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Gabriel Torres Espinoza

El problema en la gestión del agua para la metrópoli no es un problema reciente; por el contrario, el desabasto del vital líquido nos retrotrae a diversos sexenios en que el ‘cártel del agua’ impulsó proyectos deliberadamente fallidos e inconclusos, que derivaron en la construcción de un sinfín ‘elefantes blancos’. Eso sí, con jugosos negocios ‘al estilo Jalisco’. La presa El Zapotillo -iniciada en 2009- registra poco más de 30 mil millones de pesos invertidos a la fecha, no obstante, sigue inconclusa, y sin poder funcionar; el eternizado proyecto de El Purgatorio -iniciado en 2009-, apenas registra un avance del 56%, y actualmente exige poco más de nueve mil millones de pesos para poder ser culminado; la presa de Arcediano, es otro elocuente ejemplo, para el que se destinaron casi mil millones de pesos de 2001 a 2009, aunque nunca se construyó. A lo anterior, agréguese la ‘mala racha’, en términos de estiaje, de la presa Calderón, que hoy registra el nivel más bajo almacenamiento desde 1991 -fecha en que se construyó-, toda vez que a inicios de este mes registró un almacenamiento de apenas 17%; cuando, en 2018, tuvo un almacenamiento promedio superior al 90%. Esto tiene una explicación climatológica: Conagua señala que 2017, 2019 y 2020 han sido los años más cálidos en el país desde 1953. Por otro lado, la importancia de la presa Calderón es tal, que suministra el 13% del agua que demanda el área metropolitana. Hoy, ese porcentaje de abasto simplemente dejó de existir.

El gobernador de Jalisco, en días recientes, señaló que el problema de desabasto de agua que padece actualmente la metrópoli es, antes que un problema de escasez, un problema de distribución. Le asiste parcialmente la razón. Aunque en abono a ello, habría que decir lo siguiente. El mayor problema relacionado con la distribución tiene que ver con las fugas de agua en la red de agua potable. De acuerdo con IMCO “por cada 10 litros de agua distribuida, sólo llegan seis a sus usuarios, y los restantes cuatro se pierden en fugas”. Exactamente lo mismo sucede con el acueducto de Chapala, el principal proveedor de agua para la zona metropolitana, que pierde casi la mitad del volumen de agua extraído antes de llegar a la zona conurbada. Y, en efecto, no es exactamente un problema de escasez, sino también de despilfarro y desperdicio de agua. De acuerdo con el SIAPA, el consumo diario per cápita de agua en la ZMG es de 221 litros de agua. No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que el consumo óptimo por persona ronda los 100 litros de agua diarios. Los habitantes de la metrópoli utilizan un 120% más de lo sugerido por la OMS. Para evitar el despilfarro, las ciudades -entre muchas otras cosas- han implementado inodoros y griferías eficientes en los hogares, por citar tan sólo un ejemplo. El académico, Arturo Gleason Espíndola, se pronuncia por un sistema de captación pluvial (cisternas) en los hogares que no costaría más de 15 mil pesos en viviendas nuevas; y 40 mil en viviendas antiguas. Desde luego, todos estos mecanismos para el ahorro del agua necesitan de la coordinación, estímulos y apoyos de los tres órdenes de gobierno, y de una nueva legislación para la construcción de la vivienda.

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Maestro en Filosofía por la UNIVA. Actualmente es Director General de Canal 44 y Canal 31.2 de la Universidad de Guadalajara (UdeG); Institución en donde además ha ocupado los siguientes cargos: Vicerrector General Ejecutivo, Rector del Centro Universitario de la Ciénaga, Director General de Medios UdeG y fundador de la Licenciatura en Periodismo. Es Presidente del Consejo Consultivo de Notimex y Vocal Propietario ante la Junta de Gobierno de la agencia de noticias del Estado mexicano. Y recientemente fue nombrado director de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Twitter: Gabriel_TorresE

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Gabriel Torres Espinoza

El enemigo público de la ciudad

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El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco (TJA), antes conocido como el TAE, ‘volvió a las andadas’. Y es que el martes pasado, la Sexta Sala Unitaria del TJA, ordenó al Ayuntamiento de Zapopan, abstenerse de emitir futuros actos de clausura o suspensión de las obras para la construcción de un fraccionamiento,SIN LICENCIA, en un terreno colindante con el Área Natural Protegida del Bosque El Nixticuil.

