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El Juglar de la Red

Hace unos días, la gobernadora de Sonora, Claudio Pavlovich Arellano reconoció que la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), presidido por el mandatario de Campeche Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, ha fallado en ser contrapeso de las decisiones que toma gobierno federal y que afecta las finanzas.

Lo anterior es solamente un ejemplo de como en México, la 4T tiene muchos opositores pero no hay una oposición estructurada, capaz de realizar acciones en conjunto y eso determina que exista mucha opinión en contra en las redes sociales, pero muy poca asociación de esas ideas en la cotidianidad.

En una sociedad democrática, las posturas contrarias al gobierno son sanas; no solamente sirven para criticar lo que está haciéndose mal, son un elemento fundamental para generar avances en base a los contrapesos.

Pero para que existe una auténtica oposición, esta debe establecerse en base a un proyecto asociado y no solamente con voces dispersas que piensan y opinan, pero no se cohesionan.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, indudablemente, tiene un respaldo real de 30 millones de votos, las encuestas que promueve la presidencia de la República, al menos la más reciente, le otorga un 67 por ciento de popularidad; sin embargo no debe olvidarse que el padrón electoral lo integran más de 80 millones de ciudadanos, eso indica que hay 50 millones de mexicanos que no votaron por López Obrador y esa es una oposición que reclama proyecto y liderazgo para presentar un frente sólido en contra de la 4T.

Tradicionalmente en México la oposición se atrincheraba en partidos políticos, con la falta de credibilidad del ciudadano en ese tipo de proyectos; con la mezcla ideológica que llevó a los partidos a perder identidad y con personas y métodos que los alejan de los electorales, en los partidos políticos no hay esperanza de conformar un grupo que genere confianza en el ciudadano.

Los contrapesos institucionales, el Congreso de la Unión y el Poder Judicial, simplemente están coptados o en proceso de serlo.

En las cámaras de Diputados y Senadores, la mayoría aplastante de López Obrador con Morena y sus aliados en la boleta, el Partido del Trabajo y el Partido Estructura Social, además de las alianzas de facto que se han hecho visibles con el Partido Verde y el PRI; así como la migración legislativa que se da del PRD a Morena, lo cual afianza más a López Obrador, indica que el Congreso de la Unión no es un problema para la 4T.

El Poder Judicial está siendo infiltrado lentamente por los amigos y amigas del Presidente de la República y solo es cuestión de tiempo para que tenga ahí otro bastión incondicional.

Del lado de la sociedad civil, descalificada a más no poder por el Presidente López Obrador, las organizaciones se atomizan en defender los espacios que habían conquistado y que de pronto les fueron arrebatados de un plumazo, pero a pesar de lo duro del golpe no son capaces de organizarse para establecer una defensa más amplia y asociarse a otros grupos en igualdad de condiciones.

Por su parte, el empresariado sigue sin poder precisar si van a ser oposición o van a confiar en la palabra del Presidente de la República. Las Cámaras Empresariales están entre intimidadas por la fuerza que muestra en las encuestas el presidente López Obrador y molestos por las decisiones económicas que se han tomado y que los llevan a vaticinar un escenario catastrófico para fin de año.

El empresariado mexicano, al igual que el resto de los opositores no atina a estructurar un frente común para defender la libre empresa, opinan mucho y generalmente en contra de las decisiones gubernamentales, pero accionan poco.

Están también los medios de comunicación, como una herramienta que más allá de ser oposición en el sentido estricto, sí pueden convertirse en la voz crítica que hace visible lo que está mal o los engaños que se fraguan desde el poder.

Sin embargo, tras las descalificaciones a la prensa, los ataques a través de redes sociales y las embestidas directas –como la auditoría al periódico “Reforma”–, amén de que las voces antes críticas ahora son oficialistas, existe un lento proceso para acallar a la prensa como una voz crítica y peor aún, como instrumento de la sociedad para expresar la inconformidad.

Con esas condiciones, la 4T se encamina a gobernar con muchos opositores, pero sin ninguna oposición que le haga contrapeso y eso solamente lleva al autoritarismo porque queda la concepción en López Obrador de que todo es aprobado por las mayorías  y entonces no hay necesidad de reflexionar las decisiones y tampoco preocuparse por las consecuencias.

Rafael Cano Franco es reportero y conductor de noticias, también preside el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C.

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Reportero y conductor de noticias, también preside el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C.

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Rafael Cano Franco

La fórmula de la felicidad según AMLO

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El juglar de la red

Estamos a una semana de la presentación del Primer Informe presidencial de Andrés Manuel López Obrador, con ello nos aprestamos a ver el análisis que desde dentro del gobierno de la 4T hacen del trabajo que han realizado y que por los spots publicitarios que ya manejan, es muy positivo.

