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Brújula pública

El diseño institucional de la cuarta transformación consiste en modificar la forma de gobernar. Esto implica también los sistemas que administran y sus servidores públicos.

Es posible que la cuarta transformación encuentre más resistencias que facilidades, en virtud a los sistemas que se desprenden de las funciones de Estado y de gobierno que pretende modificar.

 Por ejemplo, tratar de empatar la justicia social entre los distintos sistemas de seguridad social de los servidores públicos con los de los ciudadanos, es muy difícil.

 Las prestaciones de seguridad social del magisterio, de los militares o de los petroleros, no pueden ser parámetro o igualarse con quienes trabajan en la informalidad o carecen de prestaciones, como quienes están contratados bajo el régimen de tercerización laboral o outsourcing.

 Solamente recordemos que, en la pasada administración, los pasivos laborales del sindicato de petroleros que ascendían a un billón de pesos, fueron transferidos a deuda pública.

 Otro de los sistemas que causan desigualdad lo constituye, el de la recaudación fiscal, cuando la base tributaria de este país es mayoritariamente de clase media, mientras que gran parte del empresariado mexicano cuenta con el régimen de consolidación fiscal para deducir pérdidas.

 Por eso subsisten con consentimiento de la autoridad fiscal, las fundaciones filantrópicas de grandes corporativos, que no solucionan los problemas de política pública de su objeto y cuando el verdadero negocio consiste, en extender recibos deducibles de impuestos a las empresas del grupo empresarial que representa, o bien, solicitar recursos del presupuesto federal para el sostenimiento de sus actividades.

 También los sistemas derivados de la educación pública producen desigualdad, cuando la autoridad reduce el contenido de las unidades temáticas de los cursos en sus niveles, para producir una ventana de oportunidad en la educación particular y, con ello, superar a las estructuras de los contenidos del sistema educativo nacional y, por consecuencia, la preparación de los alumnos de las escuelas públicas que produce autómatas, no seres pensantes.

 No solo eso. La cuarta transformación debería ser una transformación de Estado, ceñirse y hacer costumbre en la práctica de principios democráticos que, entre otras cosas, debe modificar la conducta de los servidores públicos y no despedirlos por su presunta simpatía con un partido político distinto al gobernante. Un cambio en la administración pública, como lo es del PRI a Morena, solo es un cambio de régimen político, pero persisten las mismas prácticas políticas que al final de la administración del presidente López Obrador, solo van a empañar su gestión y si el ganador de la elección presidencial es de signo político distinto al actual, solo veremos revanchas y venganzas.

 Para que verdaderamente se noten los cambios de la cuarta transformación se requiere, que los cambios políticos, económicos y sociales que pretende modificar hayan transcurrido por lo menos uno o dos sexenios, para estar en condiciones de afirmar que sus beneficios son trascendentales para la vida del país. Mientras tanto, no hay transformación, solo buenas intenciones.

 *Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Twitter: @racevesj

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Es politólogo por la Universidad de Guadalajara (UdG) y por invitación del Alto Mando es maestro en seguridad nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) de la Secretaria de Marina. Ha sido invitado como expositor en el curso de Mando y Estado Mayor General de la Armada de Mexico, así como en el CESNAV. Actualmente se desempeña como académico de la Universidad del Valle de México y cómo investigador externo del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México (ININVESTAM). Twitter: @racevesj

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Agenda México-EE. UU. (1): narco como seguridad nacional y soberanía

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Carlos Ramírez*

 

A Jorge Suárez Vélez y

a la memoria de la tía Tere

Si en el gobierno del presidente Joseph Biden van a regresar los viejos halcones de la política de inteligencia, seguridad nacional y espionaje, entonces el narcotráfico será en los próximos cuatro años el problema número uno en las relaciones de la Casa Blanca con Palacio Nacional.

Los otros temas de la agenda –cambio climático, comercio internacional, migración centroamericana y mexicana, inestabilidad geopolítica en América Latina y el Caribe, penetración de China, Irán, Rusia y Corea del Norte en la región y el ciclo populista– pasarán a segundo término. En esa agenda la Casa Blanca suele no negociar con los países involucrados.

En las primeras semanas podrían conocerse los marcos de referencia de las agencias de seguridad en el sistema de toma de decisiones de la Casa Blanca y el margen de maniobra del Consejo de Seguridad Nacional. A nivel de gobierno operan las estructuras de alta burocracia en el área de inteligencia, seguridad nacional y defensa.