El despacho de este asunto recayó en una de las dos ‘suertudotas’ Salas -MURAL dixit- de este Tribunal: la Sexta Sala Unitaria, presidida por el magistrado Alberto Barba Gómez. Por azares inexpugnables del destino, cuando no ocurre lo anterior, los otros casos que nulifican el derecho a la ciudad, pasan por la acomodaticia Cuarta Sala Unitaria del TJA, que preside otro experto enargucias, Armando García Estrada. Son ellos dos, precisamente, los que se ufanan de resolver sentenciasinjustas, eso sí muy “apegadas a derecho.

Bien podría decirse que, el TJA, constituye el punto culmen del gran pacto pluripartidista de impunidad enJalisco. Lo más inverosímil, e irónico del caso, es que este Tribunal forme parte del Sistema Estatal Anticorrupcióny además sea el órgano facultado para sancionar ‘las faltas administrativas graves’ de los servidores públicos (corruptos) y particulares (corruptores) vinculados con cualquier daño o perjuicio a la hacienda y el patrimonio público. Además de ser francamente grotesca esta disposición, es también un elocuente ejemplo de la trágica equidistancia entre norma y normalidad. Vamos, ni el diseño institucional del TJA, como órgano constitucionalmente autónomo -por no pertenecer o estar adscrito al Poder Judicial-, ha auspiciado en él mejoresprácticas. Son tan sólo autónomos e independientes, para corromper y atentar contra los intereses públicos de la ciudad.

De manera flagrante trasgreden lo dispuesto en el 127 constitucional, que señala que ningún servidor público podrá ganar más que el Presidente, ni el Gobernador. Losmagistrados y los  presidentes de Sala, actualmente ganan 154 mil 603 pesos mensuales, muy por encima del sueldo del presidente de la República, que establece un tope de 111 mil 990 pesos al mes. Pero ese ingreso es tan sólo la ‘punta del iceberg’ de una excesiva remuneración que perciben. En diciembre de 2019, MURAL publicó que los magistrados del TJA se rayaron con un aguinaldazo -autoasignado, desde luego- de 435 mil pesos. ¡Ni Obama!

La reforma al Poder Judicial de Jalisco, promovida por la Refundación, también ‘les hizo lo que el viento a Juárez’. De forma que los mecanismos de rendición de cuentas, previstos para los impartidores de justicia del estado de Jalisco, no aplicarán para el TJA, toda vez que cinco de sus seis magistrados se han amparado en contra de ella a efectos de evadir las evaluaciones de control de confianza, que dispone la Constitución Estatal.

Todos los juicios políticos solicitados en su contra no han prosperado en la Comisión de Responsabilidades del Congreso Local. La UIF, a cargo de Santiago Nieto, aunque si bien les congeló las cuentas bancarias a Barba Gómez y García Estrada, por indicios de un patrimonio¡inexplicable!, la sanción les duró tan sólo unos días porque obtuvieron otro amparo.

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Gabriel Torres Espinoza

4 claves para el proceso electoral

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Uno de los grandes temas del proceso electoral es el relativo al movimiento feminista y la agenda paritarista. La importancia que radica en un nuevo e interesantísimo debate -aunque poco discutido y explorado-: el relacionado con la paridad política, un movimiento que ha sido asumido en Jalisco por ‘Las Paritaristas’, y que podría convertirse en la nueva consigna feminista del presente y futuro inmediato, por tratarse de un asunto de la mayor importancia, que se expresa con amplitud y creatividad durante estas campañas.

Segundo. La gestión de la pandemia. Precisamente en un momento en que vamos ya rumbo a la tercera ola de contagios por Covid-19. La gestión del gobierno federal y estatal, ¿cobrará algún tipo de factura? Está por verse cuánto. Pero si consideramos como referencia a Estados Unidos, el número de muertos y familias afectadas en México, puede ser un motivo que se exprese en las urnas durante la siguiente jornada electoral. Hace poco más de un año -el 14 de marzo de 2020- se dieron a conocer los primeros dos casos de SARS-CoV-2 en Jalisco. El 12 de marzo, Jalisco decidió las primeras medidas de aislamiento social, adelantándose 11 días a la primera respuesta del Gobierno Federal. En este primer año, el Gobierno de Jalisco ‘apretó’ en tres ocasiones el Botón de Emergencia: el 30 de octubre y 25 de diciembre de 2020; y el 16 de enero de este año. El pasado 13 de febrero, entró en vigor el Plan Integral Jalisco Covid-19 contemplado, prácticamente, para el segundo año de la pandemia. Vamos por una tercera ola, pero aparentemente sin mucha contención de las autoridades. ¿Cómo repercutirá eso en el proceso electoral? ¿Pasará factura? ¿A quién y cómo?

