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Indicador Político:

Como candidato presidencial en 2018, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a convertir el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO) en la política nacional educativa. Ya en Palacio Nacional, el presidente de la república ha definido otro proyecto educativo.
La disputa de la CNTE-22 tiene dos metas: imponer su minoría como eje de la totalidad de los maestros y definir la educación como propuesta de liberación de las conciencias y de lucha contra el neoliberalismo.
En las negociaciones sobre las leyes secundarias de la nueva política educativa, la CNTE-22 ha fijado como su meta el control de las plazas. Pero no se trata sólo de mantener el errorde la maestra Elba Esther Gordillo como cacique de la SNTE de cederles a las secciones disidentes el control de las secciones con todas las cuotas para mantenerlos dentro del SNTE como parte de su poder caciquil, sino de convertir a los maestros en los pivotes de la ideologización magisterial en las aulas que le quite al Estado la rectoría de la educación.
Por lo tanto, no es poco lo que está en disputa. De hecho, el rumbo de los contenidos de la educación se va a decidir en las leyes secundarias. Morena supuso que dándole 40 diputaciones a la CNTE-22 habría conformidad, pero las lecciones que ha dejado la estrategia de lucha magisterial disidente desde 1979 ha demostrado que los líderes no van a ceder en su batalla por controlar la educación básica, aunque en la media superior y superior haya otros valores.
El centro de la lucha estará entre el PTEO (texto íntegro en http://indicadorpolitico.mx/images/pdfs/cuadernos/pteo-2012.pdf). Aquí en Indicador Político se ha hecho un resumen del contenido del PTEO:
“El enfoque educativo del PTEO que la XXII y sus aliados en la CNTE están enarbolando en Gobernación y la SEP es político, ideológico, comunitario, de democracia comunal, autogestionario, con tintes de teología de la liberación religiosa, colectivista y promotor de la alianza comunidades-liderazgos políticos magisteriales para controlar comunidades, gobiernos municipales y el gobierno estatal. Su base viene del modelo comunitario indígena de usos y costumbres que se imponen aún a los no indígenas y que desaparece la individualidad social para construir un comunitario colectivo obligatorio.
“Así, la educación debe tender a forjar espíritus rebeldes, comunitarios, colectivistas, como una forma de liberación social. Puede decirse que el modelo político es el mismo que aplicó la política educativa del periodo 1910-1982 acreditado al dominio intelectual de la Revolución Mexicana, pero para reforzar la ideología del régimen priísta. La clave ideológica del PTEO parte de la dialéctica dominación-resistencia, la primera asumida por los gobiernos priístas y la segunda por la educación para la rebelión. El eje político señalado por el PTEO sobresale la polarización ricos-pobres en Oaxaca que buscará romperse a través de la educación revolucionaria”.
El gran dilema del presidente López Obrador radica en optar por una educación nacional con valores, pero también con objetivos de capacitación, o entregarles a los maestros de la CNTE-22 el contenido de la educación como organismo de lucha contra el neoliberalismo. El presidente López Obrador ha anunciado un proyecto posneoliberal, pero hasta ahora nada se ha dicho del papel de la educación.
Los maestros disidentes de la CNTE-22 han construido una pinza de presiones sobre las instituciones para obligarlas a decidir en función de cuando menos cinco secciones magisteriales disidentes –Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y parte de Valle de México– de las 77 que existen: dentro de la Cámara con su bloque de poder de 40 diputados centistas y fuera con bloqueos armados para reventar reuniones con el uso de la violencia.
El poder de la CNTE se sustenta en su pertenencia como secciones del sindicato nacional que agrupa a casi un millón 700 trabajadores de la educación. Como secciones controlan negociación con gobernadores y estallan conflictos en Ciudad de México. Y las secciones disidentes, por decisión de la maestra Gordillo, se quedaron con el control de las cuotas, de donde se deriva su poder económico para la lucha. Todos los líderes del SNTE desde 1989 no han querido tomar la decisión estratégica de centralizar el poder sindical, lo que acabaría con el poder autónomo de las secciones.
El modelo SNTE fue diseñado por el presidente Carlos Salinas de Gortari al tumbar al líder Carlos Jongitud Barrios e imponer a la maestra Gordillo como líder. A lo ‪largo de 30‬ años, la maestra Gordillo ha controlado el sindicalismo educativo. La crisis de la educación permaneceráen tanto persista el modelo educativo y sindical de Salinas-Gordillo; este modelo comenzó con el control de la educación como eje ideológico de la Revolución Mexicana, siguió con la educación socialista cardenista y permaneció con el uso de los maestros como ejército de control electoral en el cincelado de las conciencias de los niños y en las urnas en cada elección.
La reforma educativa que se debate en el congreso pude cambiar esta realidad o puede consolidarla por otros años más,

Política para dummies: La política es el campo de batalla del poder.

