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Análisis

Gabriel Torres Espinoza.
En septiembre pasado, durante sesión extraordinaria, diputados aprobaron con 27 votos a favor y 8 en contra (del PRI y MORENA), en lo general las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Jalisco; en lo particular, se revisaron diversos cambios propuestos al dictamen en donde se aprobó eliminar el haber de retiro a magistrados [(un bono millonario que tradicionalmente recibían los magistrados para su jubilación], y aplicar exámenes de confianza. Se estableció como causa de retiro forzoso no aprobar las evaluaciones de control de confianza.
Como parte de las pruebas de confianza que serán aplicadas a magistrados y jueces de Jalisco, se confirmó que incluirán una evaluación al patrimonio de esos funcionarios judiciales, así como un examen poligráfico, justo como se hace con los policías e integrantes de las Fiscalías. Dichos exámenes serán llevados a cabo por el Centro de Evaluación de Control de Confianza del Poder Judicial, el cual se concibe como un órgano de evaluación, con autonomía presupuestal, administrativa, técnica y de gestión, encargado de realizar las evaluaciones de evolución patrimonial y control de confianza de los jueces de primera instancia y los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.
La reforma aprobada por el Legislativo establece que las valoraciones de control y confianza que se realizarán a los jueces y magistrados habrán de aplicarse cada cuatro años, señala el Artículo 61, mismas que deberán ser incluidas en su expediente laboral, que será de carácter reservado, a excepción de la evaluación patrimonial. Los jueces de primera instancia, menores y de paz, será electos por el Consejo de la Judicatura por un periodo de cuatro años, al vencimiento del cual podrán ser reelectos previa acreditación de las evaluaciones de control de confianza, y en dichas selecciones prevalecerá el principio de paridad de género.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que preside Luis Raúl González Pérez, interpuso controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que solicita se declare inválida la reforma constitucional al Poder Judicial del Estado de Jalisco. La CNDH, al igual que el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República son los entes que pudieran interponer la controversia y que en esta ocasión lo hizo el organismo de Derechos Humanos.La lista de juzgadores que presentaron amparos para que no se les aplique la reforma al Poder Judicial sigue ampliándose.
La reforma aprobada, se dice, es un intento de alterar la autonomía del Poder Judicial. Pero más importante, ocasión para que el Ejecutivo pueda incidir con una mayor cuota en la dirección del Poder Judicial. La reforma tiene muchos puntos débiles que ya denotan los amparos y suspensiones concedidas por órganos jurisdiccionales. Pero parte de la realidad de un poder que acusa hoy múltiples abusos, y que ha sido incapaz de realizar un auto diagnóstico, una crítica de sus propias fallas, y de ahí, plantear con autonomía su necesaria reforma, sin presiones de un ente externo, pero sin olvidar el contexto social. La reforma al Poder Judicial es indispensable, como también, su autonomía.

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Maestro en Filosofía por la UNIVA. Actualmente es Director General de Canal 44 y Canal 31.2 de la Universidad de Guadalajara (UdeG); Institución en donde además ha ocupado los siguientes cargos: Vicerrector General Ejecutivo, Rector del Centro Universitario de la Ciénaga, Director General de Medios UdeG y fundador de la Licenciatura en Periodismo. Es Presidente del Consejo Consultivo de Notimex y Vocal Propietario ante la Junta de Gobierno de la agencia de noticias del Estado mexicano. Y recientemente fue nombrado director de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Twitter: Gabriel_TorresE

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Gabriel Torres Espinoza

En justicia, el semáforo es rojo

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Gabriel Torres Espinoza*

En materia de procuración e impartición de la justicia, en Jalisco el semáforo marca rojo. El Índice de Estado de Derecho en México 2018  realizado por el World Justice Project (WJP) mide el Estado de Derecho por medio de ocho variables: 1) límites al poder gubernamental; 2) ausencia de corrupción; 3) gobierno abierto; 4) derechos fundamentales; 5) orden y seguridad; 6) cumplimiento regulatorio; 7) justicia civil; 8) justicia penal. Este ranking coloca a Jalisco en la posición 23 del tablero nacional. Ahora bien, el Índice de Impunidad Subnacional en México 2018, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), advierte que Jalisco tiene un “grado de impunidad alto”, ubicándose en el lugar N° 13 del tablero nacional. Los indicadores se clasifican en grados de impunidad “bajo”, “medio”, “alto” y “muy alto”.