Al parecer existe un divorcio entre lo que piensa la sociedad y lo que percibe López Obrador; si bien su accenso al poder fue legítimo y con un enorme respaldo social, al paso de diez meses de gobierno, ese apoyo disminuyó notablemente pero el Presidente sigue pregonando que la trasformación que encabeza generó un mejor ánimo social y solamente eso importa.

Hace apenas unos días el Inegi corrigió el dato del crecimiento económico y lo ajustó a un cero por ciento, a pesar de eso el presidente López Obrador dijo que eso no era importante pues la riqueza estaba mejor distribuida y con ello se generaba un estado de felicidad en el pueblo.

Para medir el desarrollo de la economía de un país, su principal indicador es el crecimiento económico; eso significa que hay confianza de los empresarios y no temen invertir su dinero, eso también da cuenta de un incremento en la generación de empleo, punto básico porque implica hay un ingreso estable para los trabajadores; que no haya crecimiento económico nulo, solamente indica el estancamiento de un país y eso termina por afectar a la sociedad y también al gobierno.

Pero eso es algo que se desestima por el presidente López Obrador y confunde a propósito la distribución de la riqueza con la entrega de dinero que hace su gobierno a través de varios programas sociales.

Todos saben que el Gobierno no genera riqueza, eso está reservado para las empresas de la iniciativa privada; el gobierno crea programas sociales que fondea con los impuestos que pagamos todos y luego distribuye ese recurso en sectores vulnerables o a quienes desea cobijar, pero eso nunca significa que se está distribuyendo la riqueza, eso es solamente un reflejo de que hay empresas y ciudadanos pagando impuestos para financiar la actividad gubernamental.

Si no hay crecimiento económico, las empresas y los trabajadores no generan los impuestos requeridos por el gobierno para fondear sus programas sociales y eso obliga a suspenderlos cuando se es responsable o a tomar dinero de otros rubros para mantenerlos, afectado aspectos como el de la salud, la educación o la obra pública.

En el caso del gobierno de López Obrador, se presumió que solamente con el combate a la corrupción y un intenso plan de austeridad se generarían los recursos necesarios para fondear programas sociales y sostener un aparato gubernamental, barato pero efectivo.

El problema es que la austeridad implicó cerrar estancias infantiles, cancelar servicios de salud, quitarle recursos a la promoción de la cultura y a la investigación científica; esa misma austeridad determinó no utilizar el avión presidencial para ponerlo a la venta, pero no usarlo cuesta dos millones de pesos diarios, solamente por almacenaje; se suspendió un proyecto estratégico como era el Nuevo Aeropuerto Internacional –lo cual tuvo un costó multimillonario que ahora pagamos todos– y se sustituyó por otro que no puede arrancar y ya presupuestalmente igualó al cancelado.

La austeridad implicó despedir a empleados gubernamentales, los que sabían cómo hacer el trabajo, eso genera que en muchas áreas exista parálisis gubernamental y también se reflejó en los indicadores de empleo los cuales indican la menor tasa de creación de puestos de trabajo en los últimos 18 años.

El presidente dice que ahora el pueblo es feliz y esa felicidad generó un mejor ánimo social; pero la realidad es que los niveles de percepción de inseguridad pública han aumentado, sobre todo por el grado de violencia que se manifiesta en el incremento del número de asesinatos y en los números de las encuestas de aprobación gubernamental, la figura presidencial no deja de seguir cayendo y por primera vez apareció una encuesta –en redes sociales—que lo ubicó en 47 por ciento de aprobación, si se considera que en febrero su aprobación era de 75 por ciento, en cinco meses se desplomó.

No hay una encuesta donde no se documente la caída en las preferencias por López Obrador, eso de ninguna manera refleja un pueblo feliz con su gobierno y menos deja constancia de ese buen ánimo social que presume.

Esperemos ahora para ver el México que Andrés Manuel López Obrador nos dibuja en su primer informe presidencial, esperemos sus resultados, logros y si tiene un poco de autocrítica.

Rafael Cano Franco, es periodista y conductor de noticias, preside el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C. 

 

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Rafael Cano Franco

La luna de miel se acaba

“En retrospectiva, los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, iniciaron y terminaron con buenos porcentajes de evaluación”

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El Juglar de la Red

El filósofo griego Aristóteles sentenció alguna vez: “El mejor gobernante es aquel al que el pueblo quiere”. La palabra “quiere” puede entenderse bajo dos interpretaciones: en el sentido de que es el gobernante y/o gobierno que desea tener y lo escoge para ponerlo al frente de un estado; o quiere en el sentido de que le genera una aceptación sentimental, lo admira, respeta y le tiene cariño.