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Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Seguridad anti cárteles de México estará normada en Washington

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Indicador Político:

A partir del criterio de que no había posibilidad aún remota de que la estrategia mexicana contra los cárteles transnacionales pudiera moverse en espacios mínimos de autonomía, la visita del fiscal estadunidense William Barr fijó los tres puntos de dominación estadunidense: la fuerza, el consumo de droga y los intereses hegemónicos.
En este contexto, las negociaciones de la semana pasada no se llevaron a niveles de secretarios de Seguridad de ambos países, ni siquiera se exploraron las relaciones institucionales y dinámicas entre los jefes militares de cada nación, ni menos aún se bajaron al nivel deseado de jefes de inteligencia. La agenda bilateral que le interesa a Trump quedó en manos del canciller mexicano.
Los entendimientos formales-pero-no-escritos entre los EE. UU. y México volvieron a pasar por el arco de la seguridad estratégica anti narcóticos de Washington: migración, comercio y seguridad nacional. La condescendencia del presidente Donald Trump hacia México al perdonarle el tema de los cárteles mexicanos como terroristas sólo probó que el control de la iniciativa bilateral está en la Casa Blanca.
Como el tema anterior de los aranceles, la amenaza de declarar terroristas a los cárteles mexicanos era un farol –o bluff en inglés– que hubiera enredado a Trump dentro de los EE. UU. y hubiera permitido a México escalar nuevas formas de negociación sobre agendas maduras y reales.
Y esa declaratoria hubiera obligado al gobierno de Trump a organizar primero una ofensiva sin precedentes dentro del territorio estadunidense para combatir a los nueve cárteles que según la DEA están controlando la venta de drogas al menudeo en ciudades estadunidenses. Hasta ahora, esas representaciones de los cárteles mexicanos parecen tener el beneplácito de las leyes laxas, de las autoridades policiacas y sobre todo de las instancias financieras que lavan los narcodólares de ventas domésticas.
La cacería de las sucursales de los cárteles mexicanos en los EE. UU. hubiera estallado la violencia en las calles, hubiera reducido la disponibilidad de droga a los consumidores pobres no wasp y hubiera elevado los robos, la violencia y los crímenes en la disputa por la poca droga disponible para el consumo cotidiano de las masas.
Pero en política y sobre todo en los temas de seguridad estratégica interior-nacional no existen los hubiera. México pareció haber negociado el tema de la cooperación en la lucha contra el narco en términos anteriores –aunque sin un Plan formal– y sólo con la condición de que la nueva fase de persecución de capos se hiciera con una lista muy precisa y sin causar estragos de violencia como en Culiacán.
El acuerdo no escrito sobre seguridad y cárteles allanó buena parte de los pendientes del Tratado de Comercio Libre 2.0 y acercó las cosas a su aprobación en el Congreso estadunidense, aunque con costos adicionales en concesiones de rubros de producción. Sin embargo, al final de cuentas el más interesado en la firma de la segunda etapa del Tratado era México.
Los objetivos estadunidenses en materia de cárteles se reducen no tanto a capos, sino a estructuras que tienen que ver con el control de drogas químicas dañinas –el fentanilo, sobre todo, que opera nada menos que Ovidio Guzmán Lopez, el hijo de El Chapo que no pudo ser deportado el pasado 17 de octubre–, los narcodólares en el sistema bancario y sobre todo las actividades de narcos en materia de contrabando de migrantes en una frontera marcada por la corrupción del lado estadunidense.
México perdió la oportunidad de redefinir los términos de la relación de seguridad en el rubro del narcotráfico al ceder antes por la amenaza de decretar terroristas a los narcos. El gobierno y el pueblo de los EE. UU. no son enemigos ideológicos o religiosos de los cárteles mexicanos, sino que asumen la condición sencilla de consumidores o clientes. Una jugada audaz debió ser cualquier negociación con la Casa Blanca, pero después de que Trump decretara terroristas a los narcos. Pero con habilidad, Trump primero amenazó y después envió a su fiscal a negociar lo que nunca iba a decretar.

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Mensajes políticos. A partir del inicio del segundo año de gobierno presidencial, las tendencias en las encuestas se mueven en otros significados, dejan señales para el reacomodo legislativo en el 2021 y sobre todo fijan atenciones del 2024. De ahí el dato mayor de que el gobernador priísta sinaloense Quirino Ordaz Coppel sigue en punta de gobernadores mejor calificados de todos los partidos, con un primer sitio y 61% de aprobación. La encuesta de Arias Consultores se realizó después del culiacanazo de octubre que afectó más al gobierno federal que al estatal.
Política para dummies: La política es lo que no parece ser.

