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Indicador Político:

La fecha simbólica de la Revolución Mexicana, que se inició en 1908 con el libro de Francisco I. Madero, en realidad se fue apagando hasta consumirse en 1992 cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari decretó su muerte para imponerle al PRI el discurso gelatinoso del “liberalismo social”.
El golpe mortal de Salinas contó con todo el apoyo de los priístas, en ese año capitaneados por Luis Donaldo Colosio. No hubo ninguna voz disidente, ni siquiera los creyentes en la Revolución se habían salido del PRI en 1987 con Cuauhtémoc Cárdenas para llevarse el proyecto histórico de la Revolución Mexicana al PRD, aunque ahí también la mataron en el 2006 cuando López Obrador fue candidato presidencial de un PRD sin proyecto ideológico.
La Revolución Mexicana fue, ante todo, discurso ideológico. Bajo sus alas se refugiaron todas las versiones del espectro ideológico, desde el socialismo obregonista-callista-cardenista, hasta el neoliberalismo capitalista de Miguel Alemán y el populismo de Echeverría y de López Portillo y el mercantilismo de Salinas y De la Madrid. Refugiada en el PRI, la Revolución Mexicana fue enterrada por el presidente Ernesto Zedillo en 1995 cuando separó al PRI de la Revolución del gobierno de la Revolución. Si el PRI había nacido como el eje ideológico de la Revolución, entre Salinas y Zedillo rompieron ese enlace y en el 2000 ganó la presidencia el PAN que nació en 1939 para oponerse a la fase revolucionaria cardenista.
Salinas, Colosio y Zedillo mataron una Revolución que ya estaba muerta. En 1947 el historiador Jesús Silva Herzog había decretado su muerte: la Revolución era ya un hecho histórico. En 1946 Miguel Alemán había enterrado el PRM cardenista que logró unificar a las clases sociales productivas en un aparato ideológico partidista y el populismo de los setenta sólo rescató el asistencialismo, no el proyecto de clase proletaria. La Revolución Mexicana que impulsó la lucha de clases y la educación socialista derivó en un simbolismo decreciente hasta su disolución en la conciencia política e ideológica de una sociedad que nunca creyó en ese movimiento; en todo caso, la muerte de la Revolución afectó a los campesinos y obreros como clase productiva y los subordinó a un modelo económico capitalista-neoliberal-de mercado.
Pese esos destellos socialistas en el discurso y en la dinamización de la lucha de clases como forma de control del empresario, el PRI y la Revolución nunca pensaron en una revolución proletaria para llevar al obrero al poder, nunca el modelo soviético, aunque sí sus prácticas. El partido fue el mecanismo de intermediación y administración negociada de los conflictos sociales entre las clases, teniendo al sector obrero controlado en el PRI con Fidel Velázquez de 1941 hasta su muerte en 1997 y a la clase burguesa empresarial como sector invisible del PRI.
Si bien el proceso de aburguesamiento de la Revolución y del PRI comenzó el día de su fundación, la Revolución Mexicana fue populista. En pleno populismo echeverrista el politólogo Arnaldo Córdova publicó en 1973 su libro La ideología de la Revolución Mexicana y ahí presentó de manera formal su tesis de una Revolución populista en tres pasos: controló las clases para conjurar una revolución social, construyó un sistema de gobierno paternalista y autoritario y propuso un modelo de desarrollo capitalista.
Otros mecanismos de control subordinaron los significados de la Revolución Mexicana: el Estado absolutista unitario, la Revolución como ideología oficial, el PRI como aglutinador de los conflictos de clases, anulación de lucha de clases, reformas sociales para subordinar a las clases populares y nacionalismo conservador como esencia cohesionadora.
Si la Revolución fue producto de una alianza entre los campesinos y obreros explotados –y más por la rebelión agraria–, el saldo real revolucionario está en un campo desolado, despoblado y produciendo droga y una clase obrera abandonada, con salarios precarios y en condiciones iguales a las prerrevolucionarias.
A la vuelta de 111 años desde el llamado de Madero, el México de la Revolución Mexicana vive un neoporfirismo.

