!Síguenos!
Avatar

Publicado

el

Brújula Pública

En la actualidad una gran parte de las funciones sustantivas que presta el Estado mexicano, se encuentran sujetas a una estructura federalizada, con el objeto de poder llevar los programas y políticas públicas a todo lo largo y ancho del país. En este modelo federalizado se incluye a los estados y municipios, que participan en mayor o menor medida.

 Este debería ser el mismo planteamiento para ejercer la función de seguridad, en virtud de que se trata de una función que presta la federación, los estados y sus municipios, por conducto de sus instituciones, a las que se les ha dotado de atribuciones, en el ámbito de su competencia, para cumplir las funciones que se les han asignado.

 Por eso es, que una de las principales funciones que tienen los Estados en el mundo lo constituye, junto con la hacienda pública y sus relaciones con el exterior, la seguridad.

 Esta seguridad se erige como el establecimiento de un techo mínimo de garantías para el desenvolvimiento de actividades políticas, económicas y sociales de una comunidad, una sociedad o un pueblo.

 Por esta razón es que pensadores clásicos de la ciencia política, como Hobbes, Rousseau o Locke, coinciden con que el hombre se une en sociedad, para protegerse mutuamente y de otros, al cabo del tiempo, el hombre le otorga al Estado la facultad para ejercer la violencia, a efecto de garantizarle la paz y la seguridad. Por eso es que Max Weber aportó luz sobre la función de seguridad de los Estados, cuando señala que el Estado posee el monopolio de la violencia. Ideológicamente esta oración es la que encierra las facultades y atribuciones para hacer uso de los instrumentos y herramientas para preservar la seguridad.

 De aquí podría desprenderse que una de las principales, sino es que la más importante es, la seguridad, como razón de Estado de la que depende el resto de las funciones de Estado. La lógica de este planteamiento tiene que ver en que, si no hay seguridad no puede existir el Estado.

 La Guardia Nacional contiene todos los elementos para ejercer el monopolio de la violencia a que se refiere Weber, pero las funciones en política de migración al sur del país la alejan de su objeto que es, realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación y, en su caso, conforme a los convenios que para tal efecto se celebren, colaborar temporalmente en las tareas de seguridad pública que corresponden a las entidades federativas o municipios.

 En todo caso se están desviando recursos humanos en atender funciones ajenas a las de seguridad pública, pero además el Estado no quiere invertir en políticas de migración y, por el contrario, suprime cargos públicos, programas, estructuras bajo el argumento de austeridad republicana.

 El código rojo activado en Jalisco el viernes pasado muestra varias cosas. Primero, que el primer círculo de colaboradores que rodea al gobernador Enrique Alfaro ignora de seguridad y no quiere, -ni le interesa-, saber de eso; segundo y en una vana trivialidad que a nadie le importa y era ridícula, que era más importante que todo México se enterara de las felicitaciones que la clase política local, como senadoras, diputados y colaboradores hacían al gobernante en redes sociales por su cumpleaños, antes de cuestionar la seguridad en Jalisco y lamentar la muerte de los elementos de seguridad.

 Tercero, que aunque las policías de la Zona Metropolitana provienen de gobiernos emanados de Movimiento Ciudadano, por la sincronía y el factor sorpresa con el que se desarrollaron los eventos en distintos lugares al mismo tiempo, parece que no hay coordinación operativa y en las imágenes de video se veía cómo dispararon a una vivienda y la dejaron como zona de guerra, en el que cada quién disparaba sin ton ni son, como si fuera rifles de puestos de feria; cuarto, que en este operativo la federación aportó la inteligencia policial y una participación discreta.

 Quinto, que el manejo mediático sigue siendo el talón de Aquiles del Gobierno de Jalisco, ya que trataron de desviar la atención de un tema ciudadano, con el rescate de un muchacho norteamericano desaparecido, para calmar las presiones del consulado y embajada de Estados Unidos; y sexto, que en el manejo de la seguridad la actual administración de Jalisco todavía no tiene todos los hilos de la seguridad controlados y parece que no los va a tener.

