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Indicador Político:

Pocos recuerdan que el Instituto Nacional Electoral fue una condición externa al presidente Salinas de Gortari para avalar la globalización económica y para tratar de borrar el fraude de su elección presidencial. Pero la salida no significó una solución, sino el trasladado del control electoral del ejecutivo priísta al ejecutivo del partido que ganara las elecciones y la mayoría legislativa.
Ahora se presenta la gran oportunidad para crear un sistema electoral barato, funcional, eficiente y sin compromisos de poder. El asunto de los altos salarios y prestaciones a los funcionarios medios y altos del Instituto es apenas la punta del iceberg. El fondo radica en la creación de una casta burocrática como garantía de una democracia que al final de cuentas sólo se acredita con el voto y el conteo.
La reorganización del INE debe pasar por revisar nuevos mecanismos electorales, entre los que destacan cuando menos seis:
1.- Disolver el INE como está y crear un Centro Nacional de Elecciones, cuya función sea sólo instalar casillas, supervisar votos y contar sufragios.
2.- Disolver el costosísimo Consejo Electoral y dejar sólo a un director y jefes de área. Los partidos nada tienen que hacer en un organismo electoral.
3.- El sistema de quejas deberá pasar al Tribunal, con una nueva instancia de revisión de sentencias como oficina de control de impugnaciones.
4.- Desaparecer la credencial de elector y cumplir el compromiso del modelo de seguridad pública del gobierno actual de la cédula de identidad con uso electoral, como ocurre en muchos países.
5.- Desaparecer los INE locales y dejar sólo delegaciones con la misma figura del Centro Nacional de Elecciones.
6.- Quitarle al INE la distribución de dinero a los partidos y pasarlo al Tribunal que tiene facultades legales de sanciones.
La estructura del INE llegó a casi un cuarto poder electoral –similar al que existe, por ejemplo, en Venezuela– con facultades coercitivas ilegales que afectaban derechos constitucionales y sólo basados en reglamentos. En los hechos, la persecución de periodistas que violaba el derecho constitucional de opinión fue usado como venganza personal del consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello contra críticos a su gestión, aunque el Tribunal siempre desechaba esas aberraciones legaloides.
Como la CNDH, también el INE fue un organismo que creció sin control y desvirtuó sus funciones. El consejero presidente se convirtió en un poder superior al de los partidos y tomaba decisiones por razones de gusto personal. Los demás consejeros fueron electos por cuotas de partido, lo que llegaba a decisiones que eran delineadas por los partidos y no por la capacidad profesional de los consejeros.
El costo del INE paga sólo la desconfianza en las instituciones que dejó el largo periodo de control electoral en la Secretaría de Gobernación hasta el fraude de julio de 1988. Sin embargo, la estructura del sistema político carece de instancias como para repetir otros fraudes. Y, peor aún, en sus 27 años el INE arrastra una serie de acusaciones graves de irregularidades electorales iguales o hasta peores que las que marcaron el lado oculto de la Comisión Federal Electoral y la caída del sistema de cómputo la noche del ‪6 de julio‬.
El formato de INE ya llegó a su fin y ahora se requiere fundar nuevas instituciones. La tarea electoral se debe ceñir a la realización de las elecciones y no a salvaguardar la democracia, como si el INE fuera un organismo superior a las instituciones que ponen en práctica y en riesgo la democracia. En muchos países democráticos la democracia tiene otras instituciones y no sólo la electoral.
El debate sobre el recorte presupuestal del INE afecta al gasto burocrático, el de sus funcionarios, y no al destinado a realización de elecciones. Ahí es donde se va a medir la funcionalidad del instituto: si el INE funciona igual con menos gasto operativo, entonces será la prueba de que el gigantismo burocrático ha obedecido a grupos de poder que a funcionalidad práctica.
La reforma electoral que acote el poder del INE no será una reforma de régimen, pero si una reorganización necesaria de organismos que crecieron por razones internas de grupos y funcionarios y no por necesidades de funcionalidad electoral.

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Tomar la calle. Colombia y Uruguay se suman a las naciones donde las protestas sociales salen de manera violenta a las calles. Y se trata, hay que subrayarlo, de naciones con prácticas e instituciones democráticas consolidadas. Salvo en Bolivia sonde la protesta fue electoral, en las demás han sido reacciones a ajustes de precios con nefastos efectos sociales.
Política para dummies: La política es la función de garantizar la democracia, no para satisfacer grupos de interés.

