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Análisis

Se tienen registros de cuatro esfuerzos de policía metropolitana en otras entidades federativas, que advierten la misma suerte que los esfuerzos empleados en Jalisco: 1) la Policía Metropolitana de Tampico, creada en 2005, estaba conformada por 580 elementos de los tres municipios metropolitanos [Tampico, Ciudad Madero y Altamira], con un comisionado nombrado por los tres alcaldes, sin embargo, en 2013, la policía federal desarmó la corporación para ulteriormente ser disuelto el convenio de colaboración; 2) la Policía Metropolitana de La Laguna [que patrullaría una zona metropolitana interestatal de Durango y Coahuila], la cual entró en operaciones en 2014, si bien es cierto, sigue en operaciones, es importante destacar que los 102 elementos que la integran fueron aportados por los gobiernos estatales: los municipios no participaron en absoluto; y 3) la Policía Estatal Metropolitana de Yucatán, que acaba de entrar en operaciones en junio pasado, se trata en realidad de una Policía Estatal con operaciones sobre la metrópoli: sus 383 elementos son aportados únicamente por la corporación estatal de seguridad.

El acuerdo anunciado por los gobiernos metropolitanos señaló dos aspectos relevantes: Ya no se crearía otro organismo público descentralizado: la Agencia Metropolitana de Seguridad –también un OPD– sería rebautizada como Agencia de Policía Metropolitana, con otras funciones –se dice–. Por otro lado, con relación a los dos modelos de Policía Metropolitana propuestos, existen importantes diferencias en términos de sus facultades. El primer convenio de coordinación, aprobado a finales del mes pasado, en su Cláusula Quinta establece que “la Policía Metropolitana de Guadalajara contará con un Comisario General, quien ejercerá el mando, conducción y control del personal adscrito al organismo, así como la representación legal y administrativa del OPD”.  El punto de conflicto reside en el mando de las corporaciones policíacas municipales: ¿lo ejercerán los alcaldes o el Comisario General Metropolitano?. El nuevo acuerdo alcanzado ya no menciona nada sobre el mando de la fuerza pública. Antes bien, señala que el Comisario General Metropolitano creará, en un plazo no mayor a 30 días, una propuesta de modelo operativo (es decir, no existe).

Se pasa de un ente metropolitano supramunicipal [por establecer un mando de la fuerza pública por encima de los Ayuntamientos metropolitanos], a un ente metropolitano intermunicipal –y descafeinado–. Sin embargo, resulta un asunto muy complejo ‘metropolizar’ la seguridad pública: de acuerdo a la OCDE (2015), no existe, entre sus 36 países integrantes, un solo modelo de gobernación metropolitano con funciones de seguridad pública [sólo existen un total de 201 en materia de transporte, planeación espacial, etc.]; no obstante, el repunte de creación de modelos de gobernación metropolitana, han ido en ascenso. Esto se debe a la transterritorialidad de los problemas públicos sobre las divisiones político–administrativas, cada vez más evidente en el mundo moderno: a nivel nacional: el terrorismo, el narcotráfico, las pandemias; a nivel sub-nacional, el transporte, la seguridad, la planeación, etc.

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Maestro en Filosofía por la UNIVA. Actualmente es Director General de Canal 44 y Canal 31.2 de la Universidad de Guadalajara (UdeG); Institución en donde además ha ocupado los siguientes cargos: Vicerrector General Ejecutivo, Rector del Centro Universitario de la Ciénaga, Director General de Medios UdeG y fundador de la Licenciatura en Periodismo. Es Presidente del Consejo Consultivo de Notimex y Vocal Propietario ante la Junta de Gobierno de la agencia de noticias del Estado mexicano. Y recientemente fue nombrado director de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Twitter: Gabriel_TorresE

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Gabriel Torres Espinoza

AMLO, contagiado

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Gabriel Torres Espinoza

El día de ayer, el presidente de México anunció en su cuenta oficial de Twitter: “Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves pero ya estoy en tratamiento médico.”

No es el primer mandatario que enferma de coronavirus. Son ya 17 los Jefes de Estado y/o de Gobierno que se han contagiado. El primero de todos fue el Premier Ministro británico, Boris Johnson, quien, en marzo del año pasado, llegó incluso, a necesitar de una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Otros mandatarios que se han contagiado de SARS-CoV-2, han sido el primer ministro ruso, Mikhail Mishustin; Jair Bolsonaro, presidente de Brasil; Donald Trump, presidente de los EE. UU.; y Emmanuel Macron, el presidente galo. De los 17 casos registrados a nivel global, únicamente el primer ministro de Suazilandia, Ambrose Dlamini, falleció a causa del coronavirus.

