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El trasfondo del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 del presidente López Obrador se debe analizar en función contrastante del Estado salinista neoliberal 1983-2018: el Estado social sólo será posible con la anulación del Estado autónomo del salinismo.

En una conferencia en 1985, el entonces secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, explicó el sentido de las reformas constitucionales del presidente De la Madrid de enero de 1983: pasar del Estado populista1917-1982 al Estado autónomo de las fuerzas sociales, una doctrina posmarxista de Theda Scokpol con la que Salinas de Gortari se había encontrado en Harvard en la primera mitad de los ochenta.

El modelo neoliberal salinista con rango constitucional sacó al Estado de los compromisos sociales, planteó sólo el modelo panista de solidarismo con los más pobres (no con los sectores sociales no propietarios y creadores de riqueza vía su fuerza de trabajo) y, sin duda la reforma más importante, convirtió al Estado en el rector del desarrollo, ya no en la autoridad máxima, y dándole rango constitucional al sector privado.

Ahora el Estado lopezobradorista, según el PND 2019-2024, “recuperará su fortaleza como… árbitro de los conflictos, como generador de políticas públicas coherentes y como articulador de los propósitos nacionales”. Para el PND el modelo de Estado salinista fusionó el poder político con el poder económico, privilegiando las utilidades privadas por encima de la lucha contra la desigualdad social. “El Estado debe responder al interés público y no a intereses privados”.

El problema del PND lopezobradorista va a ser legal por varios candados constitucionales y tendrá que pasar por reformas al artículo 25 Constitucional que contiene los cerrojos neoliberales.

·      El párrafo 2 del 25 dice que “El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero (mandatos del FMI y dique para uso de gasto público social)” y “el Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio”.

·      Y el cuarto señala que “al desarrollo económico concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado”. Por tanto, el sector privado tiene rango constitucional y no es “mafia del poder” ni “minoría rapaz”. Y el Estado no puede confrontarse otra vez con el sector privado como en los gobiernos de Echeverría y López Portillo.

Los primeros siete meses de gobierno mostraron que el Estado administrado por el gobierno tiene dos limitantes constitucionales: la estabilidad de las finanzas públicas (control del presupuesto para evitar impresión de dinero para gastar) y el rango constitucional de los empresarios.

Y ahí se localiza el principal obstáculo para el éxito del PND 2019 y de la estrategia lopezobradorista: gasto social para el Estado populista sin deuda, sin impuestos y sin impresión de dinero, lo que ha llevado a jalarla cobija para tapar las necesidades de los sectores conocidos como ni-nis, aunque a costa de recortar el gasto (por ejemplo, del Instituto de la Radio) y destapar a otros sectores para reasignar dinero el mismo dinero disponible.

El propio PND 2019 se amarra a los candados constitucionales. El primer párrafo de la parte dogmática (la lopezobradorista) del Plan asume los mandatos legales: “la Constitución ordena al Estado mexicano velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero”. Para consolidar el Estado social de gasto para sectores improductivos en su primer piso, el gobierno lopezobradorista necesitaría de una reforma constitucional que derogue la reforma delamadridista-salinista de 1983 y coloque los intereses sociales lopezobradoristas por encima de las obligaciones de la estabilidad macroeconómica.

En este sentido, la abrogación del modelo neoliberal y la “construcción de una propuesta posneoliberal” debe de pasar por darle rango constitucional al Estado social, porque la actual carta magna sólo permite el Estado neoliberal de la estabilidad macroeconómica a costa del gasto social, el salario y el PIB, en cumplimiento con los compromisos anuales de México, vía Cartas de Intención, con el FMI.

Por mandato constitucional del Estado neoliberal constitucional del proyecto De la Madrid-Salinas de Gortari serán imposibles las metas sociales del PND 2019. Y el desarrollo social 2019-2024 se basará sólo en la reasignación del mismo gasto para tapar a unos destapiando a otros, quedando en una especie de solidarismo panista-salinista.

 20 vs.1. Con suficiente anticipación para evitar sorpresas, los demócratas dieron su propia kickoffo patada de salida a las elecciones presidenciales del 2020 con 20 precandidatos y la presencia ausente de Hillary Clinton. El miércoles debatieron 10 y el jueves otros 10. Por lo pronto, ninguno trae algo propio y todos fijaron sus espacios vis a vis Donald Trump, ninguna idea propia, nadie tiene el pulso de lo que ocurre en la sociedad y todas las propuestas son populistas basadas en salud gratis para todos y fin de los créditos universitarios.

