Brújula Pública
Según la Estrategia Nacional de Ciberseguridad presentada en noviembre de 2017 (véase https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/271884/Estrategia_Nacional_Ciberseguridad.pdf) la infraestructura crítica está constituida por aquellas instalaciones relacionadas con la provisión de bienes y de prestación de servicios públicos esenciales y cuya afectación pudiera comprometer la Seguridad Nacional en términos de la ley de la materia.
Esta definición incluye los sistemas informáticos que proveen o alimentan de información en alguna de las etapas de los procesos de producción o comercialización de bienes y servicios de los tres sectores de la economía.
Su importancia radica en que por sus procesos es posible que transiten gran parte de información sensible para el país o sus ciudadanos, como transacciones o trasferencias de sumas cuantiosas de dinero, o bien, datos personales de los usuarios de la banca o de los derechohabientes de algún servicio público que proporciona alguna institución gubernamental y, por esta razón, es que puedan ser consideradas dentro de los parámetros de la seguridad nacional.
Por esta razón es que no puede tomarse a la ligera la investigación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) a la que tuvo acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en enero pasado, que señala que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) emitió tarjetas a nombre de 1,495 beneficiarios por los sismos del 7 y 19 de septiembre del año pasado, en los que se depositaron 68.8 millones de pesos, en un fraude que consistió en una repetición en 34, 26, 18, 16 y hasta 14 tarjetas, entre cuyos beneficiarios, hubo quienes ni siquiera recibieron una tarjeta.
Esto podría indicar que el servidor público que quiso desviar fondos federales para cuentas personales distintas del objeto para el que fue destinado, lo hizo de una manera burda y torpe que fue descubierto por la cantidad de veces en reproducir la tarjeta de un beneficiario.
No solo eso, sino que también evidencia la fragilidad informática de los sistemas financieros del gobierno mexicano, cuando en la primera quincena de enero de este año se supo que la infraestructura crítica del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) también fue vulnerada, aunque hasta ahora sin que se sepa de algún daño patrimonial.
Esta vulnerabilidad en la infraestructura crítica de estas entidades financieras de gobierno podría replicarse en otras instituciones en donde se han presentado actos de corrupción y, por tanto, cabe la posibilidad de que estas vulnerabilidades sean deliberadas, a efecto de facilitar la realización de actos de corrupción en perjuicio del erario público.
La semana pasada se tuvo conocimiento que los procesos en la infraestructura crítica que regula el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) que opera el Banco de México (Banxico) y que afectó principalmente las transacciones en ese sistema que utilizan las instituciones Banamex, Banorte y BBVA Bancomer, cuyas últimas dos instituciones afirmaron que se trató de incidencias. Esta falla pudo haberse extendido a todas las instituciones del sector bancario mexicano.
En un comunicado emitido por Banxico afirmó que es posible que los clientes experimenten lentitud en los envíos de transacciones. Así se afectaron transacciones entre bancos. Sin los elementos de prueba es difícil afirmar la existencia de un ciberataque, pero por su impacto no se descarta esa posibilidad.
Es posible que estas deficiencias en la infraestructura crítica, programas y sistemas sean los causantes de que las transacciones que alteran la economía por la vía el sistema financiero mexicano, como el lavado de dinero no sean detectadas, o además que las transacciones cuantiosas de dinero producto de la corrupción, no puedan ser detectados por los mecanismos del Sistema Nacional Anticorrupción en virtud a que la legislación no posee algún procedimiento para inspeccionar sus movimientos, sobre todo aquellos irregulares de los que se puedan suponer la existencia de hechos que constituyan delitos patrimoniales en contra del erario público.
Y dado a la vulnerabilidad de la infraestructura crítica del sistema hacendario mexicano también cabe la posibilidad que las fallas en el sistema SPEI hayan sido acciones deliberadas, sobre todo porque ocurrieron a una semana del primer debate entre candidatos a la Presidencia. Se trata del poder.
También esta misma vulnerabilidad en la infraestructura física podría ser la causa por la que la Unidad de Inteligencia Financiera del Sistema de Administración Tributaria (SAT) no haya descubierto grandes movimientos de dinero con destino a las cuentas de los exgobernadores de Veracruz o Chihuahua, Javier Duarte y César Duarte, respectivamente o bien, para descubrir los activos financieros de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” y neutralizar su poder corruptor.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Twitter: @racevesj
Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que A Fondo Jalisco no se hace responsable de los mismos.