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Gabriel Torres Espinoza*

Aunque la militancia representa uno de los elementos constitutivos de cualquier partido político, existen muchos institutos políticos, sin militancia. Por ello, en este proceso electoral hemos observado el bochornoso arribo de la farándula a las candidaturas. Lo anterior, en detrimento de los afiliados que dieron lugar a su registro, pero que fueron ignorados para ocupar un cargo de elección popular, para terminar por abrirle paso a quienes dicen sin tapujos, “no sé a qué vengo aquí”. Incluso, hay políticos que se precian por no militar en un partido, pero que encabezan, demandan y deciden las candidaturas más codiciadas a su interior. En el discurso, detestan públicamente a los partidos, pero en los hechos, se sirven de ellos y sus prerrogativas. Podrá criticársele por muchas razones tanto al PRI como al PAN, pero nos guste o no, estos son los únicos institutos políticos que, hasta ahora, forman cuadros de políticos profesionales. El Poder Ejecutivo Federal y Estatal, incluyendo a sus respectivos gabinetes, son un fiel testimonio de ello. De forma que el ‘PRIAN’ más que representar la superflua pertenencia a una nomenclatura, es el rasgo distintivo de la política partidista en la selección de sus candidatos y de los titulares en las carteras de la administración pública. Por otro lado, vemos cómo es que un líder como Kumamoto que, en elecciones pasadas, se declaró el enemigo público de los partidos, irónicamente constituyó uno nuevo. Peor aún, a pesar de haber impulsado la ley #SinVotoNoHayDinero, que entonces fue respaldada por una abrumadora mayoría partidista, ahora fue rechazada por sus autores intelectuales. De igual forma, MC ha decidido no ir en coalición en estas elecciones, ensimismado en un trivial purismo partidista, que reprueba cualquier expresión política coalicionista. No obstante, en el Congreso -como gobierno- este mismo partido forja amplias coaliciones partidistas que den respaldo, sin mayor debate, tanto a la polémica designación de autoridades (Judicatura p. ej.) como a la aprobación de reformas propuestas por el Ejecutivo. Habría que advertir que las coaliciones partidistas no son únicamente electorales, también son legislativas (por proyecto) y de gobierno. Pero contradictoriamente, reprochan unas, a la vez que reclaman otras. Otra discusión que debe darse es la relacionada con los diputados de representación proporcional que, una vez en funciones, deciden declararse como ‘diputados sin partido’ o bien cambiar de bancada. Los diputados de representación proporcional, a diferencia de aquellos electos por mayoría, pertenecen al partido. Más aún, este desfase en la representación desvirtúa la voluntad popular expresada en las urnas (correlación de votos y curules). No tiene caso que nuestra Constitución prohíba la sobrerrepresentación superior al 8% de un partido político al momento de aprobarse las fórmulas de asignación de curules por la autoridad electoral, y que después de inaugurarse la Legislatura respectiva, se permita el transfuguismo político sin mayor complicación, mismo que, en no pocas ocasiones, auspicia mayorías ficticias. Como botón de muestra, de 2018 a la fecha, 60 legisladoras y legisladores, de la Cámara de Diputados y el Senado, se han cambiado de grupo parlamentario. 

gabriel.torres.espinoza@gmail.com

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Maestro en Filosofía por la UNIVA. Actualmente es Director General de Canal 44 y Canal 31.2 de la Universidad de Guadalajara (UdeG); Institución en donde además ha ocupado los siguientes cargos: Vicerrector General Ejecutivo, Rector del Centro Universitario de la Ciénaga, Director General de Medios UdeG y fundador de la Licenciatura en Periodismo. Es Presidente del Consejo Consultivo de Notimex y Vocal Propietario ante la Junta de Gobierno de la agencia de noticias del Estado mexicano. Y recientemente fue nombrado director de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Twitter: Gabriel_TorresE

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Gabriel Torres Espinoza

El movimiento paritarista

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Gabriel Torres Espinoza

El día de hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que se formalizó por la ONU en 1975. Sin obviar u omitir los lastimosos, preocupantes y lacerantes datos de violencia en contra de la mujer, en todas sus expresiones, mismos que ya se encuentran ampliamente documentados por los medios de comunicación, destacar la importancia que radica en un nuevo e interesantísimo debate -aunque poco discutido y explorado-: el relacionado con la paridad política, un movimiento que ha sido asumido en Jalisco por ‘Las Paritaristas’, y que podría convertirse en la nueva consigna feminista del presente y futuro inmediato, por tratarse de un asunto de la mayor importancia.

