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Horacio Villaseñor Manzanedo*

En tanto sigan llegando a la administración gubernamental, gente sin preparación en derecho administrativo que no tiene más mérito que formar parte de una camarería ganadora en elecciones, por coyuntura, no por su capacidad para gobernar, la función pública seguirá sin funcionar y en lugar de resolver problemas públicos, los crece, los complica o suma más. El caso que recientemente se vivió en el Congreso local para designar consejeros de la Judicatura de Jalisco, sin duda puede castigarse, pero la ignorancia es tal que ni se elige bien, legalmente, ni se castiga el error, porque inclusive se cree que no lo hay. La configuración constitucional actual del Sistema Nacional Anticorrupción, destaca que no existe limitación para que los diputados que aprobaron la designación puedan ser sancionados por la falta grave establecida en el artículo 59 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que dice:

“Artículo 59. Será responsable de contratación indebida el servidor público que autorice cualquier tipo de contratación, así como la selección, nombramiento o designación, de quien se encuentre impedido por disposición legal o inhabilitado por resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o inhabilitado para realizar contrataciones con los entes públicos, siempre que en el caso de las inhabilitaciones, al momento de la autorización, éstas se encuentren inscritas en el sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados de la plataforma digital nacional. Incurrirá en la responsabilidad dispuesta en el párrafo anterior, el servidor público que intervenga o promueva, por sí o por interpósita persona, en la selección, nombramiento o designación de personas para el servicio público en función de intereses de negocios”.

Considerando lo observado en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en Reglamento de dicha Ley y la Convocatoria respectiva, la decisión puede y debe castigarse. El argumento que se esperaría es que fue una decisión soberana o que en caso de denuncia por la ilegalidad no procede porque los diputados sólo pueden ser sancionados mediante Juicio Político y eso no es cierto, porque la propia norma, sea Constitución Federal, Local, Ley General de Responsabilidades y la Ley local, no limitan. Además, en términos de la Ley local, los Diputados son servidores públicos y, por ello, están dentro de la categoría requerida para ser sujetos de procedimiento, conforme el artículo 92 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Finalmente, la finalidad en el Juicio Político y en el procedimiento administrativo son distintas, no excluyentes, al tener supuestos de procedencia diversos. Dentro de los obligados a denunciar están quienes hayan tenido conocimiento de actos, como son, entre otros, todos quienes hayan participado en el proceso y se hayan pronunciado en contra de la designación por la ilegalidad. El servicio público necesita gente preparada y con experiencia, la profesionalización de la administración pública es urgente, el siglo XXI requiere de gobernantes serios, seguir integrando los cuerpos directivos públicos con gente improvisada, “conocidos del jefe”, solo de confianza de él, no garantiza ninguna eficacia, ningún beneficio social. Ni modo, la sociedad tendrá que seguir cuidándose de sus malísimos gobiernos.

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo
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Carlos Ramírez

Indicador Político- AMLO-EU: del nacionalismo defensivo al pragmatismo sin agenda estratégica

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Por Carlos Ramírez*

El error en el análisis sobre la reunión del presidente López Obrador con el presidente Donald Trump no radica en lo obvio: el uso que le dará el anfitrión dentro de su campaña electoral. Lo más importante radica en el hecho de que por primera vez México carece de una agenda estratégica con los EE UU.

La falta de esa agenda estratégica y la laguna de enfoque geopolítico en la diplomacia tribal del canciller Marcelo Ebrard Casaubón llevaron al error de pedir el apoyo de Trump en la pandemia –ventiladores–, cuando la agendaestratégica exigía una sana distancia del imperios ante la agenda real: migración, la Guardia Nacional resguardando los intereses de Washington en las fronteras mexicanas, la falta de iniciativas en las correcciones del Tratado de Comercio, el intervencionismo de las agencias de inteligencia y seguridad nacional en el narco en México y las presiones para mantener negocios dentro del Tratado.

En los más de doscientos años de relaciones bilaterales –primero como posición española y luego como república–, México definió sus relaciones con la Casa Blanca con tres principios: el conflicto histórico por la perdida de la mitad del territorio en la invasión de 1847, la vecindad imperial basada en la frontera estadunidense con el sur latinoamericano en el Suchiate y no en el Bravo y la desconfianza.

México pasó del nacionalismo activo hasta principios del Siglo XX al nacionalismo defensivo –concepto de Lorenzo Meyer– y de ahí saltó el entreguismo totalizador que exigió el Tratado de Comercio libre firmado por el presidente Carlos Salinas de Gortari en 1993 y ratificado en sus términos formales –comercio– y en sus términos estratégicos —geopolítica del imperialismo estadunidense– por los presidentes Enrique Peña Nieto y López Obrador.

