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Indicador Político

La creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 1990 fue una decisión estratégica del gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari: el Tratado de Comercio Libre exigía el fin de la represión del Estado. Así, el nuevo organismo formó parte de la democratización del México que se abría a la observación internacional.
Hoy el gobierno del presidente López Obrador va a definir el pivote que va a representar la CNDH en medio de quizá la peor herencia de la represión del viejo régimen priísta: la guerra sucia criminal contra la disidencia que carecía de cauces institucionales de participación, Y su escenario será doble: de un lado, ahora sí ajustar cuentas con el pasado de represión que Fox quiso hacer, luego le dio temor llegar al fondo y al final traicionó su compromiso; y de otro, convertir a la CNDH en un contrapeso a los vicios autoritarios del Estado.
La CNDH nació con la estridencia de su primer presidente, el entonces exrector Jorge Carpizo MacGregor, pero a la larga necesaria para posicionar la defensa de los derechos: luego el organismo pasó por tres presidencias light (1993-1999), volvió a reanimarse con José Luis Soberanes y Raúl Plascencia (1999-2014) en los años de la alternancia al PAN y de la alternancia al PRI; y entró en una zona gris de burocratización, gigantismo e ineficacia oficinesca de oficios con miles de copias inservibles durante los cuatro años de Luis Raúl González Pérez.
La CNDH tiene, además, un candado poco analizado: el apoyo de la Unión Europea a la reforma económica salinista pasó por el cumplimiento de la cláusula democrática, un mecanismo de exigencia de condiciones de democratización: el respeto a los derechos humanos, desde los sociales por la pobreza, hasta por políticos por los electorales, pasando por el ajuste de cuentas con el pasado represor del régimen priísta. En este sentido, buena parte de los organismos autónomos del Estado que se crearon desde 1990 no fueron por capricho presidencial, sino porque el Estado priísta era autoritario, represor, centralista y sobre todo sin contrapesos ciudadanos.
En este contexto, la designación del próximo presidente de la CNDH debe pasar por el sacudimiento de la modorra del periodo de González Pérez, pero de conformidad con las reglas de equilibrios democráticos entre Estado y sociedad. Si el Senado escoge a un incondicional del nuevo gobierno, el saldo será más negativo porque todas las violaciones de derechos constitucionales por parte del Estado encuentran estridencia multiplicadora en medios de comunicación.
La designación potencia requerimientos especiales toda vez que el principal problema de represión heredado por el gobierno actual es la cifra de más de 25 mil personas desaparecidas por razones políticas. El simbolismo de la medalla Belisario Domínguez a doña Rosario Ibarra de Piedra por su lucha contrae el autoritarismo represor del Estado que desapareció a su hijo Jesús y la inclusión en la terna de aspirantes a la CNDH de María del Rosario Piedra Ibarra, hija de doña Rosario, obliga a una decisión estratégica: investigar la represión del pasado y proteger a la sociedad del autoritarismo del Estado.
Junto con la designación del encargado de la CNDH –sea hombre o mujer– debe darse en el Senado una profunda reforma del organismo para dotarlo de capacidad de exigencia de cumplimiento de recomendaciones, porque hasta ahora sus dictámenes carecen de fuerza institucional y peor aún si van de la mano con la tibieza de autoridad del responsable.
La estructura autoritaria del Estado que permitió la represión sin castigos comenzó a cuartearse cuando los medidos de comunicación –de manera sobresaliente la revista Proceso en sus primeros seis años– dieron espacio público a las denuncias de autoritarismo en los setenta. López Portillo operó en cuatro pistas: autorizó la guerra sucia para liquidar disidentes armados, legalizó el Partido Comunista Mexicano para llevarlo al Congreso, promulgó una ley de amnistía contra guerrilleros presos y torturados y no frenó las publicaciones que denunciaban represiones priístas.
Lo grave de todo es que existe una inercia represiva violenta o institucional contra sectores de la sociedad porque las quejas ante la CNDH no han cambiado, incluyendo asesinatos y amenazas contra disidentes, activistas, periodistas y defensores de derechos humanos. Y sobre la represión del pasado con los desaparecidos por causas políticas sigue pendiente la creación de una verdadera fiscalía que finque responsabilidades en base a una necesaria y urgente ley de memoria histórica contra el régimen priísta.

