Por Iván García Medina
La renuncia de Paula Ramírez Höhne a la presidencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) ha reabierto el debate sobre el desempeño de la autoridad electoral durante el proceso de 2024, particularmente en torno a la confianza ciudadana, la transparencia institucional y la conducción política del organismo.
Desde la perspectiva de la ciencia política, el Dr. Gabriel Torres Espinoza analiza las causas, implicaciones y consecuencias de esta salida, así como los desafíos que enfrenta el árbitro electoral jalisciense rumbo a los próximos comicios. En esta entrevista, el destacado académico y analista aborda temas como la crisis de credibilidad del IEPC, las controversias derivadas del PREP, los procedimientos emprendidos contra críticos y periodistas, y la necesidad de reconstruir la confianza pública en las instituciones encargadas de organizar las elecciones.
Para el Dr Gabriel Torres Espinoza, más allá de una decisión personal, la renuncia representa el desenlace de un proceso de desgaste institucional que deja importantes lecciones sobre la relación entre legalidad, legitimidad y confianza democrática.
¿Cómo lee Dr Gabriel Torres la salida de Paula Ramírez Höhne del IEPC?
Como el desenlace de una presidencia electoral políticamente insostenible. No basta decir que su renuncia fue personal. En política institucional, las renuncias también tienen contexto. Y el contexto es claro. Paula Ramírez llegaba muy desgastada después del proceso electoral más cuestionado de Jalisco en muchos años, con una crisis de confianza, con expedientes abiertos, con señalamientos públicos de fallas graves y con el siguiente proceso electoral ya en el horizonte.
Era muy difícil sostenerse en la presidencia del IEPC con dos frentes sancionadores o de responsabilidad abiertos y discutidos públicamente. Una autoridad electoral no puede llegar disminuida a organizar otra elección. El árbitro debe llegar limpio, fuerte y creíble. Si el árbitro llega cuestionado, la elección empieza mal antes de comenzar.
¿Cuál fue el gran problema del IEPC en 2024?
El gran problema fue la certeza. En una elección competida, la autoridad no puede pedir confianza. Tiene que producirla. Y el IEPC no la produjo con suficiencia.
Tuvimos un PREP lento, incompleto y mal explicado. Tuvimos actas que no se integraron oportunamente. Tuvimos paquetes que aparecieron tarde o en condiciones confusas. Tuvimos casillas sin computar en Guadalajara. Tuvimos paquetes marcados en cero. Tuvimos una autoridad que, en lugar de abrir toda la información, se dedicó a administrar explicaciones defensivas.
Una elección no se defiende con comunicados. Se defiende con evidencia.
¿Eso significa que hubo fraude?
Yo no afirmo lo que los tribunales no acreditaron. Los tribunales validaron la elección y no determinaron una irregularidad generalizada, grave y determinante para anularla. Pero esa no es la discusión completa.
Una elección puede ser jurídicamente válida y políticamente lastimada. Puede sobrevivir en tribunales y, aun así, dejar una institución electoral debilitada. Eso ocurrió en Jalisco. La elección fue validada, pero no fue bien explicada. Y en democracia, explicar también es gobernar la confianza.
¿Qué falló con el PREP?
El PREP fue el primer gran golpe a la credibilidad del IEPC. No porque el PREP defina legalmente una elección, sino porque define la primera percepción pública de la elección.
Cuando el sistema arranca tarde, avanza lento y cierra incompleto, la sospecha entra por la puerta grande. La ciudadanía no tiene por qué entender tecnicismos si la autoridad no los explica a tiempo. El IEPC debió prever el tamaño de la elección, la complejidad de la concurrencia, la capacitación, la captura, la legibilidad de actas y la comunicación de crisis. No lo hizo bien.
La certeza no se improvisa la noche de la elección.
¿Guadalajara fue el caso más grave?
Fue el caso más sensible. Guadalajara no era una elección cualquiera. Era la capital política del estado, con una contienda cerrada y una enorme carga simbólica.