El Tratado en sus dos versiones –el firmado por Bush-Clinton y el revisado por Peña-López Obrador– se basó en el Memorándum (Proceso 758) del embajador estadunidenses en México en 1991 John Dimitri Negroponte –el más poderoso jefe de los servicios de inteligencia y seguridad nacional de la Casa Blanca–, en el que se fijó el parámetro estratégico del comercio como eje de la dominación imperial:

Desde una perspectiva de política exterior, un TCL institucionalizaría la aceptación de una orientación norteamericana en las relaciones exteriores de México”.

Y así fue. El sometimiento de la histórica política exterior mexicana con principios estratégicos de seguridad nacional en función de los intereses mexicanos se enterró a finales de 1989, iniciadas ya las negociaciones del Tratado, con el apoyo de México a la invasión de los EE UU de Panamá para arrestar al jefe del ejército panameño –paradójicamente agente de la CIA durante el año en que George Bush Sr. dirigió la agencia–, violando la soberanía panameña.

El Tratado que rige la totalidad de las relaciones bilaterales –en lo económico y en seguridad nacional– se firmó en función de las propuestas de la Comisión Binacional México-EE UU que concluyó en 1987 que México debería cambiar sus enfoques históricos y educativos sobre los EE UU desde la educación. Los gobiernos de De la Madrid y Salinas cumplieron con esa recomendación.

Y ha querido la realidad exhibir el desdén estadunidense a los enfoques de vecindad del Tratado con una política migratoria militarizada, agresiva y racista que México, hasta ahora, no se ha atrevido a condenar. En plena revisión del Tratado Trump se dedicó a insultar, criminalizar y deportar a mexicanos sólo por consideraciones sociales, sin que los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador pudieran o quisieran impedirlo o cuando menos disminuir su agresividad.

El Tratado salinista anuló la agenda estratégica de la política exterior mexicana y el gobierno de Trump ha definido la suya con criterios racistas, de explotación de recursos y de desdén.

El nuevo gobierno del presidente López Obrador y del canciller Ebrard debió de haberle dado prioridad a la definición de su agenda estratégica con los EE UU, inclusive sin agresividad ni confrontación, pero sí con la ratificación de los principios históricos reales de la diplomacia de colaboración-resistencia-defensiva.

Esta semana, sin esa agenda estratégica mexicana, se dará la reunión de López Obrador con Trump.

-0-

Política para dummies: La política es la estrategia de defensa ante las agresiones de adversarios y conquistadores.

http://indicadorpolitico.mx

indicadorpoliticomx@gmail.com

@carlosramirezh

 

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Gabriel Torres Espinoza

En justicia, el semáforo es rojo

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Gabriel Torres Espinoza*

En materia de procuración e impartición de la justicia, en Jalisco el semáforo marca rojo. El Índice de Estado de Derecho en México 2018  realizado por el World Justice Project (WJP) mide el Estado de Derecho por medio de ocho variables: 1) límites al poder gubernamental; 2) ausencia de corrupción; 3) gobierno abierto; 4) derechos fundamentales; 5) orden y seguridad; 6) cumplimiento regulatorio; 7) justicia civil; 8) justicia penal. Este ranking coloca a Jalisco en la posición 23 del tablero nacional. Ahora bien, el Índice de Impunidad Subnacional en México 2018, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), advierte que Jalisco tiene un “grado de impunidad alto”, ubicándose en el lugar N° 13 del tablero nacional. Los indicadores se clasifican en grados de impunidad “bajo”, “medio”, “alto” y “muy alto”.

Efectivamente, una de las asignaturas pendientes en México, y en el estado Jalisco, en materia de reformas constitucionales, es la correspondiente a la procuración e impartición de justicia. Especialmente en las prácticas de los actores políticos. Sin embargo, aunque se realizara una reforma constitucional, de esas que los entusiastas del diseño institucional llaman como “estructurales” o “de gran calado”, de nada serviría, con la paupérrima y raquítica calidad de los perfiles que integran el Poder Judicial y la Fiscalía. Especialmente hoy que se devela que, a pesar de las reformas, la designación de los integrantes del Poder Judicial sostiene un grotesco reparto de ‘cuates y cuotas’, pero sin perfiles profesionales idóneos. Lo de menos sería que fueran los ‘cuates’ de los diputados, si por lo menos se asegurara un adecuado perfil y trayectoria. Debido a ello, es que el mismo Congreso, tuvo que violar la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y su propia convocatoria, para regresar al ‘sistema de complicidades’, que atiende la nociva lógica de gente ‘incondicional’, pero sin perfil calificado.

