Por Manuel Gutiérrez
Oficialmente, con base en la estadística del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, existen 132,534 personas sin localizar. Sin embargo, la presentación de la Presidente Claudia Sheinbaum aplicó un criterio de eliminación de 34,128 personas desaparecidas por carecer de datos o presentar rastros de actividad posterior —como matrimonios o trámites—; a esto se suma otra cifra de desaparecidos que se omite contar: 46,742 personas por datos insuficientes para la búsqueda (por ejemplo, casos donde solo se tiene un apodo como “Juanito desapareció”).
Las ONG, las madres buscadoras y los organismos colectivos por la defensa de los derechos humanos cuestionaron este manejo. Simplemente no se están sumando más de 83,000 ausentes que, de alguna forma, siguen desaparecidos.
El gran problema se refleja en su impacto en Jalisco con cifras alarmantes: 15,300 casos de desaparecidos. Por ello, monumentos y fachadas de edificios de justicia están tapizados con imágenes de personas no encontradas. El País, diario internacional, informa que solamente se cuenta con datos completos en carpetas de investigación para 3,869 asuntos, lo que representa un fracaso total de seguimiento. La Comisión Nacional de Búsqueda, por su parte, tampoco marca una diferencia favorable en la recuperación o el esclarecimiento del destino de las personas.
En consulta con la Red Lupa y su Informe Nacional de Personas Desaparecidas, se reflejan los siguientes porcentajes: 76.82% corresponden al sexo masculino, 22.85% al sexo femenino e indeterminados el 0.33%.
Según la Red Lupa, en 2022 la cifra era de 100,000 desaparecidos, pero en 2025 alcanzó los 128,064. De todos modos, son cifras que rebasan totalmente el cupo del Estadio Azteca; incluso podrían llenar simultáneamente otro estadio de menor aforo, como el 3 de Marzo. Esto resulta pasmoso y doloroso.
Esto refleja la gravedad del tema porque impacta a las familias, suspende condiciones legales y derechos, y genera secuelas que, adicionalmente a las búsquedas, implican trámites de recuperación de derechos de la persona desaparecida en favor de los afectados y, muchas veces, un cambio de residencia obligado por el miedo a sufrir represalias.
La Red Lupa cita las condiciones del Estatuto de Roma sobre el tema: existen conductas que se presentan en el fenómeno y que, al ocurrir, son crímenes de lesa humanidad. Es decir, se parte de la existencia de un ATAQUE GENERALIZADO a la población civil a gran escala; mientras que el factor SISTEMÁTICO se refiere a la naturaleza organizada de los actos de violencia y a la existencia de ciertos patrones de ejecución que se repiten regularmente. Ya no se trata de hechos fortuitos cuando se tiene la repetición del delito en más de 130,000 ocasiones.
Otro dato seleccionado por su significado es el hecho de que entre los años 2018 y 2025 se concentra el 56% de las personas desaparecidas, siendo 2024 el peor año con 13,106 casos. El problema, estima este Informe Lupa, es que de continuar la tendencia, 2025 reportará una cifra igual o mayor que la de 2024.
JALISCO, EL DE MAYOR NÚMERO DE DESAPARECIDOS
Jalisco es el estado líder en desapariciones con más de 14,000 casos. Le siguen el Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León; en esos cinco estados se concentra el 44.3% de los desaparecidos del país. Los estados que tienen una cifra menor presentan, sin embargo, una tendencia de aumento de casos, como Aguascalientes y Querétaro con un 14% más. Un caso que llama la atención es Tabasco, que supera en desaparecidos con un incremento del 87% debido a la presencia de “La Barredora” y cárteles en pugna, entre otros factores; le sigue en crecimiento de casos Hidalgo, con un 35% adicional.
El rango de edad de las personas desaparecidas se concentra principalmente entre los 25 y 29 años, pero hasta los 19 años de edad se ha presentado una tendencia del 18% de las desapariciones; es decir, estamos perdiendo jóvenes y casi adolescentes.
El tema de la desaparición de mujeres, incluyendo niñas, casi llega a 6,000 en el Estado de México, seguido por Veracruz con aproximadamente 2,800 casos; le siguen Zacatecas, Guanajuato y Quintana Roo, pero el problema ya es notorio en Campeche y Durango.
El 49% de las mujeres y niñas desaparecidas pertenecen al Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Ciudad de México y Tabasco, una concentración muy alta. Tabasco refleja un aumento exponencial del problema. El rango principal de edad de las mujeres y niñas desaparecidas es de 15 a 19 años. Estos son datos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos, organismo civil no gubernamental.
CAUSA COMÚN RECHAZA LA CONFIABILIDAD DE LOS DATOS
El investigador del organismo civil Causa Común, Fernando Escobar Anaya, cuestionó la forma en que el gobierno de la 4T reinterpretó las cifras de desaparecidos, indicando que no considera que sean datos confiables y cuestionando la estrategia de búsqueda de los ausentes.
