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Brújula Pública

En matemáticas existe un procedimiento llamado curva de aprendizaje, que describe el grado de éxito obtenido en el transcurso del tiempo. Este ejemplo puede llevarse a la función pública.

Se trae a colación la curva de aprendizaje en materia de seguridad pública por varios factores. Desde que el hoy presidente López Obrador estuvo en campaña hace un año, tuvo a su disposición diagnósticos de diversos actores políticos y sociales que arrojaban la gravedad del tema de seguridad pública.

Pero parece que el fin de semana pasado su administración subestimó y desestimó el contenido de esos diagnósticos, sumados a los análisis que le ofrecieron las dependencias de seguridad del país. 

El resultado fue trágico, en términos de vidas humanas. Catorce personas asesinadas en Minatitlán Veracruz, una decena en Guanajuato, dos más en Comalcalco Tabasco, principalmente.

Fue notorio el vacío de autoridad que produjo la ausencia de información oficial. Un presidente acostumbrado a informar por Twitter y por medio de conferencias matutinas, se vio rebasado por el alud de indignación en redes sociales, que obtuvieron impresiones de pantalla de su cuenta de Twitter cuando Andrés Manuel López Obrador criticó a anteriores administraciones por su ausencia y manejo en casos similares, como Villas de Salvarcar en la administración del presidente Calderón o Ayotzinapa con Peña Nieto, por citar algunos, justo de lo mismo que hoy adoleció la presente administración: una severa crítica por la aparente falta de planeación en seguridad, un vacío de poder que fue llenado con la crítica de la opinión pública. 

Los fieles seguidores del presidente López Obrador y algunas cuentas falsas en redes sociales argumentaban que, detrás de estos asesinatos se encontraba la mafia del PRI y de Acción Nacional. Como si Morena hubiera planeado y dirigido sucesos como Nochistlán, Tlatlaya u otro caso similar.

Además del saldo trágico, el manejo de la comunicación gubernamental fue todo un desastre. Aprovechando la cresta mediática que la indignación provocó en la opinión pública los asesinatos de estas personas, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que, para acreditar primer y segundo grado en primaria, sólo bastará cursar sus materias; sin examinación y sin adquirir enseñanza alguna para los educandos. Esto le da materia a que el ala radical de los sindicatos de maestros para que se posicionen políticamente y tomen esta carencia como bandera.

No solo esto. En esta misma cresta mediática y en lo que parece un ejercicio ajeno al compromiso del Ejecutivo Federal de combatir la impunidad y corrupción, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció la devolución de los bienes que incautó a la exlideresa magisterial Elba Esther Gordillo, consistentes en cuentas bancarias, bienes inmuebles, obras de arte y un automóvil de colección. A la FGR solo le faltó pedirle perdón de rodillas a la señora.

Por su parte, y como un gesto de venganza fue tomada la noticia de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció la confiscación de las cuentas bancarias de la casa productora de cine que filmó el documental sobre la izquierda en Latinoamérica en el pasado proceso electoral.

Posteriormente el discurso oficial prometió justicia en estos lamentables asesinatos y para subsanar las deficiencias en seguridad, el discurso se dirigió a las bondades de la Guardia Nacional, como si fuera la salvación de todos los problemas de seguridad del país, cuando se omite el combate a la impunidad y corrupción en casos como el de Elba Esther Gordillo o se insiste en utilizar instituciones para perseguir a los incómodos.

Por el manejo de información, parece que no hay curva de aprendizaje en estos meses que ha transcurrido la administración federal, sino un burdo intento de engañar a la ciudadanía con una tragedia con las muertes acaecidas.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México 

Twitter: @racevesj

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Es politólogo por la Universidad de Guadalajara (UdG) y por invitación del Alto Mando es maestro en seguridad nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) de la Secretaria de Marina. Ha sido invitado como expositor en el curso de Mando y Estado Mayor General de la Armada de Mexico, así como en el CESNAV. Actualmente se desempeña como académico de la Universidad del Valle de México y cómo investigador externo del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México (ININVESTAM). Twitter: @racevesj

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Nacional

Brújula Pública- No es militarización

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Rodolfo Aceves Jiménez*

El presidente López Obrador ha decidido poner en manos de las Fuerzas Armadas mexicanas, actividades sustantivas complementarias a las misiones que constitucional y legalmente les corresponden.

