Por Laura Gutiérrez Franco
La ola de narcobloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos registrados en Michoacán y sus límites con Jalisco —derivados de operativos de las fuerzas federales contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)— volvieron a paralizar el tránsito mercantil y detonaron una severa alerta en el sector productivo del occidente del país.
Ante esta crisis, el presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Antonio Lancaster-Jones González, advirtió que estos hechos provocan graves afectaciones y obstaculizan el flujo de mercancías hacia y desde la entidad.
El dirigente empresarial enfatizó en entrevista luego de asistir a la inauguración de Expo Mueble, que la obstrucción del tránsito no es un hecho aislado provocado únicamente por coyunturas de violencia como la actual, sino un problema recurrente con el que el sector productivo ha tenido que lidiar desde hace años, afectando la competitividad y la logística regional.
Incapacidad gubernamental y complacencia oficial
Sin embargo, cabe señalar que el fondo de este conflicto exhibe un fracaso político evidente. Michoacán es gobernado por Morena bajo la administración de Alfredo Ramírez Bedolla, un gobierno que ha demostrado una absoluta incapacidad para reducir la violencia diaria que azota a múltiples municipios de la entidad.
Lejos de actuar con determinación, las autoridades han sido omisas y muestran una parálisis que raya en el desconocimiento total sobre cómo gobernar y proteger a los ciudadanos, dejando abierto el interrogante de cómo fue que la población optó por esa alternativa.
Esta inacción del gobierno estatal y federal no es casualidad; refleja la forma en que opera Morena, una postura permisiva que termina por cederle el espacio y el control directamente al narcotráfico. Mientras las autoridades evaden su responsabilidad elemental de brindar seguridad y garantizar el libre tránsito, las consecuencias las sufren directamente sectores clave como la producción de limón y aguacate, severamente castigados por la extorsión y el estrangulamiento de las vías de comunicación.
El vacío de autoridad en el estado contrasta con esfuerzos aislados como el de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, quien ha tenido que encarar la crisis de inseguridad en su municipio tras el desgarrador asesinato de su esposo Carlos Manzo, a manos del crimen organizado. La situación en los corredores carreteros del occidente exige una intervención contundente y el fin de un modelo de gobierno que, lejos de dar soluciones, mantiene a la región a merced de la delincuencia.
El colapso en la frontera con Michoacán es apenas el síntoma de una patología nacional sin freno. La geografía de la emergencia se ha vuelto itinerante pero interminable: cuando no es Sinaloa sumida en un estado de sitio permanente, es Tabasco, Veracruz, Tamaulipas o el Bajío. Hace 15 días Zacatecas ardió ¿Ahora cuál sigue?
Las cifras triunfalistas del discurso oficial naufragan frente a la realidad de las carreteras del país, donde el libre tránsito dejó de estar garantizado hace años. La estrategia federal exhibe un fracaso sistémico: la captura o neutralización mediática de un objetivo prioritario a manos de Omar García Harfuch no desmantela las estructuras; por cada operador detenido surgen tres más para disputar la plaza.
La Guardia Nacional y sus patrullajes preventivos han demostrado ser del todo insuficientes para frenar el verdadero motor del crimen: la extorsión sistemática al comercio, el flujo impune de dinero ilícito y la pesadilla humana de los campos de reclutamiento forzado y exterminio que la autoridad insiste en negar desde el escritorio.
El fondo del asunto apunta hacia un dilema institucional severo y un gobierno acorralado por sus propias omisiones. La negativa a aceptar cooperación internacional sustantiva, el proteccionismo político hacia perfiles impresentables como el gobernador con licencia sinaloense Rubén Rocha Moya y la simulación táctica en las zonas de mayor conflicto alimentan la sospecha de que no se trata de incapacidad, sino de una complacencia estructural.
Cuando un Estado renuncia a ejercer el monopolio de la fuerza en las vías de comunicación y tolera el asedio sobre los sectores productivos, la frontera entre la omisión gubernamental y la figura del narco-estado se vuelve peligrosamente difusa. Ni la economía del occidente ni la seguridad de las familias jaliscienses -ni las de todo el país- pueden seguir sujetas a la narrativa de un gobierno que promete pacificación mientras cede, tramo a tramo, el control del país.
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