nacional civiles y militares– y cuando consejeros de seguridad nacional, ambas dependientes de manera directa de la Casa Blanca.

La agenda de narcotráfico EE. UU.-México se mueve en tres parámetros: la Estrategia de Seguridad Nacional del presidente en turno, la Estrategia de Combate a las Organizaciones Criminales Transnacionales y la Estrategia de Control de la Frontera Sur. Las tres son injerencistas. Y el presidente Biden envío ya un mensaje codificado; la designación de la embajadora Roberta Jacobson –el último año de Obama y los dos primeros de Trump– como czar de la frontera México-EE. UU., aunque adscrita a la oficina de asuntos latinoamericanos del Consejo de Seguridad Nacional. La primera clave se localiza en la función no policiaca sino estratégica-política de la funcionaria.

La estrategia de la Casa Blanca en el tema del narco tiene dos puntos fundamentales: el combate a las adicciones dentro de los EE. UU. y la persecución de los cárteles en sus madrigueras de sus países de origen. En este escenario se deben analizar las relaciones de seguridad de Washington con Ciudad de México: el papel de la DEA dentro de México, ahora mismo en operaciones oficiales y secretas para atrapar y llevarse a los EE. UU. al Mencho, presunto jefe máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación, y a Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo y responsable en el Cártel de Sinaloa del área de drogas sintéticas de fentanilo que están matando a consumidores estadunidenses.

De ahí que buena parte de las relaciones bilaterales se vayan a redefinir en el tema del narco en dos campos: el de la cooperación mexicana para permitir el funcionamiento de la DEA sin restricciones –aunque cuidando no cometer errores como el del general Salvador Cienfuegos Zepeda– y el de las nuevas relaciones entre los ejércitos de los dos países y ahora con el dato mayor de que el secretario de Defensa de la Casa Blanca es un general que tuvo hasta hace poco mandos operativos en Irak y Afganistán y con poca experiencia en el manejo de la burocracia civil y sobre todo legislativa.

Si los EE. UU. han otorgado al tema del naco un rango de seguridad nacional estratégica, en México el tema del crimen organizado se mira como policiaco. Sin embargo, el impulso desde la Cancillería mexicana a reformas a la Ley de Seguridad Nacional para meter en cintura a los agentes antinarcóticos estadounidenses significó un salto cualitativo al asumir las relaciones de seguridad con nuevos marcos referenciales de una doctrina de seguridad nacional estratégica de México para salirse del paraguas condicionante de la seguridad nacional de los EE. UU.

En este sentido, las nuevas relaciones México.EE. UU. en la agenda López Obrador-Biden son más estratégicas que policiacas, tienen que ver con la soberanía y por primera vez involucran las doctrinas de Estado en defensa nacional, autonomía militar y, sobre todo, control estricto sobre la soberanía ante los abusos de las agencias de espionaje de Washington.

 

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Política para dummies: La política es un juego del gato y el ratón, donde la clave está en el perro.

 

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Carlos Ramírez

Indicador Político- En el capitolio, ruptura del consenso imperial

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Carlos Ramírez* 

Ya habíamos aprendido, en relecturas de Tucídides sobre la guerra del Peloponeso de hace casi 2,500 años, que las grandes potencias crecen cuando hay unidad interna de objetivos y se derrumban cuando comienzan las divisiones en la sociedad. Ahora se calificó la protesta del 6 de enero como “terrorismo doméstico” y los demócratas preparan leyes para criminalizar el disentimiento.

Los EE. UU. se cimbraron en 1967-1972 con las protestas internas contra la guerra de Vietnam, aunque en 2001 Bush Jr. encontró la salida de unidad del consenso interno al convertir al terrorismo radical islámico como el gran enemigo histórico del imperio. Hoy el presidente Donald Trump le ha dado sentido irreconciliable y conflictivo al modelo bipartidista que ha promediado 60% demócratas y 40% republicanos, con periodos de republicanos en la presidencia.

Pero lo que era un modelo pendular –oscilando presidencias demócratas y republicanas– se descompuso en la confrontación violenta. El asalto de hordas de la ultraderecha al Capitolio fue operado con el objetivo de provocar una crisis constitucional al impedir el proceso de votación de colegios electorales para convertir de manera oficial al demócrata Joseph Biden en presidente electo. Ahí reventó el modelo conciliatorio bipartidista de democracia representativa dominada por los lobbies de poder real.