Política para dummies: La política es la racionalidad de la economía. 

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Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Presupuesto 2020 y el eje de la 4T: muerte del corporativismo

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Si se parte de la certeza de que el presupuesto de egresos de la federación es política pura, entonces los jaloneos por la distribución de los dineros entre grupos corporativos organizados y la asignación directa podría ser el primer gran paso de la 4T para construir su propio sistema político.
En los hechos, se estaría pasando del corporativismo cardenista de organización de las clases en gremios subordinados al Estado a un presidencialismo unitario de relación directa con los beneficiarios. El primero constituyó la estructura de organización del PRM en tres sectores –el militar fue disuelto en 1941– que representaban a las clases obrera, campesina y profesional, base de organización del partido del Estado para negociar con la clase empresarial burguesa, pues el PAN como oposición a la Revolución Mexicana nació después de la expropiación petrolera.
El modelo de corporaciones de clase dentro del partido del Estado constituyó la fuerza política y social operativa del presidencialismo, pues enfrentaba a las diferentes expresiones de la burguesía. Pero el corporativismo fue eliminado por el neoliberalismo para sacar al presidencialismo del arrinconamiento de intereses. El último que usó el corporativismo como instrumento de lucha contra la clase empresarial fue Echeverría.
Los organismos de intermediación del Estado eran funcionales al modelo sistémico mexicano con el PRI como la caja negra –propuesta de David Easton– en cuyo seno se resolvían las contradicciones y disputas para llegar resueltos al ejecutivo. En este sentido, el presidencialismo mexicano se fortaleció por facultades constitucionales o metaconstitucionales o de fuerza autoritaria, pero también por la existencia de cuando menos dos instancias de intermediación: las corporaciones sociales y las cámaras industriales. De manera paralela, el Estado tuvo otro espacio de intermediación social: las organizaciones sociales que derivaron en organismos autónomos del Estado y en organizaciones no gubernamentales con poder de negociación con las instituciones.
En este contexto, el presidencialismo fue reduciendo su movilidad atrapado en una pinza de grupos sociales corporativos y organizaciones sociales. Y la reestructuración del presidencialismo lopezobradorista en el modelo de Estado unitario –centralizado, sin intermediaciones grupales– tiene que pasar por la anulación de interlocutores y la negociación directa con los beneficiarios del gasto público.
Este modelo político es el que explica la decisión presidencial de eliminar los organismos de intermediación de la presidencia con la sociedad, lo mismo en derechos humanos que en asignación de gasto. El enfoque presidencial tiene toda la razón: los organismos autónomos se burocratizaron y convirtieron en constructores de poderes fácticos reales y las agrupaciones sociales de intermediación también derivaron en grupos de presión ajenos a sus representados. Lo que queda por ver es la eficacia de un presidencialismo unitario manejando todos los asuntos del Estado de manera directa.
El debate del gasto no debería centrarse en las organizaciones campesinas que quieren intermediar el gasto al campo, sino en la reasignación del gasto para quitarles a unos y dárselos a otros. La decisión presidencial enfatiza en disminuir salarios, prestaciones y plazas, para aumentar el gasto asignado a sus programas asistencialistas a sectores vulnerables no productivos.
Pero el modelo de la cobija de zapa –versión Balzac– aporta datos de que esas reasignaciones no constituyen multiplicadores de demandas y por tanto no incidirán en el crecimiento ni en la producción. El PIB de 0.0 a -0.5% para 2019 y de 0.5 a 1% en 2020 no creará empleo ni bienestar; peor aún, tampoco aportará fondos fiscales para éstos y otros programas.
Los problemas de estructura del sistema se están probando en la realidad: los grupos campesinos de representación corporativa están usando la presión social de sus agremiados para doblar al Estado. De ahí que el conflicto entre organizaciones y el presidente López Obrador va a constituir la primera prueba de fuerza de la 4T, pero al mismo tiempo tendrá que mostrar mecanismos de relaciones sociales directas que fortalezcan al Estado.
Lo mismo ocurrirá con los organismos autónomos: la CNDH, el INE y otros se burocratizaron y se convirtieron en propiedad de una casta de poderes fácticos con recursos crecientes del Estado; su reorganización era necesaria, pero el riesgo está a la vista: convertirlos en apéndices del Estado unitario que no respondan a intereses sociales; es decir, pasar de una dependencia a otra, aumentando los problemas de movilidad de la presidencia de la república.
 