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Carlos Ramírez

El PRI de Alito y Murat, con el dictador y represor Daniel Ortega

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A la memoria de los muy queridos
Concha y Juan Ortiz Martínez
Navegando sin rumbo desde la aplastante derrota del 1 de julio de 2018, el PRI de Alejandro Moreno Cárdenas Alito apareció nada menos que en Nicaragua, al lado del impresentable dictador local Daniel Ortega por cuya cabeza penden acusaciones de secuestros, asesinatos políticos, represiones al pueblo y cárceles llenas de presos políticos y sobre cuyo gobierno se ha acuñado el concepto de neosomocismo.
Lo paradójico que ilustra al nuevo PRI del poslopezobradorismo radica en el hecho de que el presidente López Portillo en 1979 desobedeció a los EE. UU. y apoyó la revolución de los sandinistas para derrocar por la vía de una guerrilla armada al dictador Somoza y creó la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPPAL) para proteger movimientos revolucionarios sociales.
A lo largo del periodo 1994-2019, Ortega será presidente de la república por 25 años porque su tercer periodo directo –dos fueron como jefe de junta de gobierno– terminará en 2022. Y los datos indican que Ortega buscará otros cinco años de presidente para sumar 30 y luego heredará el cargo a su esposa Rosario Murillo. En datos duros, Ortega podría gobernar Nicaragua de manera directa 30 años, 62% del tiempo de la Nicaragua liberada en 1979, más de los diez que tuvo el dictador Anastasio Somoza Debayle y más de los 23 de su padre Somoza García.
Lo malo para Ortega y el membrete Frente Sandinista de Liberación Nacional radica en el hecho de que cuenta con el apoyo de otros dictadores latinoamericanos, sobre todo de Venezuela y Cuba y ahora de los cuatro miembros mexicanos de la COPPPAL: PRI, PRD, PT y Movimiento Ciudadano. En este escenario el priísta Alito tomó posesión de la presidencia de COPPPAL, un esqueleto sin credibilidad y ahora apoyando dictadores como Ortega, cuya represión del año pasado arrojó golpes a ancianos, mujeres, estudiantes, arrestos políticos, desapariciones de personas por razones políticas, cárceles llenas de disidentes y acusaciones probadas por organismos defensores de derechos humanos. El saldo aún por precisar fue de 500 personas muertas en las protestas y casi mil 500 disidentes desaparecidos. Y por decisión gubernamental cerraron periódicos, exiliaron periodistas y reprimieron críticos.
Más que un modelo sandinista de gobierno tipo López Portillo, el sandinista Daniel Ortega ha hecho un gobierno modelo priísta en modo Gustavo Díaz Ordaz.
La presidencia de la COPPPAL fue juramentada por Alito, con la presencia de su operador principal José Murat Casab, en Managua, en medio de grandes medidas de seguridad y del aislamiento de los partidos revolucionarios presentes por la intención de grupos sociales, políticos e internacionales de acercarse a la ceremonia para denunciar la represión tipo somocista de Ortega. En este sentido, el PRI de Alito y Murat está apoyando y apuntalando una de las dictaduras sangrientas de América Latina.
La COPPPAL ha querido ser un cártel político de partidos progresistas incrustados en las estructuras de poder de sus naciones para desarrollar alianzas en las élites gobernantes o partidistas, no para definir un modelo revolucionario ni menos para proteger al pueblo de represiones dictatoriales. Por ello fue muy significativo que el PRI de Alito tomara posesión de la COPPPAL en el feudo de Daniel Ortega hoy arrinconado por denuncias de represiones sociales inclusive peores que en los tiempos de Somoza.
Por lo demás, la presidencia del PRI estará compartida por el PRD en proceso de extinción, el PT como pariente pobre del membrete de la coalición lopezobradorista y el gelatinoso Movimiento Ciudadano que se acomoda a las circunstancias. La COPPPAL fue creada a instancias de López Portillo y diseñada por Gustavo Carbajal Moreno como presidente del PRI en 1979 y a lo ‪largo de sus 37‬ años de existencia su funcionamiento ha sido inexistente. Por ello le tocó ahora al PRI tomar las riendas.

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Protección Civil. Encabezada por el secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, ‪las cinco‬ coordinaciones de protección civil se reunieron para evaluar resultados en el primer año de gobierno. En la reunión, el coordinador nacional de Protección Civil, David León Romero, destacó el interés de la SSPC y del propio presidente de la republica, como nunca había existido. Dos datos destacaron de las reuniones: el control de los recursos porque en sexenios pasados por ahí se fugaban miles de millones de pesos y la estructura de mando bajó la presencia directa de la SSPC y ya no de Gobernación. La reorganización de la protección civil ha sido responsabilidad de León Romero.
Política para dummies: La política consiste en esconder lo malo de las actuaciones publicas, no enorgullecerse de ello.