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Buen fin. La ansiedad por las compras parece no entender lo que pudiera ser una trampa detrás del Buen Fin. Todas las empresas inscritas ofrecieron, en promedio, 40% de descuento. Como son empresas y no hermanitas de la caridad, quiere decir que con esos descuentos aún tienen ganancia. Lo que lleva a concluir que los precios reales fuera de temporada tienen utilidades para las empresas de más de 60% y que los descuentos, sobre precios de venta no supervisados, engañan a los consumidores que se vuelven locos comprando para aumentar las tasas de utilidad de las empresas comercializadoras.
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Carlos Ramírez

Indicador Político- AMLO-Trump: no computadoras en Secretaria de Economía, metáfora TCL

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Carlos Ramírez*

Firmado y ratificado por los congresos legislativos de los dos países, el Tratado de Comercio Libre 2.0, con una lista muy estricta de exigencias estadunidenses y sin un nuevo modelo de desarrollo mexicano, el presidente López Obrador se reunirá con el presidente Donald Trump para agradecerle su apoyo en la revalidación del acuerdo comercial.

Sin embargo, la diplomacia no logrará ocultar el trasfondo de los efectos sociales y políticos del Tratado en el sistema político/régimen de gobierno/Estado constitucional mexicano. Las reformas comerciales impulsadas por Trump van a obligar al Estado mexicano a salirse del control y la conducción de las relaciones sociales, van a darle a los empresarios mayores libertades productivas que lo alejarán del autoritarismo del Estado y acotarán las funciones reforzadas el presidencialismo mexicano.

Dentro del TCL 2.0 no deben caer las recientes decisiones mexicanas de desplazar a inversionistas extranjeros para recuperar la participación del Estado en la economía productiva, sobre todo en el sector energético. Tampoco el nuevo TCL considera seguir arrastrando el viejo modelo sindical de control político de los trabajadores y los objetivos de los líderes sindicales de tener sus cuotas legislativas de poder. Y la parte más compleja deberá ser la desregulación de la economía para disminuir las restricciones del Estado, lo que tendría que llevar a una mayor autonomía relativa económica, productiva y sobre todo política de los empresarios.

Los gobiernos de Bush Sr., Clinton, Bush Jr. y Obama fueron muy tolerantes con la participación de México en el Tratado en función de su sistema/régimen/Estado de tipo priísta, es decir, de control presidencial de la economía estatizada. El primer aviso de Trump llegó por la vía del embajador estadunidense Christopher Landau y su quejade que no se pueden cambiar las reglas económicas vigentes. El embajador no lo dijo, pero en sus palabras quedó el mensaje cifrado: el Estado mexicano no puede regresar a la economía productiva,

El problema del modelo lopezobradorista de regreso del Estado al protagonismo económico no es el estatismo en sí o el discurso ideológico antineoliberal, sino que lo malo se localiza en el hecho de que el Estado mexicano carece del dinamismo, de capacidad tecnológica y de dinero para desplazar a grupos privados. Lo que vio el embajador Landau es que el Estado es parte de la producción y juez de las regulaciones.

Si el Estado mexicano quiere regresar a su papel dominante en la economía productiva, tendría que jugar sin ventajas. Sobre todo, necesitaría enormes cantidades de dinero para desarrollar tecnologías, capacitaciones e investigación científica para la competencia en innovaciones con las empresas privadas. Las empresas publicas se hundieron en la escasa competitividad porque su ineficacia fue tapada con subsidios y, al final, ni dieron fondos al Estado y si succionaron presupuesto.

El Tratado salinista desarticuló las alianzas sociales del Estado y la liberación de fuerzas llevó a la derrota del PRI en el 2000. Peña recuperó la presidencia para el PRI con un programa de modernización sectorial que perdió el rumbo y no quiso deshacerse de lo viejo. Ahora el modelo posneoliberal lopezobradorista quiere reconsolidaral Estado regresándolo a algunas áreas productivas que requieren de más fondos de los que tiene todo el presupuesto federal. Ahí naufragará el modelo posneoliberal: carece de financiamiento para el regreso del Estado a la economía productiva, de fuerza competitiva en tecnología y ciencia y sus viejas clases sociales –campesinos, obreros, clases profesionales, grupos populares– no saben a dónde dirigirse.

El mensaje contradictorio sobre el desafío del TCL 2.0 y la incapacidad del Estado para competir con el sector privado en la producción ocurrió en la Secretaría de Economía, la dependencia encargada del modelo de desarrollo, de la planta industrial y de la competitividad: por decisión de austeridad se le quitaron computadoras al 75% de los empleados y ahora tendrán que trabajar con lápiz y papel, mientras las empresas privadas han invertido capital en inteligencia artificial y desarrollo tecnológico.