Efectivamente, una de las asignaturas pendientes en México, y en el estado Jalisco, en materia de reformas constitucionales, es la correspondiente a la procuración e impartición de justicia. Especialmente en las prácticas de los actores políticos. Sin embargo, aunque se realizara una reforma constitucional, de esas que los entusiastas del diseño institucional llaman como “estructurales” o “de gran calado”, de nada serviría, con la paupérrima y raquítica calidad de los perfiles que integran el Poder Judicial y la Fiscalía. Especialmente hoy que se devela que, a pesar de las reformas, la designación de los integrantes del Poder Judicial sostiene un grotesco reparto de ‘cuates y cuotas’, pero sin perfiles profesionales idóneos. Lo de menos sería que fueran los ‘cuates’ de los diputados, si por lo menos se asegurara un adecuado perfil y trayectoria. Debido a ello, es que el mismo Congreso, tuvo que violar la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y su propia convocatoria, para regresar al ‘sistema de complicidades’, que atiende la nociva lógica de gente ‘incondicional’, pero sin perfil calificado.

Para ejemplos están los paradigmáticos casos de Armando García Estrada y Alberto Barba, otrora integrantes “suertudotes” del TAE, y que con el “reformón” efectista, de auténtico “relumbrón”, que dio lugar al Sistema Anticorrupción, pasaron a integrar el Tribunal de Justicia Administrativa: un Tribunal con un papel protagónico para combatir la corrupción de la vida pública en Jalisco, en manos de los más cuestionados y principales “enemigos públicos” de la metrópoli. Igualmente, emblemático resultó el caso de Vega Pámanes, que llegó a titular del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.

El caso de la reciente designación y nombramiento de los consejeros de la judicatura, es la “cereza del pastel” en el cinismo que envuelve a la impartición de la justicia en Jalisco: el órgano interno de control del Poder Judicial, esto es, el Consejo de Judicatura, está conformado ahora precisamente por quienes violentaron una convocatoria y el método de elección previsto en la Constitución. Mientras esto no cambie, no habrá #ReformaQueSirva (así como las consignas de #FiscalíaQueSirva). En todo caso, pasarán a sumarse a la larga lista de reformas ‘gatopardistas’: de esas que todo cambian en la norma, para que la normalidad siga siendo la misma.

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Gabriel Torres Espinoza

La deuda pública ¿bien aplicada?

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Gabriel Torres Espinoza*

La reforma al Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco 2020, aprobada por el Congreso del Estado el 22 de mayo, contempló modificaciones al gasto público por un monto de tres mil 520 millones de pesos. Estos cambios tendrían como destino la partida presupuestal 4418, denominada “Ayuda para erogaciones imprevistas (Pandemia Covid-19)”.

De acuerdo al portal web oficial del Gobierno del Estado de Jalisco, Transparencia Focalizada Covid-19, a la fecha ya han sido asignados tres mil 491 millones 087 mil 001 pesos para la atención de la pandemia (¿?), de los tres mil 520 millones de pesos reasignados para ello. Es decir, ya se encuentra comprometido el 99.17% del monto reasignado en el Presupuesto de Egresos 2020 para la gestión de la pandemia. Únicamente quedan por ejercer 28 millones 912 mil 999 pesos (nada) para la atención del coronavirus en Jalisco, justo cuando la curva epidemiológica se encuentra en su ‘pico’ más alto. No se trata de una apreciación subjetiva. El propio Gobierno del Estado, a través de su comunicación institucional en redes sociales, reconoce que “viene lo peor”. El director general de la OMS, señala que la pandemia “no está ni cerca de terminar”. La Universidad Johns Hopkins advierte que la fecha estimada de ‘pico’ en México será en agosto.

Un grupo de científicos tanto del CIDRAP, de la Universidad de Minnesota, como de la Escuela de Salud Pública TH Chan, de la Universidad de Harvard, predicen que son tres los escenarios probables en cuanto a la forma gráfica que tendrán las ‘olas’ epidemiológicas del SARS-CoV-2 en el Mundo: Escenario 1. Una primera ‘ola’ pronunciada que podría colapsar el sistema de salud en algunos países, seguido de ‘olas’ más pequeñas hasta el 2022. Escenario 2. Advierte una primera ‘ola’ considerable, seguida de una segunda ‘ola’ de mucha mayor magnitud en el otoño-invierno de 2020, y ‘olas’ más pequeñas hasta 2022. Escenario 3. Advierte un número indeterminado de ‘olas’ y rebrotes epidemiológicos, que son cíclicos y de igual magnitud, hasta 2022. Como quiera que sea, todo lo anterior indica que, en efecto, lo peor está aún por venir.

De forma que, ¿cuántos recursos públicos harán falta para amortiguar el impacto de una pandemia que advierte un largo y sombrío derrotero? Un gobierno estatal con un alto nivel de endeudamiento –utilizado para financiar proyectos insustanciales–, y con un eventual déficit fiscal, complica aún más el cruento panorama sanitario que se avecina.