 En 2015 cuando la delincuencia tomó las calles y avenidas de la Zona Metropolitana de Guadalajara y unos 30 puntos carreteros de todo Jalisco, el gobernador Emilio González Márquez se encontraba viajando a Europa y regresó para atender personalmente, junto con su cuestionado y deslegitimado Fiscal Luis Carlos Nájera la situación. Hoy, el gobernador Alfaro y un selecto grupo de sus colaboradores que deben estar agradeciendo a la providencia el haber estado con él para no asumir responsabilidad alguna, se encontraban en Chicago, pero no se notó el más mínimo esfuerzo por regresar y tomar en persona el mando de la situación. Un mensaje de video tomado desde un teléfono celular ejerció la autoridad debida. Mala señal, gobernador.

¿Para qué quiere el Gobierno de Jalisco más dinero federal en seguridad?

 *Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Twitter: @racevesj

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Es politólogo por la Universidad de Guadalajara (UdG) y por invitación del Alto Mando es maestro en seguridad nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) de la Secretaria de Marina. Ha sido invitado como expositor en el curso de Mando y Estado Mayor General de la Armada de Mexico, así como en el CESNAV. Actualmente se desempeña como académico de la Universidad del Valle de México y cómo investigador externo del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México (ININVESTAM). Twitter: @racevesj

Seguir leyendo...
Click para comentar

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Nacional

Columna Brújula Pública: Los campos de batalla

Avatar

Publicado

el

Rodolfo Aceves Jiménez*

Algo sucede alrededor de la estrategia de seguridad del presidente López Obrador, cuando no solo se ciñe al plano de seguridad, y se amplía económica o socialmente. Se refiere también a sus dichos y algunos otros eventos de su administración, que han causado frentes de crisis de consideración.

Estos frentes se abren con la opinión pública, con los medios de comunicación, con las Fuerzas Armadas, con la oposición, en el que parece que el Ejecutivo no quiere hacerse responsable de lo que provocan sus dichos y los hechos de su administración.

La crisis por el operativo para capturar y liberar a Ovidio Guzmán en Culiacán, le trajo desencuentros con la opinión pública, con la comunidad de seguridad pública, con algunos integrantes en servicio y retirados de las Fuerzas Armadas. Por su parte, la respuesta oficial a las críticas vino pasados unos diez días y trajo nuevos actores, generando más dudas que certezas.

Las explicaciones que ha dado el Ejecutivo Federal y el secretario de Seguridad, no han satisfecho la curiosidad de las preguntas que han sido formuladas, en cuanto al diseño del operativo, a la ausencia en la participación de otras dependencias, a la debilidad en los razonamientos para liberar al hijo de El Chapo, y a la fuerza que obtuvieron obtuvo el cartel con esa decisión, a los contenidos de la estrategia de seguridad, entre otros temas torales.

Lo más incongruente es, que de la misma Secretaría de Seguridad Pública desde donde se opera esta estrategia, estén más preocupados por divulgar los nombres de personajes de quienes afirman que dirigen equipos de promotores en redes sociales para criticar al Ejecutivo Federal, en vez de utilizar esos recursos para perseguir delincuentes. Esto solo favorece la tensión entre la opinión pública y se aleja de la veracidad.

Y como si no tuvieran crisis abiertos, el Ejecutivo Federal abre la posibilidad de un golpe de Estado y señala a sus opositores en su diseño. Este fue un desacierto cuando en el país, ningún actor político, económico o social hablaba de un evento de tal magnitud y de manera innecesaria, solo vino a reforzar el discurso de quienes dudan de la lealtad de las Fuerzas Armadas.

Y como si fuera para demostrar la ineficiencia de la estrategia de seguridad, vino el terrible asesinato de mujeres y niños integrantes de la familia Le Baron, en los límites entre Chihuahua y Sonora. La gravedad de este asunto supone que encenderá las alertas en Washington, para presionar al gobierno mexicano en la eficiencia de su planeación en seguridad.

La administración del presidente López Obrador tiene un serio problema de narrativa que la ha impactado en la relación con los medios de comunicación, con la opinión pública y en la estrategia de seguridad del país. Es un problema que trasciende fronteras, cuando medios como el neoyorquino Wall Street Journal o el británico The Guardian, se refieren a sus líneas discursivas, como “palabrería de izquierda” o “100 muertos al día”, respectivamente.