Mensajes de aliento deseando una pronta recuperación al Jefe de Estado devinieron tanto de actores políticos y líderes de oposición, como de aquellos afines a la 4T. No obstante, el característico discurso hostil, de odio, que encarna el mal humor social entre los mexicanos, se hizo presente también entre alguna parte de la sociedad. Pudo advertirse cómo un buen número de cuentas en Twitter celebraban esta terrible noticia, llegando a desear consecuencias funestas e irreparables para el mandatario mexicano. Todo esto motivó a que este medio social, a través de su cuenta ‘Twitter Seguro’, hiciera una publicación sobre el “comportamiento abusivo” en el que, grosso modo, señalaba “no toleramos contenido que promueva, incite o exprese el deseo o esperanza de que una persona o grupo de personas se mueran, sufran daños físicos graves o se vean afectados por enfermedades severas.”

De forma que la censura o suspensión de cuentas parece será la medida de control a la que estarán sujetos una infinidad de cuentas. Twitter lo hizo, de manera atinada, con el presidente del país más poderoso del Mundo, Donald Trump, cuando incitaba al ‘discurso de odio’, profería un sinfín de fake news e incitaba a la insurrección. En esta ocasión no debe ser la excepción.

El Institut de Drets Humans de Catalunya, sobre el ‘discurso de odio’, observa que “No existe una única definición aceptada; y es que expresiones y manifestaciones que incitan al odio y la intolerancia pueden ser difíciles de identificar (…) El discurso del odio a menudo se ampara en la libertad de expresión, una libertad que no es absoluta y está limitada cuando colisiona con otros derechos”. Lo que parece ser un hecho es que, la teorización referente a este concepto, ubica al mensaje de odio que es azuzado desde el poder, y que regularmente se basa en algún tipo de supremacismo, frente a minorías específicas de una sociedad. No obstante, todo esto motiva a reflexionar en la necesidad de crear y sancionar un discurso equiparable que surge desde el seno de la sociedad. Ambos son igualmente peligrosos para una democracia.

A las 21 horas ya se colocó un hashtag a nivel nacional: #NoLeCreo que negaba el contagio del presidente. De forma que otro fenómeno de la era digital se hizo presente: la posverdad: “toda información o aseveración que no se basa en hechos objetivos, sino que apela a las emociones, creencias o deseos del público”.

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Gabriel Torres Espinoza

Biden: la derrota de la estridencia

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Gabriel Torres Espinoza*

Con independencia de lo inusual que fue la Ceremonia de Investidura del Presidente 46º de EE.UU., Joe Biden, destaca que su discurso inaugural y primeras acciones fueron cargadas de simbolismos y significados que resultan tanto alentadores como orientadores.

Biden hizo especial énfasis en la “unidad” de los norteamericanos, y señaló: “Tenemos que terminar con esta guerra civil que contrapone a republicanos y demócratas, a conservadores contra liberales”. Frente a los sectarismos políticos azuzados desde el poder; la respuesta es la conciliación entre la divergencia. Para el clima de polarización y crispación social; palabras que llaman a la unidad, sin dejar de reconocer la pluralidad en ella. Se trata de un importantísimo mensaje de mesura, desde el epicentro de la democracia norteamericana, ante los extremismos políticos-ideológicos, que ganaron adeptos en todo el Mundo, por la insurgencia de liderazgos que llegaron por medios democráticos al poder, pero que a la postre se convirtieron en los principales disidentes de ella.

En cuanto a la pandemia, fueron evidentes los contrastes. La constante de Trump fue la minimización del virus, para darle la ‘espalda’ al consejo de los científicos; el desprecio por la evidencia científica, se retrataba ‘de cuerpo entero’ en su desdén por el uso del cubrebocas; sin contar la trágica frivolidad, que fue indemne ante la tragedia que evidenciaban los indicadores que situaban a EE. UU. como el país con el mayor número de víctimas en el planeta -tanto de infectados como de muertos-.

Por el contrario, en su mensaje inaugural, Biden, con palabras de solidaridad ofreció un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia. Recientemente anunció un Plan de Rescate a la economía estadounidense, reconociendo una doble crisis derivada de la pandemia: la sanitaria y la económica. Ante “el fracaso estrepitoso” en el programa de vacunación de Trump, se ha planteado un reto titánico, pero viable con voluntad política: vacunar a 100 millones de personas en sus primeros 100 días de gobierno. Por otro lado, él y su equipo usan siempre el cubrebocas, y exhorta reiteradamente a la población utilizarlo. Además, EU se reincorporará a la OMS. De forma que se restablece el diálogo con los científicos y la autoridad de la ciencia.