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Culiacán. Algo está fallando en la política de comunicación social del gobierno federal porque ya van dos semanas de la crisis en Culiacán y las explicaciones no cambian el sentido de la crítica de casi todos los medios escritos. A lo mejor se olvida que la comunicación política es… política.
Política para dummies: La política es el espacio de las negociaciones, no de los manotazos autoritarios sin equilibrio ciudadanos de poder.

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Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Sacar al INE del conflicto electoral para evitar el conflicto poselectoral

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Carlos Ramírez

Como no había ocurrido desde su fundación en 1990 como IFE, el Instituto Nacional Electoral fue metido por el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello y el consejero Ciro Murayama Rendón en el centro del conflicto poselectoral. La razón se localiza en el repudio de ambos al populismo. En este sentido, el INE está sentando las bases para el conflicto poselectoral después del 6 de junio.

El INE fue creado sólo para organizar elecciones y contar votos. De modo arbitrario, el organismo ha querido convertirse en el cancerbero de la democracia. Pero una cosa es que las elecciones sean una parte del proceso democrático y otra que definan la democracia en sí misma. En este sentido, el INE debería ser alejado del conflicto electoral a través de varias decisiones estratégicas o las elecciones del 6 de junio serán conflictivas y tendrán en el INE parte de la responsabilidad.

1.- Sacar a Córdova y Murayama del litigio argumentativo en medios de comunicación. Como funcionarios nodeberían aparecer en medios ni menos aún debatiendo contra el presidente de la república o con Morena.

2.- Como al presidente Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2020 en EE. UU., aquí deben cerrarse de manera temporal las cuentas twitter a Córdova y a Murayama para evitar mensajes revulsivos. En procesos de alta tensión política, el medio del INE para comunicarse debería ser el boletín de prensa fuera de las redes sociales.

3.- Retirar de manera inmediata de circulación los libros Yo, el pueblo.  Cómo el populismo transforma la democracia, pagado por el INE y que se lee como un documento anti Morena y anti López Obrador. Y el libro La democracia no se construyó en un día, de Córdova, porque fue escrito en su tiempo de funcionario y con recursos del Instituto contrató a un colaborador-amanuense. En ambos casos se debe abrir un expediente por presunto peculado.

4.- Regresar el dinamismo electoral a la mesa del consejo general, pero con restricciones participativas del consejero presidente. Córdova ha mostrado en medios que se adueña del micrófono e inunda las bocinas de demagogia agobiante, sin dejar participar a los demás. La neurosis del micrófono de Córdova debiera acreditarse como política, no administración.

5.- Sacar al INE de la alianza PAN-PRI-PRD-Coparmex porque en los hechos el Instituto aparece como el virtual onceavopartido y su enfoque ideológico es el antipopulismo. Córdoba y Murayama tienen derecho a tener ideas y exponerlas, pero no como funcionarios que tienen en sus manos el delicado equilibrio de la estabilidad electoral. El presidente de la república ha demostrado la parcialidad del INE.

Nunca antes el IFE-INE había sido tan parcial en contra de alguna fuerza electoral como lo es con Morena. Y si bien hay razones suficientes para hacerlo, la dirección institucional del INE no debiera convertirse en dirección política. El cuestionamiento a Morena y al presidente de la república por el presunto populismo debiera ser objetivo de los partidos, no de la autoridad electoral.

La democracia electoral que tiene el INE como función es limitada y carece de contenido ideológico. Las elecciones son un mecanismo procedimental de la democracia como ideología. La verdaderademocracia debe ser capaz de permitir la contienda equilibrada y abierta de todas las fuerzas ideológicas o comenzar a excluir a fuerzas políticas por tener ideas no aceptadas por la autoridad electoral. Hasta ahora no se tienen datos de que el populismo sea una ideología proscritacomo algunas que conocemos. Y al propio sistema democrático le corresponderá, como ocurre ahora, aplicar los controlesnecesarios para evitar que la democracia sea usada por alguna fuerza ideológica para terminar con la democracia. El PRI usó la democracia para cerrar los caminos democráticos. Y el IFE nació como una forma limitada para abrir en México el verdadero juego plural de la democracia.

El INE es el organismo administrador de las elecciones, no el comité central de una democracia excluyente y autoritaria basada en la reglamentitis. Córdova y Murayama no pierden oportunidad para actuar como un politburó al viejo estilo comunista para determinar ellos qué es la democracia y qué no es.