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Carlos Ramírez

EE. UU.: seguridad nacional por encima de intereses de vecinos

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El gobierno del presidente Barack Obama delineó una variante de la estrategia imperial de seguridad nacional de los EE. UU.: enfocar el problema de las drogas no del lado de la demanda, sino del lado de la oferta. Es decir, culpar a los productores y traficantes del consumo interno.
Entre reglamentaciones estrictas nació la Estrategia Para el Combate del Crimen Organizado Transnacional, aprobada en julio de 2011. En su Estrategia de Seguridad Nacional, el presidente Trump proyectó un paso adelante el modelo de Obama y asumió la táctica del presidente George W. Bush: perseguir a terroristas –y hoy su variante en delincuentes– en sus madrigueras locales.
De ahí la percepción de que la crisis de seguridad, de migración y de narcotráfico de los EE. UU. con Mexico no enfrenta al intenso presidente Trump, sino que México debiera percibir una lógica de imposición imperial de los intereses estadunidenses en México desde el gobierno de Richard Nixon y la obsesión estadunidense sobre el sur del Río Bravo, sobre todo México, de su geoestratega Henry A. Kissinger.
En su Estrategia de Seguridad Nacional de diciembre de 2017, Trump incluyó una definición estratégica de tareas del Estado: perseguir las amenazas hasta su lugar de origen; es decir, atacar a los presuntos enemigos del american way of life o modo de vida estadunidense en los países donde se ocultan los cerebros enemigos. Por eso la Casa Blanca como instancia de poder decidió desde 2001 atacar el terrorismo en el mundo islámico radical.
Ahora Trump viene sobre México: junto a la doctrina de seguridad nacional imperial Trump ha desempolvado la estrategia contra cárteles. En su Estrategia de Seguridad Nacional Trump corre el escenario de guerra no sólo a las agrupaciones yihadistas o promotoras de la guerra religiosa contra los infieles que han invadido zonas árabes musulmanas radicales, sino que ya incluyó a las organizaciones criminales transnacionales (OCT). Para Trump, sí hay diferencias entre yihadistas y narcotraficantes, pero “presentan desafíos comunes” como para incorporarlos en el mismo expediente: aprovechan la sociedad abierta de los EE. UU., operan en agrupaciones autónomas con objetivos comunes, se mueven en la red oscura de internet, logran recursos financieros aprovechando el capitalismo y sobre todo, varios de esos grupos yihadistas y de narcos “están protegidos y respaldados por los Estados y cumplen sus órdenes”.
Las Estrategia de Seguridad Nacional de Trump aporta algunos indicios de las nuevas formas de operación de las organizaciones criminales transnacionales dedicadas al narco en México y Colombia. Un dato sobresale: la percepción en los EE. UU. que los cárteles mexicanos funcionan como corporaciones globales que son “compatibles” con las corporaciones de Fortune 500. En este enfoque cabe la información de la revista Forbes de que Joaquín El Chapo Guzmán como jefe del Cártel de Sinaloa tenía una fortuna personal de mil millones de dólares y el dato semi oficial de que El Chapo tiene escondido en algunos lugares 16 mil millones de dólares.
“Las organizaciones criminales transnacionales están motivadas por el beneficio, el poder y la influencia política”, dice la Estrategia. Probablemente por experiencia propia, los EE. UU. creen que los cárteles mexicanos tienen alianza y protección de estructuras del Estado nacional. “Algunos adversarios del Estado usan las OCT como instrumentos de poder nacional, ofreciéndoles un refugio territorial”.
La Estrategia de Obama contra las OCT https://obamawhitehouse.archives.gov/administration/eop/nsc/transnational-crime) dio el primer paso audaz al articular relaciones orgánicas entre crimen-terror-insurgencia y sembró la semilla de desconfianza hacia Centroamérica, hoy potenciada por la invasión de centroamericanos a los EE. UU. sin pasar por la acreditación de personalidades, funciones y objetivos por el arco de la migración legal y registrada. Cuando México alentó la migración centroamericana hacia los EE. UU. no tomó en cuenta el enfoque estratégico de seguridad antiterroristas y antidrogas de la política exterior estadunidense.
Obama reconoció a México por su “campaña histórica contra las OCT”, pero alertó la expansión de especialidades de esos grupos clandestinos que estaban entrando a los EE. UU.: drogas, personas, armas, contrabando, dinero ilegal, extorsión y secuestro por rescate. “Las OCT en México hacen que la frontera de los EE. UU. sea más vulnerable “porque crea y mantiene corredores ilícitos para cruces fronterizos que pueden ser usados por otros actores u organizaciones criminales y terroristas”.
De ahí que las presiones de la Casa Blanca no son de Trump, sino de la seguridad nacional imperial de la Casa Blanca.

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Política para dummies: La política es la habilidad para ver el lado oscuro del adversario.

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