El Presidente, ‘mato dos pájaros con un solo tiro’, en estas decisiones cargadas de significados 1) revalidó la importancia en la integración y la cooperación internacional, y 2) refrendó su compromiso de combate al calentamiento climático, con el regreso al Acuerdo de París.

La ‘respuesta’ de Biden ante el ‘supremacismo’ racial y la misoginia, fue la alineación del gabinete más plural -en términos étnicos y de género- en la historia de EE. UU. y su decisión de incluir, a Kamala Harris, como su compañera de fórmula. La xenofobia, fomentada por su predecesor, ha sido puesta en ‘jaque mate’ con el anuncio de una reforma migratoria “radical” que otorgará la ciudadanía a migrantes indocumentados y crecerá el número de refugiados. Finalmente, en su primer mensaje, destacó el llamado a la defensa de la verdad en la vida pública, de cara a las “mentiras que se dicen para conseguir poder”. Otro duro revés para las fake news, y nuevos bríos para la libertad de prensa.

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Gabriel Torres Espinoza

¿A dónde irá el voto de castigo?

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Gabriel Torres Espinoza

El voto es un acto cargado de significados culturales, que refleja en su distribución costumbres, hábitos, preferencias, filias y (aquí lo importante) ¡fobias políticas!. Al sufragar se pueden expresar las lealtades político-electorales, clientelares, deseos e incluso expectativas. También se mezclan miedos y, en no pocas ocasiones, el mal humor social, mediante carga negativa. El sufragio es la expresión jurídica de la voluntad popular, mediante la cual el elector acude a buscar solución a sus problemas, a sus urgencias y da salida a sus emociones mediante filias o fobias.

En las elecciones cada vez está más presente el denominado ‘voto de castigo’ o ‘voto opositor’. Se constituye por esos ciudadanos que acuden a la cita con la urna, bajo la premisa de expresar rechazo, oposición, censura o malestar. Ocurre generalmente contra el partido que se encuentra en el gobierno, como consecuencia del desgaste por largos periodos de tiempo en el poder, o por el cúmulo de errores cometidos. Se trata de ese voto que lo mueve el hartazgo, el descontento, la inconformidad, el malestar e incluso la irritación social. Es parecido a un voto duro, pero a la inversa. Se trata de un porcentaje de electores que tienen muy claro por quién NO desean votar, debido a la percepción que, fundado o infundado, los votantes advierten del gobierno y sus resultados. Es ese sentimiento negativo, muy asociado a acciones y decisiones de gobierno. Se trata del voto derivado de la antipatía. Es, básicamente, un voto “en contra”.

De forma que resulta importante considerar que, la elección intermedia de 2021, será una ‘elección plebiscitaria’, tanto para el gobierno de López Obrador como para el de Alfaro. Parte del sufragio de esta siguiente elección será motivado por un ‘efecto arrastre’ de ambos gobiernos, toda vez que la aprobación de estos dos mandatarios supera el 40%. De acuerdo con Mitofsky, en diciembre de 2020, Alfaro marcaba una aprobación del 49.7%; mientras que en diciembre de 2020, según Mitofsky, López Obrador registra una aprobación en Jalisco del 43.2%. Considerando lo anterior, conviene destacar que el ‘voto de castigo’ o ‘voto opositor’ -indisociable en una elección intermedia- resulta ineludible o inevitable para aquellos que son gobierno: federal (Morena) y estatal (MC).

René Delgado señala que “los comicios electorales no sólo son oportunidades para elegir políticas, sino oportunidad, también, para castigar agravios” (René Delgado: ¿Democracia sin demócratas?).

De forma que la pregunta del millón es, ¿quién conseguirá el ‘voto de castigo’ o ‘voto opositor’?. De acuerdo con Reforma (diciembre de 2020), el segundo partido con mayor rechazo a nivel nacional, para la elección de diputados federales, es MORENA (16%), después del PRI (40%). En Jalisco este porcentaje podría ser mucho mayor para MC, que ha acumulado su propia carga negativa. Así que habrá un porcentaje -nada desdeñable- de electores inconformes que votarán en protesta, a favor de otro partido contendiente, que sea capaz de atender esa inconformidad. ¿Morena será capaz de captar el voto anti MC en Jalisco? ¿MC, podrá ser opción para los que rechazan a Morena? ¿Qué partidos podrán articular un discurso y propuesta, para estos electores inconformes?

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