Para ejemplos están los paradigmáticos casos de Armando García Estrada y Alberto Barba, otrora integrantes “suertudotes” del TAE, y que con el “reformón” efectista, de auténtico “relumbrón”, que dio lugar al Sistema Anticorrupción, pasaron a integrar el Tribunal de Justicia Administrativa: un Tribunal con un papel protagónico para combatir la corrupción de la vida pública en Jalisco, en manos de los más cuestionados y principales “enemigos públicos” de la metrópoli. Igualmente, emblemático resultó el caso de Vega Pámanes, que llegó a titular del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.

El caso de la reciente designación y nombramiento de los consejeros de la judicatura, es la “cereza del pastel” en el cinismo que envuelve a la impartición de la justicia en Jalisco: el órgano interno de control del Poder Judicial, esto es, el Consejo de Judicatura, está conformado ahora precisamente por quienes violentaron una convocatoria y el método de elección previsto en la Constitución. Mientras esto no cambie, no habrá #ReformaQueSirva (así como las consignas de #FiscalíaQueSirva). En todo caso, pasarán a sumarse a la larga lista de reformas ‘gatopardistas’: de esas que todo cambian en la norma, para que la normalidad siga siendo la misma.

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Policía Metropolitana de Guadalajara, otra ocurrencia más

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Horacio Villaseñor Manzanedo*

La seguridad pública, en general, se encuentra regulada por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece algunas bases mínimas y limitantes en la materia, siendo reglamentaria de dicho artículo la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Respecto de las autoridades competentes en seguridad pública, conforme lo señala el artículo 115, fracción III, inciso h, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se trata de un servicio público municipal, por lo que los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, pueden coordinarse y asociarse para su más eficaz prestación o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. Por su parte, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en el artículo 34, fracción XIII, establece que la seguridad pública es de interés metropolitano y, por tanto, a partir de su artículo 31, es de entender que existe deber de acción conjunta en dicha materia en un área metropolitana. Para el caso de Jalisco, con base en los decretos 23021/LVIII/09 y 25400/LX/15 publicados en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” los días veintiséis de diciembre de dos mil nueve y veintiséis de agosto de dos mil quince, respectivamente, se ha conformado como el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), integrada por los municipios Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo. Por acuerdo de los Ayuntamientos de los municipios indicados, tomados en sesiones del 25 al 27 de octubre de 2016 (así lo señala el Convenio específico) se aprobó la celebración de un convenio específico para la creación de la Agencia Metropolitana de Seguridad (AMS) como organismo público descentralizado intermunicipal, lo que fue formalizado mediante Convenio del día 31 de octubre de 2016. Es de destacar que en dicho convenio también es parte el Gobierno Estatal, al haber comparecido el Gobernador, el Secretario General de Gobierno, el Secretario de Planeación, Administración y Finanzas y el Fiscal General del Estado. En la cláusula tercera de dicho convenio se señala que la AMS no es competente ni ejerce funciones de operación policial y mando, lo que permanece en los Ayuntamientos; pero sí le corresponde formular, instrumentar y proponer programas y políticas públicas municipales metropolitanas, así como realizar estudios y análisis que permitan encontrar los mecanismos de interés público que garanticen el derecho humano a la seguridad. El 26 de julio de 2019 se firmó un convenio para la creación de otra dependencia, el Organismo Público Descentralizado (OPD) Policía Metropolitana de Guadalajara que sustituyó a la Agencia Metropolitana de Seguridad (AMS). Como no se llevó a cabo, la modificación de los artículos 101 y 102 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, a fin de señalar los casos relativos a las instancias metropolitanas de seguridad con atribuciones operativas, bajo los convenios específicos, con un artículo transitorio que estableciera el deber de reglamentación por parte del área metropolitana o asociarse y crear la Policía Metropolitana de Guadalajara, resultó lo que hoy es. Ninguna instancia de coordinación metropolitana, agencias u organismos públicos desconcentrados con un enfoque de gobierno metropolitano funcionará, ello es equivocado, es ignorante desde la perspectiva de la administración pública municipal y no es el camino adecuado. Coordinarse, no significa crear espacios institucionales metropolitanos, solo coordinarse. Si coordinarse, cuesta un peso más, ¡no se coordinen!, el espíritu de la coordinación metropolitana es ahorrar. Los ayuntamientos deben de recuperar el control de sus territorios y no se logrará con ediles improvisados. Ceder las obligaciones municipales, es irresponsable y tonto. Lo que se debe hacer es fortalecer los ayuntamientos, integrarlos con gente profesional, lograr que sean eficaces, fuertes, autosuficientes, que resuelvan los problemas públicos de su competencia, para que después se coordinen en lo que sea necesario, hoy solo coordinan sus miserias y su ignorancia. De allí que la Policía Metropolitana de Guadalajara, fue otra ocurrencia más. Ni modo.

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