La última acepción cada vez es más difícil conseguir por los políticos, pero siempre aspiran a ella. Por ello ya no es cariño sino aceptación o aprobación lo que los ciudadanos otorgan a sus gobernantes,

La aceptación que hoy tiene un gobernante se mide a través de encuestas y cuando estas no están sesgadas sirven para evaluar el grado de conformidad que un pueblo tiene con las medidas que se han tomado.

Enrique Peña Nieto es el presidente de México cuya popularidad fue la más baja al terminar un sexenio; su gobierno inicio con un 61 por ciento de aprobación, pero a la mitad del sexenio esa cifra se redujo al 34 por ciento con un 64% desaprobándolo; terminó con un 17 por ciento de popularidad, según Mitofsky; el Periódico “Reforma” le dio el 12 por ciento de aprobación al terminar su gobierno.

En retrospectiva, los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, iniciaron y terminaron con buenos porcentajes de evaluación; Fox inició con el 63 por ciento y terminó con un 61 por ciento; Calderón empezó con 62 por ciento y terminó con 52 por ciento.

Curiosamente, el mejor evaluado de todos los mandatarios al finalizar su sexenio es Ernesto Zedillo, quien inició con apenas el 43 por ciento de aprobación y terminó con un muy alto 69 por ciento; es curioso porque le tocó atender el conflicto “zapatista”, el llamado “error de diciembre” y fue el consumador de la aplicación de la política neoliberal que el presidente López Obrador acaba de mandar al panteón.

Los primeros meses de su gobierno, al menos hasta febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene altas notas aprobatorias en las encuestas; los números más pobres le dan 70 por ciento y los más altos indican tiene el respaldo del 80 por ciento de los mexicanos.

El bono democrático que le otorgaron 30 millones de votos y ganar la elección con el 63 por ciento de las preferencias electorales, dan congruencia a esos números; pero también hay que decirlo, el nivel de la expectativo de bienestar que generó es tan alta, que puede generar un desplome violento en caso de no cumplir.

El viernes de la semana pasada, cuando el presidente López Obrador llegó a Acapulco, Guerrero, para participar en la Convención Bancaria, fue recibido por manifestantes que le lanzaron abucheos y hubo quienes le corearon “Andrés, nos fallaste”.

Eran trabajadoras y madres de familia, en su mayoría, quienes reclamaban el recorte presupuestal para las instancias infantiles quienes con gritos de “¡Fuera, Fuera!” y “¿Dónde está y dónde está, el Presidente que nos iba a apoyar?” hacían sentir su inconformidad en un abucheo generalizado.

Ese fue el preludio de lo que López Obrador viviría al día siguiente, durante la inauguración del estadio de béisbol “Alfredo Harp Helú”, en plena Ciudad de México, bastión morenista y uno de los lugares que más apoyos electorales ha dado al Presidente de México actual.

El abucheo y la rechifla fueron generalizados, al grado que el Presidente López no atinó a más que descalificar los abucheos como parte de una “porra Fifí”.

Un par de abucheos no determinan una baja en la aceptación que tiene el presidente López Obrador, pueden ser cuestiones anecdóticas sin mayor trascendencia, pero tampoco pueden ser minimizadas y considerarlas parte de un grupo antagónico que se organizó para darle esa rechifla.

Hay muchos elementos que pueden ser erosivos en la popularidad de un gobernante: aumentos de precios en insumos y canasta básica, cancelaciones presupuestales de programas sociales de alto impacto, cancelar obras estratégicas de inversión, malas decisiones que comprometen el desarrollo a futuro, descalificaciones a los opositores, exposición excesiva e innecesaria en medios de comunicación, contradicciones entre el gobernante y su equipo cercano; López Obrador ha tocado todos esos botones, es obvio que no puede salir indemne.

Son apenas cuatro meses de gobierno, con un equipo legislativo y gubernamental que no le ayudan mucho; dedicados a polarizar y hacer sentir su razón por encima de la de las mayorías; eso no le va ayudar mucho en el futuro y de seguir por ese camino su popularidad puede sufrir una violenta recaída.

Un gobierno de transición, que promueve un cambio tan radical como el de la 4T, no puede darse el lujo de irse en picada en la aprobación ciudadana antes de las elecciones intermedias, tal y como le pasó a Peña Nieto,  y menos si quieren ir más allá de un sexenio como parece ser es la intención.

Por lo pronto el abucheo no le gustó, pero puede ser una luz en el tablero del gobierno avisándole de que hay 50 millones de mexicanos que no votaron por él y que no están contentos con sus decisiones.

Rafael Cano Franco es reportero y conductor de noticias, también preside el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C.