Los responsables de esas áreas regresarán a recuperar el espacio de reflexión, inteligencia y acción que les negó el presidente Trump por desconfianza y porque sólo saben operan en lógicas intervencionistas y bélicas, en tanto que él como empresario prefería el campo de batalla del comercio y la economía. En los cuatro años de gobierno Trump tuvo a cinco jefes de inteligencia nacional –la oficina que coordina y de manera supuesta controla a las agencias de inteligencia y seguridad nacional civiles y militares– y cuando consejeros de seguridad nacional, ambas dependientes de manera directa de la Casa Blanca.

La agenda de narcotráfico EE. UU.-México se mueve en tres parámetros: la Estrategia de Seguridad Nacional del presidente en turno, la Estrategia de Combate a las Organizaciones Criminales Transnacionales y la Estrategia de Control de la Frontera Sur. Las tres son injerencistas. Y el presidente Biden envío ya un mensaje codificado; la designación de la embajadora Roberta Jacobson –el último año de Obama y los dos primeros de Trump– como czar de la frontera México-EE. UU., aunque adscrita a la oficina de asuntos latinoamericanos del Consejo de Seguridad Nacional. La primera clave se localiza en la función no policiaca sino estratégica-política de la funcionaria.

La estrategia de la Casa Blanca en el tema del narco tiene dos puntos fundamentales: el combate a las adicciones dentro de los EE. UU. y la persecución de los cárteles en sus madrigueras de sus países de origen. En este escenario se deben analizar las relaciones de seguridad de Washington con Ciudad de México: el papel de la DEA dentro de México, ahora mismo en operaciones oficiales y secretas para atrapar y llevarse a los EE. UU. al Mencho, presunto jefe máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación, y a Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo y responsable en el Cártel de Sinaloa del área de drogas sintéticas de fentanilo que están matando a consumidores estadunidenses.

De ahí que buena parte de las relaciones bilaterales se vayan a redefinir en el tema del narco en dos campos: el de la cooperación mexicana para permitir el funcionamiento de la DEA sin restricciones –aunque cuidando no cometer errores como el del general Salvador Cienfuegos Zepeda– y el de las nuevas relaciones entre los ejércitos de los dos países y ahora con el dato mayor de que el secretario de Defensa de la Casa Blanca es un general que tuvo hasta hace poco mandos operativos en Irak y Afganistán y con poca experiencia en el manejo de la burocracia civil y sobre todo legislativa.

Si los EE. UU. han otorgado al tema del naco un rango de seguridad nacional estratégica, en México el tema del crimen organizado se mira como policiaco. Sin embargo, el impulso desde la Cancillería mexicana a reformas a la Ley de Seguridad Nacional para meter en cintura a los agentes antinarcóticos estadounidenses significó un salto cualitativo al asumir las relaciones de seguridad con nuevos marcos referenciales de una doctrina de seguridad nacional estratégica de México para salirse del paraguas condicionante de la seguridad nacional de los EE. UU.

En este sentido, las nuevas relaciones México.EE. UU. en la agenda López Obrador-Biden son más estratégicas que policiacas, tienen que ver con la soberanía y por primera vez involucran las doctrinas de Estado en defensa nacional, autonomía militar y, sobre todo, control estricto sobre la soberanía ante los abusos de las agencias de espionaje de Washington.

 

-0-

 

Política para dummies: La política es un juego del gato y el ratón, donde la clave está en el perro.

 

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.

 

http://indicadorpolitico.mx

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@carlosramirezh

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Nacional

Brújula Pública- Despropósitos de información

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Rodolfo Aceves Jiménez*

Las conferencias matutinas que ofrece el presidente López Obrador sirven para informar a la población de las actividades de gobierno, pero se desvirtúan en cuanto comienza a denostar a quienes disienten de su forma de gobernar.

La narrativa utilizada se mezcla, entre el contenido informativo de las acciones de gobierno y lo conduce al campo político, pero incluso, la escritora Elena Poniatowska ha afirmado que ese ejercicio de comunicación ha provocado hartazgo, irritación, confrontación y consideró que resultan innecesarias.

En democracia un ejercicio informativo es necesario y se inserta en la función de Estado de la transparencia, hoy en riesgo de desaparecer a conveniencia.

Es a conveniencia debido a que se utiliza para no informar sobre acciones específicas de gobierno, como la reserva de información por un periodo de tiempo determinado sobre el operativo de detención de Ovidio Guzmán, la información relativa a la contratación sin concurso o a la contratación de vacunas para COVID19.