De acuerdo con ONU Mujeres (2020), México es el 5to país, a nivel mundial, con mayores espacios de representación para la mujer en su órgano legislativo nacional, con un 48.2%. Ruanda, ocupa el 1er sitio a nivel global, con un 61.3%. Dichosamente, las cuotas de género han influido en ello. Desde luego, éstas se han convertido en un poderosísimo mecanismo compensatorio para una sociedad que sigue siendo, a todas luces, machista.

Si bien es cierto, nuestro país registra una cuasi exacta paridad en la representación de sus órganos legislativos, resulta inexplicable el porqué apenas el 25% de los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados son mujeres; y el 28.6% en el Senado. Apenas un solo partido político nacional, de entre los 10 existentes, son presididos por una mujer. Sin mecanismos compensatorios, como las cuotas de género, se advierte la prevalencia de estas nocivas distorsiones sociales.

De forma que esto justifica de manera axiomática la necesariedad de las cuotas de género, pero sobre todo advierte la importancia del movimiento ‘paritarista’, toda vez de que las mujeres deben tener, también, una representación paritaria en los órganos de administración y gobierno en el Poder Legislativo; en las carteras de la administración pública o ministerios de los Poderes Ejecutivos; en la integración de los Poderes Judiciales; y, finalmente, en los órganos constitucionalmente autónomos, organismos públicos descentralizados, desconcentrados, y empresas paraestatales.

Con relación a ello, ONU Mujeres (2020), destaca que el país que registra un mayor número de mujeres como titulares de los ministerios y/o secretarías del Ejecutivo, es España, con un 66.7%. Le sigue Finlandia, en un 2do sitio, con un 61.1%. México, se ubicaría en el lugar nº 17, con un 47.3%. Sin embargo, debe decirse que apenas el 6.4% de los Jefes de Estado y/o de Gobierno, en el orbe, son mujeres. En México, apenas 2 mujeres son titulares del Ejecutivo en una entidad federativa, es decir, el 6.2%, para prácticamente homologar esta perniciosa tendencia global.

Sin embargo, a pesar del nimio o raquítico porcentaje de mujeres Jefas de Estado y/o de Gobierno, es importante destacar que son las que mejores indicadores registran con relación a la gestión de la pandemia, en términos de contagios y decesos a causa de ella: p. ej. Nueva Zelanda (apenas 26 muertes); Islandia (29 muertes); Singapur (29 muertes); por citar tan sólo los más emblemáticos ejemplos. De forma que este 8 de marzo debe también motivar a repensar y discutir el movimiento ‘paritarista’.

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Gabriel Torres Espinoza

Debates, ¿para favorecer el statu quo?

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Gabriel Torres Espinoza

El primer debate del que se tenga registro en el Orbe, entre candidatos de elección popular, sucedió en 1858, entre el republicano Abraham Lincoln y el demócrata Stephen Douglas, cuando competían por un escaño de representación del estado de Illinois, para el Senado de EE. UU. En Europa, el primero aconteció en Suecia, en 1948, aunque no fue televisado. Afortunadamente, son 95 los países -de entre los 194 reconocidos por la ONU- que ya realizan debates televisados en todo el Mundo (Debates International: 2021). No obstante, apenas 13 países (México incluido), de los 95 señalados, actualmente realizan debates televisados entre cargos de elección popular de carácter local o subnacional.

Sin embargo, los debates televisados son un fenómeno relativamente reciente de las democracias modernas. El primer debate televisado ocurrió en EE. UU., en 1960, entre el demócrata John F. Kennedy y el republicano Richard Nixon. En Alemania, el primer debate televisado, ocurrió en 2002; y en Reino Unido fue hasta el año 2010. Por ejemplo, hasta en 2015 aconteció el primer debate presidencial en Argentina.

Ahora bien, en Jalisco y México, por el formato que han distinguido a los últimos debates, en razón de lo austeros que resultan [no permiten la interacción y el debate genuino], pareciera que están diseñados para favorecer el statu quo de las tendencias electorales; para así pasar inadvertidos entre la ciudadanía, y terminar por favorecer la banal exposición de un monólogo entre los candidatos -que generalmente son inexpertos para improvisar y argumentar- y contrarrestar al máximo las oportunidades o los tiempos para la contraposición de ideas, plataformas electorales y programas de gobierno.