Qué ironía que siendo candidato, el presidente López Obrador se dedicó a desacreditar y descalificar las acciones de las Fuerzas Armadas y hoy, sea uno de los principales pilares en que se sustenta su transformación.

Principalmente son tareas que tiene qué ver con la construcción, funciones policiales, de salubridad.

Se trata de la construcción del nuevo aeropuerto internacional en Santa Lucía, la construcción de las 2,700 sucursales del Banco del Bienestar, dos tramos del Tren Maya, la remodelación de 32 hospitales de administraciones pasadas, la producción de árboles frutales en los viveros militares.

No sólo eso, también son los protagonistas en el combate al robo de combustible, que incluye custodia de pipas, vigilancia de las fronteras, la construcción cuarteles para la Guardia Nacional.

Recientemente el presidente les asignó tareas en aduanas y puertos, cuando en la narrativa pública hay quién afirma que se trata de la militarización del país. Nada más alejado de la realidad.

Las aduanas es el punto por donde ingresan unos 900 mil millones anuales de impuestos, pero también es uno de los principales puntos de ingreso de armas y contrabando a nuestro país, en el que gran parte de la capacidad de fuego de la delincuencia se ha abastecido por las fronteras.

Por lo que toca a los puertos, constituye otra fuente de ingresos al erario público, pero cuyo sector fue descuidado y desatendido con procesos obsoletos, y con serias sospechas de corrupción durante muchos años.

Un ejemplo de la desatención. En 1982 el Estado mexicano adquirió el Buque Escuela “Náuticas México” para que la SCT, a través del Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (FIDENA) capacitara marinos mercantes, así mismo en ese mismo año se adquirió el Buque Escuela “Cuauhtémoc” para instruir cadetes y alumnos de la Secretaría de Marina, que fueron construidos en los astilleros Merwedw en Rotterdam, Holanda y de Bilbao en España, respectivamente.

En 2006 el “Náuticas México” fue prácticamente rematado por inservible, mientras que el “Cuauhtémoc” se calcula que le ha dado la vuelta al mundo unas 20 veces, y todavía sigue en funcionamiento, como embajador de México en los mares e insigne portador del mensaje de amistad y buena voluntad del pueblo mexicano.

No sólo eso, la afirmación de la militarización de las aduanas y puertos no se sostiene por sí sola, cuando en el periodo económico del milagro mexicano, conocido también como el desarrollo estabilizador, de 1955 a 1970, la Secretaría de Marina estaba a cargo de los puertos y marina mercante, contribuyendo con dicho periodo, al eficientar los procesos en puertos, mientras que el ejército mexicano custodiaba gran parte de las fronteras mexicanas.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

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Nacional

Brújula Pública- Componentes de la seguridad

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Rodolfo Aceves Jiménez*

En el diseño y elaboración de políticas de seguridad pública existen elementos que deben ser tomados en consideración, como el estado de fuerza o la capacidad de fuego.

El estado de fuerza representa la cantidad de elementos disponibles para la seguridad pública. Hay municipios que tienen unos cuantos elementos, hasta unos cuantos miles de elementos de las policías estatales. Obviamente las Fuerzas Armadas duplicarían el estado de fuerza.

Por lo que toca a la capacidad de fuego, mide el tiempo en que de manera intermitente las corporaciones pueden disparar un arma.

Se señala estos aspectos a propósito de la divulgación de un video en el que muestra una serie de camionetas de uso comercial acondicionadas con un blindaje rústico, rodeadas de personas con uniformes y portando armas de fuego.

Este grupo aparenta tener una organización militar, con una presunta capacitación, mando y estructura territorial, pero lo más importante es que muy probablemente se trata de un grupo delictivo, con una zona de influencia territorial, pero dedicado a actividades ilícitas.

Este grupo no es superior a la capacidad que tiene el Estado. Su propósito no es amedrentar a las Fuerzas Armadas, porque saben que militarmente serían derrotados.

Su objetivo es causar temor entre grupos delictivos rivales, la ciudadanía y entre las policías donde ejercen su influencia.

En cierta medida logran su propósito, porque impresiona a simple vista, la uniformidad en su vestir, sus armas y sus vehículos.

