Por Gabriel Torres Espinoza
Derivado de 69 auditorías y 13 denuncias penales hechas al Ipejal, en la actual administración, se han vinculado a proceso a nueve ex funcionarios de ‘primer’ y ‘segundo’ nivel de la administración pasada.
Esto porque las inversiones fallidas, riesgosas y polémicas del Ipejal, hasta ahora, ascienden a poco más de cuatro mil millones de pesos. De ese tamaño es la dilapidación al fondo de pensiones para la pensión de sus trabajadores en los últimos dos sexenios (2006-2012 y 2012-2018).
De modo que 603 millones de pesos (mdp) corresponden a la compra de bonos de deuda de Abengoa. El mismo gobernador de Jalisco, ve prácticamente imposible recuperar dicha “inversión”, toda vez que se ignoraron tanto las advertencias de la Bolsa Mexicana de Valores como la normatividad interna del Instituto en materia de inversiones.
En cuanto a la “inversión” hecha en la compañía Transporte Marítimo Mexicano, de mil 626 mdp, ocurrió exactamente lo mismo. Tampoco hay certeza del retorno de su “inversión”. Respecto de las Villas Panamericanas, el Ipejal aportó 340 mdp para su construcción, ignorándose también todas las advertencias financieras consideradas de “alto riesgo”, por contravenir toda normatividad urbana y medioambiental. Así que de los 600 mdp que recibiría el Instituto por la “inversión” apenas se le han devuelto 20 mdp.
Chalacatepec, ‘El Nuevo Cancún’, es otro emblemático ‘elefante blanco’. Fueron casi mil 200 mdp los invertidos, y no hay certeza del retorno de su “inversión”. Lo mismo ocurre con Santa Cruz de Soledad, otro proyecto de oropel, para el que se destinaron 324 mdp, pero que sigue ‘empantanado’ en una disputa legal con ejidatarios que parece no tener fin.
De forma que el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco ha pasado a convertirse, para mal, en el Instituto de Inversiones Irresponsables y Acumulador Inmobilario del Estado de Jalisco. Al inicio de la actual administración, el Ipejal acumulaba mil 100 inmuebles en 20 municipios jaliscienses (¿?).
Así que la ‘refundación’ del Ipejal, no sólo debe pasar por una profunda reforma, toda vez que la inviabilidad y el quebranto financiero que hoy acredita el Instituto no se explica —como ha querido hacerse creer— por el exponencial crecimiento de su número de pensionados y jubilados (en cualquier sistema pensionario del Mundo esto ocurre, además de que es obviamente previsible), ni tampoco por las poco más de 70 excesivas pensiones de ex funcionarios de todos los poderes que hoy son mayores a los 120 mil pesos mensuales. Ocurre precisamente por el despilfarro, la malversación de recursos y la insultante corrupción de la que ha sido objeto el Ipejal, debido a deliberadas e inviables inversiones que a la postre resultan “fallidas”, y que, a los ojos de todos, no sólo eran “riesgosas” sino prohibidas por su normatividad interna. De manera que la ‘refundación’ del Ipejal no sólo pasa por la sanción ejemplar de la corrupción, sino por devolverle al Congreso Local la atribución para aprobar o denegar todas las inversiones propuestas por el Ipejal, para robustecer su fondo. Y, también, por la recuperación y reparación del daño al patrimonio de los trabajadores al servicio del Estado y del derecho a su pensión y/o jubilación.
