A Fondo Jalisco
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Destacada Gabriel Torres Espinoza

Movimiento Inmobiliario


Gabriel Torres Espinoza

Los intereses inmobiliarios se han apoderado de la ciudad, a través del gobierno (con sus tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial). Se refiere, incluso, a la existencia de un ‘movimiento inmobiliario’ en Jalisco. Sucede, porque la OCDE señala que en México el esfera de la construcción es el segundo sector en donde acontecen ¡más casos de soborno y corrupción! Esto ha producido un fenómeno social que se expresa con fuerza en Jalisco: “viviendas en las que nadie vive, ni quiere vivir”. Es así como, entre 2005 y 2018, se disparó en un 107% el total de ‘viviendas de interés social’ abandonadas. En Jalisco, son ¡70 mil las casas que se encuentran en esta condición! la cuales retratan de cuerpo entero -en las periferias de la metrópoli-, una ‘Chernóbil’, por la que nadie se hace responsable.

El acceso al agua potable —un derecho humano—, en estos “hogares”, es también una utopía. Ecocidas “sistemas de aguas residuales” se encuentran claramente presentes en estos fraccionamientos. Escuelas que nunca fueron construidas evocan el engaño a los que han invertido ahí. Los supuestos parques y áreas verdes a las que sus defraudados habitantes supuestamente tendrían derecho, lucieron apenas en la maqueta de cientos de fraccionamientos que son promesa quebrantada. La ausencia de una red de transporte público, es parte de los ofrecimientos discursivos de gobiernos que dicen resolver el problema del transporte, pero, a contra pelo, legalizan los ‘mototaxis’, sabedores de que es una apuesta a lo inseguro.

Los ayuntamientos de la ZMG han perdido, por incompetencia, omisión y/o falsedad, la atribución conferida por el 115 constitucional de “autorizar, controlar y vigilar la utilizar utilización del suelo (…) [y] otorgar licencias y permisos para construcciones”. Es hoy el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) —antes TAE— previa ‘aceitada motivación’, quien en contubernio con desarrolladores inmobiliarios resuelven con sentencias torcidas, lo que las normas de construcción expresamente prohíben.

Es así como este tribunal, en los hechos, se ha convertido en el enemigo público número uno de la ciudad. Se han autorizado casi 500 torres habitacionales ‘chuecas’ que se encuentran fuera de toda norma en la Zona Metropolitana de Guadalajara, y que, por la vía de los ‘hechos consumados’, son posteriormente ‘enderezadas’ a billetazos, a pesar de violar planes parciales, usos de suelo, áreas naturales protegidas y zonas de fragilidad ambiental. Pagan para volver legal, lo que de suyo saben que es ilegal.

El ‘capital natural’ de la ciudad ha claudicado ante el apetito de acumulación de dinero, de autoridades corrompidas y desarrolladores inmobiliarios, a través de argucias jurídicas que terminan por “legalizar lo que es ilegal”, apuntalando, con ello, los ‘negocios al estilo Jalisco’: esos donde pierde deliberadamente el patrimonio público, para que ganen los que trafican con influencias y engordan sus fortunas.

Prueba de ello es el caprichoso número de ‘incendios severos’ ocurridos en el Bosque de la Primavera —cinco veces mayor al promedio—, que no son más que la antesala del levantamiento de inmensas zonas residenciales. El Bajío se encuentra en la misma situación indefensión, ante el irregular crecimiento de asentamientos humanos y la venta de las Villas Panamericanas, autorizadas también, por ese Tribunal que derrocha en corrupción. Puerta Guadalajara – ahora Iconia-, un mega complejo inmobiliario que iguala en dimensiones a la putrefacción que la sostiene, se asienta, por ejemplo, sobre un predio que fue adquirido para un Parque Municipal. Fue entregado este predio, sin que a la fecha la ciudad hubiese recibido las contraprestaciones pactadas en un convenio ‘Marco de Asociación’ que es violado, una y otra vez, por los impunes desarrolladores.

Debido a este ‘Movimiento Inmobiliario’, la ciudad está hoy asediada por la voracidad que antepone el lucro sobre la calidad de vida de las personas; y que terminan por privatizar lo que es público –el derecho a la ciudad– y, a su vez, ‘socializar los saldos negativos’ que deja una urbe con necesidades creadas por `desarrollos` que no han contribuido a la adecuación de su entorno, y de los servicios mínimos que deben entregar a sus futuros habitantes.

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