Los seis mil 200 millones de pesos del endeudamiento que tendrán como destino el “Plan de Inversión Pública Productiva Integral para la Reactivación Económica del Estado, durante los ejercicios fiscales 2020 y 2021” [nótese que el plan de endeudamiento es únicamente para contener el impacto económico con obras, en su mayoría prescindibles; no para ampliar sustancialmente la infraestructura de Salud], apenas erogará 384 millones 600 mil pesos en “infraestructura para prestación de servicios de atención médica”. Esto es, ¡apenas el 6.2% del monto del endeudamiento autorizado! Los cinco mil 815 millones 400 mil pesos restantes tendrán un destino que NO corresponde a una desafiante realidad: Enfrentar los desafíos de un enorme problema de salud pública. El mayor de los últimos 100 años.

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Gabriel Torres Espinoza

La otra epidemia; Jalisco, a dos fuegos

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Gabriel Torres Espinoza*

De la Semana Epidemiológica (SE) 21 a la 25 de 2020 (la semana pasada), Jalisco avanzó en la epidemia de Dengue, con un ritmo de nuevos casos confirmados incluso superior a Veracruz, que hoy por hoy reporta el primer lugar nacional. Durante las últimas tres semanas, aquí se detectaron más casos nuevos confirmados que en Veracruz: 61,105,78, 128 y 88, respectivamente, durante las SE 21 a la 25. De forma que, de seguir esta tendencia, se puede esperar que nuestro estado llegue al primer sitio en casos confirmados a nivel nacional. La semana pasada alcanzamos la cifra de 789 casos confirmados, lo que representa ya un incremento de 160% con respecto al 2019.

El dato más delicado, respecto de ‘la otra epidemia’, es que el Dengue Grave creció 281 por ciento, respecto del año anterior (2019), durante esta misma fecha. El Dengue con signos de alarma ha aumentado en 2020, 76 por ciento respecto de 2019; y el dengue no grave 171 por ciento. Bajo este crecimiento en casos de Dengue, el mes de agosto se perfila a ser el inicio de una curva exponencial, que el año pasado ocurrió hasta el mes de octubre. Es decir, en el año 2020 la crisis llegará dos meses antes, lo que coincidiría, peligrosamente, con el volumen de casos activos de Covid-19.

Tener en cuenta el crecimiento que indica en 2020 el Dengue, resulta de la mayor relevancia si observamos los datos con que cerró el año pasado (2019) esta epidemia en Jalisco: 1) El mayor número de ‘casos confirmados’ de dengue, con 8 mil 270. 2) La mayor tasa de incidencia en ‘casos confirmados’, con 99.86 casos por cada 100 mil habitantes. 3) La suma más alta de ‘casos probables’ de dengue, con 66 mil 812. y 4) La mayor cantidad de ‘casos estimados’ de dengue, con 44 mil 146, colocándose dentro del ‘top 10’ de entidades federativas con mayor número de casos de dengue en la República Mexicana, al 2 de noviembre de 2019. 5) El estado con el mayor número de ‘defunciones confirmadas por dengue’, con 24 muertes registradas ‘oficialmente’; mientras que Veracruz registró 23. 6) La mayor cifra de ‘defunciones en estudio’, hasta la Semana Epidemiológica 44, con 94 casos; es decir, 10 más con relación a los que se observaron hasta la Semana Epidemiológica 43 [con corte al 26 de octubre], donde el número ascendía a 84. 7) El mayor número de casos de ‘defunciones en estudio’ por dengue, con una total de 10; mientras que Veracruz tres defunciones (durante la Semana Epidemiológica 44).

Otro apunte relevante es el 85 por ciento de los casos confirmados en 2020, ahora corresponden a las jurisdicciones sanitarias de: VI Ciudad Guzmán, XII Tlaquepaque, IV La Barca, VIII Puerto Vallarta y V Tamazula. Es para considerarse, puesto que el año pasado (2019) se emitió un ‘aviso epidemiológico’ en Jalisco (un vil invento para no asumir la Alerta Epidemiológica), que se circunscribió al Área Metropolitana de Guadalajara. Pero los cuatro municipios jaliscienses con mayor número de casos confirmados de dengue no grave por cada 100 mil habitantes, se reportaron ¡fuera de la jurisdicción de este ‘aviso epidemiológico’! Sociedad y gobierno (y especialmente el Secretario de Salud) acusan aprender muy poco con respecto a esta enfermedad, después de la crisis que vivió Jalisco en 2019 y que ahora evoluciona peor.

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