El Agua. El desabasto de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara se agudiza en la misma medida que avanzan las campañas. La falta del vital líquido alimenta un malestar que terminará por incidir en el ánimo de los votantes. La complicación en la gestión del agua para la metrópoli no es un problema que se pueda resolver antes de la elección, pero sí será uno de los temas coyunturales más sentidos. El gobierno ha señalado que el desabasto de agua que padece actualmente la metrópoli es, antes que un problema de escasez, un problema de distribución. Parece que la única medida que se propone es una presa, que no demuestra resolver de forma alguna un complejo problema arrastrado desde varios sexenios, en que se alentaron proyectos deliberadamente fallidos e inconclusos, que derivaron en la construcción de un sinfín ‘elefantes blancos’, como testimonio de la ineficiencia y la corrupción.

Finalmente, el mega fraude en Iconia (que ya defiende abiertamente Pablo Lemus), el robo paulatino de terreno en el bosque de Los Colomos; los incendios alentados en el bosque de La Primavera, para ganar terreno y construir en él; el desfalco en Chalacatepec con dinero de las pensiones y jubilaciones de trabajadores al servicio del Estado; y la destrucción del Bajío, con las Villas Panamericanas, entre otros negocios ‘al estilo Jalisco’, son testimonio irrefutable de la agresión permanente de las autoridades y desarrolladores al medio ambiente en Jalisco.

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Gabriel Torres Espinoza

El agua, bajo secuestro

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Gabriel Torres Espinoza

Bien podría decirse que son tres los principales problemas que aquejan a los habitantes de la metrópoli: seguridad, transporte y agua. Todas estas materias, además de estar directamente vinculadas al ejercicio pleno de derechos humanos fundamentales, representan ‘facultades originarias’ de los municipios, mismas que han sido cedidas a entes metropolitanos [SIAPA y policía metropolitana -esta última parcialmente-] o al Gobierno del Estado [transporte público], bajo la premisa de otorgar una “más eficaz prestación de los servicios públicos”, de acuerdo con el 115 constitucional. Sin embargo, paradójicamente, son las que generan mayores estragos a la población.

Aunado a lo anterior, en los últimos 30 años, autoridades de los tres órdenes de gobierno, tanto por incompetencia como por corrupción, no han podido consolidar un solo proyecto para el abastecimiento de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Casi 35 mil millones de pesos han sido dilapidados con proyectos de ‘papel de China’, megafraudes y/o ‘elefantes blancos’ como El Zapotillo, Arcediano, El Purgatorio, La Zurda Calderón y el programa ‘Todos con Agua’. Todos ellos han sido emblemáticos y dignos exponentes de los ‘negocios al puro estilo Jalisco’, esos en donde pierde deliberadamente la sociedad jalisciense, para que sean los vivales [corruptos (funcionarios) y corruptores (empresarios coyotes)] quienes terminen por amasar grandes fortunas en detrimento de la Ciudad.

En ese sentido, en estas últimas décadas, pareciera ser que el único beneficiado de este insano despilfarro, ha sido el ya bien conocido ‘Cártel del Agua’, que sigue enturbiando el derecho de acceso a este derecho humano, a pesar de registrarse, tanto en el gobierno estatal como en los municipios metropolitanos, una alternancia político-partidaria de tercera generación: PAN-PRI-MC. En buena medida, es el ‘Cartel del Agua’, en complicidad con autoridades, el que mantiene prácticamente inconclusa la obra de El Zapotillo, por su corrupta voracidad y aberración de querer crecer la cortina de la presa en 105 metros, a pesar de ya estar construida sobre los 80 metros inicialmente proyectados.

Una decisión que solo se justifica desde el enfoque del lucro, el dinero y la corrupción. Racionalmente, resulta a todas luces insostenible crecer su cortina a 105 metros, toda vez que, de acuerdo con Conagua, el almacenamiento promedio de las 10 presas más grandes de México, en términos de la altura de su cortina [las cuales van de los 136 a los 261 metros], es de apenas -OJO- del 70.3%. Entonces, ¿por qué de crecer su cortina a 105 metros? Vamos, La Presa Calderón, es un elocuente ejemplo de una presa sin el agua suficiente.

El problema es, sin lugar a dudas, multifactorial. Desde el hecho de que las arcaicas y deterioradas redes de suministro propician que el 40% del recurso hídrico se pierda en fugas. Por otro lado, la cultura del ahorro no solo debe centrarse o circunscribirse en la que es de ‘consumo doméstico’, que por cierto supera el volumen per cápita sugerido por la OMS, sino que también debe enfocarse en el ahorro del agua que se destina a actividades agrícolas e industriales, que logran captar el 75% y 10% del consumo de agua en México respectivamente (CONAGUA, 2019).

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