O el INE regresa a organizar elecciones o su papel como comisario de una democracia tipo priísta será un factor de conflicto poselectoral.

 

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Carlos Ramírez

Indicador Político- WOLA, un think tank clave en el juego estratégico de Casa Blanca

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Carlos Ramírez

En términos estratégicos, el poder central en EEUU se conoce con el concepto –no referencia de nombre institucional– de Casa Blanca. A pesar de lo que piensen o digan los funcionarios, Casa Blanca decide lo que es mejor para la seguridad nacional de EEUU para privilegiar, como dice la Doctrina respectiva del gobierno de Biden, y defender el american way of life o modo de vida estadunidense.

Aunque tiene sus propias oficinas y organizaciones ad hoc que son controladas por el Congreso, el aparato de poder estadunidense –la comunidad de los servicios de inteligencia y seguridad nacional– utiliza a agrupaciones con cobertura académica o sólo analítica que son conocidas como think tanks, en cuyo seno son asimilados exfuncionarios de la seguridad civil y militar ya en fase de empresas de movilidad en la seguridad privada al servicio de la seguridad oficial.

En esa comunidad asesora se localiza el grupo Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés). El enfoque de seguridad nacional de esta organización coincide con el oficial estadunidense. Su último reporte sobre México y su crítica a la militarización sólo encontró contexto en tres escenarios construidos por la Casa Blanca:

1.- La presentación formal de la vicepresidenta Kamala Harris como encargada Senior de la agenda México dentro del nuevo aparato de gobierno.

2.- El aumento de las presiones de la DEA para realizar operaciones en México sin cumplir con las nuevas reglas de registro establecidas por la Ley mexicana de Seguridad Nacional.

3.- La búsqueda del debilitamiento de la participación de las fuerzas armadas mexicanas en labores de seguridad nacional estratégica y de seguridad interior para que México regrese al corral de una nueva Iniciativa Mérida.

La intención de la Casa Blanca es evitar la autonomía relativa del gobierno del presidente López Obrador en tareas de seguridad mexicanas en temas que tienen efecto en EEUU. La iniciativa Mérida firmada por el presidente Calderón con el presidente Bush sometió la estrategia de seguridad mexicana a la aprobación y sobre todo supervisión estadunidense, es decir, en relación a los intereses de EEUU.

El presidente López Obrador anuló esa Iniciativa y definió su propio paradigma de seguridad en función de los intereses mexicanos de abandonar los escenarios de la guerra y crear condiciones de paz, incluyendo un entendimiento informal con los cárteles para evitarles la tentación de ser gobierno, no perseguirlos para eludir la respuesta criminal a balazos y generar condiciones de bienestar en las zonas controladas por el crimen organizado.

El último reporte de WOLA deja ver los intereses estratégicos de la Casa Blanca de Biden: sacar a los militares de las tareas de seguridad y evitar su utilización –que tiene fundamentos y garantías constitucionales– en tareas civiles de obras sociales que permiten las leyes y reglamentos mexicanos.

La clave está en la estrategia de seguridad. El reporte de WOLA, en la lógica de Casa Blanca, pone la atención en los militares, pero con el segundo pensamiento de que la estructura civil mexicana no tiene las condiciones ni fuerza para contener a los narcos y entonces el gobierno de Mexico debiera permitir la entrada de especialistas estadunidenses militares en materia de seguridad para suplir a los mexicanos, sin colaborar ni compartir tecnologías e inteligencia.

La lectura del reporte de WOLA sobre la militarización en México deja ver esas intenciones estratégicas ocultas. Y por si fuera poco, ese reporte circuló en México la víspera de la reunión institucional México-EEUU en materia de seguridad, con la presencia en México de expertos estadunidenses de alto nivel. El objetivo de WOLA quedó claro: que organismos y personal del gobierno de EEUU tenga más beligerancia en México sin pasar por las normas regulatorias de registro de agentes y operaciones y revolver los territorios de los cárteles para aniquilarlos o llevárselos extraditados.

En este sentido, el modelo de seguridad binacional que ha dejado ver el gobierno de EEUU tiene, en realidad, un enfoque sólo estadunidense. Hasta ahora, en esas reuniones sólo ha habido una forma de resistencia en la cancillería mexicana de Marcelo Ebrard Casaubón en función de la directriz presidencial de que no debe permitirse la restauración legal o de facto de una nueva Iniciativa Mérida.