Culpar al expresidente Calderón, Fox o Peña Nieto, a los conservadores, a los fifís o a cualquier otra circunstancia interna o externa, solo sirve para que las hordas en redes sociales sigan denostando e insultando a la opinión pública, abre un frente en el campo social entre ciudadanos, mientras que permanecen sin ser solucionadas las causas en las batallas por la injustica, la corrupción e inseguridad en que vivimos en México.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Twitter: @racevesj

Seguir leyendo...

Nacional

El retrato de la seguridad

Avatar

Publicado

el

Brújula pública:

Rodolfo Aceves Jiménez*

La administración del presidente López Obrador transita por una complicada etapa en la seguridad mexicana, cuyo uno de sus principales problemas consiste, en la conceptualización de la seguridad mexicana.

El modelo de seguridad que se encuentra contenido en el texto del artículo 21 constitucional, tiene como premisa el establecimiento del orden y paz públicos, -que constituyen la seguridad pública-, en la cúspide de la seguridad mexicana.

Por esta razón es, que la seguridad nacional y la seguridad interior no tienen cabida en el texto constitucional, porque dogmática e ideológicamente el diseño de la seguridad gira en torno a estos elementos de la seguridad pública y, por ende, al existir una confusión en el diseño contemplado en la Constitución, por inercia cae al Presupuesto de Egresos de la Federación y al Plan Nacional de Desarrollo (PND).

La lógica de este planteamiento es la siguiente. Mientras que la Constitución establece los anhelos del pueblo mexicano, en el PND se definen las directrices como política de Estado o como política pública, mientras que el Presupuesto de Egresos les otorga recursos para ejecutarlos. Esto quiere decir que, el Presupuesto y el PND son complementos ejecutores de política pública, a los designios de la Constitución.

Desde el punto de vista de la ciencia política, el fin del Estado es, la seguridad. Esto quiere decir que, luego entonces, por encima de la seguridad pública se encuentra, la seguridad. Por esta razón es que el texto constitucional debería contener un concepto de seguridad, como función de Estado, de la que se desprendan las tres funciones de gobierno de la seguridad: la seguridad pública, la seguridad interior y la seguridad nacional.

Esta seguridad nacional es una función de gobierno compartida, -junto con la función de Estado de la defensa nacional y-, por tanto, esta sería el vínculo dogmático y orgánico para que las Fuerzas Armadas participen en labores de seguridad pública.

Esto quiere decir que en al ámbito civil, la seguridad nacional se ciñe al establecimiento de un sistema de inteligencia civil que sea capaz de detectar las debilidades del Estado mexicano y transformarlas en inteligencia para revertir condiciones de inestabilidad económica, política y social. Aquí subyace también el estabecimiento y permanencia de políticas de Estado, como la protección civil.

En el ámbito militar, la seguridad nacional se circunscribe a proteger los valores de independencia y soberanía, cuyos elementos son materia inmanente de las funciones de contenido estrictamente militar. Pero por extensión y por interés nacional, el concepto de seguridad nacional en las fuerzas armadas se extiende a proteger intereses nacionales, como las plataformas petroleras, las plantas generadoras de energía eléctrica o los oleoductos en tierra.

El retrato de la seguridad mexicana es una obsolescencia dogmática e ideológica, cuyos conceptos se confunden con la magnilocuencia que representa hablar de temas de seguridad nacional.

Este retrato viejo, cuyo modelo e implementación datan de 1992 es, en parte, una de las causas por las cuales no es posible actualizar métodos, procedimientos y protocolos y una de las causas por las que no hay sincronía entre la Constitución, el PND y el Presupuesto de Egresos.

Cada instrumento jurídico tiene conceptualizada a la seguridad, a su libre y leal saber, en el que parece que priva la descoordinación. Por eso el derecho de seguridad mexicano, constituido por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Nacional principalmente, no tienen sincronía mutua, sino que además de regular funciones distintas, no se complementan entre sí, ni son parte en el diseño del modelo de seguridad de los objetivos nacionales coyunturales o permanentes que se encuentran en el PND o en la Constitución y solo se constituyen en los elementos normativos para que Estados y Municipios obtengan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Twitter: @racevesj

Seguir leyendo...