La información que producen las instituciones del Estado mexicano es elaborada por los servidores públicos, cuyos sueldos y recursos materiales para su elaboración, son pagados con el Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso. A su vez, los recursos aprobados por el Congreso provienen de los impuestos, multas, aprovechamientos, derechos y demás ingresos recaudados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El gobierno solo administra los recursos pero no es el dueño de la información.

Por la trascendencia que representa es de interés público conocer los pormenores del operativo que derivó en la liberación del hijo de El Chapo Guzmán, las razones por las cuáles se opta por priorizar los contratos por asignación directa a los concursos públicos, o bien, el contenido de los contratos para comprar vacunas.

El argumento de austeridad para suprimir la institución de Estado de la transparencia, no se sostiene por sí sólo y es de pobre calidad. Es como si se pretendiera suprimir la salud o la educación públicos por el costo al erario que representa. Ambas se tratan de funciones derivadas de derechos humanos.

Pretender derogar la función de información, sólo aumentará el flujo de información en redes sociales de contenidos que sean sensibles para la presente administración.

Abriría demandas ante la Corte, porque se estaría suprimiendo el derecho humano a la información. Esto en el plano nacional.

En el plano internacional, la comunidad y organismos internacionales no verían con buenos ojos esta medida, debido a que se faltaría a la certeza en las inversiones o compromisos internacionales.

En síntesis no conviene a nadie suprimir la función de información.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

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Nacional

Tiempo de cautela ante fraudes

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Salvador Guerrero Chiprés*

Hace unas semanas supe del caso de un comerciante que, ante la falta de liquidez, recurrió a un préstamo y terminó defraudado con más de 400 mil pesos; días después el de un hombre que intentó comprar un tanque de oxígeno y lo estafaron, o el de una mujer que tecleó sus datos bancarios en una página web y saquearon su cuenta. 

Las historias tienden a repetirse y a tener como denominador común a delincuentes que aprovechan el contexto de crisis sanitaria y necesidad económica de particulares. 

Frente a este tipo de engaños es necesario estar alertas y ser solidarios al compartir los modos de operar mediante la denuncia, porque el delito se combate con información y sanciones. 

Como jefas o jefes de familia, empresarias o empresarios nos corresponde visibilizar las conductas que afectan a la sociedad, porque delito que no se conoce es delito que no se investiga y, sobre todo, no se previene. 

Las denuncias y reportes ciudadanos son la mejor forma de exhibir comportamientos delictivos y permitir a las autoridades diseñar estrategias para la detención y castigo de los responsables. A otras personas, les ayudará a prevenir. 

La Línea de Seguridad (55 5533 5533) del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX integra reportes ciudadanos que permiten conocer el comportamiento de determinados delitos, como el fraude. 

Tan sólo en enero se han recibido 313 llamadas sobre estafas, entre ellas de falsas financieras, supuestos ejecutivos bancarios o particulares que ofrecen préstamos y la venta o renta insumos sanitarios. 

Ante la necesidad de un crédito, los delincuentes comienzan solicitando pequeñas cantidades de dinero, que aumentan para supuestos trámites y avales, sin que el préstamo se concrete. 

También envían correos electrónicos o mensajes de texto telefónicos para que las víctimas ingresen datos bancarios en sitios web apócrifos de bancos, con lo que quedan expuestos al hackeo. 

En el otro tipo de estafas, los criminales ofertan falsas ventas o rentas de tanques o contenedores de oxígeno para enfermos de COVID-19. En lo que va de enero hemos recibido 7 reportes. 

La cultura de la prevención es la mejor medida para enfrentar fraudes. Conocer la forma de operar de los delincuentes y no actuar de forma desesperada nos ayudará a tomar mejores decisiones. 

Antes de una compra, firma de contrato o adquirir un préstamo, es conveniente detenernos a estudiar nuestra capacidad de pago y otras opciones bancarias o apoyos gubernamentales. 

Además, es recomendable no hacer pagos anticipados o a cuentas bancarias de terceros ni proporcionar datos personales o información bancaria en sitios web. 

En la CDMX, la estrategia contra la inseguridad encabezada por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, está basada en la colaboración institucional y denuncia ciudadana, lo que ha permitido que la capital ya ocupe el segundo sitio en disminución de delitos de alto impacto en 2020, entre las diez entidades más pobladas del país. 

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