Staff A Fondo.- En conferencia de prensa, el diputado Alberto Alfaro advirtió que Jalisco está en un momento decisivo para su sistema judicial, a pocos días de que venza el plazo para armonizarlo con la reforma impulsada por la presidencia de la República.
El legislador subrayó que la propuesta de la Cuarta Transformación busca garantizar que los jueces y magistrados respondan a la ciudadanía y no a grupos de poder. Sin embargo, denunció que dentro del Congreso jalisciense han surgido iniciativas que, en lugar de fortalecer la independencia judicial, podrían consolidar el control del poder ejecutivo sobre el sistema de justicia.
Un nuevo modelo de justicia o una lucha de poder
Según Alfaro, la reforma federal plantea que los jueces y magistrados sean electos por el voto ciudadano para romper con la influencia de grupos de interés que históricamente han controlado el poder judicial. Además, propone la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial para sancionar a quienes incurran en actos de corrupción.
No obstante, el diputado criticó fuertemente la propuesta del gobernador Pablo Lemus, operada a través de Arturo Zamora, a quien señaló como un actor con profundas conexiones dentro del poder judicial y la fiscalía, lo que, en su opinión, pone en riesgo la imparcialidad de la reforma. “No se garantiza en lo más mínimo que la propuesta de Lemus-Zamora sea imparcial, pues responde a los mismos intereses que por años han controlado la justicia en Jalisco”, aseveró Alfaro.
¿Dónde queda la ciudadanía?
El diputado también denunció que la iniciativa estatal excluyó la participación de la ciudadanía, ya que únicamente se consultó a “expertos” y colegios de abogados afines al gobierno. “Se dice que se tomó en cuenta a los litigantes y a la sociedad civil, pero en realidad no se consideró la opinión de la gente de a pie, de quienes sufren día a día un sistema judicial burocrático y corrupto”, sostuvo.
Además, criticó que la propuesta de Lemus-Zamora ignora mecanismos como la insaculación, que impediría que las designaciones de jueces y magistrados sean una simulación democrática. “Sin un diagnóstico real de la corrupción y el nepotismo dentro del poder judicial, cualquier reforma corre el riesgo de ser un simple ajuste político”, advirtió.
El reto del Congreso: una reforma legítima y efectiva
Alfaro confió en que las comisiones del Congreso encargadas de analizar las iniciativas logren integrar las mejores propuestas sin desvirtuar el propósito de la reforma federal: que la justicia esté al alcance de todas y todos.
Sin embargo, alertó sobre la posibilidad de que el gobierno estatal imponga su visión y mantenga el control sobre el poder judicial. “Jalisco merece un sistema judicial justo, no un modelo diseñado para beneficiar a los mismos de siempre. Vamos a estar atentos para que el sentir de la gente sea tomado en cuenta en el dictamen final”, concluyó.
Con el tiempo en contra, el Congreso local tendrá que definir si Jalisco avanza hacia una verdadera transformación de su sistema de justicia o si se mantiene bajo el dominio de los grupos de poder.
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