Por el Mtro Horacio Villaseñor
Hay inercias institucionales que logran trascender sexenios, colores partidistas y supuestas alternancias electorales, demostrando que en la gestión pública el desacato sistemático al orden constitucional no es un desliz administrativo ni un vacío legal imprevisto, sino un régimen de excepción permanente que opera con total impunidad desde hace más de treinta años. En este escenario, todos los partidos políticos son igual de sinvergüenzas, inservibles e igual de ignorantes de la función pública, confirmando que Morena representa únicamente un cambio de fachada porque en los municipios que “gobierna” sigue adjudicando directamente todo contrato público contradiciendo lo que ordena la constitución para garantizar la gestión óptima y transparente de los recursos públicos, se debe adjudicar por regla general todo contrato público.
Como Morena no ha llegado al encargo del Gobierno de Jalisco, es Movimiento Ciudadano (MC) quien actualmente ejecuta estas prácticas de saqueo y abuso desde el poder; sin embargo, Morena guarda un silencio cómplice porque cuando llegue, a lo mejor, hará exactamente lo mismo. En los ayuntamientos donde son regidores de minoría se replican con total descaro las mismas mañas, la misma opacidad y las idénticas prácticas discrecionales y nadie dice nada al respecto, evidenciando que la ambición por el control absoluto del presupuesto público no distingue ideologías mientras la Constitución es ignorada a capricho mediante reglamentos a la medida, violatorios a la carta magna, creados en otras administraciones por legisladores y regidores corruptos o tarados.
Una cruda y constante realidad de este sistema viciado se encuentra perfectamente ejemplificada en la reciente y agónica crisis del abasto y calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara. A propósito de las obras del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, bajo el pretexto cínico de la emergencia operativa se decidieron saltar por completo la licitación pública obligatoria del Artículo 134 Constitucional, comprometiendo de entrada más de 32 millones de pesos en adjudicaciones directas y concursos sumarios simulados que únicamente benefician a un círculo selecto de empresas elegidas a discreción. Seguramente, otorgarán concesiones para operar el SIAPA también sin licitar, aunque dañen el erario y se siga envenenando a la gente, “business is business”.
Ante este panorama donde la simulación formal es el método preferido de gobierno, la investigación de las contralorías un teatro mediático sin consecuencias y la impunidad un limbo protegido por la complicidad generalizada de la clase política, resulta imperativo entender que no basta con la denuncia moral en tribuna. Se exige un ataque frontal y estructurado mediante la impugnación jurídica firme de todas aquellas normativas locales contrarias al pacto federal y ningún diputado ni regidor ha presentado formalmente una iniciativa de abrogación o reforma de las normas violatorias que otros legisladores sinvergüenzas aprobaron antes. No hay interés, de nadie, en blindar la reglamentación de contrataciones públicas para eliminar los umbrales discrecionales de las autoridades, estatal o municipales, y evitar de este modo que la administración pública siga funcionando como un botín impune protegido por la simulación jurídica. Si MORENA no es igual, no lo ha demostrado y si no lo hace, todo seguirá igual de mal, gane o no, Guadalajara, Zapopan o el Gobierno del Estado. Por cierto, a veces más vale “malo conocido que bueno por conocer”. Todos son iguales. Ni hablar.
Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que A Fondo Jalisco no se hace responsable de los mismos.