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@carlosramirezh

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Indicador Político- 25% de familias con empleo formal y salario remunerador

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Por Carlos Ramírez*
La clave de la felicidad se localiza, como punto central, en el trabajo con prestaciones sociales y salario remunerador; es decir, que el trabajo sea fecundo, creador y genere dicha y bienestar para el trabajador y su familia.

Las cifras oficiales ya con el costo de desempleo por el frenón productivo provocado por el coronavirus daría cifras que representan el desafío para tener un PIB alto y cuando menos recuperar algo de lo perdido, sin que haya espacio para generar nuevo empleo formal:

–De la población económicamente activa de 57.3 millones de trabajadores, la mayoría –el 57%, 32.1 millones– lo hace en el sector informal, es decir, sin seguridad social, ni salarios oficiales, ni prestaciones sociales; sin felicidad, pues.

–La tasa de desempleo oficial de 3.5% del INEGI representa dos millones de personas; a ellas se deben debe agregar un millón más de desempleados forzados por el virus en las cifras hasta abril –se sumarán cientos de miles más en el segundo trimestre–. Y hay que sumar 1.3 millones de mexicanos que se incorporarán en este año a la población económicamente activa por primera vez y no encontrarán empleo. Por tanto, hasta ahora se prevé un desempleo de 4.3 millones de personas en este año, casi el 9%.

–En términos reales, sólo el 47% de la población trabajadora se encuentra en situación de empleo formal. Y del total de la PEA, sólo el 25% tiene salarios arriba de cinco salarios mínimos.

En un análisis realizado en 2014 para definir los derechos del consumidor, la Procuraduría Federal del Consumido estableció los tres rangos de las clases sociales en México:

–Baja: 60%, con baja-baja de 35% y baja-alta de 25%.

–Media: 34%, con media-baja de 20% y media-alta de 14%.

–Alta: 6%, con alta-baja de 5% y alta-alta de 1%.

Estas cifras revelan la injusta y polarizada distribución de la riqueza en México: la clase más baja es de 35% del total de la población, casi un tercio del total, y la clase más alta es de 1%, apenas 1 millón 250 mil personas, de los 125 millones de mexicanos.

El problema de México no es el PIB como la suma anual de los bienes y servicios, sino de distribución de la riqueza. Por valor del PIB, México ocupa el lugar 15 entre todos los países del mundo, pero baja al lugar 75 en PIB per cápita o el total de valor del PIB dividido entre el número de habitantes. Justamente el PIB per cápita es el indicador mundial del bienestar.

En cifras del profesor Arnulfo R. Gómez la participación del PIB de México en el ranking mundial ha bajado del 2.65% en 2001 a 1.45% en 2018 México, pese al Tratado de Comercio Libre; y el lugar de México en la lista de países por PIB per cápita también ha disminuido: del lugar 41 al lugar 74.

El desafío de lograr la reversión de la actual distribución de la riqueza de 80% para ricos y 20% para pobres a una distribución de 80% para pobres y 20% para ricos exige una política de Estado para la redistribución de la riqueza por lo menos durante 15 años.

En un libro La economía de las desigualdades, Cómo implementar una redistribución justa y eficaz de la riqueza, publicado en 2008, el economista francés Thomas Piketty –vuelto famoso por sus libros sobre el capital como riqueza y no como eje del marxismo– establece dos formas de redistribución de la riqueza:

–La pura: “se adapta a las situaciones en que el equilibrio del mercado es eficaz, sí, en el sentido de Pareto; es decir, cuando es imposible reorganizar la producción y la asignación de los recursos de manera en que todo el mundo gane, pero a la vez las consideraciones de pura justicia social requieren una redistribución desde los individuos más favorecidos hacia los que son menos”.

–La eficaz: “situaciones en que imperfecciones del mercado requieren intervenciones directas en el proceso de producción, que simultáneamente permiten mejorar la eficacia paretiana de la asignación de los recursos y la equidad de su redistribución”.

En este sentido, la redistribución justa y eficaz de la riqueza para lograr la felicidad de el 80% de los mexicanos no propietarios que usan su fuerza de trabajo para ingresos que le permitan la felicidad sólo es posible al pasar de la mano invisible del mercado a la mano redistribuidora del Estado.