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Rafael Cano Franco

Criminalizar la crítica es censura

“Una sociedad democrática requiere de una prensa libre, de voces críticas opinando sin restricciones”

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El Juglar de la Red

Todo gobernante o político desean en su yo interno que sus errores no se noten, que pasen desapercibidos y sin mayores consecuencias; los medios de comunicación y los periodistas están precisamente para señalar y exhibir esos yerros, para documentar los efectos que tienen las decisiones en la sociedad.

Por supuesto, a nadie le gusta se le señale un acto equívoco o una mala decisión; los políticos miran desde su atalaya y creen que todo debe ser de acuerdo a su criterio por el simple hecho que ellos así lo decidieron.

En las últimas semanas hay señales claras de intolerancia a la crítica; un hostigamiento sistemático a las voces que atinadamente señalan los errores que se cometen desde el gobierno, pero también una andanada contra quienes en el pasado se atrevieron  a documentar lo peligroso que era votar por un gobierno de corte populista.

Todo lo anterior no es más que la manifestación clara del autoritarismo, la censura como herramienta promotora del silencio y aplicar la fuerza del estado para acallar, por la vía legal o con linchamientos públicos, las voces que lo cuestionan o que abiertamente lo critican.

Los ejemplos ahí están:

El historiador y periodista, Enrique Krauze es objeto de una persecución porque desde el gobierno federal se le acusa de participar en un complot para desestabilizar e impedir el triunfo de Andrés Manuel López Obrador; lo que ha hecho Krauze solamente es documentar las barbaridades cometidas por gobiernos populistas en distintas latitudes del planeta y las consecuencias que eso ha generado para los pueblos que los padecen.

Desde las más altas esferas del gobierno, personajes como Epigmenio Ibarra han lanzado acusaciones sin pruebas contra Krauze, aseguran que recibió dinero del PAN y empresarios para montar una guerra sucia en contra de López Obrador y eso lo califican como “conspiración contra la democracia en México”.

No solamente es una acusación desproporcionada, también es un señalamiento sin razón ni argumento, pero además proviene de un personaje como Epigmenio Ibarra cuyo aporte a la democracia son las “narco series”.

Pero hay más.

Al gobierno actual no le agradó el documental “El Peligro del Populismo” y han iniciado acciones legales contra las empresas Cinepolis, Coppel y contra Alejandro Quintero Iñiguez, señalándolos como los responsables de financiar ese documento fílmico.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda dijo que iniciará una persecución contra cualquier “campaña negra” –así llaman a la crítica—que haya existido contra el presidente López Obrador.

Una persecución de esa naturaleza no solamente atenta contra la Libertad de Expresión y la libre circulación de ideas y posturas ideológicas, es también una muestra de autoritarismo y la manifestación clara de la intolerancia gubernamental para quienes no piensan igual que ellos.

Está claro que disentir en México se convirtió en una acción osada y quienes se atreven a expresar, por cualquier medio, su postura disidente son objetos de un linchamiento público que inicia en redes sociales.

En esto también hay evidencias, quedó demostrado que desde la Presidencia de la República se utiliza una estrategia en redes sociales que implica el uso de bots, trolls y fans para atacar a los medios de comunicación, los periodistas y usuarios que lanzan críticas al Gobierno de México, según los estableció una investigación realizada por ITESO.

Los ataques se manifiestan a través de tendencias como #Prensa Fifí o #Chayoteros, generando un discurso de odio contra los críticos gubernamentales, exhibiéndolos como si fueran los peores enemigos del desarrollo de México y exponiéndolos a ser objetos de agresiones físicas, con la única pretensión de obligarlos a guardar silencio.

No menos importante es la indolencia y la falta de acción que manifiesta el gobierno ante los asesinatos de periodistas; cómodamente han dejado que la investigación recaiga en las Fiscalías estatales y han sido omisos en la atracción de esos procesos; entidades como Sonora y Baja California Sur han resuelto los casos que se han presentado, pero hay seis muertes de comunicadores y periodistas que no presentan avance y eso solamente indica el desprecio que existe desde el Gobierno Federal para garantizar el derecho a la Libertad de Expresión e investigar y ofrecer resultados a las familias de las víctimas y al gremio periodístico que le reclama resultados.

Una sociedad democrática requiere de una prensa libre, de voces críticas opinando sin restricciones, eso es lo que realmente genera avance y desarrollo; acallar, hostigar, linchar las voces opositores es tanto como criminalizar la crítica y está visto que una sociedad sin posturas divergentes no avanza y sí retrocede, de ahí la importancia de defender el derecho a la Libertad de Expresión, sin cortapisas y sin adjetivos.

*Rafael Cano Franco es reportero y conductor de noticias, también preside el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C.

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