La imagen de Economía será la del Tratado 2.0: el regreso a la edad de piedra de la economía con lápiz y papel.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- AMLO-EU: del nacionalismo defensivo al pragmatismo sin agenda estratégica

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Por Carlos Ramírez*

El error en el análisis sobre la reunión del presidente López Obrador con el presidente Donald Trump no radica en lo obvio: el uso que le dará el anfitrión dentro de su campaña electoral. Lo más importante radica en el hecho de que por primera vez México carece de una agenda estratégica con los EE UU.

La falta de esa agenda estratégica y la laguna de enfoque geopolítico en la diplomacia tribal del canciller Marcelo Ebrard Casaubón llevaron al error de pedir el apoyo de Trump en la pandemia –ventiladores–, cuando la agendaestratégica exigía una sana distancia del imperios ante la agenda real: migración, la Guardia Nacional resguardando los intereses de Washington en las fronteras mexicanas, la falta de iniciativas en las correcciones del Tratado de Comercio, el intervencionismo de las agencias de inteligencia y seguridad nacional en el narco en México y las presiones para mantener negocios dentro del Tratado.

En los más de doscientos años de relaciones bilaterales –primero como posición española y luego como república–, México definió sus relaciones con la Casa Blanca con tres principios: el conflicto histórico por la perdida de la mitad del territorio en la invasión de 1847, la vecindad imperial basada en la frontera estadunidense con el sur latinoamericano en el Suchiate y no en el Bravo y la desconfianza.

México pasó del nacionalismo activo hasta principios del Siglo XX al nacionalismo defensivo –concepto de Lorenzo Meyer– y de ahí saltó el entreguismo totalizador que exigió el Tratado de Comercio libre firmado por el presidente Carlos Salinas de Gortari en 1993 y ratificado en sus términos formales –comercio– y en sus términos estratégicos —geopolítica del imperialismo estadunidense– por los presidentes Enrique Peña Nieto y López Obrador.

El Tratado en sus dos versiones –el firmado por Bush-Clinton y el revisado por Peña-López Obrador– se basó en el Memorándum (Proceso 758) del embajador estadunidenses en México en 1991 John Dimitri Negroponte –el más poderoso jefe de los servicios de inteligencia y seguridad nacional de la Casa Blanca–, en el que se fijó el parámetro estratégico del comercio como eje de la dominación imperial:

Desde una perspectiva de política exterior, un TCL institucionalizaría la aceptación de una orientación norteamericana en las relaciones exteriores de México”.

Y así fue. El sometimiento de la histórica política exterior mexicana con principios estratégicos de seguridad nacional en función de los intereses mexicanos se enterró a finales de 1989, iniciadas ya las negociaciones del Tratado, con el apoyo de México a la invasión de los EE UU de Panamá para arrestar al jefe del ejército panameño –paradójicamente agente de la CIA durante el año en que George Bush Sr. dirigió la agencia–, violando la soberanía panameña.

El Tratado que rige la totalidad de las relaciones bilaterales –en lo económico y en seguridad nacional– se firmó en función de las propuestas de la Comisión Binacional México-EE UU que concluyó en 1987 que México debería cambiar sus enfoques históricos y educativos sobre los EE UU desde la educación. Los gobiernos de De la Madrid y Salinas cumplieron con esa recomendación.

Y ha querido la realidad exhibir el desdén estadunidense a los enfoques de vecindad del Tratado con una política migratoria militarizada, agresiva y racista que México, hasta ahora, no se ha atrevido a condenar. En plena revisión del Tratado Trump se dedicó a insultar, criminalizar y deportar a mexicanos sólo por consideraciones sociales, sin que los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador pudieran o quisieran impedirlo o cuando menos disminuir su agresividad.

El Tratado salinista anuló la agenda estratégica de la política exterior mexicana y el gobierno de Trump ha definido la suya con criterios racistas, de explotación de recursos y de desdén.

El nuevo gobierno del presidente López Obrador y del canciller Ebrard debió de haberle dado prioridad a la definición de su agenda estratégica con los EE UU, inclusive sin agresividad ni confrontación, pero sí con la ratificación de los principios históricos reales de la diplomacia de colaboración-resistencia-defensiva.