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Política para dummies: La política real es el mundo frío de los números,

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Felicidad, engaño de Venezuela; Padilla: distribución del ingreso

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Por Carlos Ramírez*
El populismo región 4 de Venezuela con Hugo Chávez y Nicolás Maduro ha sido una venta de expectativas demagógicas; en octubre del 2013 Maduro anunció la creación de un Viceministerio para la Suprema Felicidad del Pueblo, pero al final esa oficina quedó en una instancia burocrática sólo para atender solicitudes ciudadanas de ayudas.

De las seis funciones de ese Viceministerio, dos son de ventanilla de informes: “atender, gestionar y solucionar los casos que sean remitidos al viceministro” y “atender y orientar a los ciudadanos y ciudadanas que acuden al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento a la Gestión del Gobierno en busca de ayuda en áreas como salud, discapacidad, asesoría legal, asignación de becas, ayudas por abandono, desalojo o cualquier otro ámbito de sus competencias”.

Otra función es la de desahogar expedientes sin resolver. También tiene la función de “procurar solucionar (sin asegurarlo del todo) los problemas planteados al presidente de la república o al Ministerio”, pero apegadas esas gestiones “a los principios de legalidad, igualdad imparcialidad y celeridad”. Y: “coordinar los operativos de carácter social”. Además, llevar registro de casos.

En este sentido, el Viceministerio venezolano para la Suprema Felicidad del Pueblo es una oficina burocrática sólo de gestiones de gestiones y para mantener bajo su dominio veintiséis oficinas de fundaciones y organismos que tienen que ver con la cultura, todos ellos bajo la consigna oficial en su página web de “aquí amamos a Chávez”. En este sentido, el papel de Viceministerio con labores de organización política de estructuras de movilización social para el chavismo con recursos públicos busca promover “sedes socio-políticas”, así como el “seguimiento a actores nacionales e internacionales de interés para la gestión del gobierno”.

La felicidad, por lo tanto, no es una condición de clase social ni de nivel de bienestar. El diccionario de la Real Academia Española señala tres acepciones a felicidad:

  • Estado de grata satisfacción espiritual y física.

  • Persona, situación, objeto o conjunto de ellos que contribuyen a hacer feliz. Mi familia es mi felicidad.

  • Ausencia de inconvenientes o tropiezos. Viajar con felicidad.

Las sociedades de los países subdesarrollados o con niveles de pobreza y marginación mayoritaria en realidad no son infelices, sino que padecen desigualdad en la distribución de la riqueza producida. El mito del milagro económico del desarrollo estabilizador 1958-1970 logró tasas de PIB de 6%, pero la distribución de la riqueza fue concentradora en los sectores sociales altos: de 1958 a 1970 el ingreso del 10% de las familias más pobres bajó de 2.2% a 1.3%, en tanto que el 10% más rico bajó de 49.3% a 41.9%, lo que reveló acción redistribuidora del Estado a favor de las clases medias.

Pero aún así, en términos oficiales, en 2018 el 80% de las familias pobres a desarrollo medio se repartían el 50% del ingreso, en tanto que el otro 50% se quedaba en el 20% de las familias ricas.

En este sentido, el populismo y el neoliberalismo no modificaron la estructura desigual de la concentración de la riqueza y del ingreso.

En 1981 el economista Enrique Padilla Aragón publicó su libro México: hacia el crecimiento con distribución del ingreso (Siglo XXI Editores) y ahí dejó claro que los años del “milagro económico mexicano” sólo profundizaron la desigualdad y beneficiaron la riqueza, Pero afirmó que sí era posible el crecimiento con distribución del ingreso y delineó cinco sugerencias que deben estar en el centro de cualquier nueva política económica para la justicia social:

  • Dominio del gobierno en la economía.

  • No utilizar el ingreso como medida de crecimiento, sino hacer estimaciones físicas de los insumos necesarios para alcanzar niveles mínimos de nutrición, salubridad, vivienda, educación y otros que son esenciales indicadores de necesidades básicas.

  • Elevar la productividad y terminar con la pobreza.

  • Atender la función del bienestar.

  • Abandonar el modelo del tipo de mayor intensidad de capital seguido por México y Brasil por el de mayor intensidad de trabajo.

Para Padilla Aragón el nuevo modelo daría resultados en diez años.

En este sentido, el debate debe ser sobre la redistribución de la riqueza y no la felicidad.