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Carlos Ramírez

La Revolución Mexicana, populista; la mató Salinas de Gortari en 1992

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La fecha simbólica de la Revolución Mexicana, que se inició en 1908 con el libro de Francisco I. Madero, en realidad se fue apagando hasta consumirse en 1992 cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari decretó su muerte para imponerle al PRI el discurso gelatinoso del “liberalismo social”.
El golpe mortal de Salinas contó con todo el apoyo de los priístas, en ese año capitaneados por Luis Donaldo Colosio. No hubo ninguna voz disidente, ni siquiera los creyentes en la Revolución se habían salido del PRI en 1987 con Cuauhtémoc Cárdenas para llevarse el proyecto histórico de la Revolución Mexicana al PRD, aunque ahí también la mataron en el 2006 cuando López Obrador fue candidato presidencial de un PRD sin proyecto ideológico.
La Revolución Mexicana fue, ante todo, discurso ideológico. Bajo sus alas se refugiaron todas las versiones del espectro ideológico, desde el socialismo obregonista-callista-cardenista, hasta el neoliberalismo capitalista de Miguel Alemán y el populismo de Echeverría y de López Portillo y el mercantilismo de Salinas y De la Madrid. Refugiada en el PRI, la Revolución Mexicana fue enterrada por el presidente Ernesto Zedillo en 1995 cuando separó al PRI de la Revolución del gobierno de la Revolución. Si el PRI había nacido como el eje ideológico de la Revolución, entre Salinas y Zedillo rompieron ese enlace y en el 2000 ganó la presidencia el PAN que nació en 1939 para oponerse a la fase revolucionaria cardenista.
Salinas, Colosio y Zedillo mataron una Revolución que ya estaba muerta. En 1947 el historiador Jesús Silva Herzog había decretado su muerte: la Revolución era ya un hecho histórico. En 1946 Miguel Alemán había enterrado el PRM cardenista que logró unificar a las clases sociales productivas en un aparato ideológico partidista y el populismo de los setenta sólo rescató el asistencialismo, no el proyecto de clase proletaria. La Revolución Mexicana que impulsó la lucha de clases y la educación socialista derivó en un simbolismo decreciente hasta su disolución en la conciencia política e ideológica de una sociedad que nunca creyó en ese movimiento; en todo caso, la muerte de la Revolución afectó a los campesinos y obreros como clase productiva y los subordinó a un modelo económico capitalista-neoliberal-de mercado.
Pese esos destellos socialistas en el discurso y en la dinamización de la lucha de clases como forma de control del empresario, el PRI y la Revolución nunca pensaron en una revolución proletaria para llevar al obrero al poder, nunca el modelo soviético, aunque sí sus prácticas. El partido fue el mecanismo de intermediación y administración negociada de los conflictos sociales entre las clases, teniendo al sector obrero controlado en el PRI con Fidel Velázquez de 1941 hasta su muerte en 1997 y a la clase burguesa empresarial como sector invisible del PRI.
Si bien el proceso de aburguesamiento de la Revolución y del PRI comenzó el día de su fundación, la Revolución Mexicana fue populista. En pleno populismo echeverrista el politólogo Arnaldo Córdova publicó en 1973 su libro La ideología de la Revolución Mexicana y ahí presentó de manera formal su tesis de una Revolución populista en tres pasos: controló las clases para conjurar una revolución social, construyó un sistema de gobierno paternalista y autoritario y propuso un modelo de desarrollo capitalista.
Otros mecanismos de control subordinaron los significados de la Revolución Mexicana: el Estado absolutista unitario, la Revolución como ideología oficial, el PRI como aglutinador de los conflictos de clases, anulación de lucha de clases, reformas sociales para subordinar a las clases populares y nacionalismo conservador como esencia cohesionadora.
Si la Revolución fue producto de una alianza entre los campesinos y obreros explotados –y más por la rebelión agraria–, el saldo real revolucionario está en un campo desolado, despoblado y produciendo droga y una clase obrera abandonada, con salarios precarios y en condiciones iguales a las prerrevolucionarias.
A la vuelta de 111 años desde el llamado de Madero, el México de la Revolución Mexicana vive un neoporfirismo.

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Buen fin. La ansiedad por las compras parece no entender lo que pudiera ser una trampa detrás del Buen Fin. Todas las empresas inscritas ofrecieron, en promedio, 40% de descuento. Como son empresas y no hermanitas de la caridad, quiere decir que con esos descuentos aún tienen ganancia. Lo que lleva a concluir que los precios reales fuera de temporada tienen utilidades para las empresas de más de 60% y que los descuentos, sobre precios de venta no supervisados, engañan a los consumidores que se vuelven locos comprando para aumentar las tasas de utilidad de las empresas comercializadoras.
Política para dummies: La política es ver sin ver.