Esta semana, sin esa agenda estratégica mexicana, se dará la reunión de López Obrador con Trump.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- CJNG: droga o narco-Estado como las FARC; El Mencho sólo es un matón

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Carlos Ramírez*

Las amenazas del presidente Donald Trump de caracterizar cárteles mexicanos del crimen organizado como terroristas ha tenido detrás un expediente de inteligencia contra el Cártel Jalisco Nueva Generación y contra el Cártel de El Chapo. Estas organizaciones criminales transnacionales mexicanas que operan de manera masiva dentro de los EE UU estarían llegando a ser grupos con propósitos políticos como la narcoguerrilla de las FARC colombianas.

La Operación Python de la DEA en marzo arrestó a más de 600 efectivos del CJNG, pero esa ofensiva antinarcóticos ya cruzó la frontera sur y está en México. Algunos expertos en análisis de seguridad señalan que en los EE UU tienen la impresión de que la estrategia mexicana de seguridad publica –que ya no busca desmantelar y descabezarlos principales cárteles— ha permitido la expansión del narco hacia territorio estadunidense.

Los expedientes sobre el CJNG y su líder Nemesio Oseguera Cervantes están acotados y se carece de información de inteligencia sobre su evolución y reforzamiento directivo. La versión de que El Mencho está enfermo, retirado o muerto no ha sido corroborada, tampoco se tienen datos de la reorganización de la élite dirigente del grupo, salvo algunos nombres más o menos conocidos.

La versión no oficial es que hay nuevas cabezas dirigentes en el cártel y con mayor capacidad de análisis político.

A pesar de esa presunta debilidad del CJNG por la falta de atención de tiempo completo por parte de El Mencho, el cártel no ha detenido su fase de expansión violenta en toda la república y en los EE UU. Pero lo que más ha llamado la atención ha sido el uso de algunas técnicas de violencia que se salen del marco de referencia de una banda delictiva que lucha por control de plazas territoriales. No es lo mismo atentar contra un jefe policiaco local que se niega a colaborar en un espacio territorial menor, que intentar asesinar al secretario de Seguridad de la capital de la república gobernada por una de las preferidas políticas del presiente López Obrador o amenazar el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sólo por “no estar jalando”, como si el poder de fuerza del CJNG necesitara de tan altos funcionarios en zonas donde los nervios del grupo en realidad operan sin freno y extendiéndose. Es decir, no necesitan de un pacto con esas altas autoridades. Por tanto, amenazas y agresiones tienen otro objetivo.

Las tácticas del atentado contra el jefe Omar García Harfuch o las amenazas contra el gobernador Alfaro y varios miembros del gabinete son propias de organizaciones políticas, no criminales. El cumplimiento de las amenazas contra esos dos altos funcionarios hubiera conducido a una operación gubernamental de exterminio contra el grupo criminal. Y si bien la capacidad de fuego del CJNG es superior a las policías locales, la Guardia Nacional con el apoyo de las fuerzas armadas podría casi aplastarlo como respuesta.

El atentado contra el jefe policiaco del gobierno de CDMX alertó más a las organizaciones estadunidenses de inteligencia y seguridad nacional, porque en los EE UU hay una recompensa de 10 millones de dólares por El Mencho. En la comunidad de inteligencia de Washington no les preocupa Harfuch porque no es un cuadro que hayan entrenado ni que participe en los enlaces bilaterales, sino que llamó su atención que el CJNG haya pasado a técnicas de guerra que también pudiera aplicar dentro del territorio estadunidense donde el cártel de El Mencho está siendo acotado por la policía.

La presión estadunidense sobre el gobierno mexicano por el CJNG El Mencho va a seguir creciendo porque esa organización criminal pudiera llevar su guerraa las calles de los EE UU. En la lógica analítica estadunidense están procesando la información del CJNG con elementos de un reacomodo en la dirección operativa del grupo criminal a partir de sus operaciones: pasar de lucha contra cárteles menores locales a provocaciones contra el Estado amenazando a secretarios del gabinete presidencial y atentando contra el jefe de la policía de la capital de la república. La dimensión de esos operativos contra figuras del Estado en su primer nivel rebasa la capacidad de El Mencho y conduce a decisiones de disputas por el poder con el Estado que requerirían de reflexiones más de guerrilla anti Estado que de criminales.

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Política para dummies: La política en esencia es actividad de pensamiento estratégico y enfoques de inteligencia.

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