 

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Carlos Ramírez

Indicador Político- El INE, rebasado; Córdova contra AMLO y las elecciones vagan sin control

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Carlos Ramírez

Los tiempos políticos circunstanciales coinciden: mientras la Fiscalía General de la República abre expedientes con claros tonos de delitos electorales contra candidatos de la alianza PAN-PRI-PRD-Coparmex, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, se reúne de manera personal con el diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo en su periodo de franca guerra contra el presidente López Obrador, Morena y la 4ª-T para dar la imagen de alianzas.

En este contexto, el descuido intencionado del INE sobre el proceso electoral busca beneficiar a la alianza opositora. El Instituto quiso quitarle el registro a la candidata de Morena al gobierno de San Luis Potosí, pero la filtración adelantada de esas intenciones reventó la sorpresa. Y bajo la mirada complaciente del INE varios candidatos de la alianza opositora están comprando de manera ilegal con votos para beneficios sociales si ganan las elecciones, hechos que caen dentro de presuntos delitos electorales.

Con estos datos se confirma que el INE de Córdova Vianello ha sido reducido a una mala copia de la Comisión Federal Electoral de Manuel Bartlett Díaz de 1988.

El actual consejo electoral del INE está reventando el régimen electoral posterior a la crisis de 1988. La capacidad de autoridad institucional de los funcionarios del INE se ha reducido a su mínima expresión respecto a la alianza opositora: el consejero presidente usa redes y va a entrevistas de prensa para ostentarse como el guardián del régimen democrático, cuando su tarea es mucho más modesta: garantizar elecciones libres y conteo institucional de votos. Y en esas apariciones, Córdova Vianello aprovecha la oportunidad para promover los libros que ha escrito y editado con recursos del Instituto.

En una entrevista, inclusive, aceptó la contratación como funcionario del Instituto de Ernesto Núñez Albarrán para cumplir el único propósito de ayudarlo a escribir el libro La democracia no se construyó en un día. Pero el consejero presidente del INE confunde el hecho de que la tarea del INE radica en organizar elecciones, no en producir libros de contenido político con cargo al erario y, sobre todo, sin pasar por las reglas de utilización de los recursos del organismo.

La reunión de Córdova Vianello en las oficinas del INE con el disidente Muñoz Ledo ocurrió justo en el momento en que el legislador había roto relaciones con el presidente de la república que ayudó a encumbrar y en su campaña mediática para construir un frente amplio por la defensa de la Constitución. El tuit de Muñoz Ledo para difundir esa foto no ocultó sus intenciones: incorporar la imagen del consejero presidente del INE en tiempos electorales en labores de cuestionamiento de Morena y del jefe del ejecutivo.

Lo más grave ocurre en el escenario de delitos electorales: el presidente declaró sin ocultamientos que estaba interviniendo en el proceso electoral para denunciar irregularidades, pero en el entendido de que esa tarea le corresponde al INE y no la ha cumplido. Sin embargo, el INE se ha visto parcial a favor de la alianza opositora y enérgico contra Morena.

En riguroso enfoque institucional, el INE nada tiene que hacer definiendo la democracia como filosofía o forma de gobierno, porque su tarea es funcionar como mecanismo de realización de elecciones libres, participativas y sin obstáculos como una forma de cumplir con su tarea de acreditar funciones de democracia procedimental electoral. Pero en estas semanas, el INE ha volteado la vista hacia otro lugar mientras la alianza PRI-PAN-PRD, ahora reforzada con el poder empresarial de la Coparmex como fuerza de ultraderecha, quiere desviar el sentido popular del voto.

La revelación de la revista Contralínea, potenciada por el presidente de la república en una mañanera sobre la intervención del gobierno de los EEUU vía varios organismos vinculados a la CIA en la promoción de defensa del capitalismo en América Latina, le debió corresponder denunciarla, indagarla y procesarla de manera legal al INE, porque se trata de la injerencia de un gobierno extranjero en un proceso electoral mexicano. Sin embargo, la ingenuidad estratégica del consejero presidente Córdova Vianello y su obsesión anti AMLO podrían querer justificar que intereses estadunidenses y de corporaciones patronales mexicanas desvíen el sentido democrático real del voto ciudadano.

 

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