Nacional

Mala planeación

Avatar

Publicado

el

Brújula pública:

En el operativo que capturaría a Iván Archibaldo y Ovidio Guzmán, hijos de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” hubo errores graves y no subsanables desde su diseño hasta su implementación, que determinaron el fracaso del operativo con el costo político y humillación de las instituciones del Estado mexicano. Ni hablar de las instituciones políticas y de gobierno de Sinaloa y Culiacán, quienes hicieron lo que bien saben hacer en seguridad: nada.

Entre los errores de diseño en su planeación se encuentra, no haber previsto las etapas y escenarios del antes, durante y después del operativo. Por ejemplo, no se diseñaron escenarios para proteger, custodiar y cerrar momentáneamente, en carretera y ciudad, instalaciones estratégicas, como gasolineras, plantas de luz, de suministro de agua potable, control y bloqueo de comunicaciones por telefonía convencional y celular, reforzamiento de centros penitenciarios o juzgados y el establecimiento de un sistema momentáneo de inteligencia en las vías secundarias por donde estaban llegando camionetas con sicarios, principalmente.

En la etapa del durante, no se previó la realización de varios operativos espejo en diversos puntos de la ciudad, que coordinadamente reprodujeran por tierra y por aire el mismo escenario en cuatro o cinco puntos de Culiacán, que confundiera a los sicarios. No se establecieron ni se coordinaron operativos para que mientras las fuerzas federales capturaran a los hijos de “El Chapo”, la policía estatal y municipal, protegiera a la población civil en espacios y oficinas públicas, centros comerciales, escuelas, universidades y hospitales, y otorgar a la ciudadanía la sensación de seguridad. No hubo información de inteligencia para prever el escenario de amenaza en la colonia militar y los sicarios tuvieron oportunidad de tomar como rehenes a militares para intercambiarlos por los hermanos Guzmán.

En la etapa del después, no se previó el escenario la reacción de los sicarios, se desestimó la capacidad de los sicarios y las fuerzas federales estaban superadas en cantidad de efectivos.

La comunicación oficial se tardó en dar una respuesta oficial y debió impedirse el acceso a medios de comunicación a los abogados de los hijos de “El Chapo” con el fin de agradecer al titular del Ejecutivo Federal su intervención, ya que es percibida como una humillación. En fin.

Parece ser que el poder político o quién haya diseñado el operativo, menospreció y subestimó la capacidad de las Fuerzas Armadas. El presidente tuvo que salir a medios a declarar que él personalmente ordenó la liberación de Ovidio Guzmán para evitar y no se pidió el auxilio de otras instituciones, como la DEA o el FBI, quienes tienen experiencia en este tipo de operaciones.

Pero parece que el presidente desconoce las capacidades de las Fuerzas Armadas mexicanas o le mal informaron. En los operativos para capturar a diversos capos, solo en 2009 para capturar en Cuernavaca a Arturo Beltrán Leyva “El Barbas” murieron él y los escoltas de su primer círculo de seguridad; en 2012 cuando se atrapó a “El Mencho” en Zapopan, Jalisco o en 2016 cuando se atrapó a “El Chapo” en un hotel de Los Mochis, Sinaloa, no hubo víctimas civiles.

Entre las diversas consecuencias por el fracaso del operativo para capturar a los hijos de El Chapo se encuentra, una reconfiguración en los temas de la relación bilateral con Estados Unidos, así como una nueva relación con la clase militar mexicana. Por otra parte, el empoderamiento de los carteles Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa, de tal forma que, cuando sus líderes sean capturados, no les será difícil tomar Guadalajara o Guanajuato para presionar en su liberación.

La impericia e ineficiencia en el diseño del operativo y de la comunicación puso de rodillas al poder político.

Va mi reconocimiento personal a las Fuerzas Armadas por su valor y honor.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Twitter: @racevesj

Seguir leyendo...

Tendencia