Ahí se habló de casillas no computadas, paquetes en cero y documentación que tuvo que ser revisada posteriormente. Aunque los tribunales resolvieron lo que correspondía, el daño político ya estaba hecho. En una elección cerrada, cada casilla importa. Cada acta importa. Cada paquete importa. No se puede tratar como trámite menor lo que para la ciudadanía es la prueba material de su voto.
El IEPC no entendió que la confianza se pierde en los detalles.
¿Paula Ramírez falló como presidenta?
Sí. Falló en conducción, en comunicación y en lectura política del momento. Su responsabilidad no era sólo presidir sesiones o defender comunicados. Su responsabilidad era garantizar que cada duda tuviera una respuesta verificable.
Paula Ramírez actuó como si el problema fuera la crítica. No. El problema era la incertidumbre. Y cuando una autoridad confunde incertidumbre con ataque, empieza a defenderse a sí misma en lugar de defender la elección.
Ese fue su mayor error. Quiso que la ciudadanía creyera. Debió permitir que la ciudadanía verificara.
¿Qué le preocupa más de los procesos contra críticos y periodistas?
Me preocupa el mensaje autoritario que se envió. La violencia política contra las mujeres en razón de género es una figura necesaria y debe protegerse. Pero no puede usarse para blindar a una autoridad frente a la crítica pública.
Paula Ramírez promovió procedimientos contra críticos, periodistas, analistas y ciudadanos que cuestionaron su actuación y la del IEPC. En algunos casos, los tribunales terminaron diciendo que no había violencia política de género, sino crítica política protegida.
Eso es gravísimo. Una autoridad electoral no puede convertir el disenso en expediente. El árbitro no puede denunciar a la tribuna porque le grita. Tiene que explicar por qué marcó como marcó.
¿Fue persecución?
Fue un uso intimidatorio de vías institucionales contra la crítica. Y hay que decirlo con claridad. Aunque al final una persona sea exonerada, el proceso ya produce castigo. Obliga a contratar defensa, genera desgaste, amenaza reputaciones, inhibe voces y manda una señal a otros críticos.
El proceso se vuelve la sanción. Y cuando eso lo impulsa quien preside una autoridad electoral, el problema deja de ser personal. Se vuelve institucional.
Una autoridad con poder público debe tener piel democrática. No piel de cristal.
¿La violencia política de género puede usarse mal?
Por supuesto. Y cuando se usa mal, se debilita una causa legítima. La violencia política de género existe, es grave y debe sancionarse. Pero no toda crítica dura contra una mujer en un cargo público es violencia de género.
Si una presidenta electoral es cuestionada por el PREP, por paquetes, por actas, por cómputos o por su desempeño institucional, eso es crítica pública. Puede ser incómoda, áspera, mordaz o injusta. Pero si no hay elemento de género, no puede convertirse en violencia política.
Confundir crítica con violencia no protege a las mujeres. Protege al poder.
¿Qué saldo deja Paula Ramírez?
Deja un IEPC más cuestionado que fortalecido. Deja una elección validada, pero no plenamente legitimada en la conversación pública. Deja una autoridad que pudo haber abierto datos, transparentado procesos y reconstruido confianza, pero eligió demasiadas veces la defensa corporativa.
Y deja una lección muy dura. En democracia, el árbitro no sólo debe contar votos. Debe hacer creíble cada voto contado.
¿Cuál es la frase que resume todo?
Paula Ramírez no cayó por una sola irregularidad. Cayó por acumulación. PREP incompleto, comunicación deficiente, dudas documentales, Guadalajara bajo sospecha, expedientes contra críticos y procedimientos abiertos antes del siguiente proceso electoral.
No fue un accidente. Fue desgaste institucional.
¿Entonces cuál debe ser la lección para el IEPC?
La lección es sencilla. Nunca más una elección bajo la lógica de “créannos”. La autoridad electoral debe trabajar bajo la lógica de “verifiquen”.
El IEPC necesita máxima publicidad, datos abiertos, trazabilidad documental, comunicación inmediata y una presidencia con autoridad moral suficiente para enfrentar la presión política.
Porque una democracia no se rompe solamente cuando se altera un resultado. También se deteriora cuando la autoridad encargada de explicar la elección deja de ser creíble.
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