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Carlos Ramírez

Evo: Ebrard aplicó la doctrina Castañeda-Fox y no la Estrada

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Si México ha logrado un reconocimiento mundial por su política de asilo, el autorrenunciado presidente boliviano Evo Morales Ayma está violando las condiciones estrictas de su permanencia humanitaria en México haciendo política con efectos desestabilizadoras no sólo en Bolivia, sino en México.
El propio canciller mexicano Marceo Ebrard Casaubón, que fue en 1994-1995 subsecretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Salinas de Gortari, también se ha salido de la doctrina tradicional de política exterior fijada como Doctrina Estrada que durante decenios le dio madurez política a la diplomacia en cumplimiento del mandato constitucional –fracción X del 89 constitucional– de respetar “la autodeterminación de los pueblos” y “la no intervención” en asuntos de otras naciones.
Junto al asilo al presidente autorrenunciado Morales, el canciller Ebrard ha calificado de manera negativa la crisis en Bolivia, ha acusado a las autoridades actuales en ese país andino y está haciendo campaña por Morales que implica una intervención en los asuntos internos de Bolivia.
Aunque no es ley, la Doctrina Estrada del canciller Genaro ‪Estrada en 1930‬ sí ha definido la diplomacia mexicana en el sentido de que “México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos, porque considera que ésta es una práctica denigrante que, sobre herir la soberanía de otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos”.
Por tanto, la política exterior de México asumió con Estrada el concepto doctrinario de limitarse a “mantener o retirar” a sus agentes diplomáticos, sin calificar crisis de gobiernos. La explicación de esta doctrina es, inclusive, defensiva: México respeta el funcionamiento político de otras naciones, a fin de que esas otras naciones no califiquen el funcionamiento político y de gobierno de México.
La decisión de Ebrard de permitir que el autorrenunciado presidente boliviano Morales se mueva en México como rock star haciendo política se basa en la Doctrina Castañeda que definió Jorge G. Castañeda como canciller del gobierno panista de Vicente Fox en septiembre de 2001, a raíz del apoyo de México a la decisión del presidente Bush de atacar Irak por los ataques del 9/11.
Pero hay una diferencia entre una política exterior activa basada en principios de estabilidad, convivencia y reconocimiento a valores democráticos y una diplomacia convenenciera a los criterios del gobierno en turno. El derecho de asilo permitió a México proteger lo mismo al comunista Leon Trotsky que al Sha de Irán derrocado por la revolución islámica y a los republicanos que huyeron de la guerra civil española. Asimismo, muchos radicales latinoamericanos perseguidos por las dictaduras militares latinoamericanas encontraron asilo en México y contribuyeron a enriquecer el pensamiento político regional. Pero ninguno de ellos usó a México como plataforma para atacar a los países de donde salieron expulsados.
Lo que ha causado malestar en México ha sido el activismo del autorrenunciado presidente Morales y su falta de valor para quedarse en su país luchando por sus ideales. En los hechos, el asilo es incuestionable, aunque las autoridades migratorias de Gobernación debieran obligar a Morales a guardar compostura en México y evitar declaraciones que están embarcando a México a oponerse a los mecanismos locales para resolver la crisis que dejó Morales cuando salió huyendo de Bolivia al poner su vida por encima de sus ideales y sus compromisos jurados como presidente en funciones hasta enero de 2020.
Y el problema colateral para México será aguantar las reacciones no frontales de la comunidad diplomática de policía exterior y de seguridad nacional de los EE. UU. donde la autorrenuncia de Morales formaba parte de sus planes de reacomodo de los equilibrios políticos regionales. En los hechos, México ha quedado alineado al frente antiestadunidense populista de América Latina, aunque también en los hechos el presidente López Obrador no comulgué y ha marcado su distancia con los populismos de Argentina, el chavismo venezolano y el que representa Morales.

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Sinaloa y el PRI. En medio de tensiones entre la presidencia y los gobiernos estatales, las encuestas están revelando los posicionamientos de gobernadores. Y entre todos los priístas desacata, cuando menos en dos encuestas, México Elige y Consulta Mitofsky, el de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, sólo con el panista de Yucatán en primer sitio. El sinaloense logró 60% en México Elige y 59.3% en Consulta. De los morenistas aparece la regenta Claudia Sheinbaum en lugar 20. Y hasta ahora Ordaz Coppel sólo ha hecho política local.
Política para dummies: La política esta llena de pretextos, justificaciones y no-verdades.

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