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Política para dummies: La política marca la diferencia entre demagogia y realidad.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- La felicidad sólo es producto de la redistribución de la riqueza

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Por Carlos Ramírez*
La fórmula de la felicidad del pueblo sería la siguiente:

Felicidad= PIB+impuestos+gasto social-corrupción

80% población

El problema de la desigualdad social no tiene que ver con su medición, sobre todo si en México hay datos certeros sobre la concentración de la riqueza, el ingreso, el bienestar en el 20% de las personas más ricas.

En diferentes ensayos sobre la distribución del ingreso se tienen registro de la distribución del ingreso en 10 grupos de familias conocidos como deciles. Esta distribución del ingreso ha sido retomada por la Encuesta Ingreso-Gasto que realiza el INEGI con bastante precisión.

La cifra oficial de concentración del ingreso en la encuesta de 2018 es muy explícita: el 20% de las familias más ricas tiene el 49.4% del ingreso, en tanto que el 80% restante se reparte el 50.6% restante del ingreso. Como dato comparativo: en 1958, hace 60 años, el 10% de las familias más ricas acaparaba el 49.3% del ingreso nacional, contra 50.3% del 80% de la población.

Los mecanismos de distribución de la riqueza fueron de 1934 a 2018, populistas, aún en el largo ciclo del neoliberalismo 1083-2018; el decir, el Estado y su política fiscal asumieron la tarea de dotar a las personas de bienestar asistencialista. Pero la disminución de ingresos fiscales, la burocratización y la corrupción fueron disminuyendo la disponibilidad de recursos para las políticas sociales.

En economía se cuantifica el bienestar o la situación de necesidades satisfechas aún de manera mínima en cinco indicadores básicos: vivienda, salud, educación, alimentación y salarios. Pero el gobierno castigaba salarios en aras de bajar presiones inflacionarias y convertía subsidios básicos en salario no-monetario atado a los intereses de los funcionarios sexenales del Estado que buscaban la dependencia social.

La clave del bienestar está en control inflacionario, salarios remuneradores sin subsidios y posibilidades de ascenso social. Las políticas asistencialistas cubren necesidades muy-muy indispensables, otorgan como subsidios algunos beneficios también mínimos y no garantizan el escalafón social.

La felicidad es un estado de ánimo no cuantificable, porque hay pobres muy felices y ricos muy infelices. Y las condiciones de felicidad no tienen más que una forma de resumirse: políticas de bienestar del Estado financiadas con impuestos. El Estado acota la riqueza acumulada y aumenta el bienestar en los pobres.

Más que infeliz, México es un país con polarización social: 80% de mexicanos viviendo con una a cinco carencias sociales y 12 personas con una riqueza de más del 12% del PIB. Esta concentración de la riqueza ha sido aprobada y estimulada por el Estado con una política fiscal que no graba la riqueza.

El país más feliz del mundo es Finlandia. Una nota del sitio web El Confidencial revela que los finlandeses más ricos llegan a pagar el 53% de impuestos sobre su riqueza, lo que permite que el Estado tenga los servicios sociales más amplios del mundo. La fórmula es sencilla: el Estado es la única instancia que puede equilibrar el bienestar y requiere de tres condiciones: impuestos cobrados a los ricos y a los productores, infraestructura social integral e ingresos fiscales suficientes, todo ello garantizada por la tasa mas baja de corrupción. La carga fiscal en Finlandia es de 42.3% en tanto que en México es de 17%; y Finlandia tiene apenas 5.5 millones de habitantes y México se acerca a 130 millones.

El estado económico de la felicidad –en caso de existir– sería producto del modelo Pareto: 80% de personas sin restricciones sociales y 20% de marginados; hoy México está el revés. El modelo de PIF –Producto Interno de Felicidad– dependerá de los mecanismos de distribución de la riqueza para evitar la concentración de la riqueza en el 20% de las familias y para modular la riqueza excesiva vía políticas fiscales.

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Minería. Con acuerdos firmes de atención a la emergencia sanitaria, la minería regresa a la producción, luego de un acuerdo del subsecretario federal de Minería con las principales agrupaciones de trabajadores mineros. La minería proporciona casi tres millones de empleos directos e indirectos, representa casi el 4% del PIB nacional y el 8% del PIB industrial. Los lideres sindicales Ismael Leija, Javier Villarreal y Carlos Pavón pivotearon el compromiso y la urgencia de regresar a la producción con normas estrictas de seguridad sanitaria.

Política para dummies: La política es el lenguaje que dice una cosa y quiere decir otra.

 

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