Por Amaury Sánchez
La reforma constitucional que prohíbe la siembra de maíz transgénico en México, presentada esta mañana por la presidenta Claudia Sheinbaum, es de esas decisiones que en el papel suenan bien, pero en la práctica pueden convertirse en una bomba de tiempo. La defensa de las razas nativas de maíz y la protección de la bioseguridad nacional son objetivos nobles y legítimos, nadie lo discute. Pero cuando esa defensa entra en conflicto directo con las reglas de un tratado comercial que sostiene buena parte de nuestra economía, el riesgo de una factura costosa es más que evidente.
Proteger el maíz nativo es casi un acto patriótico. El maíz es México, y México es maíz. No hay comida mexicana sin maíz, no hay identidad cultural sin él. La idea de mantener las semillas nativas libres de modificaciones genéticas para evitar que terminen convertidas en propiedad de Monsanto o Bayer tiene lógica. ¿Quién podría estar en contra de proteger algo que forma parte de nuestra esencia nacional? Pero una cosa es la identidad y otra muy distinta es la economía.
México importa más de 16 millones de toneladas de maíz de Estados Unidos cada año, la mayoría de las cuales es transgénico. No porque seamos débiles o flojos, sino porque resulta más barato comprarlo que producirlo. Si ahora cerramos la puerta a ese maíz, ¿cómo vamos a cubrir la demanda interna? La respuesta fácil es “produciendo más”, pero eso implica inversiones, infraestructura, tecnología y —sobre todo— tiempo. ¿Está México preparado para hacer esa transición sin que los precios de la tortilla, la carne y otros alimentos básicos se disparen? Lo dudo.
Y luego está el pequeño detalle del T-MEC. Estados Unidos y Canadá ya están afilando los cuchillos legales para llevarnos a una disputa comercial. ¿Resultado? Posibles sanciones, aranceles o restricciones a las exportaciones mexicanas. Si el maíz transgénico se convierte en el pretexto para castigar las exportaciones de aguacates, tequila o autopartes, la jugada soberana podría terminar costándonos más de lo que vale el orgullo nacional.
Claro que hay algo seductor en esta decisión. La narrativa de proteger el maíz nativo frente a las garras del capitalismo agroindustrial tiene una fuerza simbólica poderosa. Sheinbaum sabe que este tipo de medidas refuerzan el apoyo popular, especialmente en el campo y entre los sectores nacionalistas. Pero el apoyo popular no llena el estómago ni equilibra la balanza comercial.
Lo que está claro es que esta reforma coloca a México en una encrucijada incómoda. Si los tribunales comerciales del T-MEC fallan en contra de México, el gobierno podría verse obligado a ceder o a pagar las consecuencias con aranceles y represalias. Si mantiene la prohibición a toda costa, podría desatar una crisis de abastecimiento y una escalada en los precios de alimentos. Y en medio de todo esto, la población campesina —a la que se dice querer proteger— podría terminar siendo la más afectada si los apoyos y la infraestructura prometidos no llegan a tiempo o no son suficientes.
Así que aquí estamos: defendiendo la soberanía alimentaria mientras arriesgamos la estabilidad económica. La apuesta es arriesgada y las cartas están sobre la mesa. Si el gobierno logra fortalecer la producción nacional y garantizar el abasto sin ceder ante las presiones del mercado global, habrá sido una jugada maestra. Pero si las represalias comerciales y el desabasto golpean a la economía mexicana, la defensa del maíz nativo podría convertirse en un disparo en el pie. Y como bien sabemos, en política y en economía, los errores se pagan caros.
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