La peor crisis de protestas sociales contra la guerra en Vietnam ocurrió en dos tiempos. En 1967 miles de jóvenes irrumpieron en las instalaciones centrales del Pentágono en Washington –entonces con poca vigilancia restrictiva–, llegó al colapso con el bonzo que se prendió fuego en el estacionamiento principal de esas oficinas y en 1968 con las protestas contra la convención presidencial demócrata en Chicago en 1968 y el arresto de siete dirigentes juveniles que fueron juzgados, hecho acaba de revivir en la película “El juicio contra los siete de Chicago”. La protesta juvenil fue el punto de inflexión que mostró que la participación estadunidense se enfilaba a un fracaso y la salida nada elegante de las tropas en 1973.

Los comportamientos de los seguidores de Trump no inventaron alguna forma nueva de protesta; sólo dejaron asentado que no eran de exhibición. sino que buscaron crear una crisis constitucional al impedir la consolidación de los tiempos legales de la victoria de Biden.

Detrás de las protestas no hubo sólo el enojo de los seguidores de Trump y la reacción esperada al discurso del presidente azuzando a la turbamulta, sino la expresión de signos de ruptura. No se necesita invocar indicios de una latente guerra civil –que algunos han hecho–, ni advertir que esa violencia en el Capitolio mostró la ineficacia de las reglas institucionales de la democracia, ni ver en directo el agotamiento de la vieja cortesía en la que el candidato derrotado “concedía” la victoria a su adversario, inclusive en aquel incidente que pudo haber llevado a la ruptura en el 2000 cuando la elección llegó a la Corte Suprema y el demócrata Al Gore hubo de aceptar, sin convencimiento, su derrota para evitar las fracturas al régimen político.

Ahora hemos visto el choque interno entre masas armadas con los representantes del modelo de democracia de lobbies. Y la respuesta demócrata alimento los indicios de quiebra del acuerdo fundador de la nación: el juicio contra Trump sin aportar investigaciones o procedimientos político-judiciales, sino sólo con informes periodísticos y enojos de la líder demócrata Nancy Pelosi.

Lo de menos será la imposibilidad práctica, por tiempos políticos, para completar un verdadero procedimiento de impeachment legal, sino con el afán de bloquear por anticipado cualquier posible intento de Trump por querer regresar a alguna estructura de poder por la inhabilitación del juicio político. Nada más antidemocrático que usar las leyes políticas para cerrar el espacio a la competencia y participación entre diferentes posiciones políticas e ideológicas.

Si el sistema político estadounidense se declara, en los hechos, incapaz de resistir otra participación directa de Trump, entonces ese régimen carece de legitimidad. Y de nada servirá que el presidente en funciones Biden, a partir de hoy 20 de enero, trate de bloquear el juicio contra Trump, aunque no por voluntad democrática sino para sentar las bases de una unidad nacional que quedó inservible el pasado 6 de enero.

La imagen de la catedral simbólica de la democracia estadunidense, el Capitolio donde se cocinan las grandes intervenciones, guerras y avales para derrocar otros gobiernos, siendo asaltada por turbas violentas sin sentido de guerra civil quedará para las argumentaciones externas cuando la Casa Blanca quiera intervenir en procesos políticos en otros países. Los EE. UU. como faro de la democracia perdieron valor y presencia, porque el colapso provocado por Trump seguirá un tiempo más si acaso Pelosi quiere ir hasta el fondo con la inhabilitación o si Trump quiere regresar a la política de manera atrabancada.

La fuerza política en el exterior de los EE. UU. estaba en el consenso interno, aún de los sectores progresistas que a veces con rubor rechazaban la exacción de recursos de otras naciones o las decisiones para derrocar gobiernos o los casos de líderes políticos asesinados en aras de una estabilidad autoritaria. Esos sectores progresistas, en el poder, disfrazaban radicalismo con reformas sociales populares y sociales, aunque siguieran explotando a naciones pobres para consolidad su american way of life.

La crisis del 6 de enero fue una quiebra del consenso interno y no se ve en el corto plazo algún liderazgo que logre pegar los pedazos rotos en el Capitolio.

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