Horacio Villaseñor Manzanedo
Hace poco más de 31 años, en abril de 1992 sucedió una gran tragedia local, explotaron varias calles en esta ciudad, Guadalajara; Jalisco. Según datos oficiales, desgraciadamente, 212 personas perdieron la vida y otras 1800 resultaron heridas en el espacio público encargado al ayuntamiento, también se dañaron propiedades privadas, comercios y casas habitación. Se dijo, la causa, “hidrocarburos en el drenaje intermunicipal”. Constitucionalmente el alcantarillado está encargado a los ayuntamientos y en Guadalajara, en esa época a una dependencia dirigida colegiadamente por los cuatro ayuntamientos conurbados; Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). Por razones obvias y desde el punto de vista de la ciencia de la administración gubernamental, el director del SIAPA y el alcalde de Guadalajara, de entonces, fueron encarcelados. Conocí de cerca a los dos personajes, guardo muy buen recuerdo de ambos, eran ingenieros brillantes, gente civilizada y culta, pero el derecho público no era su especialidad, disciplina que cuando no se domina “pasa factura”. Las dos instituciones tenían personal operativo, que debió advertir del riesgo y sugerir la evacuación preventiva, pero no lo hicieron, el área encargada del monitoreo en el SIAPA y los bomberos de Guadalajara, gente trabajadora, carismática, pero sin capacidad para casos como ese, no fueron efectivos y sus superiores pagaron esa criminal omisión. También, en Guadalajara, se han presentado temblores de magnitud importante y cada año, cada temporal de lluvias, la ciudad sufre muchas calamidades, se desbordan canales, se inundan áreas urbanizadas, surgen las hoy típicas fuentes de agua servida, con mierda, que brota de las alcantarillas, todo esto pone en riesgo a vehículos, transeúntes y la salud en general. Peor aún, cosa de todos los días; peligrosos cables colgando; árboles secos o en peligro de caer por desatención del ayuntamiento; bocas de tormenta con rejillas dañadas; registros sin tapa; calles oscuras por pésimo o nulo servicio de alumbrado público; maleza y basura que no recoge la “autoridad” e, indigentes que ponen su vivienda donde les plazca, lo que genera la proliferación de fauna nociva y representa peligro permanente para la gente que vive, convive y trabaja en la gran ciudad. Si el agua llega sucia a las casas o no llega, ¡cuidado! Si los semáforos fallan, si no están bien señalizados los carriles de circulación, ni balizadas las calles y además no hay agentes agilizando el tránsito, ¡cuidado! Si el espacio público no está tomado por los empleados municipales, que deben conservarlo y cuidarlo y, si los mercados, rastros y panteones municipales no son salubres, si la policía “preventiva” no puede prevenir nada, ¡cuidado! Cualquiera no debería gobernar y, la realidad es que cualquiera llega al gobierno, si no se soluciona eso, si no hacemos algo, estamos condenados a la intranquilidad permanente, acostumbrados a vivir en ciudades donde, en cualquier momento, podemos sufrir accidentes, pérdidas o daños. Fue un grave error dejar en manos del cuerpo de rescate, que su especialidad es extinguir incendios y prestar ayuda en otros siniestros, el servicio de protección y seguridad civil municipal. Está función debería estar en la dependencia de obras públicas, donde se puede reforzar edificios, mantener, conservar y reconstruir la infraestructura civil (redes de distribución de agua, drenajes, colectores, alumbrados públicos, viaductos, mercados, rastros, panteones, etc.) que garantiza protección y tranquilidad al pueblo. Sin duda el mayor peligro en la metrópoli es la ineptitud de los gobernantes. Ni hablar, ¡cuídate!
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