La seguridad del país proviene de las funciones de Estado en seguridad pública y en defensa nacional que tiene el Estado mexicano. Las primeras las realiza las policías del país y las segundas las Fuerzas Armadas.

La seguridad del país posee una planeación y obedece a objetivos estratégicos, tácticos y operativos, que se desprenden de la Constitución, del Presupuesto y del Plan Nacional de Desarrollo.

Mientras que la Constitución establece los anhelos del pueblo mexicano, en el PND se definen las directrices como política de Estado o como política pública, y el Presupuesto de Egresos les otorga recursos para ejecutarlos. Esto quiere decir que, el Presupuesto y el PND son complementos ejecutores de política pública, a los designios de la Constitución.

La seguridad es estratégica, porque se trata de un deseo del pueblo mexicano, consignado en la Constitución. El modelo de seguridad que se encuentra contenido en el texto del artículo 21 constitucional, tiene como premisa el establecimiento del orden y paz públicos, -que constituyen la seguridad pública-, en la cúspide de la seguridad mexicana.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Twitter: @racevesj

 

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Gobierno

Brújula Pública- La seguridad de los estados

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Rodolfo Aceves Jiménez*

El presidente Andrés Manuel López Obrador emprendió una gira en Guanajuato, Jalisco y Colima, para revisar los avances en seguridad. Por principio de cuentas parece que se superaron diferencias que causaron controversias políticas.

En Guanajuato luego de la lamentable ejecución de 27 jóvenes de un centro de rehabilitación, de enfrentamientos en Celaya e Irapuato, con un cuestionable Fiscal.

Mientras tanto en Jalisco, se supo que ostenta el primer lugar en fosas clandestinas en el país, la inseguridad en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en el interior de Jalisco, además de la remoción del coordinador de seguridad y de la designación de una persona que carece de experiencia en seguridad y que en ese estado se suma al mal manejo en salud de la pandemia y del dengue.

Pero el común denominador entre Guanajuato y Jalisco es la desorganización en el modelo de seguridad. En Guanajuato es posible que las fuerzas de seguridad hayan omitido aportar pruebas a su Fiscalía, o bien, que esta dependencia haya carecido de origen de pruebas sólidas y consistentes para encarcelar a la madre de “El Marro”.

En el caso de Jalisco son una suma de factores. Hay una evidente falta de voluntad para modificar el modelo de seguridad, una planeación anacrónica y obsoleta, que le conviene a los intereses infiltrados y políticos en la Fiscalía de Jalisco, tal y como se evidenció recientemente, a propósito de los hechos de principios de junio pasado, en el que entre la confusión de una manifestación, indebidamente se arrestó a jóvenes que protestaban por el asesinato de Giovanni López Ramírez.

El Gobierno de Jalisco solo se ha encogido de hombros con los señalamientos de que la delincuencia organizada ha infiltrado la Fiscalía de ese estado y aquí cabe la posibilidad de que también haya ocurrido lo mismo con la Secretaría de Seguridad, pero no quiere, ni tiene, la voluntad para cambiar las cosas, prueba de ello es la designación de un coordinador de seguridad que tiene unos meses de antigüedad en el ejercicio de su profesión y sin experiencia en seguridad, en un momento de crisis para ese gobierno, en que una secretaria de despacho presenta su renuncia por carecer de título profesional para su desempeño.

Es en este sentido que las fuerzas federales podrían ver estas señales, como una confusión para combatir la delincuencia, ya que mientras el mando federal ordena una coordinación y compromiso con las fuerzas de seguridad en Jalisco, inteligencia informa que los mandos de seguridad locales hacen tratos con la delincuencia organizada. Así no puede ser posible.

La corrupción e ineficiencia a veces son producidas por factores externos a las instituciones, para provocar que el rumbo de las operaciones de seguridad sea dirigido a objetivos ficticios que desvíen la atención para simular eficiencia y un buen desempeño.

El problema de la seguridad mexicana es amplio y complejo. Se ha convertido en una vulnerabilidad para el Estado mexicano y los tres órdenes de gobierno.

Su solución compromete una gran convocatoria a sectores político y social, principalmente, y con una firme voluntad en cuyo convocante tenga autoridad moral para hacerlo.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Twitter: @racevesj

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