Indicó que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, con datos oficiales del gobierno de México, “no cuenta con reglas claras de operación publicadas a la fecha y, además, sus datos no son públicos. Simplemente no hay forma de verificarlos ni de conocer con precisión la metodología que el gobierno siguió para esta nueva clasificación por tercios de las cifras de desapariciones”.
Un detalle significativo es que restan cifras, lo que pone en la opacidad a un gran sector de los desaparecidos. Ha habido organismos que señalan que se ha llegado a 200,000 desaparecidos, pero con este método se redujo a 130,000 reconocidos oficialmente.
La pobreza de las investigaciones forenses refleja grandes limitaciones institucionales y una orientación de búsqueda administrativa en lugar de fortalecer las investigaciones de campo, lo que refleja “un entendimiento muy parcial de las desapariciones y la precariedad de las instituciones que se dedican a la búsqueda e investigación de estos casos”.
El experto de Causa Común recomendó atender el rezago forense que se registra en todo el país, ya que la presentación de cifras dejó ver que las procuradurías de las diversas entidades de la República no siguen el mismo criterio ni tienen la capacidad de producir investigaciones sólidas; las turnan todas incompletas.
“Lo preocupante es que el Estado mexicano no cuenta con un instrumento confiable para medir las desapariciones”, indicó el experto de Causa Común, quien advierte que existe un proceso muy opaco y que ni siquiera el gobierno conoce la cifra exacta.
Los colectivos de búsqueda son diferentes, no son homogéneos y tienen distintas formas de relacionarse con las autoridades, desde grados de acercamiento estrecho hasta grupos que critican la inacción oficial o la forma en que se realizan los rastreos.
Lo cierto es que el tema se abordó en la tribuna nacional mañanera, pero la forma de distribuir los casos y restarlos por insuficiencia de datos refleja una realidad que explicó un abogado penalista: “El hecho de que un desaparecido no tenga acta de nacimiento no significa que no haya existido y que no sea víctima de una desaparición que el Estado deba investigar. De hecho, es una cifra pendiente en cuanto sea un caso real ocultado por los malos procedimientos y la insuficiencia de datos; representa a una persona ausente aunque administrativamente se le borre de las cifras oficiales”.
Conclusión: Se abordó el tema, pero se hizo magia con el borrador. Y las cifras, como las de homicidios, disminuyeron por ese condicionante administrativo. Así, el gobierno dice que son menos, pero si realmente fueron 200,000 los desaparecidos, estamos hablando de dos llenos del Estadio Azteca; es demasiada muerte.
El diario Cambio 22 ofrece en su edición del 31 de diciembre de 2025 un reporte en el que menciona que crece la cifra de desaparecidos y que se incrementa la guerra narca en el país, con mayor control del territorio y una violencia que se adapta, se oculta y hasta se normaliza.
Sobre esa base, se presume en las cifras oficiales que los datos de homicidios descendieron un 40%, pero hay ciudades atrapadas en conflictos de grupos de narcos y economías sometidas al control del crimen organizado. Cambio 22 ofrece un dato: hasta el 26 de diciembre de 2025 se registraron 33,814 denuncias por desaparición, con un aumento del 11%. Incluso ofrece el dato omitido en el informe oficial de la presidenta: que de 2014 a 2025 hubo 16 homicidios de personas buscadoras.
De ellas, 11 eran madres de familia, dos hermanas, dos esposas y una activista de los derechos humanos. El reportaje se complementa con una desgarradora visión de la guerra narca en Culiacán, Sinaloa, así como la situación de extorsión dominante en Uruapan y Apatzingán, Michoacán, que se evidenció con el asesinato del alcalde Carlos Manzo y el homicidio del líder limonero Leonardo Bravo en Apatzingán.
El terror ha llegado a tales extremos que los terrenos sembrados de minas o el uso de drones con fines mortales y bombas artesanales llevan al crimen organizado a sostener una guerra sin cuartel contra la sociedad y el Estado.
De 2022 a diciembre de 2025, Cambio 22 evidencia en su reportaje —que debió sacudir a México, pero ninguna autoridad se dio por enterada— que por explosivos han muerto 33 personas (14 de ellas militares) y ha habido 46 lesionados, incluyendo campesinos y niños, esto en Michoacán.
Esto redondea el contexto de la causa de las desapariciones, las vincula y, de alguna manera, es un factor que se omitió o se separó. Siempre se ofrecen cifras optimistas de cómo consideran que se avanza en estos graves problemas que no se resuelven todavía en esta administración de Claudia Sheinbaum. Discurrieron contar y restar las cifras de desaparecidos como solución; el asunto es hacer malabarismos y patear este incómodo bote.
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