Y es que la palabra ‘debate’ significa realmente eso. De acuerdo con la RAE, la voz ‘debate’ es definida como “controversia” -en su primera acepción- y, en su segunda acepción, como “contienda, lucha, combate”. De forma que le distingue una significación de confrontación, contenciosa. Desde luego, un debate electoral, si ha de resultar atractivo para el electorado, exige de, al menos, tres factores: primero, capacidad y habilidad entre los debatientes; segundo, un formato de debate que auspicie la polémica y el contraste; y tercero, un moderador adecuado y asertivo.

Hasta ahora, los estudios e investigaciones sobre los debates electorales señalan, que un debate influye “relativamente poco” en la tendencia electoral -lo que pudiera ser, incluso, efecto directo del ‘voto útil’ por parte del electorado-. No obstante, es un hecho que los debates pueden lograr una amplia repercusión sobre los ‘indecisos’ que, de acuerdo con las encuestas más recientes, ascienden hasta un 35% del ‘mercado’ electoral en México. Más aún, en contextos de alta competitividad electoral, esto es, cuando la diferencia entre el primer y segundo lugar de la contienda se encuentra comprendida en el margen de error propio de las encuestas, o es apenas significativa, éstos adquieren mayor impacto y relevancia.

De forma que los debates pueden ser un fino instrumento de disección y discernimiento de la vida democrática, que enriquezca el derecho a saber, así como la transparencia de lo que es público y debiera ser sabido por la ciudadanía para ejercer el voto.

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Gabriel Torres Espinoza

El primer desafuero de un gobernador

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Gabriel Torres Espinoza

El viernes pasado, la Fiscalía General de la República (FGR), solicitó a la Cámara de Diputados desaforar al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Las denuncias en su contra lo vienen acompañado desde hace varios años. Se le acusa de un enriquecimiento inexplicable, que asciende a poco más de mil millones de pesos, consistente en galerías de arte, empresas, ranchos, residencias y restaurantes.

Aunque también debe decirse que no es la primera vez que la Federación intenta separar del cargo a García Cabeza de Vaca. En septiembre de 2019, Morena tramitó ante el Senado la desaparición de poderes en el estado de Tamaulipas que, sin embargo, no prosperó. Lo que es un hecho, es que el sábado pasado, la Sección Instructora (SI) de la Cámara de Diputados -el órgano específico de acusación de la Cámara Baja- aprobó por unanimidad iniciar el proceso de desafuero. Actualmente, la sí está conformada por cuatro diputados: dos de Morena, uno del PT y uno del PRI. De forma que, a partir de ese día, el gobernador tamaulipeco tendrá 60 días para que se desahoguen las respectivas pruebas y alegatos, a efectos de que la Cámara de Diputados finalmente dictamine si ha lugar a proceder con el desafuero, requiriendo tan sólo necesita mayoría absoluta para ello -de sobra tiene los diputados necesarios para respaldar la medida-.

Toda vez que se trata de una autoridad estatal, el dictamen de desafuero se comunica a la Legislatura Local “para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda” (art. 111: CPEUM). Pero la Constitución Federal no es clara en un punto medular: es decir, si el dictamen de la Cámara de Diputados, respecto del desafuero, es vinculante para la Legislatura Local. Desde luego, si el Congreso de Tamaulipas, rechaza el desafuero del Gobernador -lo que se antoja previsible toda vez que el PAN tiene mayoría en esta Legislatura-, la FGR podría interponer una controversia constitucional. De manera que no será nada sencillo el proceso.

Lo importante del caso es que esta sería la primera ocasión en que un Gobernador sería separado del cargo, por la vía procesal del desafuero. En los tiempos del PRI hegemónico, la figura predilecta de control político de la Federación sobre los gobernadores fue la desaparición de poderes en una entidad: el PRI destituyó así a 48 gobernadores hasta 1975 -último año en que se utilizó-. A la postre, el control del presidente fue político y metaconstitucional: p. ej. Salinas depuso a 17 gobernadores; y Zedillo a seis. Fox y Calderón, fomentaron los gobernadores virreinales, sin ninguna sanción -política ni penal-. Peña Nieto hizo renunciar a dos: Fausto Vallejo y Ángel Aguirre.

Resulta plausible que la Federación retome sanciones a gobernadores con claras señales de actividades ilícitas. Ahí también se encuentran ejemplos de concentración del poder y corrupción impune. De forma que resultó un acierto que los gobernadores Javier Corral y Enrique Alfaro hayan desistido, en el seno de la Alianza Federalista, del ‘espaldarazo’ injustificado al gobernador de Tamaulipas, que documenta un oscuro historial.

 

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